El sistema de compras y contrataciones del Estado debe ser un pilar fundamental en materia de gestión transparente de los dineros públicos.
Y, lamentablemente, no lo es.
Más allá de ciertos notorios avances normativos realizados en las últimas tres décadas, la realidad muestra de modo inexplicable que Uruguay está lejos de los mejores parámetros internacionales y regionales en lo que refiere a ofrecer las mejores garantías de probidad.
Los gobernantes y los funcionarios han de aceptar que aún persisten amplias zonas grises en al menos dos cuestiones capitales, ambas relacionadas con las compras directas: los topes y la obligatoriedad de publicar los llamados.
En aras de una presunta agilidad en la toma de decisiones en los últimos cinco años se han elevado los topes que permiten las compras directas creando una amplísima zona de discrecionalidad del ordenador del gasto. Situación inaceptable en absoluto.
Cuando el mundo –y también en la región- los estados se encaminan a bajar los topes, en Uruguay se suben.
Sin aportar otra línea argumental que no sea la de la presunta agilidad, se mantiene como un rezago alarmante la obligatoriedad de realizar las publicaciones que otorgan transparencia a las compras.
Aquí también el mundo y la región transitan hacia una publicación del 100% de las compras, mientras Uruguay persiste en una normativa que consagra la opacidad en la materia, limitando la publicidad y, por ende, el adecuado control de las prácticas de los funcionarios.
El Estado uruguayo, sus autoridades, deben reaccionar para asegurar credibilidad en sus decisiones y avanzar con celeridad y firmeza hacia un sistema que prevenga las malas prácticas de los malos funcionarios. La opacidad es el caldo de cultivo para que prospere la corrupción.
En las últimas horas Uruguay Transparente cuestionó la inclusión del artículo 19 del proyecto de ley de rendición de cuentas a través del cual se eliminaba la obligación establecida en el TOCAF de publicar las convocatorias a precios cuando se refiere a compras directas que superan el 20% de los topes establecidos, esto es US$ 2.900 para la administración pública y US$ 8.700 para empresas públicas.
Tras la difusión de ese cambio, en la Comisión de Presupuesto de Diputados se optó por quitar el cuestionado artículo, según informó en la cuenta de twitter de Uruguay Transparente el diputado oficialista Alejandro Sánchez.
Uruguay Transparente se complace por este cambio, y espera a que en la cámara de senadores se siga el mismo camino.
De todos modos, Uruguay Transparente insiste en que en el Estado se revisen los topes para las compras directas, hoy establecidos para la administración pública en US$ 14.500 y cuando se trata de empresas públicas y otras administraciones habilitadas, en US$ 43.500.
Asimismo, como quedó dicho, promueve la publicación del 100% de las compras, práctica ya consolidada en otros países de la región.