Carta abierta

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: LOS GOBIERNOS DEBEN ACTUAR AHORA PARA REAFIRMAR EL COMPROMISO DE LIMA

Carta abierta de los capítulos de las Américas de Transparencia Internacional

Estimados Jefes de Estado y de Gobierno,

Nosotros, los capítulos de las Américas de Transparency International, junto con su junta directiva y su secretariado, les instamos a que utilicen la Cumbre de las Américas de 2022 para comprometerse firmemente a abordar la crisis de corrupción, el retroceso democrático y la erosión de los derechos humanos sin precedentes que atraviesa el continente.

La corrupción alimenta la pobreza y la desigualdad e inhibe nuestra capacidad para combatir nuestros retos más difíciles, desde las pandemias hasta el cambio climático. Para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, debemos tomar medidas contundentes contra la corrupción y abrir un espacio para que la sociedad civil y las personas puedan exigir la rendición de cuentas a quienes se encuentran en el poder.

Sin embargo, a cuatro años de la Cumbre de las Américas de 2018 en Lima, en la que los líderes de la región reconocieron que la lucha contra la corrupción es esencial para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, observamos pocos avances. Por el contrario, vemos el deterioro de los esfuerzos anticorrupción, el aumento del autoritarismo y la pérdida de derechos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, prensa, asociación y el derecho al acceso a la información.

En muchos países, el Poder Ejecutivo ha concentrado el poder, debilitando los sistemas de pesos y contrapesos y haciendo muy difícil que los órganos de control puedan ejercer y exigir la rendición de cuentas. Muy pocos países tienen poderes judiciales suficientemente independientes, tornando a esta rama del poder incapaz de investigar y castigar la corrupción y otros abusos. En ciertos casos las élites han cooptado las instituciones judiciales, bloqueando investigaciones y amenazando a los fiscales honestos para que no investiguen la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Asimismo, la sociedad civil, las personas activistas y los medios de comunicación independientes están cada vez más expuestos a la intimidación, las amenazas, los ataques digitales y la violencia ejercida desde el Estado.

Agravada por la pandemia de la COVID-19, la corrupción también ha socavado los derechos sociales y económicos, privando a los ciudadanos del acceso a vacunas, necesidades básicas como la alimentación, el agua, la educación o la salud de calidad. Esto tiene efectos desproporcionadamente adversos en las las mujeres, las niñas, los grupos indígenas, las comunidades LGTBQ, los ancianos, los migrantes y los afrodescendientes, estratificando aún más las sociedades.

En este momento crítico, los líderes de las Américas deben aprovechar la oportunidad para aplicar políticas que apoyen la lucha contra la corrupción, la democracia y los derechos fundamentales. El Compromiso de Lima 2018 fue firmado por 35 jefes de Estado y de Gobierno, creando una agenda regional ambiciosa e innovadora para el continente. Estos compromisos plantearon una visión de futuro, e incluyeron elementos tradicionales para luchar contra la corrupción tales como el fortalecimiento de los derechos fundamentales, la transparencia y la integridad pública, así como el desarrollo de políticas para mejorar la cooperación internacional y la equidad entre géneros y etnias.

En lugar de desarrollar nuevos compromisos, les pedimos que reafirmen la agenda de Lima y asignen urgentemente los recursos necesarios para avanzar en las siguientes áreas críticas.

 

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

  • Desarrollar marcos legales adecaudos y proveer apoyo financiero para que la sociedad civil pueda ejercer el control social y exigir a los gobiernos la rendición de cuentas
  • Incorporar programas de valores democráticos y cívicos en todos los niveles educativos.
  • Incluir a las comunidades vulnerables en los esfuerzos anticorrupción en las fases de planificación, implementación y la evaluación.
  • Designar a los funcionarios públicos por mérito y en convocatorias abiertas.
  • Publicar las declaraciones de patrimonio, intereses y fiscales de los funcionarios públicos y regular su movimiento entre cargos públicos y empleos en el sector privados.

Transparencia, acceso a la información, protección de los denunciantes y derechos humanos, incluida la libertad de expresión.

  • Establecer sistemas que fomenten la denuncia de la corrupción y protejan a los denunciantes, de acuerdo con los convenios internacionales.
  • Mantener la independencia del poder judicial y de los organismos de supervisión y control.
  • Desarrollar sistemas y estadísticas comunes para evaluar la transparencia y el acceso a la información y garantizar que estén a disposición de la sociedad civil.

 

Financiación de las organizaciones políticas y las campañas electorales

  • Aumentar la supervisión de los candidatos y los partidos políticos para evitar la financiación ilícita y el fraude electoral.
  • Apoyar la financiación de mujeres y otros candidatos de poblaciones vulnerables para promover un liderazgo diverso.

 

Prevención de la corrupción en las obras públicas y en las contrataciones y adquisiciones públicas

 

  • Compartir abiertamente datos de calidad sobre los procesos de contratación.
  • Incluir cláusulas anticorrupción en todos los contratos públicos.
  • Supervisar y evaluar las políticas anticorrupción con el apoyo de la sociedad civil.

Cooperación jurídica internacional; lucha contra el soborno, la corrupción internacional, la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero; y recuperación de activos

 

  • Fortalecer la cooperación entre agencias para decomisar las ganancias mal habidas por la corrupción transnacional.
  • Adoptar y aplicar efectivamente medidas de transparencia sobre beneficiarios reales.
  • Desarrollar sistemas que incluyan el debido proceso y permitan la devolución de la riqueza y los activos a las víctimas de la corrupción.
  • Impedir el uso de criptomonedas y otros activos virtuales para blanquear dinero sucio o financiar actividades ilícitas.

 

Para rescatar los compromisos de Lima y proteger la democracia en las Américas, necesitamos acciones urgentes que defiendan el espacio cívico y combatan la corrupción.

Firmantes

Poder Ciudadano Argentina

Transparência Internacional Brasil

Transparency International Canada

Chile Transparente

Transparencia por Colombia

Costa Rica Íntegra

Participación Ciudadana Republica Dominicana

Fundación Ciudadanía y Desarrollo Ecuador

Funde El Salvador

Acción Ciudadana Guatemala

Transparency Institute of Guyana

Asociación para una Sociedad Más Justa Honduras

National Integrity Action

Transparencia Mexicana

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Panama

Proética Peru

Trinidad and Tobago Transparency Institute

Transparency International US

Transparencia Venezuela

NOTA: Uruguay Transparente suscribe en su totalidad esta Carta Abierta de Transparencia Internacional, a pesar de no ser, en este momento, un Capítulo de TI. 

Pandora Papers: Reyes, presidentes, ex jefes de estado y celebridades quedaron expuestos en 12 millones de documentos que revelan una perspectiva inédita sobre cómo se mueve el dinero y el poder

Casi 12 millones de documentos filtrados dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países, así como un amplio abanico de celebrities, deportistas y empresarios.

Pandora Papers desnuda los negocios offshore del Rey de Jordania, de los actuales o ex presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Ucrania y Kenia, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro extraoficial de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, India, Estados Unidos y México, entre otros.

La filtración permitió espiar sobre el complejo mundo compuesto por abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore. En total, la nueva filtración exhibe a los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. Estos beneficiarios finales vienen de más de 200 países; los más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil.

ICIJ trabajó asociado a un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes dedicaron casi dos años a examinar la filtración meticulosamente, a rastrear fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos se destacan un castillo en la Riviera Francesa valuado en 22 millones de dólares, -con cine privado y dos piscinas-, comprado a través de sociedades offshore por el primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, un multimillonario quien ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas.

El rey Abdullah II de Jordania reunido con senadores en el Capitolio en julio de 2021 en Washington. (Jabin Botsford /The Washington Post)

El rey Abdullah II de Jordania reunido con senadores en el Capitolio en julio de 2021 en Washington. (Jabin Botsford /The Washington Post)

La realeza no quedó al margen: hay tres mansiones en la costa de Malibú, que el Rey de Jordania compró por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, en la cual los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Los Pandora Papers muestran además que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar al Rey Abdullah II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 sociedades de papel entre 1995 y 2017.

 

En 2017, el rey compró también, a través de una sociedad de BVI, una propiedad de 23 millones de dólares que domina una playa de surfistas en California. El monarca realizó un pago extra para que otra sociedad de BVI, controlada por sus asesores patrimoniales de Suiza, actuase como directora nominee -o de pantalla- para la sociedad de BVI que adquirió la propiedad.

En el mundo offshore, los directores nominees son personas o compañías pagadas para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el rey, indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final sea accesible al público”.

Correos internos muestran que Alcogal y el asesor suizo también discutieron sobre maneras para evitar que se revele el nombre del Rey a las autoridades Islas Vírgenes Británicas. En correos electrónicos, los asesores offshore se referían a él en clave: “Ya sabes quién”.

Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no lo obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Dijeron que el rey nunca malversó fondos públicos. Los abogados también dijeron que la mayoría de las sociedades y propiedades identificadas por ICIJ no tienen conexión con el rey o ya no existen, pero no dieron más detalles.

Expertos opinan que, como dirigente de uno de los países más pobres y dependientes de la ayuda extranjera de Medio Oriente, el rey tiene motivos para no ostentar su riqueza. “Si el rey de Jordania exhibiera su riqueza de manera más abierta, no solo generaría antagonismos en su población, sino enojaría a los patrocinadores occidentales que le dieron dinero”, dijo Annelle Sheline, experta en autoridades políticas y religiosas en Medio Oriente, a ICIJ.

En el vecino Líbano, donde han surgido debates similares respecto a la riqueza y la pobreza, los Pandora Papers muestran que personajes del más alto nivel político y financiero también usaron paraísos fiscales.

 

Los secretos del mundo offshore

Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas incorporan sociedades pantalla y otros escondites en paraísos fiscales para sus clientes, a quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras.

Por lo menos 11,3 billones de dólares están ocultos en el mundo offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Debido a la complejidad y el nivel de secretismo, resulta imposible saber cuántos de esos recursos están ahí por evasión de impuestos u otros delitos, y cuántos han sido reportados ante las autoridades tributarias.

La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panamá Papers de ICIJ, que sacudió el mundo en 2016 y desembocó en operativos policiales, en la aprobación de nuevas leyes en decenas de países, y provocó la caída de primeros ministros en Islandia y en Pakistán.

 

Los operadores del mundo offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano con otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y trusts en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor protección para los clientes.

Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la diva de la música pop Shakira y la supermodelo Claudia Schiffer. En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar sociedades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan estas sociedades offshore para llevar a cabo sus asuntos financieros.

Sin embargo, estos asuntos suelen resumirse en canalizar las ganancias de los países con impuestos elevados -donde se generan estas ganancias- hacia sociedades que solo existen en los papeles dentro de jurisdicciones de baja recaudación fiscal. El uso de estas guaridas es particularmente controversial para figuras políticas.

La industria offshore está integrada por distintos actores, en especial los estudios de abogados que se especializan en ese negocio, y también los bancos. Un documento de los Pandora Papers muestra, por ejemplo, que diversos bancos han creado casi 4.000 sociedades offshore para sus clientes, de la mano con Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma panameña. Este despacho, también conocido como Alcogal, controla oficinas y filiales en una docena de países como Nueva Zelanda, Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos. Otro documento muestra que Alcogal creó por lo menos 312 compañías en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) a solicitud del gigante de servicios financieros Morgan Stanley.

Mandatarios latinoamericanos

Uno de los mandatarios de América Latina que aparece en Pandora Papers es el chileno, Sebastián Piñera. La investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa la compraventa de Minera Dominga a través de una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas, junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia. Nueve meses después de que Piñera asumiera su primera presidencia, en diciembre de 2010, la familia del mandatario dejó el negocio en manos de Délano. Para desprenderse del negocio se firmó un acta en Chile por 14 millones de dólares y otra en el paraíso fiscal por 138 millones. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, pero el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, en medio de reclamos ambientalistas.

Pero el gobierno de Piñera no promovió la protección ambiental, pese a haber rechazado otro proyecto en la zona y a las demandas ambientalistas. De esta forma, la familia presidencial recibió finalmente su tercera cuota. El gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el Presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

Guillermo Lasso, el exbanquero y electo presidente de Ecuador en abril pasado, es otro de los latinoamericanos adinerados que abrió un trust en Dakota del Sur. Documentos filtrados muestran que Lasso creó dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales. Los archivos muestran que Lasso movió dos sociedades offshore al trust de Dakota del Sur, desde dos fundaciones secretas en Panamá. Lasso le dijo al diario El Universo que investigó los documentos que el uso de estructuras offshore en el pasado fue “legal y legítimo” y que cumple con las leyes de Ecuador.

Los trusts instalados Dakota del Sur y en muchos otros estados de Estados Unidos siguen cubiertos por el secreto, a pesar de que este año se reformó la Ley de la Transparencia Corporativa en Estados Unidos, que hace más difícil para los dueños de ciertas sociedades esconder su identidad.

Los documentos filtrados también revelan que el ex presidente paraguayo, Horacio Cartes mientras ocupaba la primera magistratura, era propietario junto a su familia de empresas offshore con participaciones valoradas en más de USD 1 millón. Cartes y sus tres hijos eran dueños de una empresa en Panamá llamada Dominicana Acquisition SA. Según los documentos analizados por el diario ABC Color, la empresa tenía un departamento en Miami y una cuenta bancaria en el Banco Amambay de Paraguay, ahora llamado Banco BASA, que es propiedad del Grupo Cartes.

“Refugio para estafas”

Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos expresados este año sobre riquezas, desigualdades y paraísos fiscales, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos, una pandemia, el cambio climático y la desconfianza ciudadana.

En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a los tomadores de decisiones a promover, entre otras medidas, más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido.

Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se volvieron dueños de un edificio Victoriano de 8,8 millones de dólares, cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. El edificio, situado en Londres, es ahora la sede del despacho legal de Cherie Blair.

Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair se beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de 400.000 dólares en impuestos sobre la propiedad.

Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito –según ella-- consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de BVI” y que “el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora disuelta.

Las sociedades offshore no distinguen continentes ni ideologías.

En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de 200 mil millones de dólares en entidades fuera del país, no sometidas al impuesto. “No deberías sentir vergüenza por ser rico”, dijo Guedes. “Deberías avergonzarte por no pagar impuestos”.

 

Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas.

Estados Unidos: un actor “pesado”

En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de Estados Unidos se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. Al mismo tiempo, las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las Islas Caimán y otras islas paradisíacas.

Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es, de facto, la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York.

Pero Estados Unidos está más interesado en obligar a los demás países a entregar información sobre las operaciones bancarias offshore, que de los estadounidenses en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, las compañías pantalla y los trusts registrados en su propio país.

En 2014, ese país se negó a sumarse a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones – incluyendo Islas Caimán y Luxemburgo - que hubiera obligado a las instituciones financieras estadounidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas extranjeras.

En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Se han referido a las compañías de papel y al lavado de dinero como “amenazas contra nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra forma de vida”. Han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.

Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse, y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.

(Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)

Uruguay y Venezuela, en los extremos del índice de combate a la corrupción

Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos de acuerdo con un índice anual que, según sus autores, pone en evidencia que la región ha bajado la guardia ante este problema en un momento especialmente preocupante por la pandemia de COVID-19.

La organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría Control Risks publicaron este lunes el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, una herramienta analítica basada en datos que fue creada en 2019.

"La ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras la COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región", dijo Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA, en un comunicado.

En lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir ese problema, que ha sido "históricamente una carga para América Latina que ha minado el crecimiento, la democracia y la gobernabilidad y violado los derechos de millones de personas".

La segunda edición del Índice CCC cubre 15 países latinoamericanos, 7 más que en la primera.

Uruguay tiene la puntuación más alta (7,78 de 10), lo que significa que es el país de los 15 analizados que más probabilidades tiene de descubrir, castigar y detener la corrupción.

A Uruguay le siguen Chile (6,57), Costa Rica (6,43), Brasil (5,52), Perú (5,47), Argentina (5,32), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala (4,04), Paraguay (3,88), República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).

Si se comparan los resultados de 2019 y 2020 en los ocho países analizados los dos años, se aprecia que solo Perú ha mejorado, Argentina se ha mantenido igual y en el resto (Chile, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Venezuela) ha habido retrocesos.

"Los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina", señala Geert Aalbers, uno de los socios de Control Risks.

"Revelan un panorama legal desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva", agrega.

El Índice CCC analiza 14 variables claves, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

Se basa en datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.

Panamá sigue en la lista de países con deficiencias estratégicas

La República de Panamá fue incluida en la lista del Grupo de Acción Financiero (GAFI)  en junio de 2019, y desde entonces todavía no ha podido zafarse. El GAFI ratificó a ese país en su lista de "jurisdicciones con deficiencias estratégicas" y "bajo mayor supervisión", tras finalizar la plenaria el pasado 25 de junio de 2021.

En una nota, el GAFI reconoció que “Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen de normas internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; y adoptado medidas para identificar remitentes de dinero y el uso de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para iniciar o ampliar investigaciones sobre lavado de dinero (LD)”, pero “debe tomar medidas urgentes para abordar plenamente las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya han expirado”.

El GAFI expresó que tomó nota del progreso continuo de Panamá en su plan de acción; sin embargo, “todos los plazos han expirado y aún queda mucho trabajo por hacer”. Por lo tanto, instó “encarecidamente” a Panamá a completar rápidamente su plan de acción completo y abordar las deficiencias estratégicas mencionadas anteriormente.

“Panamá debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas” y desglosó los lineamientos que el país debe seguir para “zafarse de estas listas”, enfatizó la organización.

En la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas del GAFI, además de Panamá, también están: Haití, Jamaica, Malta, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas, Caimán, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Uganda, Yemen, Zimbabue.

Uruguay lidera el ranking de Transparencia en América Latina

Nuestro país es el menos corrupto de América Latina según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de la ONG Transparencia Internacional.

Según el informe, Uruguay es percibido como el país más transparente de América Latina, con un total de 71 puntos sobre 100 posibles. De esta manera, nuestro país sigue encabezando el ranking, al igual que sucediera en la edición 2019.

El informe también indica que Uruguay ocupa el segundo puesto entre los 32 países de la región de las Américas, por detrás de Canadá.

A nivel global, nuestro país se encuentra en el puesto 21, el año pasado esta en el 23 sobre un total de 180 países, por delante de naciones como Estados Unidos, Chile, Portugal, Israel y España.

La buena posición alcanzada por Uruguay se explica en gran parte por el desarrollo de más de diez años de políticas de promoción de la cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el país.

Gran parte de los 180 países revisados “muestran poca o nula mejora en su lucha contra la corrupción”.

El 2019 fue un año de estallido social en el mundo. Millones de personas inundaron calles enteras y plazas principales. Caminaron, levantaron carteles y gritaron en contra de los gobiernos y sus políticas. Y, aunque la corrupción no fue el detonante de casi ninguna de las múltiples manifestaciones, sí fue un ítem clave en la larga lista de motivos que encendieron el fervor de la inconformidad colectiva en cada sociedad. Al menos así lo explica el Índice de Percepción de Corrupción 2019, elaborado por la organización Transparencia Internacional y que mide ese aspecto en 180 países.

El estudio clasifica y explica las naciones que son vistas como las menos corruptas, en comparación con  las que sufren más de ese fenómeno en el sector público. Y, aunque los resultados no son pésimos, tampoco son muy alentadores. El mapa está casi en rojo y naranja (los colores que representan a los estados con mayor puntaje en el mencionado aspecto), y uno de sus enunciados principales es: “El Índice revela una asombrosa cantidad de países que muestran poca o cero mejora en sus acciones para abordar la corrupción”.

De hecho, 100 es el puntaje que simboliza la ausencia de corrupción y cero es el que expresa una mayor percepción de ella. De acuerdo con el informe, dos de cada tres países obtuvieron una calificación menor a los 50 puntos. Mientras, la valoración promedio general fue de 43 sobre 100. Es decir, la mayoría de países están lejos de librarse de ese mal y muestran estancamiento retroceso en combatirla. Las naciones “más limpias” (como lo describe el Índice) son: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, y Suecia. Las más enlodadas: Venezuela, Yemen, Siria, Sudán del Sur, y Somalia.

Entre los países de América Latina, lidera Uruguay (71 puntos), siguen Chile (67), Argentina (45) y Ecuador (38), Colombia (37), Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16) que se ubica en el último lugar de la medición entre los países de la región.

 Sobre el informe

Transparencia Internacional (Transparency International o TI) es una organización no gubernamental fundada en 1993 con sede en Berlín, Alemania, que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en todo el mundo.

Esta institución publica todos los años un informe realizado por expertos y empresarios que analiza la percepción de corrupción en distintos países, utilizando una escala de cero a 100 en la que cero significa “altamente corrupto” y 100, “muy transparente”.

Acceder al Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional.

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