Operación Vaza Jato

La revelación de vínculos ilegales entre los fiscales de la Operación Lava Jato y el entonces juez de la causa Sérgio Moro ponen en aprietos al ahora ministro de Justicia y dan nuevas esperanzas a la defensa del ex presidente Lula da Silva, preso desde el año pasado. Según las primeras informaciones publicadas por “The Intercept Brasil” con base en mensajes intercambiados por los miembros del Ministerio Público, los investigadores tenían además dudas respecto a las pruebas presentadas contra Lula y estaban motivados por sus opiniones políticas. Las revelaciones recién habrían comenzado.

Vazar, del portugués: proceso por el cual algo se vacía, o deja salir su contenido. En la calle: vazar de algún lugar, irse. En una noticia: cuando se filtra a la prensa, “vazou para a imprensa”. De aquí el nombre que Internet le dio enseguida a la serie de reportajes que comenzó a publicar esta semana The Intercept Brasil basada en un extenso archivo entregado por una fuente anónima. “Vaza Jato”. Originalmente publicadas como “Los mensajes secretos de la Lava Jato”, y lideradas por Glenn Greenwald –el premio Pulitzer que reveló los archivos del caso Snowden–, las hasta ahora cuatro partes del reportaje develan relaciones promiscuas entre los fiscales de la Lava Jato y el entonces juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro. En Brasil las funciones de acusar y juzgar deberían estar separadas nítidamente, según lo que establece el Código Penal. Los fiscales investigan y presentan las pruebas al juez, que –supuestamente imparcial– juzga.

En las conversaciones reveladas, Moro no sólo juzga, sino que también opina y direcciona sobre el transcurso de la operación, piensa la estrategia. En uno de los diálogos, el magistrado aconseja al Ministerio Público sobre los indicios de corrupción obtenidos a través de delaciones premiadas de ejecutivos de Odebrecht, que involucraban entre otros a Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Eduardo Cunha y Aécio Neves. Ante una actualización de las denuncias realizada por el fiscal a cargo de la Lava Jato Deltan Dallagnol, en diciembre de 2016, en la que anunciaba que estas involucraban a nueve presidentes, 29 ministros, 34 senadores y 82 diputados, Moro respondió: “Mejor quedarse con los 30 por ciento iniciales (sic). Muchos enemigos y que trascienden la capacidad institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial”. En otros pasajes, el juez sugiere fuentes, pasa pistas, aconseja cambiar el orden de las etapas de la investigación. Y hay otros indicios. Ante la publicación por el diario O Globo de que uno de los directivos de Odebrecht que acompañaba a Lula en sus viajes iba a ser liberado, Dallagnol le escribió a Moro: “Querido, el Stf (Supremo Tribunal Federal) soltó a Alexandrino. Estamos con otra denuncia a punto de salir, y pediremos prisión con base en fundamentos adicionales (…). ¿Sería posible que la examines hoy?”.El juez le respondió: “No creo que lo pueda ver hoy. Pero piensen si es una buena idea”. Y nueve minutos después agregó: “Tendrían que ser hechos graves”.

En marzo de 2016 –momento de presión feroz de la Lava Jato sobre el Partido de los Trabajadores (Pt) y de protestas en la calle– fueron publicadas conversaciones interceptadas ilegalmente entre la entonces presidenta, Dilma Rousseff, y el ex presidente Lula. En aquel momento, Moro y Dallagnol se consultaron sobre la estrategia a adoptar, en otra muestra de que trabajaban de forma articulada. Moro negó esto varias veces. “Yo no tengo ninguna estrategia de investigación. Quien investiga o quien decide lo que va a hacer es el Ministerio Público y la Policía Federal”,dijo en una conferencia sobre lavado de dinero ese mismo año, en la que también afirmó: “Me irrito a veces al escuchar críticas un poco infundadas a mi trabajo, que dicen que soy un juez investigador.”

Cuatro días antes del famoso powerpoint con el que Dallagnol presentó la denuncia formal contra Lula –aquel en el que todos los males apuntaban al ex presidente–, el fiscal tenía dudas sobre las pruebas en las que se basaba el proceso. Y no eran dudas menores, sino que –como acaba de revelar The Intercept– surgían del punto central de la acusación: si el apartamento eventualmente recibido por Lula había sido otorgado a cambio o no de favores concedidos a la empresa Oas en contratos con Petrobras. Esto es clave. Si el apartamento de Lula no hubiera tenido relación con la corrupción en Petrobras, el caso no podría haber sido juzgado por Sérgio Moro.

En un grupo de Telegram que integraba junto a los fiscales de la Lava Jato, Dallagnol escribió: “Van a decir que estamos acusando con base en noticias de diario e indicios frágiles… Entonces es un ítem que es bueno que esté bien preparado. Además, hasta ahora, tengo recelo sobre la relación entre Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me hablaron también tengo recelo sobre la historia del apartamento, son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua”. El día anterior a la denuncia, Dallagnol envió este otro mensaje: “La opinión pública es decisiva en un caso construido con prueba indirecta y palabra de colaboradores contra un ícono que pasó incólume por el mensalão”. Dos días después le escribió en privado a Moro, y básicamente asumió que la denominación de “líder máximo del esquema de corrupción” que le adjudicaron públicamente a Lula no estaba fundamentada sobre prueba alguna, pero era esencial para que fuera Moro quien juzgara el caso.

Otra de las principales informaciones del archivo reveladas hasta el momento es la articulación entre los fiscales de la Lava Jato en Curitiba para evitar que Lula diera entrevistas antes de la elección de octubre de 2018, por miedo a que “ayudase a elegir a (el candidato del Pt Fernando) Haddad”. Como reacción a la decisión del Supremo Tribunal Federal que autorizó que Folha de São Paulo entrevistara a Lula, la fiscal Laura Tessler escribió en el grupo: “Qué chiste! Indignante! Ahora el tipo va a hacer campaña en la cárcel. Un verdadero circo”. Otra integrante del grupo, la también procuradora Isabel Groba, escribió: “Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Una hora después, Tessler dejó todo más claro: “Una rueda de prensa antes de la segunda vuelta puede elegir a Haddad”. Al mismo tiempo, en un diálogo paralelo, Dallagnol conversaba con una amiga que le escribió: “Ando muy preocupada con una posible vuelta del Pt, pero he rezado mucho para que Dios ilumine a nuestra población, para que un milagro nos salve”,a lo que Dallagnol respondió: “Gracias, Carol, reza sí, lo precisamos como país”.

Según The Intercept, la discusión entre los fiscales, “que se extendió por varias horas, parece más una reunión entre estrategas y operadores anti-Pt que una conversación entre fiscales supuestamente imparciales”. En otras de las partes del chat publicadas, los fiscales discuten formas tanto de evitar la entrevista como de disminuir sus efectos en caso de que finalmente ocurriese. Uno de los fiscales sugirió que la Policía Federal agendase el encuentro entre Lula y Folha de São Paulo para después de la elección, ya que la decisión no tenía fecha establecida. Finalmente Lula no pudo dar ninguna entrevista antes de la elección, luego de una decisión judicial en respuesta a una demanda presentada por el derechista Partido Nuevo.

Pedro Serrano, doctor en derecho constitucional y profesor de la Pontificia Universidad de San Pablo, estudia desde 2007 lo que llama “autoritarismo líquido” e identifica como “la actuación del sistema de Justicia –dentro de las democracias– como fuente de medidas de excepción y no de derecho”. Para Serrano, “estos archivos son una prueba muy contundente que demuestra cómo funciona un proceso penal como medida de excepción, o sea, no como debería funcionar en un Estado democrático, sino siendo utilizado dentro de él como fraude: un proceso que tiene una apariencia de proceso penal, pero un contenido político tirano que busca perseguir a un enemigo”. El especialista dijo a Brecha que si los archivos fueron obtenidos de forma ilegal, no sirven para incriminar a nadie, pero sí para beneficiar a los acusados o investigados por “los mecanismos fraudulentos que estos diálogos trasmiten”. Para Serrano son fraudulentos “porque el juez, que quería dar una apariencia de ser imparcial, en realidad actuaba con total parcialidad, orientando a los fiscales, diciendo cómo accionar, cómo investigar, algo que el juez no puede hacer, está prohibido por la ley brasileña”. Y agregó: “Un juez parcial atenta contra los valores mínimos de un proceso penal civilizado”. Según el análisis de Serrano, lo que The Intercept publicó hasta ahora “ya es suficiente para tornar nulos los procesos contra Lula en que Moro participó” y demuestra que “a Lula se le prohibió participar en la elección por un proceso penal cuyo juez estaba comprometido con su condena”.

La Orden de los Abogados de Brasil –que en su momento pidió el impeachment contra Dilma Rousseff– aprobó por unanimidad este lunes 10 la recomendación de que los involucrados en la trama revelada por The Intercept pidan el alejamiento de los cargos públicos que ocupan, para que las investigaciones “corran sin ninguna sospecha”. La entidad dice estar “perpleja y preocupada” con la noticia, tanto por el hecho de que autoridades públicas hayan sido “hackeadas” –lo que sería un “grave riesgo a la seguridad institucional”– como por el contenido de las conversaciones divulgadas, “que amenaza los cimientos del Estado de derecho”.

La defensa de Lula escribió: “La actuación concertada de los procuradores y del ex juez de la causa, con objetivos políticos, sujetó a Lula y a su familia a las más diversas arbitrariedades”. Y dijo también: “Nadie puede tener dudas de que los procesos contra el ex presidente Lula están corrompidos por lo que hay de más grave en términos de violaciones a garantías fundamentales y a la negación de derechos”.

El gobierno y el propio Moro minimizaron la cuestión. El ministro de Justicia dijo que “no vio nada de más en los mensajes. Lo que hay es una invasión criminal de celulares de fiscales, y para mí eso es un hecho bastante grave”. Además, normalizó la relación promiscua que revela el archivo publicado: “Los jueces conversan con los fiscales, los jueces conversan con abogados, con policías. Eso es normal”. En la tarde del martes 11, Bolsonaro –que luego de las filtraciones condecoró al ministro Moro con la Orden del Mérito Naval durante una ceremonia militar– escapó al tema al comparecer ante la prensa. “Presidente, ¿cómo evalúa las cuestiones que involucran al ministro Sérgio Moro?”, interrogó una periodista. Casi antes de que terminara de formular la pregunta, Bolsonaro ya estaba dando por terminada la entrevista. En entrevista al medio brasileño Uol, Glenn Greenwald comparó las revelaciones con las del caso Snowden, que le valieron el Pulitzer y desnudaron los sofisticados sistemas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense: “El tamaño del archivo que tenemos es mayor que el que recibimos de Snowden. Hasta el momento, esa era la mayor filtración de la historia del periodismo”. Se estima, según lo revelado a la prensa por uno de los editores de The Intercept, que se ha analizado hasta el momento tan sólo el 1 por ciento de la totalidad del archivo. Todavía no es posible dimensionar los alcances que puede tener esta enorme filtración en la política brasileña, pero la sensación es que alguna otra bomba está a punto de explotar. (fuente Marcelo Aguilar, Brecha)

"Betingo" Sanguinetti reclamado por Colombia

En el capítulo peruano del escándalo de la multinacional brasilera el medio hermano del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, aparece mencionado como uno de los contactos en el pago de coimas de la constructora en la Banca Privada de Andorra (BPA). Esta semana la justicia colombiana pidió que se investigue su participación en los sobornos de la Ruta del Sol II.

El pasado lunes 29 de abril, en los juzgados de Paloquemao, la justicia colombiana condenó —en primera instancia— a 11 años de prisión a el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por saber y autorizar los sobornos que dio Odebrecht para quedarse con el megaproyecto vial de la Ruta del Sol II. Durante esa diligencia, el juez del caso pidió que se investigaran a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval e hijo del hombre más rico del país (Luis Carlos Sarmiento Angulo). Ese mismo juzgado compulsó copias a la Fiscalía General en contra de Andrés Sanguinetti, uno de los hombres más mencionados en los distintos capítulos del escándalo de la multinacional brasilera en Latinoamérica, pero del cual muy poco se sabe en Colombia.

El medio hermano del expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, aparece mencionado como la persona que manejaba la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay y por donde habrían pasado las coimas de altos funcionarios públicos de países como Colombia y Perú, entre otros. En el caso colombiano, Sanguinetti habría participado en el trámite del soborno de USD $6,5 que la constructora brasilera le dio al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para quedarse con la Ruta del Sol II. La Fiscalía señaló en el juicio contra Melo que fueron girados casi USD$10 millones desde las cuentas de la Concesionaria Ruta del Sol II SAS con destino a cuentas en Andorra.

La tesis del ente investigador se sustentó en que estos sobornos pasaron por el Banco de Bogotá (del Grupo Aval) a la empresa española DCS Managment. Los tres giros que se le hicieron a esta empresa, entre el 29 de junio y el 6 de agosto del 2010, sumaron en total USD$ 9 millones 800 mil. Andrés Sanguinetti, según el juez, habría sido el intermediario por el que se habría girado la coima. “Todo se hizo a través de una cuenta que se hizo en la banca de Andorra, se hizo la transacción de la mencionada con la intermediación o contacto en esa entidad bancaria de Andrés Sanguinetti (...)”.

Las investigaciones de la Fiscalía General señalaron que estos dineros llegaron a la empresa panameña Lurion Trading de los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays Manzur, empresarios cercanos al exviceministro García Morales y condenados por el caso Odebrecht en Colombia.

Betingo, como comúnmente se le conoce a Sanguinetti, es una pieza clave en el andamiaje de corrupción que montó la constructora Odebrecht en Latinoamérica. Así lo reconoció el abogado brasileño José Américo Spinola, quien, según IDL Reporteros, fungió como testaferro en el pago al fallecido presidente peruano Alan García de USD$ 100 mil por una conferencia en Sao Paulo, Brasil. Spinola lo describió como “el apoyo” de Odebrecht en Uruguay para repartir los dineros por el sur del continente americano.

Rodrigo Tacla Durán, uno de los exabogados de Odebrecht que se convirtió en delator ante la justicia brasilera, aseguró ante las autoridades judiciales de ese país que Sanguinetti, luego de ser despedido de la BPA, fue contratado por la constructora brasileña para no dejarlo “sin nada” tras haber colaborado con la compañía en el trámite de los sobornos. Además, conocía “muchos secretos”, señaló Durán. (Fuente: El Espectador, Colombia)

 

El abogado también señaló que se reunió varias veces con Sanguinetti en Brasil y España, y aseguró que Betingo era un hombre de confianza de los directivos de Odebrecht, en especial de Luis Eduardo Da Rocha Soares, exdirectivo de Odebrecht señalado de manejar la oficina encargada de distribuir los sobornos en Latinoamérica para quedarse con varios megaproyectos en varios países.

El pasado 25 de marzo, Sanguinetti fue interrogado por la fiscalía peruana para saber si desde el BPA manejó cuentas de funcionarios peruanos que recibieron coimas de Odebrecht. Entre esos funcionarios la Fiscalía del vecino país indaga si Miguel Atala Herrera, expresidente de la petrolera estatal peruana Petroperú en el último gobierno de Alan García (2008-2011). Sanguinetti, quien fue directivo de Peñarol, sigue en la mira de la justicia de Andorra, junto con otros funcionarios de la BPA por su papel en el escándalo de Odebrecht

 

 

Conferencia anticorrupción

Este viernes 10 culmina en Cartagena de Indias, Colombia, la Conferencia Regional Anticorrupción para América del Sur y México. Uruguay Transparente está representado por la doctora Verónica García Leites.

La corrupción representa una amenaza significativa para los países del mundo entero; debilita las instituciones democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza y amenaza la economía al socavar la libre competencia, desalentando la inversión. La corrupción afecta desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos, especialmente a los más pobres, impidiendo la inclusión social y promoviendo la desigualdad. La evidencia demuestra que la corrupción es un factor dominante el cual impulsa a los países frágiles hacia el fracaso del Estado. Ningún país es inmune a la corrupción y los gobiernos deben trabajar juntos y con socios del sector privado y la sociedad civil para combatirla con éxito.

Combatir la corrupción es vital para conservar un crecimiento y estabilidad económica, mantener la seguridad de la sociedad, proteger los derechos humanos, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente para futuras generaciones y hacer frente a la delincuencia organizada.

Varios indicadores de gobernanza revelan que la corrupción sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo en varios países de la región. En reconocimiento del carácter global de las amenazas que plantea la corrupción, las cuales requieren un enfoque amplio y multidisciplinario, se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) como el único instrumento internacional jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción. Como tal, la UNCAC tiene un gran potencial como marco para la prevención y lucha contra la corrupción y como columna vertebral de las iniciativas anticorrupción nacionales e internacionales con el fin de garantizar la implementación de estándares unificados y la adopción de rumbos coherentes. El enfoque de amplio alcance de la Convención y la naturaleza vinculante de la mayoría de sus disposiciones la convierte en una herramienta única para desarrollar una respuesta integral a un problema global. A pesar de que todos los países de América del Sur han ratificado la Convención, existen retos respecto a su implementación, en particular con relación al desarrollo efectivo y oportuno de las recomendaciones provenientes de las evaluaciones realizadas bajo el mecanismo de examen de la aplicación de la UNCAC.

La aplicación efectiva de la Convención no sólo requerirá la adopción de medidas por parte de actores estatales, sino también de otros actores no estatales con capacidades pertinentes y del apoyo de expertos técnicos. En este sentido, construir alianzas y aumentar la cooperación con entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, círculos académicos, parlamentarios, jóvenes y el público en general es fundamental para la lucha contra la corrupción. Estos actores son claves para el intercambio de conocimientos, datos y buenas prácticas que permitan el desarrollo de discusiones profundas y exhaustivas para avanzar en la implementación de la UNCAC y en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.

Por esta razón, UNODC promueve que los países objeto de examen forjen alianzas a través del proceso de examen con socios relevantes con el propósito de garantizar que las necesidades de asistencia técnica se satisfagan de manera oportuna y amplia.

Reconociendo la importancia de un enfoque regional, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay se unen para crear una plataforma regional con el fin de mejorar su labor de lucha y prevención de la corrupción.

Declaración final de la conferencia anticorrupción

Se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, la Conferencia Regional Anticorrupción para América del Sur y México. Uruguay Transparente estuvo representado por la doctora Verónica García Leites. En el marco de ese encuentro las organizaciones de la sociedad civil de la región allí representadas debatieron y acordaron una serie de recomendaciones a los Estados. En ese sentido se pidió a los Estados una implementación más rápida de los compromisos contra la corrupción y un seguimiento definido del progreso realizado.

En la declaracion final se enfatiza que la región necesita de un trabajo serio, y coordinado, para implementar cambios estructurales y sostenidos en materia de anticorrupción que se traduzcan en una mejora clara y notoria de las condiciones de vida de los/as ciudadanos/as de todos los países. Reconocemos que si bien hay avances y esfuerzos impulsados desde los Estados para implementar la Convención, la falta de una implementación coordinada con la ciudadanía, sistemática y profunda de compromisos en materia de integridad y anticorrupción - que vaya más allá de los cambios de gobierno en nuestros países-, amenaza la consecución y logro de esos objetivos en la región al deslegitimar el ejercicio del poder y de política y al profundizar la desigualdad social y económica que la aqueja.

La corrupción representa una amenaza significativa para los países del mundo entero; debilita las instituciones democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza y amenaza la economía al socavar la libre competencia, desalentando la inversión. La corrupción afecta desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos, especialmente a los más pobres, impidiendo la inclusión social y promoviendo la desigualdad. La evidencia demuestra que la corrupción es un factor dominante el cual impulsa a los países frágiles hacia el fracaso del Estado. Ningún país es inmune a la corrupción y los gobiernos deben trabajar juntos y con socios del sector privado y la sociedad civil para combatirla con éxito.

 

 

El suicidio de Alan García para evitar su detención conmociona a Perú

Trágico final para el único expresidente peruano que aún no tenía orden detención en su contra. Alan García se ha suicidado a los 69 años disparándose en la cabeza para evitar la cárcel por corrupción al presentarse la policía en su casa para detenerlo. Trasladado con vida a un hospital de Lima, falleció tres horas después.

García presidió dos veces Perú, entre 1985 y 1990, y entre 2006 y 2011. Sus dos gobiernos no estuvieron exentos de polémica como ha sucedido con todos los exmandatarios vivos del país, que tras dejar el poder han sido perseguidos por la justicia.

Alan García regresó en noviembre pasado a Perú desde Madrid, donde había establecido su residencia, para declarar ante la fiscalía. El expresidente fue sorprendido porque la justicia le prohibió volver a abandonar el país. Creyendo que iba a ser detenido, García se refugió en la embajada de Uruguay en Lima y solicitó asilo político, denunciando persecución en su contra. Sin embargo, quince días después se vio obligado abandonar la legación diplomática cuando el gobierno uruguayo rechazó su petición.

La acusación de corrupción data de su segundo mandato, en el cual la fiscalía cree que Odebrecht pagó a García unos 6,2 millones de euros por adjudicarse la construcción de la Línea 1 del metro de Lima. Ministros y colaboradores cercanos del expresidente también están bajo sospecha.

García concedió el martes a la cadena RPP su última entrevista, donde volvió a rechazar las acusaciones de corrupción. “¡Tanto trabajo les cuesta haber tenido un presidente que no roba!”, exclamó el exmandatario. “Puedo decirles que yo para robar no nací; sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha repetido y es la manera de criminalizar a un político que les ganó dos veces a sus adversarios”, indicó. “El dinero le interesa a otra gente, a Alan García no”, reiteró. “Creo en la vida después de la muerte, creo en la historia”, añadió García. La justicia ya no podrá juzgarle, sólo la historia.

 

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