Clara victoria de Vizcarra en referéndum de Perú

En Perú el referéndum sobre cuatro reformas constitucionales terminó en un contundente triunfo del presidente Martín Vizcarra. Ha sido una amplia victoria electoral que fortalece al mandatario peruano ante un Congreso dominado por un fujimorismo hostil a su gobierno.

En cada una de las cuatro preguntas puestas a consulta de la ciudadanía, 85 por ciento o algo más de la población votó como había pedido Vizcarra. De acuerdo con resultados no oficiales a boca de urna, un 85,2 por ciento de los peruanos aprobó prohibir la reelección inmediata de los congresistas, otro 85 por ciento dijo sí a establecer controles al financiamiento de los partidos políticas y campañas electorales, un 87,1 por ciento respaldó una reforma judicial que crea un nuevo organismo encargado de designar y destituir jueces y fiscales, y el 85,1 por ciento rechazó una cuarta reforma para volver a un Congreso bicameral.    

En el contexto de un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y un Congreso dominado por el fujimorismo, el presidente Vizcarra lanzó la propuesta de prohibir la reelección inmediata de los legisladores.

El uso que ha hecho el fujimorismo de su mayoría parlamentaria para proteger a funcionarios acusados de corrupción que van desde vínculos con el narcotráfico hasta falsificación de documentos para exhibir estudios no realizados o acusaciones de acoso sexual han hundido la aceptación del Congreso a niveles por debajo del 10 por ciento y explican el alto porcentaje que votó a favor de prohibir la reelección de los legisladores.

En otra pregunta se rechazó el restablecimiento de un Congreso bicameral en reemplazo del actual Parlamento unicameral impuesto en 1993 por la dictadura de Alberto Fujimori.

La aprobación de establecer limitaciones y controles al financiamiento privado de los partidos políticos se da cuando los últimos cuatro presidentes –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski– y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, son investigados judicialmente por lavado de activos por el financiamiento ilegal a sus campañas. Con esta decisión, se prohíbe la publicidad pagada en los medios de comunicación, la que se limitará a los espacios otorgados por el Estado. 

La cuarta reforma crea un nuevo organismo –la Junta Nacional de Justicia– para nombrar y destituir jueces y fiscales. Propuesta lanzada luego que se pusiera en evidencia la existencia de una mafia judicial con conexiones políticas, especialmente con el fujimorismo y el ex presidente Alan García, y en la que se vieron envueltos los integrantes del organismo predecesor de esta nueva Junta.

(En base a Página 12)

Caso Odebrecht: puesta a punto

El escándalo protagonizado por la constructora Odebrecht se esparció desde Brasil al continente y más allá, tras admitir coimas por 788 millones de dólares en 12 países, incluyendo dos africanos.  En algunos, salpicó a figuras políticas y se han efectuado detenciones y condenas. Aquí, una síntesis de las repercusiones:

Brasil

Odebrecht es protagonista de la Operación Lava Jato, con sobornos por 349 millones de dólares, por lo que altos funcionarios son investigados, desde los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff hasta el actual gobernante Michel Temer. La investigación, que estima delitos por 1.647 millones de dólares, derivó en 215 condenas a 140 personas. Por una ramificación de esta megacausa, Lula purga desde abril una pena de 12 años y un mes de prisión.

Perú

Odebrecht ha admitido ante las autoridades judiciales peruanas haber pagado 32 millones de dólares en coimas. La fiscalía investiga a cuatro exmandatarios y a la líder opositora, Keiko Fujimori, además de otras exautoridades regionales y empresarios.

En marzo, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció a la presidencia, cercado por su supuesta conexión con Odebrecht cuando era ministro de Alejandro Toledo (2001-2006), quien escapó a Estados Unidos, pero Perú pidió su extradición, acusándolo de recibir 20 millones de dólares.

En el Perú, la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía y la Procuraduría. Se estableció un monto de reparación civil y un compromiso de la compañía y al menos cinco exdirectivos para colaborar en las 40 investigaciones abiertas por el caso.

También se investiga a Alan García (1985-1990, 2006-2011) por irregularidades en el metro de Lima, por lo que se detuvo a cinco exfuncionarios. Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso junto a su esposa, es sospechado de recibir tres millones para su campaña. Por lo mismo, Keiko Fujimori  cumple prisión preventiva desde octubre, acusada de recibir 1,2 millones.

Argentina

Aún no se ha abierto ninguna causa por los sobornos de 35 millones de dólares. Las fiscalías de Brasil y Argentina sellaron un acuerdo para que la segunda acceda al expediente donde figurarían nombres de exfuncionarios y empresarios. Arrepentidos que declararon en Brasil podrían ser interrogados en Argentina.

Odebrecht participó en emprendimientos como gasoductos con la petrolera estatal YPF, y otro por 3.000 millones de dólares para soterrar un ferrocarril en Buenos Aires, asociada a una firma de un familiar del presidente Mauricio Macri.

Panamá

La constructora reconoció pagos por 59 millones de dólares. La fiscalía investiga a tres gobiernos: Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y el actual de Juan Carlos Varela (2014-2019). Hasta ahora, cinco intermediarios fueron condenados en la causa de 76 imputados.

El gobierno de Martinelli, que según la fiscalía recibió 96 millones, es el más comprometido. Dos hijos del exmandatario, detenidos en Miami y cuya extradición pidió Panamá, y varios exministros están imputados entre otros exfuncionarios. Algunos estuvieron detenidos y han recuperado la libertad. El partido oficialista está acusado de recibir fondos.

Alejandro Toledo fue el primer expresidente de la región por el que se dictó prisión preventiva por este caso. Odebrecht confesó ante las autoridades peruanas haberle entregado 20 millones de dólares en coimas.

Alejandro Toledo fue el primer expresidente de la región por el que se dictó prisión preventiva por este caso. Odebrecht confesó ante las autoridades peruanas haberle entregado 20 millones de dólares en coimas. | Fuente: Andina

Venezuela

Con 98 millones de dólares, Venezuela es el segundo país en montos de sobornos pagados por Odebrecht. El escándalo salpicó al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios como Diosdado Cabello, pero la justicia se negó a investigar "especulaciones".

En 2017, Maduro mandó encarcelar a quienes recibieron sobornos, tras lo cual la Fiscalía solicitó la captura de cuatro directivos locales.  El dirigente opositor Henrique Capriles fue señalado en la prensa por recibir fondos para su campaña en 2012, lo que él negó.

Colombia

Hay seis condenados por el caso. Aunque la compañía reconoció el pago de 11 millones de dólares, la fiscalía estima que fueron 32,5 millones. El funcionario detenido de mayor rango es el ex viceministro de Transportes Gabriel García, quien recibió sobornos para adjudicar la mayor obra vial del país. Tres exdirectivos de Odebrecht tienen órdenes de captura.

Se espera el nombramiento de un fiscal especial para la investigación, después de que Néstor Martínez y su vice se declararan impedidos por conflicto de intereses. El auditor financiero del consorcio constructor aseguró que Martínez sabía de los sobornos y que no los denunció. La muerte del auditor por un aparente infarto y de su hijo envenenado con cianuro están bajo investigación.

México

Odebrecht reconoció haber entregado 10,5 millones de dólares. La vinculación más resonante fue la de Emilio Lozoya, cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y director de la estatal Pemex, como presunto receptor de 10 millones de dólares. Lozoya fue citado a declarar, sin mayores consecuencias.

Tras su asunción, Andrés Manuel López Obrador abogó por la transparencia en la causa: "Sobre Odebrecht hay instrucciones (...) de que se den todos los informes".

Ecuador

Las coimas fueron por 40 millones de dólares, sobre los 33,5 millones estimados inicialmente. Según la fiscalía, hay 22 detenidos y 24 causas abiertas por asociación ilícita, captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos. El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018) fue el primer alto funcionario sentenciado (2017) a seis años de prisión por recibir sobornos por 13,5 millones de dólares.

El excontralor Carlos Pólit, ahora prófugo, fue condenado a seis años de cárcel por concusión, mientras que un exministro recibió cinco años de pena.

Guatemala

Odebrecht repartió 17,9 millones de dólares por una obra y la campaña presidencial del empresario Manuel Baldizón.

En el primer caso, la firma entregó 9 millones de dólares al entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien está prófugo. La única condena fue para su concuñado, sentenciado a tres años conmutables por colaborar en la investigación. Otras seis personas están procesadas y al menos cuatro tienen pedido de captura.

República Dominicana

Odebrecht admitió haber entregado 92 millones de dólares en República Dominicana. La justicia ha procesado a siete personas. El 23 de enero se realizará una audiencia.

(En base a informe de agencia AFP)

Guatemala: cárcel a exvicepresidenta por corrupción

Un tribunal guatemalteco condenó a 15 años y medio de prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en la adjudicación de un contrato que pretendía el uso de una fórmula para descontaminar el Lago de Amatitlán, la que resultó ser un fraude.

Baldetti, quien siempre negó los cargos, no quiso hablar con la prensa después de la condena por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, que fue leída por el tribunal a las 3 de la madrugada del martes. La exmandataria deberá seguir en prisión. Fue detenida en 2015, meses después de renunciar al cargo tras acusaciones de corrupción.

Según la acusación de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), Baldetti junto con otras 12 personas se coludieron para entregar un contrato por unos 18 millones de dólares a la empresa Israelí M. Tarcic Engineering Limited, para la limpieza del lago. Sin embargo, estudios determinaron que el líquido, llamado por la prensa “agüita mágica”, no era más que agua, sal y cloro.

El lago de Amatitlán, 27 kilómetros al sur de la capital, aún está contaminado por una cianobacteria que provoca la proliferación de algas.

El juez Pablo Xitumul, al leer la sentencia, dijo que Baldetti, de 55 años, era la líder de la organización y que era conocida como “la mera mera, la jefa o la gran jefa” y que los acusados realizaron eventos amañados, se confabularon con empresarios para saquear al estado y que con sus acciones vulneraron a la población. “Con actores del sector privado se concertaron y organizaron actos perversos”, dijo Xitumul.

Según la CICIG, para alcanzar su cometido la organización criminal diseñó un esquema que le permitió operar desde cuatro ámbitos: el apoyo político y la operación de alto nivel; las instituciones donde se emitieron los dictámenes técnicos para justificar la compra del servicio; la empresa M. Tarcic Engineering Limited, creada para obtener el contrato, y la utilización de una serie de empresas y personas para desviar los fondos a terceros.

Un total de 13 personas fueron acusadas en este caso. Algunas fueron absueltas y otras condenadas, como Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidenta, sentenciado a 13 años prisión.

El argentino-israelí Hugo “Uri” Roitman, enlace de la empresa en Guatemala, fue condenado a 11 años por asociación ilícita y fraude.

La salida del gobierno de Baldetti fue el inicio de la caída del gobierno del general Otto Pérez Molina en 2015, luego de manifestaciones pacíficas de miles de ciudadanos enojados por las acusaciones de corrupción de su gobierno. Pérez Molina, elegido en 2012, también guarda prisión a la espera de un juicio en su contra.

 

Este fue uno de tres casos de corrupción en donde Baldetti está señalada. El primero y más importante es el llamado “La Línea” y por el cual tuvo que renunciar, junto con Pérez Molina, sobre un fraude aduanero millonario.

Baldetti además está acusada en el caso llamado “La Cooperacha”, en el que junto con otros funcionarios de gobierno habrían recolectado dinero del erario para comprar regalos para el entonces presidente.

Suspenden a El Salvador de grupo de inteligencia contra delitos financieros

El Grupo Egmont, que aglutina a las Unidades de Investigación Financiera (UIF) de más de 150 países, anunció en un comunicado la suspensión de El Salvador como uno de sus miembros. La medida se había anticipado, luego que el presidente Salvador Sánchez Cerén vetara en agosto pasado la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, para darle autonomía a su UIF.

De acuerdo al comunicado, la suspensión de El Salvador se debe a una continua falta de compromiso por parte de ese país con los principios del grupo Egmont en lo referente a la independencia operacional y la autonomía.

“La UIF de El Salvador está excluida de todos los eventos y actividades del grupo Egmont”, recalca la entidad en un comunicado emanado de la vigesimoquinta plenaria general del grupo Egmont, celebrada en Australia a finales de setiembre.

El liderazgo del grupo reconoció los esfuerzos que se buscan hacer desde la Asamblea Legislativa para levantar el veto presidencial, pero concluyeron que la independencia operacional de la UIF no puede ser asegurada.

Durante la plenaria del grupo Egmont, se readmitió a Nigeria a la entidad, luego de ser suspendida en 2017 por motivos similares a los que motivan la suspensión salvadoreña.

Por tal razón, no se descarta que de tomarse medidas similares, se podría levantar la suspensión en la próxima plenaria del grupo Egmont, al celebrarse el próximo año en los Países Bajos.

El pasado 20 de julio se aprobó la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que se lee de esta forma: “La Unidad de Investigación Financiera (UIF), es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

En dicha plenaria, el FMLN no acompañó con sus votos la reforma, bajo el argumento de que era inconstitucional. “El artículo 173 habla del fiscal general de la República y sus atribuciones; le atribuye personalmente a él la investigación  del delito. Podemos estar en cierta medida tocando la constitución y las atribuciones del fiscal. Hay una situación  de soberanía que debemos revisar, al darle esta autonomía a la UIF”, dijo en aquel momento el diputado efemelenista, Javier Valdez.

Ese fue el mismo argumento que usó el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando un mes más tarde, devolvió el decreto con su veto, por supuestamente contravenir los artículos 86 y 193 de la Constitución, fundamentando que esta reforma le resta atribuciones exclusivas del Fiscal General de la República.

Esto propició que la Fiscalía reaccionara de manera inmediata y calificara la decisión del presidente como “un beneficio para los lavadores de dinero a nivel nacional e internacional” y que pone al país en un riesgo reputacional, al enfrentar la expulsión del grupo Egmond, el cual aglutina a la gran mayoría de las UIF del mundo.

Respecto a la inconstitucionalidad que alegan tanto el FMLN como el gobierno, el Ministerio Público rechazó tal argumento, en vista que el Fiscal General es quien mantiene la dirección funcional de la investigación del delito.

Mediante un comunicado, la Fiscalía recordó que fue la divulgación de un documento confidencial por parte del expresidente Mauricio Funes, lo que llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional, el cual se ventila en el grupo Egmont desde el año 2014.

Además de la suspensión de este grupo, la Fiscalía dijo que la no aprobación de esta reforma le acarrearía al país la no deseada etiqueta de “paraíso fiscal” y a ser incluido en una lista oscura que maneja el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Perú: Referéndum sobre corrupción

El presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, oficializó, a través de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, la convocatoria al referéndum que se realizará el próximo 9 de diciembre del presente año, esto es, en dos meses. 

Esta medida servirá para hacer la consulta popular sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la regulación del financiamiento de partidos, la no reelección inmediata de parlamentarios y el retorno a la bicameralidad.

El decreto supremo lleva las firmas del jefe del Estado, el primer ministro César Villanueva; el ministro de justicia, Vicente Zeballos, y el canciller Néstor Popolizio.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado del financiamiento para ejecutar el referéndum y deberá tomar todas las previsiones para habilitar esta consulta.

Además, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tendrán que reglamentar y dictar las normas respectivas para llevar a cabo la consulta que impulsa el gobierno.

Las preguntas

Esta próxima consulta popular formula cuatro preguntas.

- 1) ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

- 2) ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

- 3) ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

- 4) ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

 

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