Dos miradas sobre el caso argentino

Con una serie de allanamientos, detenciones de funcionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo y a la obra pública, el juez Claudio Bonadío volvió a instalar la ‘Corrupción K’ como tema. La ex presidenta Cristina Fernández, actual senadora está citada a indagatoria para el 13 de agosto, ya con un pedido el desafuero y prisión preventiva. Para el gobierno y Cambiemos es un bálsamo en medio del escándalo de los aportantes truchos a su campaña electoral, la caída en las encuestas y la crisis económica.
La investigación de los periodistas del diario La Nación tuvo como puntapié inicial la detención del remisero Oscar Centeno, que atesoraba en varios cuadernos todas las notas sobre la ruta del dinero de los empresarios a los funcionarios e incluso con el detalle de la entrega a la Quinta de Olivos y al departamento que hoy habita Cristina en Recoleta.
Centeno fue indagado sobre esas anotaciones que dieron origen a la causa y que guarda desde que terminó el gobierno de Fernández hace tres años.
La conveniencia del estallido del denominado ‘lava jato argentino’ no podía caerle mejor al Gobierno. Nuevamente, surge el tema de la corrupción kirchnerista gracias al juez Bonadio. Es el mismo juez sospechado de cierta parcialidad hacia el oficialismo y de excesos contra el kirchnerismo.
Al mismo tiempo que se iban conociendo las detenciones y los detalles de los allanamientos en la causa de los bolsos, se anunciaban los nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos y el transporte.
El 'lava jato argentino' estalla, además, en momentos en que Cambiemos recibió el impacto en las encuestas del escándalo de los aportantes truchos a la campaña electoral 2017 que ha salpicado a la gobernadora María Eugenia Vidal, su dirigente con mejor imagen.
Y todo ocurre en momentos en que Cristina Kirchner se prepara para reaparecer públicamente en un acto sindical esta semana apoyada en una mejora de su imagen en las encuestas, especialmente por la caída de Mauricio Macri a raíz de la crisis económico-social.

(En base a Clarin, La Nación, Página 12 y Urgente 24)

Perú: choques por reforma judicial

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó este martes al Congreso para un pleno extraordinario para tratar la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros están implicados en el escándalo de corrupción judicial revelado la pasada semana.
En un pronunciamiento en el Palacio de Gobierno de Lima, Vizcarra programó la sesión extraordinaria para este viernes 20 de julio, pues consideró que la destitución en bloque del CNM es “imprescindible e impostergable” como parte de la reforma integral del sistema de justicia que promueve el mismo mandatario.

El gobernante ya solicitó la pasada semana al Congreso la destitución del CNM, encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces, pero el Legislativo, donde el fujimorismo tiene mayoría, se encuentra en un período de receso y por ahora solo había aprobado investigar a los tres miembros del CNM involucrados en el caso.

El daño reputacional por lavado

El banco más grande de Dinamarca, el Danske Bank, vio como el pasado 04 de julio sus acciones bajaron 3% en la Bolsa de Copenhague, resultado del daño reputacional ocasionado por un escándalo por el presunto lavado de US$ 8.300 millones a través de su filial en Estonia. La caída continúa y ya las acciones han perdido un 5% de su valor.
El daño reputacional comenzó a partir de las informaciones presentadas por el diario danés Berlingske, que detalló durante meses las investigaciones relacionadas al presunto lavado de dinero llevado a cabo en la filial estonia del Danske Bank, la cual, debido a sus débiles controles, permitió el blanqueo de dinero proveniente de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán entre 2007 y 2015.
Adam Barrass, analista de Berenberg, expresó que “los titulares son claramente negativos para el Danske, con el problema arrastrando el rendimiento de las acciones durante el año pasado”, en referencia al desempeño por debajo al índice bancario de Europa que ha tenido el banco en los últimos tiempos y el golpe a su reputación recibido actualmente.
El portal de noticias Bloomberg, por su lado, señala este escándalo como “lo que podría ser la mayor saga de crímenes financieros en la historia danesa moderna”, incrementando el daño reputacional al Danske Bank y las potenciales pérdidas a causa de esto. Además, indica que la entidad de Dinamarca tiene el “peor desempeño en el índice Bloomberg de acciones financieras europeas”.
Christian Thatje, un corredor de acciones en Sydbank A/S, declaró para Bloomberg que “los inversores están respondiendo esta vez, dado el tamaño del escándalo”, por lo que las pérdidas en el mercado de valores pueden ser aún mayores. “Es el caso más conocido de blanqueo de dinero en curso a nivel mundial y eso está presionando a la administración y plantea dudas sobre cuáles serán las consecuencias”, añadió.
La corrida de clientes quedó reflejada con el reciente anuncio de la firma Unity Technologies de cerrar sus cuentas en el banco. Según un informe del Financial Times, David Helgason, el empresario detrás de Unity Technologies, afirmó que la empresa buscará otra entidad bancaria, debido al escándalo de lavado de dinero que está perjudicando la reputación del Danske Bank. "La gerencia no solo debe asegurarse de que su negocio cumpla con la ley (como aparentemente lo haya hecho), sino también asegurarse de que sus acciones puedan soportar la luz del día. Y en eso [el banco] ha fallado tan seriamente, que nosotros, sus clientes, debemos enfrentar las consecuencias y seguir adelante”, escribió el ejecutivo en una carta abierta en Facebook.
Las irregularidades del banco
Mediante la revisión de unos 7 millones de emails y más de 7.000 documentos, las autoridades han encontrado diversas irregularidades en el cumplimiento, como por ejemplo:
- Utilización de cuentas creadas por empresas fachada (shell companies) que no reflejan un interés comercial legítimo.
- Las empresas utilizadas eran creadas en paraísos fiscales y jurisdicciones de alto riesgo, como las Islas Vírgenes Británicas.
- Elevado número de transacciones por parte de shell companies. En un caso, una empresa realizó 2.270 operaciones en un período de 365 días.
- Las transferencias de dinero tenían justificaciones genéricas e incompletas.
- Las descripciones de las operaciones relacionadas a múltiples empresas tenían los mismos textos.
Otras acciones
Además de las enormes pérdidas ocasionadas por la caída del valor de las acciones y por la pérdida de clientes, el banco enfrenta una gran presión de parte de los reguladores de Dinamarca. Al mismo tiempo, es factible que las autoridades de Estados Unidos hayan iniciado sus propias investigaciones, como ya lo hacen los reguladores franceses, lo que pudiera generar enormes multas contra la entidad, tal como sucedió con el Deutsche Bank (US$ 630 millones) y el HSBC (US$ 1.900 millones), entre otros.
Las diversas acusaciones de lavado ocasionaron la dimisión de miembros importantes del banco, como tal es el caso de Lars Morch en abril, miembro del consejo ejecutivo de Danske Bank, responsable de banca de negocios de la entidad, el área de banca internacional y las operaciones en los países bálticos.
En definitiva, la situación actual del gigante danés demuestra de manera explícita el verdadero efecto que puede ejercer un serio daño reputacional sobre las entidades financieras, independientemente del tamaño o fama que tenga. El desmoronamiento continuo del valor en las acciones del banco y las presiones sobre los dirigentes podrían suponer un punto de quiebre que coloque al reconocido banco en una posición más que vulnerable. (fuente: lavadodinero.com)

Argentina: lanzan app para verificar identidades

Luego de la investigación periodística de Juan Amorín de la web El Destape, la ONG La Alameda lanzó una aplicación para verificar las identidades de los aportantes truchos para la campaña de Cambiemos en Argentina, en donde podrá quien lo desee constatar si aparece o no en la lista sin haber aportado.
Esta aplicación fue realizada en base a los datos de los propios partidos a la Cámara Nacional Electoral. En Argentina, los partidos están obligados por la ley de financiamiento a dar los rendimientos de gastos de las campañas.
La aplicación de Bien Común, el partido de la ONG Alameda, conjuga los montos de cada aportante (ya que a veces dividen los montos por cargo) y desde las últimas cuatro elecciones (2011, 2013, 2015 y 2017) y de todos los partidos como de todo el país.
La causa se inició a partir de un informe periodístico realizado por el periodista Juan Amorín en El Destape, que mostró cómo más de 800 personas figuraban como aportantes de la última campaña del oficialismo en territorio bonaerense, sin saberlo.
Tras la denuncia, fue el fiscal Jorge Di Lello quien abrió una investigación, a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Los denunciados son los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia.
El viernes pasado, el juez Casanello citó a los primeros testigos que aparecen como supuestos aportantes falsos, que en su mayoría son beneficiarios de planes sociales y aseguran que no lo fueron.

 

Argentina: investigan lavado

La justicia argentina imputó a los dos responsables financieros de la campaña para las legislativas de 2017 de la coalición gobernante Cambiemos por utilizar la identidad de al menos 467 personas y hacerlas pasar como donantes de fondos, informó el diario Página/12.
El objetivo de la maniobra fue "utilizar las funciones en el Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos", consignó el periódico citando la denuncia presentada por la fundación La Alameda.
La denuncia, patrocinada por el fiscal Carlos Stornelli, da cuenta de un posible lavado de dinero, dado que la identidad de estas personas, beneficiarias en su mayoría de distintos planes sociales, fue utilizada para presentarlas como aportantes a la campaña electoral del oficialismo por montos de entre 300 y dos mil pesos (entre diez y 71 dólares al cambio actual), consignó el periódico.
El principal interrogante es determinar de dónde provino el dinero para la campaña, ya que esas personas viven en situación de pobreza y tienen muy bajos ingresos.
Asimismo, el fiscal Jorge Di Lello comenzó una investigación preliminar sobre este mismo caso, enfocada en una posible violación a ley de financiamiento de los partidos políticos y la afiliación "a prepo" (a la fuerza) al partido Propuesta Republicana (PRO) del presidente Mauricio Macri.

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