Expresidente de Brasil, Michel Temer en libertad pero con bienes congelados

El expresidente de Brasil Michel Temer, de 78 años, en prisión preventiva por su supuesta implicación en el caso Lava Jato, ha quedado en libertad provisional por orden de un juez federal. Además, el Banco Central ha congelado 1.8 millones de euros del exmandatario, que está acusado de liderar una organización criminal que supuestamente recibió sobornos durante 40 años a cambio de facilitar contratos públicos. El juez que le investiga ha pedido que se le congelen más de 14.2 millones de euros. El arresto de Temer se produjo tres meses después de dar el relevo a su sucesor, Jair Bolsonaro, y perder la inmunidad. La megatrama por la que Temer ha estado cuatro días recluido en instalaciones policiales en Río de Janeiro ya hundió a Lula da Silva, encarcelado desde hace casi un año.

El magistrado Antonio Ivan Athié, del tribunal de apelaciones de Río de Janeiro (conocido en Brasil como TRF-2), ha decidido ordenar la excarcelación de Temer pese a que él mismo había convocado para el miércoles la vista para analizar la petición de hábeas corpus presentada por los abogados del exmandatario. El magistrado también ha ordenado la excarcelación del exministro Wellington Moreira Franco y a los otros seis sospechosos detenidos con ellos.

Athié afirma en su escrito que pese a los indicios existentes contra el presidente que sucedió a la destituida Dilma Rousseff, su permanencia en prisión preventiva no tiene justificación legal. "Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, porque además de tratarse de [indicios] antiguos, no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, [o] que estarían ocultando pruebas u obstaculizando" un eventual proceso criminal, explica en su auto Athié.

El juez ha incluido en su auto un mensaje a los jueces y fiscales que investigan desde hace un lustro el megaescándalo: "No estoy contra la llamada [operación] Lava Jato, al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción que lo azota. Pero, sin respetar las garantías constitucionales, aseguradas para todos, (...) con violación de reglas, no hay legitimidad en el combate a esa plaga", añade el texto.

El juez Marcelo Bretas que ordenó el pasado jueves la detención del expresidente acusa a Temer de encabezar "una organización criminal" que desvió unos 1.800 millones de reales (450 millones de euros) destinados a la construcción de la central nuclear Angra 3, en Río de Janeiro. Según el auto, infló presupuestos de obras, blanqueó dinero e incluso tenía un departamento para obstaculizar las pesquisas. El diario Folha de S. Paulo, por ejemplo, cargó este fin de semana en un editorial contra la decisión del magistrado porque "parece repetir las prácticas más cuestionables de la operación [Lava Jato] como usar la prisión preventiva para anticipar sentencias o eventualmente forzar la colaboración premiada [con los investigadores]".(Fuente: El País)

 

 

 

Detenido el expresidente de Brasil Michel Temer

El expresidente de Brasil Michel Temer ha sido detenido en Sao Paulo por orden de un juez, informan Reuters y AFP. El arresto se ha producido en el marco de la investigación conocida como Lava Jato, la mayor operación de lucha contra la corrupción en la historia de Brasil y que ha destapado un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras.

La detención de Temer ha sido ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también ha solicitado el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del expresidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB). La Fiscalía llegó a solicitar dos veces ante el Tribunal Supremo la apertura de juicios por corrupción contra Temer pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos, por lo que todas las causas en su contra dependían de la pérdida del fuero privilegiado con el fin de su mandato.

Michel Temer, de 78 años, del Movimiento Democrático Brasileño, era vicepresidente de Dilma Rousseff, a quien sustituyó en mayo de 2016 cuando la mandataria de izquierdas fue separada de su cargo en el marco de una investigación por presunta manipulación de las cuentas públicas. Posteriormente, Temer fue sucedido en el cargo de presidente por el actual mandatario, Jair Bolsonaro. Temer se ha convertido en el segundo jefe de Estado en ser detenido en Brasil por casos vinculados al Java Jato ya que Luiz Inácio Lula da Silva cumple desde abril del año pasado dos condenadas de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Lo más probable es que sea recluido en las celdas de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro, adonde son conducidos los detenidos por casos de la Lava Jato en esta ciudad. La detención fue ordenada en el marco de una investigación abierta para verificar supuestas irregularidades en contratos firmados por empresas ya condenadas por la Lava Jato y Eletronuclear, la estatal que opera las plantas nucleares del país. Según la denuncia, las empresas que se adjudicaron los contratos con Eletronuclear pagaron sobornos para favorecer a dirigentes del MDB, la formación liderada por Michel Temer y cuyos dirigentes controlaron por muchos años todas las estatales del sector eléctrico del país. Tales contratos sospechosos fueron firmados en 2016 cuando Temer ya presidía Brasil.

La denuncia fue hecha por el propietario de la empresa Engevix, José Antunes Sobrinho, que aceptó colaborar con la Justicia y delatar a sus cómplices en diferentes corruptelas a cambio de la reducción de sus condenas. El empresario ha asegurado que pagó sobornos a petición del coronel de la reserva Joao Baptista Filma Filho, un amigo muy cercano de Temer y cuya prisión también fue ordenada, para adjudicarse uno de los contratos en la construcción de la central nuclear Angra 3. De acuerdo con Antunes Sobrinho, el pago de las comisiones ilegales para favorecer al MDB era de conocimiento tanto de Temer como de Moreira Franco, que fue secretario general de la Presidencia y secretario de Aviación Civil en el Gobierno de Temer, así como secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en el Gobierno de Rousseff.

El expresidente responde actualmente a 10 procesos, cinco de los cuales estaban en manos de la Corte Suprema por el fuero privilegiado pero que ya comenzaron a ser analizados por jueces de primera instancia. Las otros cinco investigaciones fueron abiertas en enero de este año, cuando Michel Temer ya no contaba con el fuero privilegiado, por orden del magistrado Luis Roberto Barroso.

Uruguay en la ruta de Temer

El coronel João Baptista Lima Filho, amigo y hombre de confianza del presidente de Brasil Michel Temer, es el dueño de la off shore Langley, registrada en Montevideo y usada para transacciones sospechosas, según una investigación de la Policía Federal de Brasil.
La firma Langley con sede en la calle Rincón 610 estaba representada hasta el año 1997 por el uruguayo Emilio Gastón Tuneu Mohr. En el año 2000 fue adquirida por Baptista Lima Filho, quien la mantiene hasta la fecha.
En mayo de este año Ricardo Saud, ejecutivo de JBS, afirmó en un testimonio ante la Justicia que en el año 2014, el actual presidente Temer le pidió un millón de reales, poco más de 300 mil dólares, y que ese dinero se le entregara al coronel Lima.

 

Caso Odebrecht: puesta a punto

El escándalo protagonizado por la constructora Odebrecht se esparció desde Brasil al continente y más allá, tras admitir coimas por 788 millones de dólares en 12 países, incluyendo dos africanos.  En algunos, salpicó a figuras políticas y se han efectuado detenciones y condenas. Aquí, una síntesis de las repercusiones:

Brasil

Odebrecht es protagonista de la Operación Lava Jato, con sobornos por 349 millones de dólares, por lo que altos funcionarios son investigados, desde los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff hasta el actual gobernante Michel Temer. La investigación, que estima delitos por 1.647 millones de dólares, derivó en 215 condenas a 140 personas. Por una ramificación de esta megacausa, Lula purga desde abril una pena de 12 años y un mes de prisión.

Perú

Odebrecht ha admitido ante las autoridades judiciales peruanas haber pagado 32 millones de dólares en coimas. La fiscalía investiga a cuatro exmandatarios y a la líder opositora, Keiko Fujimori, además de otras exautoridades regionales y empresarios.

En marzo, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció a la presidencia, cercado por su supuesta conexión con Odebrecht cuando era ministro de Alejandro Toledo (2001-2006), quien escapó a Estados Unidos, pero Perú pidió su extradición, acusándolo de recibir 20 millones de dólares.

En el Perú, la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía y la Procuraduría. Se estableció un monto de reparación civil y un compromiso de la compañía y al menos cinco exdirectivos para colaborar en las 40 investigaciones abiertas por el caso.

También se investiga a Alan García (1985-1990, 2006-2011) por irregularidades en el metro de Lima, por lo que se detuvo a cinco exfuncionarios. Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso junto a su esposa, es sospechado de recibir tres millones para su campaña. Por lo mismo, Keiko Fujimori  cumple prisión preventiva desde octubre, acusada de recibir 1,2 millones.

Argentina

Aún no se ha abierto ninguna causa por los sobornos de 35 millones de dólares. Las fiscalías de Brasil y Argentina sellaron un acuerdo para que la segunda acceda al expediente donde figurarían nombres de exfuncionarios y empresarios. Arrepentidos que declararon en Brasil podrían ser interrogados en Argentina.

Odebrecht participó en emprendimientos como gasoductos con la petrolera estatal YPF, y otro por 3.000 millones de dólares para soterrar un ferrocarril en Buenos Aires, asociada a una firma de un familiar del presidente Mauricio Macri.

Panamá

La constructora reconoció pagos por 59 millones de dólares. La fiscalía investiga a tres gobiernos: Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y el actual de Juan Carlos Varela (2014-2019). Hasta ahora, cinco intermediarios fueron condenados en la causa de 76 imputados.

El gobierno de Martinelli, que según la fiscalía recibió 96 millones, es el más comprometido. Dos hijos del exmandatario, detenidos en Miami y cuya extradición pidió Panamá, y varios exministros están imputados entre otros exfuncionarios. Algunos estuvieron detenidos y han recuperado la libertad. El partido oficialista está acusado de recibir fondos.

Alejandro Toledo fue el primer expresidente de la región por el que se dictó prisión preventiva por este caso. Odebrecht confesó ante las autoridades peruanas haberle entregado 20 millones de dólares en coimas.

Alejandro Toledo fue el primer expresidente de la región por el que se dictó prisión preventiva por este caso. Odebrecht confesó ante las autoridades peruanas haberle entregado 20 millones de dólares en coimas. | Fuente: Andina

Venezuela

Con 98 millones de dólares, Venezuela es el segundo país en montos de sobornos pagados por Odebrecht. El escándalo salpicó al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios como Diosdado Cabello, pero la justicia se negó a investigar "especulaciones".

En 2017, Maduro mandó encarcelar a quienes recibieron sobornos, tras lo cual la Fiscalía solicitó la captura de cuatro directivos locales.  El dirigente opositor Henrique Capriles fue señalado en la prensa por recibir fondos para su campaña en 2012, lo que él negó.

Colombia

Hay seis condenados por el caso. Aunque la compañía reconoció el pago de 11 millones de dólares, la fiscalía estima que fueron 32,5 millones. El funcionario detenido de mayor rango es el ex viceministro de Transportes Gabriel García, quien recibió sobornos para adjudicar la mayor obra vial del país. Tres exdirectivos de Odebrecht tienen órdenes de captura.

Se espera el nombramiento de un fiscal especial para la investigación, después de que Néstor Martínez y su vice se declararan impedidos por conflicto de intereses. El auditor financiero del consorcio constructor aseguró que Martínez sabía de los sobornos y que no los denunció. La muerte del auditor por un aparente infarto y de su hijo envenenado con cianuro están bajo investigación.

México

Odebrecht reconoció haber entregado 10,5 millones de dólares. La vinculación más resonante fue la de Emilio Lozoya, cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y director de la estatal Pemex, como presunto receptor de 10 millones de dólares. Lozoya fue citado a declarar, sin mayores consecuencias.

Tras su asunción, Andrés Manuel López Obrador abogó por la transparencia en la causa: "Sobre Odebrecht hay instrucciones (...) de que se den todos los informes".

Ecuador

Las coimas fueron por 40 millones de dólares, sobre los 33,5 millones estimados inicialmente. Según la fiscalía, hay 22 detenidos y 24 causas abiertas por asociación ilícita, captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos. El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018) fue el primer alto funcionario sentenciado (2017) a seis años de prisión por recibir sobornos por 13,5 millones de dólares.

El excontralor Carlos Pólit, ahora prófugo, fue condenado a seis años de cárcel por concusión, mientras que un exministro recibió cinco años de pena.

Guatemala

Odebrecht repartió 17,9 millones de dólares por una obra y la campaña presidencial del empresario Manuel Baldizón.

En el primer caso, la firma entregó 9 millones de dólares al entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien está prófugo. La única condena fue para su concuñado, sentenciado a tres años conmutables por colaborar en la investigación. Otras seis personas están procesadas y al menos cuatro tienen pedido de captura.

República Dominicana

Odebrecht admitió haber entregado 92 millones de dólares en República Dominicana. La justicia ha procesado a siete personas. El 23 de enero se realizará una audiencia.

(En base a informe de agencia AFP)

Clara victoria de Vizcarra en referéndum de Perú

En Perú el referéndum sobre cuatro reformas constitucionales terminó en un contundente triunfo del presidente Martín Vizcarra. Ha sido una amplia victoria electoral que fortalece al mandatario peruano ante un Congreso dominado por un fujimorismo hostil a su gobierno.

En cada una de las cuatro preguntas puestas a consulta de la ciudadanía, 85 por ciento o algo más de la población votó como había pedido Vizcarra. De acuerdo con resultados no oficiales a boca de urna, un 85,2 por ciento de los peruanos aprobó prohibir la reelección inmediata de los congresistas, otro 85 por ciento dijo sí a establecer controles al financiamiento de los partidos políticas y campañas electorales, un 87,1 por ciento respaldó una reforma judicial que crea un nuevo organismo encargado de designar y destituir jueces y fiscales, y el 85,1 por ciento rechazó una cuarta reforma para volver a un Congreso bicameral.    

En el contexto de un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y un Congreso dominado por el fujimorismo, el presidente Vizcarra lanzó la propuesta de prohibir la reelección inmediata de los legisladores.

El uso que ha hecho el fujimorismo de su mayoría parlamentaria para proteger a funcionarios acusados de corrupción que van desde vínculos con el narcotráfico hasta falsificación de documentos para exhibir estudios no realizados o acusaciones de acoso sexual han hundido la aceptación del Congreso a niveles por debajo del 10 por ciento y explican el alto porcentaje que votó a favor de prohibir la reelección de los legisladores.

En otra pregunta se rechazó el restablecimiento de un Congreso bicameral en reemplazo del actual Parlamento unicameral impuesto en 1993 por la dictadura de Alberto Fujimori.

La aprobación de establecer limitaciones y controles al financiamiento privado de los partidos políticos se da cuando los últimos cuatro presidentes –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski– y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, son investigados judicialmente por lavado de activos por el financiamiento ilegal a sus campañas. Con esta decisión, se prohíbe la publicidad pagada en los medios de comunicación, la que se limitará a los espacios otorgados por el Estado. 

La cuarta reforma crea un nuevo organismo –la Junta Nacional de Justicia– para nombrar y destituir jueces y fiscales. Propuesta lanzada luego que se pusiera en evidencia la existencia de una mafia judicial con conexiones políticas, especialmente con el fujimorismo y el ex presidente Alan García, y en la que se vieron envueltos los integrantes del organismo predecesor de esta nueva Junta.

(En base a Página 12)

Suspenden a El Salvador de grupo de inteligencia contra delitos financieros

El Grupo Egmont, que aglutina a las Unidades de Investigación Financiera (UIF) de más de 150 países, anunció en un comunicado la suspensión de El Salvador como uno de sus miembros. La medida se había anticipado, luego que el presidente Salvador Sánchez Cerén vetara en agosto pasado la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, para darle autonomía a su UIF.

De acuerdo al comunicado, la suspensión de El Salvador se debe a una continua falta de compromiso por parte de ese país con los principios del grupo Egmont en lo referente a la independencia operacional y la autonomía.

“La UIF de El Salvador está excluida de todos los eventos y actividades del grupo Egmont”, recalca la entidad en un comunicado emanado de la vigesimoquinta plenaria general del grupo Egmont, celebrada en Australia a finales de setiembre.

El liderazgo del grupo reconoció los esfuerzos que se buscan hacer desde la Asamblea Legislativa para levantar el veto presidencial, pero concluyeron que la independencia operacional de la UIF no puede ser asegurada.

Durante la plenaria del grupo Egmont, se readmitió a Nigeria a la entidad, luego de ser suspendida en 2017 por motivos similares a los que motivan la suspensión salvadoreña.

Por tal razón, no se descarta que de tomarse medidas similares, se podría levantar la suspensión en la próxima plenaria del grupo Egmont, al celebrarse el próximo año en los Países Bajos.

El pasado 20 de julio se aprobó la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que se lee de esta forma: “La Unidad de Investigación Financiera (UIF), es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

En dicha plenaria, el FMLN no acompañó con sus votos la reforma, bajo el argumento de que era inconstitucional. “El artículo 173 habla del fiscal general de la República y sus atribuciones; le atribuye personalmente a él la investigación  del delito. Podemos estar en cierta medida tocando la constitución y las atribuciones del fiscal. Hay una situación  de soberanía que debemos revisar, al darle esta autonomía a la UIF”, dijo en aquel momento el diputado efemelenista, Javier Valdez.

Ese fue el mismo argumento que usó el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando un mes más tarde, devolvió el decreto con su veto, por supuestamente contravenir los artículos 86 y 193 de la Constitución, fundamentando que esta reforma le resta atribuciones exclusivas del Fiscal General de la República.

Esto propició que la Fiscalía reaccionara de manera inmediata y calificara la decisión del presidente como “un beneficio para los lavadores de dinero a nivel nacional e internacional” y que pone al país en un riesgo reputacional, al enfrentar la expulsión del grupo Egmond, el cual aglutina a la gran mayoría de las UIF del mundo.

Respecto a la inconstitucionalidad que alegan tanto el FMLN como el gobierno, el Ministerio Público rechazó tal argumento, en vista que el Fiscal General es quien mantiene la dirección funcional de la investigación del delito.

Mediante un comunicado, la Fiscalía recordó que fue la divulgación de un documento confidencial por parte del expresidente Mauricio Funes, lo que llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional, el cual se ventila en el grupo Egmont desde el año 2014.

Además de la suspensión de este grupo, la Fiscalía dijo que la no aprobación de esta reforma le acarrearía al país la no deseada etiqueta de “paraíso fiscal” y a ser incluido en una lista oscura que maneja el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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