Argentina: lanzan app para verificar identidades

Luego de la investigación periodística de Juan Amorín de la web El Destape, la ONG La Alameda lanzó una aplicación para verificar las identidades de los aportantes truchos para la campaña de Cambiemos en Argentina, en donde podrá quien lo desee constatar si aparece o no en la lista sin haber aportado.
Esta aplicación fue realizada en base a los datos de los propios partidos a la Cámara Nacional Electoral. En Argentina, los partidos están obligados por la ley de financiamiento a dar los rendimientos de gastos de las campañas.
La aplicación de Bien Común, el partido de la ONG Alameda, conjuga los montos de cada aportante (ya que a veces dividen los montos por cargo) y desde las últimas cuatro elecciones (2011, 2013, 2015 y 2017) y de todos los partidos como de todo el país.
La causa se inició a partir de un informe periodístico realizado por el periodista Juan Amorín en El Destape, que mostró cómo más de 800 personas figuraban como aportantes de la última campaña del oficialismo en territorio bonaerense, sin saberlo.
Tras la denuncia, fue el fiscal Jorge Di Lello quien abrió una investigación, a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Los denunciados son los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia.
El viernes pasado, el juez Casanello citó a los primeros testigos que aparecen como supuestos aportantes falsos, que en su mayoría son beneficiarios de planes sociales y aseguran que no lo fueron.

 

El daño reputacional por lavado

El banco más grande de Dinamarca, el Danske Bank, vio como el pasado 04 de julio sus acciones bajaron 3% en la Bolsa de Copenhague, resultado del daño reputacional ocasionado por un escándalo por el presunto lavado de US$ 8.300 millones a través de su filial en Estonia. La caída continúa y ya las acciones han perdido un 5% de su valor.
El daño reputacional comenzó a partir de las informaciones presentadas por el diario danés Berlingske, que detalló durante meses las investigaciones relacionadas al presunto lavado de dinero llevado a cabo en la filial estonia del Danske Bank, la cual, debido a sus débiles controles, permitió el blanqueo de dinero proveniente de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán entre 2007 y 2015.
Adam Barrass, analista de Berenberg, expresó que “los titulares son claramente negativos para el Danske, con el problema arrastrando el rendimiento de las acciones durante el año pasado”, en referencia al desempeño por debajo al índice bancario de Europa que ha tenido el banco en los últimos tiempos y el golpe a su reputación recibido actualmente.
El portal de noticias Bloomberg, por su lado, señala este escándalo como “lo que podría ser la mayor saga de crímenes financieros en la historia danesa moderna”, incrementando el daño reputacional al Danske Bank y las potenciales pérdidas a causa de esto. Además, indica que la entidad de Dinamarca tiene el “peor desempeño en el índice Bloomberg de acciones financieras europeas”.
Christian Thatje, un corredor de acciones en Sydbank A/S, declaró para Bloomberg que “los inversores están respondiendo esta vez, dado el tamaño del escándalo”, por lo que las pérdidas en el mercado de valores pueden ser aún mayores. “Es el caso más conocido de blanqueo de dinero en curso a nivel mundial y eso está presionando a la administración y plantea dudas sobre cuáles serán las consecuencias”, añadió.
La corrida de clientes quedó reflejada con el reciente anuncio de la firma Unity Technologies de cerrar sus cuentas en el banco. Según un informe del Financial Times, David Helgason, el empresario detrás de Unity Technologies, afirmó que la empresa buscará otra entidad bancaria, debido al escándalo de lavado de dinero que está perjudicando la reputación del Danske Bank. "La gerencia no solo debe asegurarse de que su negocio cumpla con la ley (como aparentemente lo haya hecho), sino también asegurarse de que sus acciones puedan soportar la luz del día. Y en eso [el banco] ha fallado tan seriamente, que nosotros, sus clientes, debemos enfrentar las consecuencias y seguir adelante”, escribió el ejecutivo en una carta abierta en Facebook.
Las irregularidades del banco
Mediante la revisión de unos 7 millones de emails y más de 7.000 documentos, las autoridades han encontrado diversas irregularidades en el cumplimiento, como por ejemplo:
- Utilización de cuentas creadas por empresas fachada (shell companies) que no reflejan un interés comercial legítimo.
- Las empresas utilizadas eran creadas en paraísos fiscales y jurisdicciones de alto riesgo, como las Islas Vírgenes Británicas.
- Elevado número de transacciones por parte de shell companies. En un caso, una empresa realizó 2.270 operaciones en un período de 365 días.
- Las transferencias de dinero tenían justificaciones genéricas e incompletas.
- Las descripciones de las operaciones relacionadas a múltiples empresas tenían los mismos textos.
Otras acciones
Además de las enormes pérdidas ocasionadas por la caída del valor de las acciones y por la pérdida de clientes, el banco enfrenta una gran presión de parte de los reguladores de Dinamarca. Al mismo tiempo, es factible que las autoridades de Estados Unidos hayan iniciado sus propias investigaciones, como ya lo hacen los reguladores franceses, lo que pudiera generar enormes multas contra la entidad, tal como sucedió con el Deutsche Bank (US$ 630 millones) y el HSBC (US$ 1.900 millones), entre otros.
Las diversas acusaciones de lavado ocasionaron la dimisión de miembros importantes del banco, como tal es el caso de Lars Morch en abril, miembro del consejo ejecutivo de Danske Bank, responsable de banca de negocios de la entidad, el área de banca internacional y las operaciones en los países bálticos.
En definitiva, la situación actual del gigante danés demuestra de manera explícita el verdadero efecto que puede ejercer un serio daño reputacional sobre las entidades financieras, independientemente del tamaño o fama que tenga. El desmoronamiento continuo del valor en las acciones del banco y las presiones sobre los dirigentes podrían suponer un punto de quiebre que coloque al reconocido banco en una posición más que vulnerable. (fuente: lavadodinero.com)

Los negocios de la Madre Patria

Eduardo Zaplana fue ministro en el gobierno de José María Aznar y fue presidente de la Comunidad Valenciana. Desde este martes está preso en España luego que se comprobara que llegó a acumular 10 millones de euros en comisiones irregulares y que habría desviado fuera de su país.

El dinero, según El Confidencial estuvo oculto en Uruguay, donde han permanecido en los últimos años hasta que la pesquisa en otra macro causa de corrupción, la Lezo, evidenciaron sus contactos con estructuras de blanqueo en este país.

Zaplana fue detenido este martes a primera hora de la mañana frente a su casa de Valencia por los presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación
Desde que dejó de ser el portavoz del Partido Popular (PP), Zaplana se ha movido entre bambalinas en cenáculos políticos y empresariales con su consultora
Durante la investigación de otro sonado hecho de corrupción en España y que involucró a dirigentes del PP y que se conoció como caso Lezo, ya se había descubierto que Zaplana hizo negocios con un abogado uruguayo que se había aliado con ellos para abrir una oficina en España.

LOS TURRONES DE ZAPLANA

La detención de Zaplana supone el primer zarpazo real de la Justicia a una persona a la que el instinto político permitió desarrollar una imparable carrera a lo largo de 17 años, que inició como alcalde y culminó como ministro y portavoz del PP hace una década, cuando se retiró a la empresa privada bajo la sombra de la sospecha sobre su gestión pública.

Lo cierto es que hace muchos años que los modos de proceder del exministro del Partido Popular generaban más que recelo. Su alto nivel de vida siempre llamó la atención a sus compañeros de profesión. Su gestión de lo público también fue cuestionada por muchos medios de comunicación. Sin embargo, muy pocos hablaron de las sombras en la gestión del político valenciano.

Y es que, aunque Zaplana acabó siendo detenido por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, el exministro de José María Aznar ya era noticia a comienzos de los años 2000 por el mal uso que hacía del dinero público.

Uno de los ejemplos más escandalosos, según El Plural, guarda relación con su etapa en el Ministerio de Trabajo. Entonces Zaplana decidió gastarse 55.000 euros en turrones. El exdirigente del PP enviaba este manjar en acicaladas cajitas de madera a decenas de periodistas. Exquisitos dulces de la marca Picó que en total superaban las cuatro toneladas.

Derroche de dinero público que avergonzó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, en 2004, cuando José Caldera sustituyó a Zaplana al frente del ministerio, el socialista rehusó pagar tres facturas de turrón. El impago se produjo porque el nuevo equipo ministerial no encontró los certificados que justificaran ese gasto ni logró que nadie lo validara en los meses siguientes.

Argentina: investigan lavado

La justicia argentina imputó a los dos responsables financieros de la campaña para las legislativas de 2017 de la coalición gobernante Cambiemos por utilizar la identidad de al menos 467 personas y hacerlas pasar como donantes de fondos, informó el diario Página/12.
El objetivo de la maniobra fue "utilizar las funciones en el Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos", consignó el periódico citando la denuncia presentada por la fundación La Alameda.
La denuncia, patrocinada por el fiscal Carlos Stornelli, da cuenta de un posible lavado de dinero, dado que la identidad de estas personas, beneficiarias en su mayoría de distintos planes sociales, fue utilizada para presentarlas como aportantes a la campaña electoral del oficialismo por montos de entre 300 y dos mil pesos (entre diez y 71 dólares al cambio actual), consignó el periódico.
El principal interrogante es determinar de dónde provino el dinero para la campaña, ya que esas personas viven en situación de pobreza y tienen muy bajos ingresos.
Asimismo, el fiscal Jorge Di Lello comenzó una investigación preliminar sobre este mismo caso, enfocada en una posible violación a ley de financiamiento de los partidos políticos y la afiliación "a prepo" (a la fuerza) al partido Propuesta Republicana (PRO) del presidente Mauricio Macri.

El fin de las offshore en Gran Bretaña

El Parlamento británico aprobará una ley que obligará a sus paraísos fiscales a publicar los nombres de los propietarios finales que están detrás de todas las empresas que albergan.

El gobierno de Theresa May se prepara para implementar nuevas medidas que obligarán antes de finales de 2020 a los territorios británicos de ultramar a revelar los nombres de los propietarios finales de empresas registradas en sus 14 paraísos fiscales 'offshore'.

Si estos territorios no acatan la medida, Londres impondría la legislación unilateralmente. Inicialmente el gobierno de Theresa May era reacio a imponer esta legislación a sus territorios de ultramar. El proyecto de ley tiene muchas probabilidades de ser aprobado esta semana, ya que cuenta con el apoyo de un gran número de diputados conservadores y laboristas.

La medida había sido propuesta en 2013, mucho antes de que saliera a la luz el escándalo de los Panama Papers, por el entonces primer ministro David Cameron. A finales de abril de 2018, 19 diputados conservadores decidieron firmar un compromiso para enmendar dicha ley y hacer que la balanza se incline hacia la aprobación de una total transparencia.

Una de las principales defensoras del proyecto, la diputada laborista Margaret Lodge resalta que "existe una actividad vinculada a la evasión fiscal, al lavado de activos y al crimen organizado. El Reino Unido y sus territorios se han vuelto un espacio jurídico de predilección para el 'dinero sucio', por culpa del sistema de secreto en nuestras leyes de propiedad offshore".

Publicar las identidades de aquellos que detienen empresas en las Islas Vírgenes o las Islas Caimán facilitaría el trabajo investigativo y de control de periodistas y ONGs. El representante británico de Transparencia Internacional, Duncan Hames, declara que "estas jurisdicciones siempre han sido como el Talón de Aquiles de nuestra defensa contra el dinero sucio".

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