Edil de Maldonado, Rodrigo Blas, multado por la DGI por evasión

Según informó el semanario Brecha, la Dirección de Rentas confirmó que el edil nacionalista Rodrigo Blas usó su inmobiliaria para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de unos terrenos de la empresa Javipark SA, de la que él mismo es apoderado.

En la resolución se declara a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de 57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares).

La DGI estableció que JaviPark SA utilizó la inmobiliaria Blás para vender inmuebles a un precio verdadero pactado entre las partes, pero a la hora de realizar la escritura de compraventa se la ingresaba por un precio menor. “De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la resolución a la que accedió Brecha.

Además, se le ofrecía al comprador un beneficio a cambio de mantener la confidencialidad sobre el contenido de las negociaciones y “desmentirlas” ante la Dgi en caso de ser citado.

Para la investigación, fueron determinantes una serie de cuadernolas incautadas en la sede fernandina de la inmobiliaria donde estaban registrados los precios declarados y los verdaderamente cobrados.

Las maniobras se realizaron entre 2011 y 2014, periodo en el que Blás era edil por la lista 23. Blás además, tuvo una participación activa en la campaña electoral de Luis Lacalle Pou y su caudal electoral fue determinante en el triunfo del intendente de Maldonado, Enrique Antía.

Blás negó la existencia de las maniobras mencionadas. Para el edil nacionalista, la DGI “está intentando imponer la multa” por algo que no hizo.

Según explicó a Telenoche la abogada del edil, Susana Sotto,JaviPark SA hizo el pago de todos los impuestos y el acto administrativo ya fue recurrido por todas las partes, para revocar la multa. Sotto aseguró que no se diligenciaron las pruebas y que no llamaron a los implicados a comparecer y dar su versión de los hechos.

Además de Blás, hay otros cinco implicados en la causa. La DGI entiende que tres escribanos que trabajan para Blás (uno de ellos es José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y otras dos funcionarias), tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento”, por lo que se les aplicó una multas de entre 5.000.000 y 24.700.000 pesos, según informó Brecha.

Igualmente, los profesionales negaron estar vinculados a la empresa Javipark SA y por ello nose les puede imputar defraudación.

Además, está involucrado el edil herrerista Darwin Correa, a cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades fue “indispensable” para cometer el fraude. Algo similar ocurrió con la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con una multa de 14.389.110 pesos.

De acuerdo con Brecha, todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas desde setiembre de 2014 y fueron denunciados por la DGI en la Justicia Penal especializada en crimen organizado.

Compras del Estado: retiran polémico artículo

El Frente Amplio quitó del proyecto de Rendición de Cuentas un artículo propuesto por el Poder Ejecutivo para acotar el número de funcionarios impedidos a contratar con el Estado por conflicto de intereses, aunque dejó abierta la puerta para que el Senado pueda presentar una redacción alternativa.
En el proyecto original enviado por el gobierno el 30 de junio se incluía una modificación al artículo 46° del Tocaf, que en su redacción actual establece entre los impedimentos para contratar con el Estado el "ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma".
El artículo 18 del texto remitido al Parlamento cambiaba el impedimento a "ser funcionario público del órgano competente para contratar y gastar", pero la bancada oficialista eligió no votarlo al entender que la redacción no era "la mejor".
Sobre esta propuesta ya se había expresado Uruguay Transparente.

Uruguay y el lavado de activos: responde Daniel Espinosa

El contador y Licenciado en Administración, Daniel Espinosa egresó en el año en 1981 de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue funcionario del Banco Central del Uruguay desde el año 1983 hasta el año 2016, habiendo desempeñado una gran variedad de tareas básicamente en el ámbito de la supervisión bancaria. Desde 1998 se especializó en temas relacionados con la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y hasta enero de 2016 fue el Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Uruguay.
A partir de abril de 2016, se incorporó a la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, habiendo trabajado directamente con el Lic. Carlos Díaz Fraga, anterior Secretario Nacional.
Desde el 3 de abril del año 2017 se desempeña como secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Espinosa respondió un cuestionario de Uruguay Transparente sobre la actual situación del país en el marco de las nuevas leyes antilavado y las expectativas sobre la próxima ronda del Gafilat.
Lo que sigue son sus respuestas.

 

URUGUAY TRANSPARENTE. Un reciente informe sobre el Índice de Complejidad de Cumplimiento Corporativo 2018, elaborado por la consultora internacional TMF Group da cuenta que Uruguay está dentro de los países más complejos del mundo para concretar negocios por la cantidad de normas antilavado que se pusieron en marcha en el último año.
En concreto, el informe dice que el problema de Uruguay se debe "principalmente a la implementación continua de múltiples medidas de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo", entre ellas las normas de cumplimiento del Estándar de Reporte Común y de identificación del beneficiario final. ¿Comparte esa apreciación? ¿Puede revertirse esa complejidad?
DANIEL ESPINOSA. En los últimos años, Uruguay ha aprobado una serie de leyes y reglamentaciones para adaptar su marco normativo a los estándares internacionales que han sido emitidos por dos organizaciones internacionales que nuestro país integra: i) el Grupo de Acción Financiera Internacional por un lado, que emite los estándares en materia de prevención y control del lavado de activos y ii) el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE que emite los estándares en materia de cooperación internacional en asuntos fiscales. La acción de ambos grupos y las recomendaciones emitidas apuntan a fines diferentes pero son complementarias y en muchos casos idénticas.
Entre otras medidas adoptadas en este proceso, se puede destacar la aprobación ley 19.484 de Transparencia fiscal, la ley 19.574 contra el Lavado de activos y el Financiamiento del terrorismo, la Ley de Inclusión financiera, etc.-
Estos cambios son muy importantes e introducen cambios significativos en la normativa vigente, que han exigido a los distintos sectores de negocios un esfuerzo importante para comenzar a cumplir con determinados requerimientos de información o adaptar su operativa comercial instrumentando nuevos procedimientos de control.
Este esfuerzo no es en vano, sino que es imprescindible para lograr una adecuada inserción internacional, es decir que Uruguay permanezca integrado en el sistema internacional de negocios, tanto en materia financiera, productiva o de servicios, que actualmente requiere que los países adopten medidas claras hacia la transparencia y que incrementen la cooperación internacional para combatir los delitos incluidos en los estándares.
De lo contrario, en caso de incumplimiento, Uruguay podría ser incluido en las listas de países no cooperadores que ambas organizaciones publican, lo que, tanto por las dimensiones del país como por el grado de apertura de su economía, tendría consecuencias devastadoras para nuestra economía, ya que afectaría negativamente la realización de cualquier tipo de negocios con el exterior, entre los que podemos mencionar, a vía de ejemplo, la recepción de inversiones externas o la realización de cualquier transacción comercial o movimientos de fondos con instituciones financieras del exterior.
Finalmente, con respecto al grado de complejidad de las normas emitidas, se puede afirmar que son similares a las emitidas en la mayoría de los países del mundo, por lo que, en nuestra opinión, esta percepción actual está originada, probablemente con razón, porque el país está en pleno período de adecuación normativa y las empresas se han visto exigidas para cumplir con los plazos previstos por las normas.
No obstante, una vez que las empresas completen la implementación inicial de los procedimientos de control y de obtención de la información requerida, su cumplimiento en el futuro se verá facilitado, por lo que la complejidad en la aplicación de las normas que se percibe actualmente, se verá reducida significativamente una vez que las empresas incorporen estas rutinas a sus procedimientos de trabajo.

UT. En este sentido, ¿cree Ud. que las normas antilavado adoptadas por Uruguay afectan la libertad y los derechos de los ciudadanos?
DE. En absoluto. Como en toda normativa se imponen obligaciones y requerimientos de información, que en algunos casos pueden haber obligado a modificar la forma en que se desarrollaban algunas transacciones económicas, pero eso no implica, a nuestro criterio, que se estén afectando la libertad y los derechos de los ciudadanos. Tal como se ha expuesto anteriormente, las normas emitidas por Uruguay en la materia se basan en estándares internacionales que son aplicados por la casi totalidad de países y jurisdicciones del mundo.

UT. El año que viene se realizará la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Si no se lograra una buena calificación, ¿cree que se verá afectada la reputación de Uruguay ante las instituciones financieras internacionales?
DE.Tanto el GAFI como los grupos regionales que integran el sistema GAFI a nivel mundial, aplican este procedimiento en forma regular, realizando rondas de evaluación sucesivas que incluyen a todos sus miembros. Hasta la fecha GAFILAT -grupo que integra Uruguay- ha completado 3 rondas de evaluaciones mutuas, habiéndose iniciado ya la 4 ronda de evaluaciones.
La última evaluación mutua realizada a Uruguay es del año 2009 y la próxima visita está prevista para el año 2019.
Tal como se ha respondido anteriormente, si el país no logra una buena calificación en la evaluación y es incorporado a una lista de países no cooperadores en la materia, toda la inserción internacional del país se verá afectada negativamente en forma significativa.

UT. Como contrapartida, con estas nuevas normas, ¿se podría decir que el país va camino a lograr una buena calificación?
DE. Una evaluación mutua consiste en una revisión completa del sistema de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que ha implementado un determinado país, con la finalidad de examinar:
i) el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y
ii) el grado de efectividad que presenta el funcionamiento del sistema en relación con el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que enfrenta el país evaluado.
Desde el punto de vista del cumplimiento técnico el país ha realizado un esfuerzo para aprobar leyes y otras normas reglamentarias para adecuarse a los estándares, restando la aprobación de la Ley Integral contra el Terrorismo y su Financiamiento –que fue propuesta por el Poder Ejecutivo y está a estudio del Parlamento- para completar un panorama que se puede considerar como satisfactorio.
El desafío se plantea desde el punto de vista de la efectividad, en el que las distintas áreas de acción del Sistema Nacional contra el LA/FT, la Preventiva, la Represiva y de Inteligencia Financiera deberán demostrar su efectividad ante los evaluadores, proceso que involucrará a todos los organismos del estado con competencia en la materia e incluso al sector privado financiero y no financiero.

 

Sanabria procesado por lavado de activos

La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, procesó con prisión al empresario y político colorado Francisco Sanabria, propietario del Cambio Nelson, por lavado de activos.
Sanabria ya había sido procesado por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real.
En febrero de 2017 el cambio cerró las diferentes sucursales que tenía –tanto en Maldonado como en Montevideo- y Sanabria se fue de Uruguay.
Días después se conoció un audio, en el que el también ex dirigente colorado aseguraba que “heredó” un negocio en problemas y que viajó dentro del Mercosur, “intentando buscar una solución” para una situación que categorizó de “película de terror para todas las partes”.
A fines de marzo del año pasado Sanabria retornó al país, proveniente de Miami y fue apresado.
Sanabria –que se encuentra preso en la cárcel de Campanero en Lavalleja- había pedido la libertad anticipada a la Suprema Corte de Justicia en mayo pasado, pero se le había negado.
En aquel momento, el ministro Jorge Chediak había dicho que si bien el delito de Sanabria no era “de los más graves” no se le concedía la libertad anticipada por “la magnitud de la maniobra” y “por el daño social causado”.
Parte del dinero usado ilegalmente por Sanabria tenía como destino la política. Mientras tanto en el Parlamento está a estudio las modificaciones a la ley de partidos en lo que refiere al financiamiento, con cláusulas que acentúan los impedimentos y sanciones a las empresas que intenten financiar las campañas.
Uruguay Transparente y la sociedad civil sigue con expectativa y preocupación la dilatoria a que se aprueben cambios en la normativa que agreguen transparencia. También es motivo de alerta que en el proyecto a estudio no surge con claridad de qué manera se controlará el cumplimiento de la ley, y cuáles serían los recursos para tales efectos.
Sobre este particular Uruguay Transparente ya se ha expresado.

Acceso a la información: Celebración y necesaria discusión

En octubre de 2008 se aprobó en Uruguay la ley 18.381 sobre el derecho de acceso a la información pública. Esta ley implicó un paso muy importante en materia de transparencia de la función administrativa de todo organismo público.

Sin embargo, a casi diez años de aprobada, se hace necesario rediscutir algunos de los puntos que en su momento fueron de avanzada. Se han registrado diversos problemas en la aplicación de la ley que, a juicio de CAinfo, afectan el objetivo de la norma que es un Estado transparente ante los requerimientos de la población.

Uno de los principales problemas observados tiene que ver con el régimen de excepciones, consagrado en los artículos 9 y 10 de la ley. El primero se refiere a cuando un organismo puede declarar como reservada información que, por ejemplo, pueda comprometer la seguridad pública o defensa nacional, dañar la estabilidad financiera o ponga en riesgo la vida de una persona. El segundo artículo en cuestión refiere a cuándo se puede declarar “confidencial” una información. En este caso se refiere a datos vinculados al patrimonio de la persona, hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica que sea útil para un competidor o esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad. 

En las últimas semanas una serie de casos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una discusión sobre el alcance de las excepciones de la ley.

Uno de los casos fue informado el miércoles 25 de julio en el programa Así nos va de Radio Carve. Uno de los periodistas del programa solicitó información para saber el gasto anual entre el período 2010-2017 de cada una de las representaciones diplomáticas de Uruguay dependientes de la cartera (salarios, equipamiento, vehículos y otros gastos de representación). El Tribunal de Apelaciones de 5° turno confirmó por unanimidad una sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo de 1° turno, Gabriel Ohanian, que declaró de carácter reservado, por el plazo máximo de 15 años, “toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o inversión realizados en cada Representación Diplomática u Oficina Consular dependiente de esa Secretaría de Estado”. 

El jueves 26, Telemundo de Canal 12, informó que Presidencia de la República calificó como reservada la información referente a las encuestas de opinión pública que contrata. 

El sábado 28, el diario El País, informó que la Administración Nacional del Correo se negó a entregar información respecto a cuánto de la correspondencia que distribuye el servicio son cartas escritas por personas y no correspondencia oficial o comercial.

En este marco, CAinfo plantea discutir -con el Poder Ejecutivo, Parlamento, academia y sociedad civil en su conjunto- algunos cambios a la ley. Uno de esos cambios tiene que ver con la información calificada como reservada y confidencial. Es necesario realizar ajustes para que los sujetos obligados, antes de establecer como reservada o confidencial una información, efectivamente prueben que su divulgación generará un daño a la administración. El objetivo de la revisión es evitar el uso abusivo de estos artículos.

Es necesario, asimismo, rever el alcance del artículo 14 de la ley referido a los límites del acceso a la información pública. La norma indica que la solicitud de acceso no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento del pedido. 

Este artículo es utilizado con frecuencia por los organismos del Estado para no brindar información. Por esa razón es que Cainfo propone precisar el alcance de este articulo establecido que el organismo consultado deberá agotar los mecanismos para subsanar la omisión. Y en caso de no poder entregar la información solicitada, deberá explicar de qué manera solucionará este problema. Respecto a este punto debemos señalar que los Estados tienen la obligación de producir o captar la información que necesitan para el cumplimiento de sus deberes, tal como establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Se debe, además, mejorar la transparencia activa en línea (información que los organismos públicos deben difundir en sus portales web) y discutir un nuevo diseño institucional en el que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) sea un servicio descentralizado con autonomía presupuestal y funcional, sus resoluciones sean vinculantes y pueda aplicar sanciones.

CAinfo considera necesario iniciar a la brevedad un amplio debate público tendiente a mejorar una normativa que debe garantizar el derecho de acceso a la información pública para todas las personas. (Tomado de CAinfo)

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