“Pelear contra la corrupción es defender el Estado de Derecho”

Contra la corrupción, más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia, así en estos cuatro puntos, las cuatro I, se podría resumir la conferencia que brindó la presidenta de Transparencia Internacional (TI) Delia Ferreira, en una actividad organizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

La actividad, realizada en el salón de actos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la mañana de este martes 25 de setiembre, convocó a actores políticos y sociales interesados en el tema del combate a la corrupción.
Ferreira presentó la cuatro I contra la corrupción: Información, porque “si no tenemos información, no podemos controlar nada”. Integridad, que tiene que ver con “ética pública, conflictos de interés”. Impunidad, porque “necesitamos desterrarla, si los corruptos siguen disfrutando alegremente de la vida y no pasa nada, porque las causas duran mucho, prescriben, el mensaje es: sigan que no les va a pasar nada. Necesitamos mostrar que el que incurre en actos delictivos tiene que pagar las consecuencias. Indiferencia. La ciudadanía tiene que reaccionar, no puede seguir votando corruptos porque algo hicieron, tenemos que exigir mejores candidatos, tenemos que reaccionar cuando se producen casos de corrupción que la sociedad no está dispuesta a tolerar más casos de corrupción”.
En la charla, matizada por muchos ejemplos, Delia Ferreira dio pistas sobre los aspectos sustanciales que hacen a la corrupción en los países de América, sobre todo, y presentó el mapa de la percepción de la corrupción en el mundo.
Para Ferreira un tema central para los gobiernos son los conflictos de interés cuando buena parte de los funcionarios públicos vienen del mundo empresarial. “Este asunto es un tema muy serio que se puede convertir en la antesala de la corrupción”, estimó.
Los conflictos de interés son un problema para el que “hay que poner una luz de alerta y los gobiernos deben ser muy estrictos para evitar el mecanismo de la puerta giratoria o las incompatibilidades. Explicó que para ello “hay que generar un mecanismo para que los funcionarios no decidan sobre cuestiones que puedan representar un conflicto de interés”.
Uno de los mecanismos para evitar los conflictos de interés consiste en pedirle al funcionario que se abstenga de decidir y así delegar la firma, pero, advirtió, que “no debe ser a alguien que dependa del funcionario que tiene el conflicto de interés. Es una obviedad, pero hay que aclararlo”, señaló.
Para Ferreira, otra obviedad, pero no por ello hay que dejar de insistir, es que “el funcionario público tiene que actuar en beneficio del bien común en la toma de decisiones. Por ejemplo, voy a construir una ruta en el sentido A-B y yo tengo un campo en el sentido B-C, ¿entonces, para qué lado hago el gasto público, para dónde viene bien a la población o para donde me viene bien a mí para sacar mi producción?
Otro aspecto a evitar son los casos que puedan configurar nepotismo o nombramientos de amigos, que, si bien no violan ley alguna, “sí son violaciones éticas”.
Sobre el financiamiento de la política, Ferreira entendió que se deben fortalecer los mecanismos de control. “Nunca vamos a llegar a conocer todo porque siempre habrá fondos que van a entrar en negro. El tema es cómo hacer para que el organismo de control tenga la capacidad de detectar fondos que no fueron declarados por los partidos y que se usaron para la campaña”.
La presidenta de TI explicó que se ha encontrado con que en muchos países latinoamericanos “los organismos de control carecen de independencia o de recursos” y agregó: “hoy el dinero va de un lado a otro con un clic y, mientras tanto, el organismo del control está redactando un oficio, pidiéndole al juez del país de donde salió el dinero que le diga de qué dinero se trata y demás, ese papel va a ir a la Cancillería, de ahí a la otra de Cancillería, de ahí al juez del país y mientras tanto ya se hicieron cinco cambios de dinero y se perdió el rastro ¿Cómo enfrentar la corrupción así?”, se preguntó. Para Ferreira “estamos usando normas y procedimientos del siglo XIX para un problema del siglo XXI”. Entonces, dijo, “si yo no les doy facultades y recursos a los organismos de control, no pueden hacer el trabajo y alertó: que no tengan recursos no es inocente”.

Ferreira también le otorga vital importancia a la sociedad civil y en ese sentido dijo que el acceso a la información pública es un derecho y "no la gentileza de un funcionario público".
Para el final, Ferreira enfatizó sobre qué es lo que mueve a TI: “cuando nosotros peleamos contra la corrupción, lo hacemos, no porque queramos molestar a nadie, sino porque estamos defendiendo el Estado de Derecho, la democracia, las libertades y el bienestar de la ciudadanía. El dinero que se va a corrupción es el dinero que no está en las escuelas, o en la lucha contra la pobreza”.

Jutep logra mejora presupuestal

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado aprobó una mejora presupuestal para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). A través de ella, mediante un ahorro en las publicaciones a las que ahora está obligada, se podrá crear un cargo muy necesario para su funcionamiento.

Así lo publicó el portal ECOS tras una nota el presidente de la comision, el senador frenteamplista Charles Carrera.

Según el legislador, de los diez artículos que la Jutep presentó en su mensaje presupuestal, este proyecto contempla cinco. Uno de ellos pedía que se levantara la obligación de publicar, en el Diario Oficial y en un medio de circulación nacional, el listado de funcionarios omisos en cumplir con la presentación de sus declaraciones juradas. En lugar de ello, pedían hacerlo simplemente en su página web.

"Lo que decidimos es que lo puedan publicar en la página web y en el Diario Oficial, en este último sin costo", indicó Carrera.

Además de la posibilidad de redistribuir funcionarios y una reestructura con la Oficina de Servicio Civil, se votó que los pases en comisión a la Jutep no pierdan beneficios salariales de las oficinas de origen. Este organismo había pedido ser una de las opciones consideradas en esos casos.

Eso permitiría un ahorro estimado en 1.600.000 de pesos al año. Con ese dinero, indicó Carrera, se podrá crear un cargo de ingeniero de sistema estable para toda la página web de la Jutep.

Originalmente, la Jutep también había pedido dos abogados y un contador, además de un técnico en informática. Su presidente, Ricardo Gil Iribarne, había manifestado su molestia porque ninguno de los diez artículos de su mensaje presupuestal había sido aprobado en Diputados.

De acuerdo con Carrera, en la Jutep le habían dicho que el cargo que más les urgía era el de informático.

Antilavado investiga 70 nombres vinculados a la ruta del dinero K

La Secretaría Nacional Antilavado elaboró una lista de las personas señaladas por la Justicia argentina como involucradas en la llamada “ruta del dinero k”, que nombraron a Uruguay como sitio de lavado de activos o parte del proceso.

Hay más de 70 nombres en la lista, donde figuran los “arrepentidos”, funcionarios argentinos en juicio y empresas en Uruguay y Argentina, informó este jueves, en el programa Arriba Gente de canal 10, el secretario nacional Antilavado, Daniel Espinosa.

Las autoridades uruguayas buscan información en el sistema financiero y en los registros públicos para determinar si hay inmuebles a nombres de esas personas o empresas en el país.

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pedirá a la Justicia argentina la declaración de los denominados “arrepentidos” para saber si hubo cómplices en Uruguay de las maniobras de corrupción en Argentina.

El secretario Antilavado aseguró además que en los últimos cuatros años, Uruguay ha aprobado leyes de prevención de lavado, blindando las áreas más vulnerables.

Fallo a favor de Blas

El edil del Partido Nacional Rodrigo Blas dio a conocer un fallo de la Justicia a su favor en el diferendo que mantenía con la Dirección General Impositiva (DGI), que pretendía cobrarle a su empresa una multa de casi 2 millones de dólares por evasión.

A través de un comunicado, el sector Unión y Cambio del PN - encabezado por Blas - consignó que la Justicia ordenó levantar los embargos que recaían sobre el edil desde hace más de tres años, entendiendo que "parece excesivo" continuar con el embargo "sin que se aporten elementos objetivos claros que justifiquen la imposibilidad de obtener un acto de determinación firme por parte de la DGI".

El sector de Blas señaló que la DGI "omitió avisar" a la Justicia de que la empresa Javipark S.A. había pagado "bajo protesto" 6.711.764 pesos en febrero de este año, suma surgida de la inspección hecha por la DGI el 14 de julio de 2014.

Según el sector de Blas, "la Impositiva ocultó a la Justicia el pago realizado por Javipark con intenciones de mantener los embargos".

Corrupción: Cinco estudios uruguayos bajo la lupa

Escándalos de corrupción como la llamada Ruta del dinero K en Argentina, el Lava Jato en Brasil, o el cobro de coimas por parte de dirigentes del Partido Popular (PP) español, tuvieron su capítulo local, con sociedades anónimas vinculadas a operaciones de blanqueo de capitales, que habían sido creadas o eran administradas por estudios contables uruguayos.

Desde hace dos meses, la Secretaría Antilavado viene llevando adelante una serie de inspecciones a cinco estudios que quedaron vinculados a estas maniobras de blanqueo de capitales, informó a El Observador el responsable del organismo, Daniel Espinosa. Según explicó el jerarca, se tratan de algunos de los estudios más grandes de la plaza local, pero prefirió no dar sus nombres en esta etapa de la investigación.

En el caso Lava Jato varios profesionales uruguayos son mencionados por su participación en distintos casos de lavado de dinero. Por ejemplo, El exdirector internacional de Petrobras, Nestor Cerveró compró un apartamento en Río de Janeiro con dinero proveniente del pago de coimas a través de una sociedad creada en Uruguay. La fiscalía de Brasil puso a un profesional uruguayo como el “cerebro” de la maniobra de blanqueo de la corrupción de Cerveró.

Asimismo, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, quien fue condenado a principios de mayo de 2017 a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, depositó parte de los US$ 1,5 millones que recibió en coimas en una cuenta bancaria en cuenta en Ginebra, a nombre de la empresa con sede en Singapur, que fue creada por un estudio uruguayo. Además, dos de los directores de ese estudio figuraban como representantes ante el banco pese a que Cunha era el verdadero titular.

En tanto, otro estudio uruguayo aparece vinculado a varias sociedades anónimas con cuentas bancarias en paraísos fiscales, que fueron utilizadas para el pago de coimas de la constructora OAS en Perú y Ecuador. Dos de sus ex socios fueron mencionados en una delación premiada como parte del esquema de lavado.

En tanto, respecto a la Ruta del dinero K, un estudio aparece vinculado a la sociedad Helvetic Services Group, la financiera que fue utilizada por el empresario k Lázaro Báez para blanquear US$ 33 millones.

Pero estos estudios no solo están nombrados en casos de corrupción regional. El mismo estudio acusado de ser el “cerebro” de la operación de lavado del ex director internacional de Petrobras, fue también señalado en España por haber creado una sociedad offshore que fue utilizada para que la empresa estatal de distribución de agua potable de Madrid, Canal de Isabel II, hiciera aportes ilegales al Partido Popular (PP) de España, según informó el portal Sudestada en setiembre de 2017.

Asimismo, otro estudio uruguayo fue vinculado por la Justicia española en un caso que involucra a Eduardo Zaplana, el exministro español y expresidente del gobierno regional de Valencia, preso desde mayo de este año acusado de haber recibido coimas durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002), las cuales logró ocultar en paraísos fiscales a través de sociedades opacas creadas en Uruguay.

Espinosa explicó que “como organismo supervisor” la secretaría tiene la obligación de realizar este tipo de inspecciones cuando se detectan casos de blanqueo de capitales de modo de determinar si las empresas cumplieron con la ley de prevención del lavado o no. Las conclusiones de esas inspecciones todavía no están listas, pero en caso de detectarse alguna irregularidad las empresas podrían ser sometidas a multas de entre 1.000 UI ($3.955) y 20.000.000 UI ($ 79 millones) dependiendo del monto asociado la maniobra y el nivel de involucramiento de la firma. (Tomado de El Observador)

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