Inversores denuncian estafa

A partir de la denuncia de un grupo de inversores por estafa y apropiación indebida a la corredora Sara Goldring de Cukier por pérdidas millonarias, el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió "intervenir" y "suspender preventivamente" la actividad de la empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. debido a importantes pérdidas sufridas por algunos clientes sin que se les hubiera advertido oportunamente de las mismas. De acuerdo a lo que detalla la resolución del BCU el paquete accionario de la sociedad anónima se divide de la siguiente manera: un 57% a Sara Goldring, un 40% a Martin Cukier y el 3% restante a Daniel Cukier. Los clientes que integraban la cartera administrada con perfil agresivo mostraban un saldo de aproximadamente U$S 59:000.000, cuando en los bancos custodios tenían aproximadamente U$S 18:000.000.
 
 
 
 
 

UT en el Gobierno Abierto

La Alianza de Gobierno Abierto (OGP) es una asociación internacional de países comprometidos con una forma de llevar adelante el gobierno y la gestión pública basada en la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación pública y ciudadana. 

En el marco de los 10 años de la incorporación de Uruguay a la Alianza para el Gobierno Abierto, en 2021 se aprobó y presentó el 5to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, actualmente en la etapa de implementación. Por primera vez  convergen en un plan los tres poderes del Estado, integrando simultáneamente iniciativas de Parlamento Abierto, Justicia Abierta, organismos de Administración Central y de Gobiernos Departamentales.

Los 29 compromisos que componen este 5ta. Plan están agrupados en 4 ejes temáticos:

1. Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía,

2. Participación ciudadana y políticas para la igualdad,

3. Gestión, vigilancia y protección ambiental y

4. Ordenamiento territorial hacia un Estado Abierto.

El Plan cuenta con un proceso de seguimiento y monitoreo público que es coordinado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto integrado por Organismos del Estado, la Academia y la Sociedad Civil. En particular Uruguay Transparente integra este grupo junto con otras organizaciones de la sociedad civil. 

Lavado de activos, de la norma a la realidad: percepción de riesgo y operaciones reportadas en 2021

Publicado el 11 de abril en La Diaria

Por Mathías da Silva en Sector público

Tras el cambio legal de la LUC en el esquema antilavado, cayó la participación dentro de los controles de los agentes no financieros, en especial escribanos e inmobiliarias; en paralelo, continúa habiendo cifras magras de condenados por este delito de “cuello blanco”

La estrategia de Uruguay para el combate al lavado de activos tuvo un cambio legislativo en la ley de urgente consideración (LUC), que modificó la normativa integral votada en 2017. El primer año de aplicación fue parcial –porque la LUC se votó a mediados de 2020– y el factor pandemia limitó los análisis, por lo que los datos de 2021 sobre los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por el origen de los fondos de una transacción, que hacen tanto bancos como profesionales y agentes inmobiliarios, cobraban relevancia para ver el efecto pos LUC. Conocido el reporte, distintos especialistas advirtieron que por diversos factores ocurrió una baja en la percepción del riesgo de incumplimiento, lo que derivó, por ejemplo, en un menor nivel de ROS del sector no financiero, dentro del cual se advierte por la escasa participación en el esquema de control de escribanos e inmobiliarias.

La lógica detrás de la estrategia de 2017, que recogió estándares internacionales, fue crear una red que actúe como filtro para los casos de operaciones en que hay dinero sin un origen lícito. Por eso, además de los agentes financieros se sumó a un grupo de actividades –abogados y contadores que administran fondos de terceros, casinos y rematadores, entre otros– bajo la idea de que cuantos más ojos estén alertas, mejor para la prevención del lavado. En atención a un reclamo especialmente por parte de las organizaciones gremiales de escribanos y contadores, la LUC flexibilizó su tarea y la de los demás actores no financieros, que pueden hacer controles simplificados siempre que el dinero haya pasado previamente por un banco, y se mantiene el resto del esquema de la ley integral.

Tanto en el debate legislativo, en que la propuesta del gobierno sufrió cambios, como en la discusión pública, varios expertos en la materia alertaron que la modificación legal traería una caída en la percepción de riesgo de los agentes no financieros, que terminarían aportando menos dentro del esquema de prevención del lavado.

Según los datos que divulgó días atrás la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) –que recibe y evalúa los ROS de todo el sistema–, tanto en relación a 2020 como a la prepandemia (2019), crecieron los reportes totales y los hechos por los agentes financieros, mientras que cayeron de forma pronunciada los hechos por actores no financieros.

La cifra de ROS alcanzada el año pasado por profesionales y otras actividades abarcadas por la normativa (39) fue casi siete veces menor que en 2018 (263) y la cuarta parte de 2019 (149). En tanto, para hacer la comparación con 2020 el informe de la UIAF dejó por fuera a los casinos –que estuvieron cerrados durante buena parte de la emergencia sanitaria– y marcó que la caída de los reportes fue de 14%.

La unidad técnica del BCU apuntó que “sigue observando con mucha preocupación el escaso número de reportes realizados por algunos de los sectores de sujetos obligados no financieros, especialmente de aquellos que participan en la actividad inmobiliaria, que es considerada una de las actividades de mayor riesgo” en materia de lavado.

Especialistas ya habían advertido esto tras los datos de 2020, con la salvedad de que la actividad inmobiliaria había decaído producto de la pandemia. El sector se recuperó el año pasado y, según datos que divulgó El Observador a partir de información de la Dirección General Impositiva, movió en operaciones de compraventa un monto aproximado a 1.600 millones de dólares, que no sólo mejoró frente al año previo, sino respecto de 2019. Sin embargo, los ROS por sospechas sobre el origen de los fondos por parte de inmobiliarias fueron apenas cinco en el año.

Los escribanos son otro sector plenamente ligado a las transacciones con inmuebles, y tienen las mismas obligaciones respecto de indagar en el origen de los fondos y ante algún riesgo enviar un reporte a la unidad del BCU. En este caso, hubo 13 ROS en 2021, con lo que se consolida una baja pronunciada año a año desde 2018.

Ya tres años atrás, en su reporte anual, la UIAF planteaba que veía el descenso en los ROS de escribanos como “una debilidad” del sistema de control y cuestionaba que “la gran mayoría de los reportes (66% de los recibidos en 2019) sean consecuencia de la existencia de información pública sobre investigaciones de las que han sido objeto las personas reportadas y no por la detección de inusualidades respecto del origen de fondos de clientes”.

 

Riesgos, números e interpretaciones

Al acudir días atrás a una comisión especial del Parlamento que sigue el combate al lavado de activos, el jefe de Análisis Estratégico de la UIAF, Fernando Fuentes, dijo que “no es razonable” el nivel de ROS en los rubros ligados a la compraventa de inmuebles. Repasó que el cambio de conducción en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), así como el freno de las inspecciones a los sujetos obligados por la pandemia, hicieron caer “la percepción de riesgo”. Así lo explicó: “Si yo veo que el supervisor no me va a supervisar, por la causa que sea, es más probable que tenga menos incentivos para reportar que cuando yo sé que si hago una transacción me están llamando a la semana siguiente para preguntarme qué hice”.

Similar es el pensamiento del especialista en normativa antilavado y socio de BST Global Consulting, Ricardo Sabella: “La percepción de menos riesgo continúa, abonada por la persistente sensación de que el lavado es un problema de los bancos. Sumado a esto, los escasos resultados en términos de condenas y casi inexistentes originados en reportes generan poca motivación para aportar al sistema”. En diálogo con la diaria, agregó que en su opinión “la tendencia a la baja” de los ROS del sector no financiero continuó más allá del impacto de la LUC –el descenso ya venía de antes–, y que pese a la pandemia en “la mayoría” de los países de la región “han subido los reportes”.

Una lectura coincidente con las voces anteriores, aunque con mayor énfasis en la implicación de la LUC en la baja en “la percepción del riesgo”, mostró el exsecretario antilavado Daniel Espinosa al ser entrevistado en No toquen nada, de la FM Del Sol. Con la nueva legislación “se asume” que el control –denominado “debida diligencia”– lo hace “un banco y los otros actores que intervengan en la operación tendrían que trabajar menos; esto contradice las recomendaciones internacionales de que haya controles cruzados por parte de cada sujeto”, dijo el exjerarca tiempo atrás a la diaria.

Lo reemplazó en el cargo en 2020 Jorge Chediak, quien al defender los cambios impuestos en la LUC dijo que se buscó “racionalizar los controles sin afectar demasiado el nivel de eficacia” y consideró como “valoraciones simplistas” las que “dicen que se baja el estándar mínimo de controles”. En octubre pasado, en relación al menor nivel de ROS observado tras el cambio legal, planteó que “coexisten dos visiones”: que bajaron los reportes porque hay menos percepción de riesgo por parte de los sujetos obligados y que en el pasado había muchos ROS defensivos ‒en otras palabras, para cubrirse por si había una inspección‒ y que ahora se han racionalizado.

Esta visión es respaldada por la Asociación de Escribanos del Uruguay, que llamó a votar en favor del No en el referéndum del 27 de marzo en defensa del cambio legislativo que trajo la LUC y alivianó sus tareas. El presidente de la entidad, Diego Stirling, dijo al semanario Búsqueda que los notarios se están “adaptando” y “aprendiendo qué reportar y qué no”, y que ahora los ROS son de mayor “calidad”.

 

Controles focalizados

Espinosa, que ocupó la conducción de la Senaclaft por cuatro años y antes fue por 16 años gerente de la UIAF, fue una pieza clave en la elaboración del esquema antilavado en Uruguay. Sobre ello, explicó en la entrevista radial que, al tratarse de “un delito complejo” que los lavadores utilizan para blanquear fondos de actividades lícitas, desde los 90 se comenzó a pedir a los bancos que “ayuden”: “Si ven algo que no cierra o no es razonable, lo informan. No hay que investigar más allá”. Años después, al correrse los esquemas de lavado hacia otros rubros, como inmuebles o vehículos de lujo, se amplió el espectro de colaboradores.

“Nos preguntaban [los profesionales] ‘¿qué tenemos que hacer?’ y no podíamos decirlo. Lo clave es el enfoque de riesgo, [la Senaclaft] precisa tu criterio profesional para ver si es [una operación] riesgosa o no. Hacer un mismo control a todos es ineficiente, depende del grado de conocimiento con el cliente”, expresó.

Según dijo Espinosa, la falta de “entendimiento” sobre la aplicación de los controles llevó a que “escribanos y contadores pidieran al nuevo gobierno en la campaña, como una preocupación [de esos colectivos], modificar la obligación que tenían” de participar en los controles antilavado, lo que se atendió parcialmente con la flexibilización normativa.

Para Sabella debe verse no sólo el nivel de ROS por sector, sino “los segmentos de riesgo” dentro de cada actividad. “No todos los escribanos o inmobiliarias tienen los mismos tipos de clientes o negocios. Es posible que haya cierta concentración [de los riesgos] en algunos. Por ejemplo, los que mayoritariamente realizan operaciones mayores a un monto, o determinado tipo de inmuebles, o campos de alguna zona en particular, o si las operaciones se realizan a través de un solo banco o de varios, si son del exterior, si son mediante la venta de acciones de sociedades”.

Sabella también dijo que el Estado no sólo debe controlar en línea con esos riesgos focalizados, sino también “reconocer las limitaciones” de los privados para aplicar los controles y “tratar de colaborar para que ellos puedan cumplir mejor”. Como una alternativa, mencionó el caso de España, que logró un modelo “eficiente” con la participación de los profesionales: “Los escribanos envían información a un centro en el notariado que es el que analiza las transacciones y cumple la labor de reporte. Acá en algún momento lo hemos planteado, pero no ha habido acompañamiento del sector”.

La Senaclaft, liderada por Chediak, anunció semanas atrás que ya comenzó un plan de inspecciones “en todo lo que tiene que ver con operaciones inmobiliarias”; se han identificado “entre 150 y 200” transacciones que “podrían ser, a priori, de riesgo”, sobre las cuales se indagará con mayor profundidad. Una “primera instancia” de controles abarcó “unas 60 o 70 fiscalizaciones”, dijo Ernesto Misa, de la Senaclaft, en el Parlamento, y de momento no se encontraron “operaciones no reportadas”.

En el balance anual de la UIAF se mencionó que en 2021 “buena parte de los escasos reportes recibidos del sector inmobiliario se presentan cuando es evidente que la persona o el negocio llevado a cabo” presenta “sospechas”, en virtud de que “ya existe una investigación formalizada” por parte de la Justicia. Entonces, en el sector hay una tendencia a eludir la obligación legal de informar ante “inusualidades en el origen de los fondos de sus clientes”.

 

Condenados, la cuenta pendiente

Para Espinosa, en Uruguay “tenemos pocos casos de lavado porque no los estamos encontrando”, lo que plantea falencias tanto a nivel de los controles en las transacciones como en la posterior instancia judicial. La UIAF, que recibe los ROS de los sujetos obligados, indaga más en esas operaciones y decide si pasar el asunto o no a la Justicia, para continuar así la investigación.

Los datos del año pasado muestran que hubo 22 casos derivados a la Justicia, que surgieron tanto de ROS –por información contenida en 123 reportes– como de investigaciones de oficio de la UIAF. Según la unidad del BCU, esto es “una importante mejora” respecto del año anterior, cuando habían sido derivados 12 casos a partir de 43 reportes. De los números puede interpretarse que mejoró la eficacia de los ROS y su calidad en 2021.

Igualmente, el punto crucial para cerrar el círculo del combate al lavado es procesar a los responsables, y, según la evaluación de Sabella, aquí se ven avances “muy escasos”. Mencionó que en 2020 “hubo sólo cuatro condenas por lavado”, por lo que los resultados “no acompañan el terrible esfuerzo y los costos que los privados invierten en el cumplimiento del sistema”.

El abogado especializado llamó la atención sobre que “las personas formalizadas e imputadas por delitos precedentes al lavado se incrementan”; esto es que crece el nivel de combate sobre los orígenes del dinero blanqueado, sea por el tráfico de armas, de drogas, el contrabando o la evasión fiscal. “Donde hay delitos que generan dinero ilegal hay lavado, sin duda. Que haya un aumento o una baja en los ROS, cuando hubo sólo cuatro condenas por lavado en 2020, significa que algo no anda bien”, sentenció.

Senado desestima juicio político

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República resolvió, por mayoría de votos de la coalición de gobierno, archivar la solicitud de juicio político al alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, condenado con prisión por delitos contra la administración pública junto con otras seis personas. La solicitud fue elevada por la Junta Departamental de Colonia al amparo del artículo 296 de la Constitución que faculta al Senado de la República a separar del cargo a jerarcas departamentales mediante el recurso del juicio político. La decisión de archivar el caso fue resuelta por los senadores de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Constitución y Legislación, argumentando que el artículo de la ley de descentralización que otorga esta facultad al Senado es inconstitucional.

FORMALIZAN POR FRAUDE A FUNCIONARIA POLICIAL

Jefatura de Policía de Tacuarembó

La fiscalía formalizó a una funcionaria de la Jefatura de Policía de Tacuarembó "por la presunta comisión de reiterados delitos de fraude especialmente agravados". La funcionaria, de 45 años, encargada del área contable, realizaba la transferencia de fondos de una cuenta de Jefatura a una cuenta particular a su nombre, por un monto superior a U$S 100.000. Al parecer, la maniobra venía siendo realizada desde 2017 hasta mayo de 2020. El ministerio del Interior dispuso la realización de una auditoria contable.

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