EEUU sanciona al Bandes Uruguay

Estados Unidos sancionó el viernes al Bandes, el banco de desarrollo venezolano, y a sus subsidiarias en Bolivia y Uruguay en respuesta al arresto "ilegal" de un asistente de Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de Venezuela, indicaron fuentes oficiales.

"La continua práctica por parte del régimen (de Nicolás Maduro) de secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos venezolanos no será tolerada por Estados Unidos ni por la coalición internacional que respalda al presidente Guaidó", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

"Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato", enfatizó, aludiendo al jefe de despacho de Guaidó, arrestado la madrugada del jueves en Caracas tras allanamientos a su residencia por agentes de inteligencia del gobierno de Maduro, y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El presidente Donald Trump está decidido a impedir que "Maduro y su régimen sigan robando los recursos y la riqueza de Venezuela para su beneficio personal", dijo por su parte la Casa Blanca, señalando que esta decisión busca evitar que Caracas evada las sanciones económicas estadounidenses moviendo dinero fuera del país.

Las sanciones anunciadas este viernes afectan al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y a sus filiales en Venezuela Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas - Banco Universal, y Banco de Venezuela S.A.- Banco Universal; así como al Banco Prodem S.A., con sede en Bolivia, y al Banco Bandes Uruguay S.A., que opera en Uruguay.

Las medidas congelan todos los bienes y activos que estas entidades puedan tener en Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, y les prohíbe toda transacción financiera con individuos o entidades estadounidenses, o en tránsito en el país.

Estados Unidos y más de 50 países impulsan la partida del poder de Maduro, cuya reelección consideran ilegítima, y reconocen como presidente interino a Guaidó, quien hasta el 23 de enero era jefe parlamentario, con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones.

Washington asegura que busca una salida pacífica a la crisis venezolana, pero Trump reafirmó el martes que "todas las opciones están sobre la mesa" para propiciar el fin del gobierno de Maduro.

El Tesoro ha sancionado a decenas de funcionarios y exfuncioanarios venezolanos, entre ellos al propio Maduro, acusándolos de violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico. Además, aplicó un embargo de facto al crudo de Venezuela, crucial para su economía, que empezará a regir el 28 de abril.

Mientras tanto, este lunes AEBU se declaró en alerta y analizará las implicancias de la sanción aplicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El diputado Rodrigo Goñi citará al Parlamento al directorio del Banco Central. Ante consulta de los bancos, la autoridad monetaria respondió que, en principio, las sanciones afectarían las operaciones con el exterior.

Pero, según un informe del diario El país, hay inquietud en la plaza local por la posibilidad que la situación se extienda a la banca doméstica.

Los banqueros señalan que las restricciones se verán complicadas por exigencia de las casas matrices.

Estas limitaciones -que ya se aplicaron en otras plazas como Reino Unido, por ejemplo- buscan que el gobierno de Nicolás Maduro no pueda financiar sus actividades.

AEBU considera que esta medida unilateral del Tesoro estadounidense lesiona la soberanía nacional y cuestiona el obedecimiento de una medida que proviene de un país y no de un organismo internacional.

Congreso de Prevención de lavado de activos de Las Américas

Nuevamente Montevideo se prepara para la Séptima edición consecutiva de la reunión anual de profesionales antilavado más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Será los días 23 y 24 de mayo en el Complejo Kibon Avanza. 

Expertos de EEUU, España, México, República Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina y del país anfitrión, Uruguay expondrán sobre nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas al trabajo diario de compliance, como Regtech, programa de intercambio de información público privada y canales de denuncia ciudadana. 

Entre los temas más importantes a tratar se encuentran:

 .- Análisis y discusión sobre nuevos alcances profesionales

.- Prácticas de la función de cumplimiento

.- La convergencia en el tratamiento de delitos financieros

.- La gestión de riesgo de fraude como insumo para la función de cumplimiento 

.- Práctica profesional: el compliance como dueño de los riesgos 

.- Como elaborar robustos planes para administrar los riesgos, desde la corrupción, cibercrimen, la protección de datos personales, delitos fiscales, hasta la implementación de planes de compliance en fusiones y adquisiciones. 

Daniel Espinosa de la Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay y Wendy Lora, Directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana abordarán además; los incipientes resultados de las evaluaciones mutuas, analizando la aplicación de la nueva metodología y las experiencias en su implementación 

Ricardo Sabella, socio de la firma consultora internacional BST Global Consulting y Director del evento,  comentó  “…La función de prevención de lavado de activos y otros delitos financieros a través de los últimos años se ha vuelto una profesión cobrando mayor alcance. Siendo la capacitación contínua el eje principal donde convergen las buenas prácticas y técnicas que se aplican diariamente en las tareas del compliance". 

Por eso en esta edición compartiremos los riesgos, técnicas para balancear la función con los negocios y a través de casos y la nutrida experiencia de la práctica de los invitados que expondrán, permitirá lograr un encuentro imperdible para mejorar las habilidades y conocimientos de los profesionales del sector.

 Para mayor información: www.cpldamericas.com

 

Uruguay es percibido como el país menos corrupto de Latinoamérica

Uruguay y Chile son percibidos como los países latinoamericanos menos corruptos, mientras que en la otra punta de la lista se encuentran Venezuela y Nicaragua, según el índice 2018 de Transparencia Internacional (TI).

El Índice de Percepción de la Corrupción, que analiza a 183 países, otorga 70 puntos a Uruguay (puesto 23) y 67 a Chile (puesto 27) sobre un máximo de cien, que contrastan con los los 18 y 25 de Venezuela (168) y Nicaragua (152), respectivamente. La tabla la lideran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 enteros, y la cierran Somalia y Siria, con 10 y 13.

En el medio, Costa Rica (56), Cuba (47), Argentina (40), Panamá (37), Colombia (36), Brasil, El Salvador y Perú (35), Ecuador (34), República Dominicana (30), Bolivia, Honduras y Paraguay (29), México (28) y Guatemala (27).

La situación de la lucha contra la corrupción en América Latina es "preocupante", dijo en una entrevista con la agencia Efe la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira, quien denunció que hay una "clara tendencia" a "restringir el espacio de la sociedad civil" en una región en la que proliferan líderes autoritarios y populistas.

La fotografía regional comienza con el "gran problema" que supone Venezuela, un país en una "crisis humanitaria producida por la corrupción" y donde todas las instituciones han sido infiltradas por el estado, describió Ferreira. En ese sentido, Ferreira ha dicho que el sistema institucional venezolano actual no permite unas elecciones limpias.Según Ferreira, el régimen del presidente Nicolás Maduro ha penetrado de tal forma en todas las instituciones del país, incluyendo la comisión electoral, que ha socavado su independencia.

 "Con el actual sistema institucional en Venezuela no hay garantía de independencia". A su juicio, los "organismos electorales han sido cooptados por el régimen de Maduro", imposibilitando las elecciones libres y justas que ha exigido de forma inmediata a Caracas la Unión Europea (UE).

El informe Índice de Percepción de la Corrupción 2018 también incluye los nubarrones sobre Nicaragua, México y Guatemala, y el riesgo que supone que referentes regionales como Estados Unidos y Brasil encumbren a presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro.

En Nicaragua "el régimen ha cooptado totalmente" las instituciones, en Guatemala el gobierno ha transformado los organismos que ejercen de árbitro en "perritos falderos" que sólo atacan a los opositores, y en México la corrupción cabalga desatada por la infiltración del crimen organizado en la política.

Brasil, convaleciente aún de los casos "Lava jato" y Odebrecht, se encuentra en una situación "muy preocupante" por la llegada de Bolsonaro, cuyas primeras medidas han sido elevar los controles a las organizaciones no gubernamentales y debilitar la ley de acceso a la información pública, prosiguió Ferreira.

La forma de hacer política en la región está cambiando, sumándose a una tendencia global en la que líderes populistas y autoritarios están socavando las prácticas democráticas para debilitar el sistema "desde dentro", argumenta el informe de TI.

Argentina es uno de los países que mejora con respecto a la anterior edición -por su ley de acceso a la información pública, aunque la implementación sea deficiente-, como Ecuador y El Salvador, donde se han iniciado investigaciones judiciales por corrupción a antiguos altos cargos, incluido algún expresidente.

TI subraya en el estudio el "vínculo entre corrupción y salud democrática" y lo corrobora con datos: la puntuación media de las consideradas "democracias plenas" es de 75 puntos, por los 49 de las "democracias imperfectas", los 35 de los "regímenes híbridos" y los 30 que, en promedio, obtienen los sistemas "autocráticos".

En la clasificación global, tras Dinamarca y Nueva Zelanda, destacan Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos cada uno, seguidos por Noruega (84), Holanda (82), Canadá y Luxemburgo (81), Alemania y Reino Unido (80).

A la cola, junto a Somalia y Siria, está compuesto por países en guerra, estados fallidos y regímenes totalitarios: Sudán del Sur, con 13 puntos, Yemen y Corea del Norte (14), Sudán, Guinea Bissau, guinea Ecuatorial y Afganistán (16).

El informe destaca además la fuerte caída que ha experimentado Estados Unidos, que pierde cuatro puntos con respecto al informe previo, hasta los 71, (y cae hasta el puesto 22), un descenso notable en una clasificación de gran estabilidad que ha llevado a TI a denominar a la primera economía mundial "país en observación".

España mantiene los 58 puntos del anterior informe y la posición 41, aunque queda claramente por debajo de la media europea (66), China se sitúa en la posición 87, con 39 puntos, y Rusia queda relegada a la 138, con 28.

El BCU cerró Cambio Europa

El Banco Central revocó la habilitación de una casa de cambio al comprobar que hubo "apartamientos graves" a la normativa vigente. Según el BCU, Cambio Europa fue parte de la trama conocida como "Lava Jato", la red de coimas montada por la constructora Odebrecht y que involucra a varios países de la región.

La resolución fue adoptada el 1º de marzo pero fue conocida en la víspera. Se trata de una casa cambiaria importante con varias sucursales. La empresa había sido inspeccionada en 2006 y 2013. En este último año se constató que el cambio operaba "ocho clientes no supervisados que manejan fondos de terceros".

Entre esos clientes se encontraba la sociedad panameña Carday Capital que tenía como beneficiario final "una persona física con documento de Brasil por el 100% de la Sociedad Anónima, de acuerdo al informe del Banco Central. Carday es señalada dentro de la investigación que lleva adelante la Policía de Andorra por el Caso Odebrecht.

La sociedad tenía una cuenta -actualmente cancelada- que fue utilizada por la banca privada de Andorra para recibir fondos de varios clientes sudamericanos. Entre esos clientes está Klienfeld.

Klienfeld, explica el informe, es la sociedad creada por Odebrecht en Antigua y Barbuda que canalizó pago de sobornos por 200 millones de dólares. Detrás de Klienfeld aparecía Olivio Rodrígues, uno de los testaferros en la trama de sobornos.

La Policía de Andorra investiga el nexo de Rodrígues con Andrés "Betingo" Sanguinetti, exalto funcionario de BPA en Montevideo. Se estima que Odebrecht transfirió a Carday Capital unos 17 millones de dólares. El informe da cuenta que hubo una inspección a Cambio Europa el 19 de abril de 2018, de la que surgió evidencia de que la casa cambiaria controlaba las operaciones de su cliente Carday Capital.

Penalizan la riqueza ilícita

Con la novedad de que se invierte la carga de la prueba y se limita el número de funcionarios comprendidos en la normativa, el Senado aprobó un proyecto de ley por el que se tipifica como delito el enriquecimiento ilícito para funcionarios, legisladores y cargos de confianza en el gobierno.

Este proyecto, originalmente presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry fue reducido en su alcance en la negociación que se dio en la comisión de Constitución del Senado.

La iniciativa, que fue enviada a Diputados para su sanción, tiene lo que se denomina "inversión de la carga de la prueba", es decir que obliga al sujeto en cuestión a justificar sus bienes ante la justicia si se detectara un incremento significativo y sospechoso de su patrimonio.

Serán sujetos alcanzados por esta ley todos los titulares de cargos electivos y gerenciales a los cuales hoy se les exige la presentación de declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). También quedarán comprendidas las personas eventualmente consideradas como "testaferros".

La iniciativa considera "enriquecimiento ilícito" al incremento relevante y significativo del patrimonio que no se pueda justificar, durante el ejercicio de la función y hasta cinco años después de abandonado el cargo.

Las penas previstas para este nuevo delito irán de 18 meses de prisión a seis años de penitenciaría, multas de 50 ($ 54.750) a 15.000 ($ 16.425.000) Unidades Reajustables (UR) y la inhabilitación para función pública de entre dos a cinco años.

Si el delito fuera cometido por un cargo de particular confianza se considerará agravante. Las penas serán de dos a diez años de penitenciaría, las multas irán de 300 a 15.000 UR y la inhabilitación será hasta diez años.

(Fuente: El País)

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