Juan José Serrés

Víctima de Covid falleció Juan José Serrés, integrante de Uruguay Transparente. Docente de periodismo en la UTU, Director del Museo de la Palabra y periodista en SODRE. Servicio oficial de Radiotelevisión y Espectáculos se había jubilado hacia poco tiempo. Desde Uruguay Transparente un apretado abrazo a su familia.

Los Desafíos de la Lucha contra la Corrupción en Uruguay

Este jueves 3 de junio a las 12.30 horas ser desarrollará la #OpenLecture "Los Desafíos de la Lucha contra la Corrupción en Uruguay" a cargo del ex presidente del directorio de la Jutep Ricardo Gil Iribarne, y de Norma Locatelli en representación Uruguay Transparente.

La actividad está organizada por el Observatorio de Transparencia y Corrupción del Uruguay de la Universidad Católica del Uruguay y será sin costo vía Zoom.

Registrarse: http://bit.ly/3uwJ1HS

La inversión en infraestructura en América Latina

Alisha Holland es profesora asociada en la Universidad de Harvard. Antes fue profesora asistente en la Universidad de Princeton y miembro de Harvard Society of Fellows. Estudió la economía política del desarrollo de forma comparada con énfasis en políticas urbanas y sociales en América Latina. Su primer libro (Forbearance as Redistribution: The Politics of Informal Welfare in Latin America, Cambridge University Press) estudia la política de aplicación de la ley a las violaciones de los derechos de propiedad por los pobres, en casos de invasiones de terreno, comercio ambulatorio, y robo de electricidad.

Su segundo libro examina las causas y consecuencias de la inversión en infraestructura en América Latina.  Es objeto de sus investigaciones la migración, delincuencia y gobiernos subnacionales. Sus artículos se han publicado en American Journal of Political Science, American Political Science Review, Comparative Political Studies, Latin American Research Review, Perspectives on Politics y World Politics.

Justamente, el Observatorio de Transparencia y Corrupción de la Universidad Católica del Uruguay y Uruguay Transparente promueven una conferencia Holland para este jueves 27 a la hora 12.30 vía zoom: 

La conferencia es abierta al público y se dictará en español

El link para la inscripción a la conferencia es: 

https://ucumeetings.zoom.us/meeting/register/tJctceyurzMtGdaCAxhRXQtWjvQ2GaN8NvHt

 

 

Condena para Sendic

La Justicia sentenció que Sendic “excedió los poderes de su cargo” y “se apropió de dinero estatal” y lo condenó por los delitos de abuso de funciones y peculado.

La sentencia, firmada el martes 18 por la jueza María Helena Mainard —a la que accedió Búsqueda— hizo lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco y rechazó la solicitud de absolución de la defensa.

Mainard condenó a Sendic a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables ($ 669.000). Sin embargo, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena, debido a su calidad de primario, “lo que hace prever que no habrá de incurrir en una nueva conducta delictiva”. Por lo tanto, si en un año el exjerarca no comete un nuevo crimen, se extingue el delito y se eliminan sus antecedentes penales.

El abogado Gumer Pérez, defensor de Sendic, informó a Búsqueda que presentarán un recurso de apelación. Así, la condena en primera instancia será analizada por un tribunal de apelaciones y, si mantiene el fallo, la defensa podría presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Sendic, que asumió la vicepresidencia del país durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, decidió renunciar a su cargo en setiembre de 2017, luego de que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio cuestionara el uso que dio a las tarjetas corporativas de Ancap. Esos hechos no estuvieron incluidos en la denuncia original que presentaron los partidos políticos, sino que fueron incorporados a la causa luego de que Búsqueda publicara una investigación detallando los gastos realizados por Sendic con las tarjetas del ente.

Sendic fue investigado, junto con varios directores de la petrolera, a raíz de la denuncia presentada en abril de 2016. Al término de la investigación, la Fiscalía pidió procesar a nueve jerarcas del ente. Pero en una sentencia de mayo de 2018, la jueza Beatriz Larrieu procesó solo a Sendic por los presuntos delitos de abuso de funciones y peculado. El procesamiento fue apelado por la defensa, y tanto el tribunal de segunda instancia como la SCJ lo confirmaron.

Una vez que el procesamiento quedó firme, en febrero de 2020, el juicio se reanudó. La defensa del exvicepresidente pidió más pruebas y testimonios para procurar demostrar su inocencia —entre ellos la citación de la actual ministra de Economía, Azucena Arbeleche—, pero la Fiscalía mantuvo su posición. Ya en la etapa final del juicio, los abogados de Sendic presentaron un escrito cuestionando la actuación de la Fiscalía. Afirmaron que el “mayor pecado” de Sendic fue buscar un beneficio para la empresa estatal y que el fiscal faltó “a la verdad” y presentó a la Justicia un pedido de condena “absurdo” (Búsqueda Nº 2.112).

Sin embargo, la jueza Mainard desestimó esos argumentos y falló que los delitos perseguidos por la Fiscalía se encuentran plenamente probados.

Por un lado, la magistrada consideró que Sendic cometió abuso de funciones en su intermediación con la financiera Exor para que diseñe un mecanismo para cancelar una deuda de Ancap con la petrolera venezolana Pdvsa. “El imputado Raúl Sendic realizó actos arbitrarios en abuso de su cargo, al exceder el ámbito de su competencia y violentar formalidades básicas que impone la normativa para actuar, especialmente la firma de un contrato, exponiendo a acciones indemnizatorias” a Ancap, escribió en el fallo.

Es que una vez que Exor había avanzado en el diseño de la ingeniería para refinanciar la deuda, Pdvsa pidió que sea apartada del negocio, lo que llevó a que la financiera reclamara indemnizaciones a Ancap e incluso le iniciara un juicio.

Según explicó Mainard, Sendic “excedió los poderes de su cargo en tanto autorizó en forma verbal la intervención de Exor para lograr la cancelación anticipada de la deuda y firmó un acuerdo en el cual reconocía la intervención de esta sin seguir los procedimientos legales”. Así, ocasionó “un perjuicio económico al ente cuando Exor fue excluida de la negociación sin recibir pago por el trabajo realizado”.

“Todas las gestiones y reuniones celebradas a los efectos de la cancelación anticipada de la deuda que mantenía Ancap con Pdvsa, así como la participación de Exor, fue realizada por el imputado sin dar noticia al directorio ni consultar a Servicios Jurídicos”, afirmó Mainard. “Un día antes de la firma del primer convenio” en marzo de 2012 se consultó al gerente de Servicios Jurídicos “en forma telefónica”. Y “recién luego de la firma” se dio noticia al directorio para que ratificara lo actuado.

Por otra parte, la jueza condenó a Sendic por peculado, debido a que realizó compras personales con la tarjeta corporativa del ente sin una debida justificación. Según indicó la magistrada en su sentencia, Sendic “no aclaró las compras realizadas, ni en su declaración ante la sede ni ante la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública), ni presentó las facturas correspondientes a los gastos, ni los comprobantes de reembolso en el caso de gastos personales”.

De los estados de cuenta de las tarjetas surge un listado de gastos que “incluye hoteles, restaurantes y combustible, compras realizadas en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyería, librerías, entre otros”. El único reembolso realizado como presidente del ente “fue de US$ 130, según informe de la Jutep”.

“Descartando los gastos que podrían vincularse a la función (hoteles, restaurantes, combustible)” y “considerando la naturaleza de las compras”, la magistrada afirmó que “existe plena prueba en cuanto a que las compras efectuadas con las tarjetas corporativas no corresponden al ejercicio de la función como presidente del Directorio de Ancap, sino que constituyen gastos personales”. Por eso, Sendic “utilizó las tarjetas corporativas como propias, apropiándose del dinero estatal, en razón de su cargo, obteniendo en definitiva un beneficio económico”. ( Fuente: Búsqueda)

Cayeron 10% los reportes por lavado de activos

Los bancos y demás actores del sector financiero, así como los profesionales e intermediarios que participan en transacciones —contadores, escribanos e inmobiliarias, entre otros—, tienen la obligación legal de realizar un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) ante cualquier duda sobre el origen del dinero que mueven. Esta dependencia analiza los casos y luego decide si lo deriva o no a la Justicia.

El año pasado se registraron en total 694 reportes, 10% menos que en 2019. Pero el sector financiero mantuvo el nivel de alertas, al tiempo que existió “una gran disminución” en el sector no financiero, que pasó de 149 a 68 ROS, 54% menos.

Así surge de la Memoria Anual de la UIAF que publicó el BCU y, según especialistas consultados por la diaria, los números muestran que en 2020 “bajó la percepción de riesgo”. Esto lo atribuyen a un combo de factores, como el menor número de inspecciones que realizó la Secretaría Antilavado (Senaclaft) por la situación sanitaria y el cambio normativo en materia de debida diligencia que implementó la ley de urgente consideración (LUC). Además, indicaron que por la pandemia muchos sectores bajaron su actividad, por lo que deberá esperarse a 2021 para confirmar si hay una tendencia de caída de los ROS.

“Es un llamado [de atención] para el futuro”, dijo el abogado Leonardo Costa, experto en prevención de lavado. A su vez, el consultor especializado Ricardo Sabella comentó que “la evidente disminución de los reportes en el sector no financiero es el foco de preocupación de los resultados” divulgados por la UIAF.

En la LUC, el gobierno atendió un reclamo de los colectivos de profesionales —como contadores y escribanos— modificando la ley integral antilavado de 2017, estableciendo que los controles que deben hacer ante una transacción los sujetos obligados del sector no financiero podrán ser del menor nivel (simple, medio e intensificado) cuando se utilicen medios de pago electrónicos, es decir, cuando intervenga un banco en la operación.

La redacción inicial recibió críticas de especialistas, del exsecretario antilavado Daniel Espinosa y de la Asociación de Bancos Privados. Durante el trámite en el Parlamento, el texto sufrió modificaciones y en octubre, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, manifestó que se “racionalizaron los controles” pero no se perderá “eficacia”.

Motivos detrás de la caída de los reportes

El informe del BCU indicó que “no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola la caída registrada en la cantidad de reportes” del sector no financiero. En el caso de los casinos, por ejemplo, resulta lógica la disminución porque estuvieron con actividad restringida por la emergencia sanitaria, pero en otros rubros no: “Habiéndose mantenido el nivel de actividad inmobiliaria, el número de reportes recibidos de escribanos se redujo en forma importante”. Estos profesionales pasaron de realizar 33 ROS en 2019 a efectuar 14 el año pasado.

 El informe menciona como “posibles causas” de la caída “una eventual reducción en la percepción de riesgo como consecuencia de las disposiciones” de la LUC, el “menor contacto de sujetos obligados” con clientes por la pandemia, y la caída “de la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Esto último en referencia al examen en función de estándares globales que aprobó Uruguay en 2019. “Para revertir la preocupante tendencia, será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Senaclaft y los sujetos obligados”, sostuvo el BCU.

Costa agregó entre los motivos para una menor percepción de riesgo que la Senaclaft redujo las inspecciones en 2020 a raíz de la situación sanitaria. Por eso, el experto entiende que el mayor “desafío” del esquema antilavado pasa por la supervisión y no por la regulación. “Más allá de la LUC, es algo más general [la causa de la caída de los ROS]. Porque sin LUC pero con una baja de la percepción de riesgo, caerían igual. Además, la comparación es con 2019, un año en que hubo muchas inspecciones a raíz de la evaluación del GAFI y en que la percepción de riesgo era enorme”, expresó.

Espinosa, secretario antilavado entre 2017 y 2020, sostuvo que “era esperable” una caída en los reportes “después de la flexibilización normativa aprobada en la LUC”, pero igualmente “es una señal muy negativa”. Señaló que Uruguay va “en sentido inverso a lo que se nos ha recomendado internacionalmente y el sistema antilavado se está debilitando”.

Para Sabella, el dato anual de disminución de los ROS “no puede tomarse por sí solo como un indicador de deterioro”, así como un aumento tampoco indica un mayor “cumplimiento en materia antilavado”. Coincidió en que bajó la percepción de riesgo de los actores del sector no financiero “con las modificaciones introducidas por la LUC”, pero también apuntó que Uruguay previo a la evaluación del GAFI incorporó nueva normativa, que pudo generar “un incremento” de los reportes “no por situaciones reales de sospecha”, sino para cubrirse por parte de los sujetos obligados —lo que se llama “reporte defensivo”—.

El consultor indicó que a su entender “el dato de mayor relevancia” del informe de la UIAF es la baja cantidad de ROS que terminan en la Justicia. El año pasado se generaron 12 investigaciones a partir de los reportes, y si bien hubo “un incremento tibio” respecto de los años anteriores, esto significa que una pequeña cantidad de los ROS que realizan los sujetos obligados “son eficaces para generar” un proceso judicial. Se trata de un fenómeno que no sólo ocurre en Uruguay, sino “en muchas otras jurisdicciones” y, según Sabella, lleva a preguntarse “si la supervisión es el camino” para combatir los delitos de lavado de dinero.

(En base a la diaria)

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