Uruguay tiene nuevo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto

En el marco de los 10 años de la incorporación de Uruguay a la Alianza para el Gobierno Abierto, se presenta el 5to Plan de Acción Nacional 2021-2024, ratificando así el compromiso asumido por Uruguay en impulsar los valores del gobierno abierto como principios transversales a la gestión pública.

El Plan es impulsado por Presidencia de la República y liderado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, formalizado por el Decreto del Poder Ejecutivo N°357/2016.

Al igual que las versiones anteriores, es producto de un proceso de co-creación, que busca un Estado Abierto, transparente y eficiente. Asimismo, en esta oportunidad, en el documento convergen los tres poderes del Estado, integrando simultáneamente iniciativas de Parlamento Abierto, Justicia Abierta, organismos de Administración Central y de Gobiernos departamentales.

Se establecen 29 compromisos de 23 instituciones del Estado, agrupados en cuatro ejes temáticos:

1) Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía

2) Participación ciudadana y políticas para la igualdad

3) Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial

4) Hacia un Estado Abierto

Catorce de los compromisos asumidos integran demandas de diferentes actores que presentaron ideas o propuestas en las mesas de diálogo, a través de la Plataforma de gestión de propuestas, en los talleres de co-creación, o en la Consulta Pública.

El Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto es articulado por Agesic y en él participan representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Poder Judicial, Poder Legislativo, Congreso de Intendentes (Gobiernos Departamentales de Montevideo y Florida), Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), la Red de Gobierno Abierto, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong); y el Rectorado y Pro rectorado de Gestión de la Universidad de la República (UdelaR) .

Durante el proceso de elaboración del plan participaron 83 instituciones públicas, 51 organizaciones de sociedad civil, nueve instituciones académicas, seis instituciones del sector privado, y cuatro organizaciones internacionales.

Acceda al quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021- 2024

Sartori no presentará declaración jurada de bienes de su esposa y presidenta de la Jutep dice que puede incurrir en una “falta grave”

El senador nacionalista Juan Sartori decidió no presentar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la declaración jurada de bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, para lo cual tenía plazo hasta este jueves, según informó Búsqueda. Un año atrás, el legislador detalló en su declaración jurada que contaba con un patrimonio de casi 100 millones de dólares, pero no incluyó los datos de su cónyuge, por lo que el organismo le solicitó esa información.

Según informó Búsqueda, a partir de fuentes allegadas a Sartori, el senador fundamentará su respuesta en un informe jurídico de la empresa Deloitte y otros asesores legales que alega que él y Rybolovleva tienen separación judicial de bienes, por lo que Sartori no está obligado a presentar la declaración jurada de ella. Además, se amparan en que el matrimonio no está constituido en Uruguay ni tiene un reconocimiento judicial de concubinato.

Una vez que Sartori responda formalmente, el directorio de la Jutep deberá decidir si el senador incurrió en una “falta grave” –prevista en la Ley 19.797 que regula el régimen de declaración jurada de los funcionarios públicos— por ocultamiento de ingresos o bienes.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, indicó que Sartori no entra en la categoría de “omiso” conforme a la normativa porque presentó la declaración jurada, pero resaltó que “la ley prevé que en caso de que no se presente en forma –porque no hay que olvidarse de que es una declaración jurada– se inicia un procedimiento”. Afirmó que si no presenta la información solicitada sobre el patrimonio de su cónyuge se iniciará “el procedimiento correspondiente”.

Signorino explicó que este procedimiento “implica que se le intima la presentación varias veces y se comunica al Parlamento”. En su opinión, podría llegar a configurarse una “falta grave”, pero dijo que esto sólo se confirmará cuando haya una respuesta formal del legislador. “Nos tendrá que dar a nosotros los argumentos. Si no cumple, se lo intimará. Ya le dimos prórroga porque estaba en el exterior, ahora ya está. Le quedaba plazo hasta hoy, veremos qué pasa y resolveremos. De acuerdo a la ley, si no cumple, lo que corresponde es una intimación”, adelantó.

La jerarca señaló que en antecedentes similares se dio la “posibilidad de enmendar declaraciones juradas que no estaban correctas”. “Siempre vamos por las buenas y tratamos de que lo solucionen motu proprio, con un impulso de nosotros pero sin entrar en el procedimiento”, apuntó.

 

Informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción advierte por reducción “de recursos y personal” en la Jutep

El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) publicó este jueves su Informe de Seguimiento al Compromiso de Lima para Uruguay, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos contra la corrupción adoptados por el gobierno uruguayo en la VIII Cumbre de las Américas celebrada en 2018 en la capital de Perú. Según da cuenta el documento, se registraron “importantes rezagos” para el cumplimiento de algunos objetivos; “estancamiento en el desarrollo e implementación de normativa que profundice la lucha contra la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas del Estado y privados”; y “discrepancias” entre el desarrollo normativo y el financiamiento de las políticas públicas de combate a la corrupción, “que ponen en riesgo su eficacia y sostenibilidad”.

El OCC está conformado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y actores sociales del continente. El informe local fue coordinado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo y participaron en su elaboración organizaciones como el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, la Colectiva Mujeres, el Colectivo Trans del Uruguay y la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción.

Dentro de la contextualización de la situación política del país, se destacan los cambios para simplificar algunos procedimientos dispuestos en la ley de urgente consideración (LUC), que “disminuyeron las restricciones sobre las transacciones en efectivo”, lo cual al entender de las organizaciones podría traer “impactos negativos en la lucha contra el lavado de activos”. Además de la LUC, “la política de austeridad de la gestión Lacalle Pou, aprobada en la ley de presupuesto” afectó “negativamente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el principal organismo anticorrupción de Uruguay que, debido a las restricciones presupuestarias, vio reducidos sus recursos y personal”, se señala.

“Avance dispar”

Dentro del eje “fortalecimiento de la gobernabilidad democrática” se registra un “avance dispar”. Por ejemplo, si bien se destaca el “avance” que significó el Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823 de 2019), se sostiene que “su debilidad está en la gestión de la denuncia y en la falta de garantías para la persona denunciante”. Asimismo, se ve con preocupación que “no se ha llevado adelante ninguna acción orientada al empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal a las políticas anticorrupción” y “tampoco se reconoce (o menciona), en la normativa o en la práctica, la existencia de grupos vulnerables en el marco de la lucha contra la corrupción”.

También como indicador alarmante se destaca que la Suprema Corte de Justicia “ha reducido su presencia en el territorio a partir de sucesivas acordadas para la reorganización de los territorios jurisdiccionales” por su “presupuesto insuficiente”, y que como consecuencia “se ha limitado el acceso a la justicia de las personas que viven en las zonas rurales y a las personas en situación de vulnerabilidad del interior del país”. De la misma manera, “por su falta de presencia, también se limita la capacidad del Poder Judicial para atender con celeridad e independencia denuncias sobre delitos asociados a la corrupción”.

Tampoco se registraron “acciones orientadas a consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior”, como la Unidad de Acceso a la Información Pública, que “continúa dependiendo administrativa y presupuestalmente de la Presidencia de la República”. Esta “falta de independencia”, en la opinión de las organizaciones, “se ha notado en la discusión de leyes importantes que se han aprobado entre 2020 y 2021, y que afectan de manera grave el derecho de acceso a la información pública”, como por ejemplo la LUC, “sin que haya existido ningún pronunciamiento de dicho organismo en defensa del derecho”.

Sobre el eje “Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales” se percibe que la normativa es “laxa e insuficiente” y “no garantiza ni obliga efectivamente a la transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos”.

Recomendaciones

El informe culmina con una serie de recomendaciones para promover el cumplimiento del Compromiso de Lima contra la corrupción, como fomentar la independencia y autonomía de los organismos de control superior e incorporar una perspectiva interseccional (género, raza, origen nacional, perfil socioeconómico, generacional, entre otros) en la conformación de equipos de trabajo, en la elaboración y/o modificación de normativa y en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. Asimismo, se propone fortalecer las capacidades financieras y técnicas de la Jutep y desarrollar políticas específicas para la protección de denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción.

 También se promueve avanzar en la aprobación de legislación de financiamiento de los partidos y fortalecer el proceso de contratación pública, desarrollando mecanismos de monitoreo de compras y contrataciones de todos los organismos públicos, así como abordar el funcionamiento del sistema de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.

(Fuente: la diaria)

 

Convocatoria a asamblea de UT

La Comisión Uruguaya de Lucha Contra la Corrupción convoca a una Asamblea General Extraordinaria para considerar el siguiente orden del día:

1) Reforma de los Estatutos

2) Plan de Acción

3) Designación de Mesa provisoria

3) Fijar fecha para realizar una Asamblea General Ordinaria que convoque a elecciones

Jueves 9 de diciembre. Primer llamado: 19 horas. Segundo llamado: 19.30 hs.

Rodó 1712 entre Minas y Magallanes

 

Chediak sobre la baja de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero

La ley integral antilavado de 2017 estableció las reglas para los controles sobre el origen de los fondos, sumando entre los sujetos obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a una serie de profesionales y a las asociaciones civiles, tarea que años atrás se limitaba a los servicios financieros. Desde ese entonces, los colectivos de abogados y contadores, y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, entre otros, cuestionaron a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y en la ley de urgente consideración (LUC) se establecieron modificaciones que desataron debate.

En 2020, de acuerdo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) —que analiza los ROS y luego decide si deriva o no el caso a la Justicia— hubo 10% menos de reportes que en 2019, con una gran disminución, según el informe conocido en marzo, de los actores no financieros, que bajaron 54% el nivel de alerta.

A esta situación se refirió este miércoles el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, al participar en el panel inaugural del Compliance Day que organiza el estudio Brum Costa. Dijo que “coexisten dos visiones” a la interna sobre la baja de los ROS, que señaló es una tendencia “que no es de ahora, viene desde 2018”. Indicó que mientras en la UIAF del Banco Central “predomina una idea negativa sobre la baja de los ROS [es decir, que perjudica el combate al lavado], nosotros [Senaclaft] tenemos más interrogantes que certezas” sobre esa interpretación.

Chediak repasó que luego de la ley de 2017 se alcanzó “un pico por razones puntuales” y la realización de ROS “defensivos”, esto son reportes “por las dudas, para cubrirse por si hay inspección” y no porque haya ocurrido una operación que ameritara la alerta en función del riesgo observado del cliente. “Se hace para estar del lado seguro de la línea roja, pero esos ROS no tienen ninguna utilidad y complica el análisis de los ROS verdaderos”, agregó.

También informó que “la tendencia a la baja” en los reportes del sector no financiero “se está manteniendo en 2021”. Chediak no mencionó en sus intervenciones los cambios de la LUC, que estableció que los controles que deben hacer ante una transacción los sujetos obligados del sector no financiero —escribanos, contadores, inmobiliarias, entre otros— podrán ser del menor nivel (simple, medio e intensificado) cuando se utilicen medios de pago electrónicos, es decir, cuando intervenga un banco en la operación.

Esta presunción de menor riesgo, si bien fue limitada durante el trámite en el Parlamento, recibió críticas de abogados y consultores especializados, del ex secretario antilavado Daniel Espinosa y de la Asociación de Bancos Privados. Otro cambio de la LUC fue la modificación de la ley de inclusión financiera, elevando hasta 100.000 dólares el límite para realizar pagos en efectivo.

Inspecciones

Para zanjar cuál visión es la certera sobre la baja en los ROS, si la expuesta por la UIAF o la de la Secretaría Antilavado, el supervisor de Fiscalización de la Senacflat, Gustavo Misa, informó que se realizarán “inspecciones de aquellas operaciones que entendemos podrían llegar a ser reportables”, analizando diversos “factores” y al ver “alguna situación que pueda aumentar el riesgo iremos a supervisar a esos sujetos” obligados, como los profesionales que intervienen o intermedian en transacciones. “Ver cómo hicieron la debida diligencia, y si la hicieron bien, si llegaron al resultado correcto para el reporte [o no]”, detalló.

 

“Así vamos a tener la certeza. Saber si no se está reportando lo que se debe porque no se hace la debida diligencia, o se hace la diligencia correcta y no se reporta porque no hay lo que reportar”, añadió.

El abogado Leonardo Costa, especialista en normas antilavado, sostuvo que “la relación entre los ROS y los casos que van a la Justicia no es buena” para Uruguay. Al respecto, Chediak declaró que el ROS debe funcionar “como alerta” para luego derivar la investigación a la Justicia, y cuando se hace a posteriori de conocerse, por ejemplo, noticias periodísticas que involucran a un cliente o empresa, “no tiene utilidad ninguna; el reporte útil es el que se hace inmediatamente que se toma conocimiento de una operación o de un cliente con perfil de riesgo”.

Las autoridades de la Senaclaft destacaron algunos avances para lograr el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, como que ahora todos los actores pueden hacer los ROS en línea, cuando antes sólo podían los del sector financiero y los otros debían presentarse ante el BCU.

 (Fuente: la diaria)

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