Cayeron 10% los reportes por lavado de activos

Los bancos y demás actores del sector financiero, así como los profesionales e intermediarios que participan en transacciones —contadores, escribanos e inmobiliarias, entre otros—, tienen la obligación legal de realizar un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) ante cualquier duda sobre el origen del dinero que mueven. Esta dependencia analiza los casos y luego decide si lo deriva o no a la Justicia.

El año pasado se registraron en total 694 reportes, 10% menos que en 2019. Pero el sector financiero mantuvo el nivel de alertas, al tiempo que existió “una gran disminución” en el sector no financiero, que pasó de 149 a 68 ROS, 54% menos.

Así surge de la Memoria Anual de la UIAF que publicó el BCU y, según especialistas consultados por la diaria, los números muestran que en 2020 “bajó la percepción de riesgo”. Esto lo atribuyen a un combo de factores, como el menor número de inspecciones que realizó la Secretaría Antilavado (Senaclaft) por la situación sanitaria y el cambio normativo en materia de debida diligencia que implementó la ley de urgente consideración (LUC). Además, indicaron que por la pandemia muchos sectores bajaron su actividad, por lo que deberá esperarse a 2021 para confirmar si hay una tendencia de caída de los ROS.

“Es un llamado [de atención] para el futuro”, dijo el abogado Leonardo Costa, experto en prevención de lavado. A su vez, el consultor especializado Ricardo Sabella comentó que “la evidente disminución de los reportes en el sector no financiero es el foco de preocupación de los resultados” divulgados por la UIAF.

En la LUC, el gobierno atendió un reclamo de los colectivos de profesionales —como contadores y escribanos— modificando la ley integral antilavado de 2017, estableciendo que los controles que deben hacer ante una transacción los sujetos obligados del sector no financiero podrán ser del menor nivel (simple, medio e intensificado) cuando se utilicen medios de pago electrónicos, es decir, cuando intervenga un banco en la operación.

La redacción inicial recibió críticas de especialistas, del exsecretario antilavado Daniel Espinosa y de la Asociación de Bancos Privados. Durante el trámite en el Parlamento, el texto sufrió modificaciones y en octubre, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, manifestó que se “racionalizaron los controles” pero no se perderá “eficacia”.

Motivos detrás de la caída de los reportes

El informe del BCU indicó que “no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola la caída registrada en la cantidad de reportes” del sector no financiero. En el caso de los casinos, por ejemplo, resulta lógica la disminución porque estuvieron con actividad restringida por la emergencia sanitaria, pero en otros rubros no: “Habiéndose mantenido el nivel de actividad inmobiliaria, el número de reportes recibidos de escribanos se redujo en forma importante”. Estos profesionales pasaron de realizar 33 ROS en 2019 a efectuar 14 el año pasado.

 El informe menciona como “posibles causas” de la caída “una eventual reducción en la percepción de riesgo como consecuencia de las disposiciones” de la LUC, el “menor contacto de sujetos obligados” con clientes por la pandemia, y la caída “de la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Esto último en referencia al examen en función de estándares globales que aprobó Uruguay en 2019. “Para revertir la preocupante tendencia, será necesario abordar el tema en forma conjunta con la Senaclaft y los sujetos obligados”, sostuvo el BCU.

Costa agregó entre los motivos para una menor percepción de riesgo que la Senaclaft redujo las inspecciones en 2020 a raíz de la situación sanitaria. Por eso, el experto entiende que el mayor “desafío” del esquema antilavado pasa por la supervisión y no por la regulación. “Más allá de la LUC, es algo más general [la causa de la caída de los ROS]. Porque sin LUC pero con una baja de la percepción de riesgo, caerían igual. Además, la comparación es con 2019, un año en que hubo muchas inspecciones a raíz de la evaluación del GAFI y en que la percepción de riesgo era enorme”, expresó.

Espinosa, secretario antilavado entre 2017 y 2020, sostuvo que “era esperable” una caída en los reportes “después de la flexibilización normativa aprobada en la LUC”, pero igualmente “es una señal muy negativa”. Señaló que Uruguay va “en sentido inverso a lo que se nos ha recomendado internacionalmente y el sistema antilavado se está debilitando”.

Para Sabella, el dato anual de disminución de los ROS “no puede tomarse por sí solo como un indicador de deterioro”, así como un aumento tampoco indica un mayor “cumplimiento en materia antilavado”. Coincidió en que bajó la percepción de riesgo de los actores del sector no financiero “con las modificaciones introducidas por la LUC”, pero también apuntó que Uruguay previo a la evaluación del GAFI incorporó nueva normativa, que pudo generar “un incremento” de los reportes “no por situaciones reales de sospecha”, sino para cubrirse por parte de los sujetos obligados —lo que se llama “reporte defensivo”—.

El consultor indicó que a su entender “el dato de mayor relevancia” del informe de la UIAF es la baja cantidad de ROS que terminan en la Justicia. El año pasado se generaron 12 investigaciones a partir de los reportes, y si bien hubo “un incremento tibio” respecto de los años anteriores, esto significa que una pequeña cantidad de los ROS que realizan los sujetos obligados “son eficaces para generar” un proceso judicial. Se trata de un fenómeno que no sólo ocurre en Uruguay, sino “en muchas otras jurisdicciones” y, según Sabella, lleva a preguntarse “si la supervisión es el camino” para combatir los delitos de lavado de dinero.

(En base a la diaria)

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