Reportes de operaciones sospechosas de lavado

En el año 2018 “se verificó un incremento significativo en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas” de lavado de activos, “alcanzándose la cifra de 782 reportes”, un 42% más que en 2017, según la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), divulgada ayer.

El informe remarcó que “la cantidad de reportes de operaciones sospechosas ha continuado la tendencia creciente iniciada hace varios años. Destacamos que en el año 2018 se registró un importante crecimiento en los reportes presentados por el sector financiero (de 30% para un total de 519 documentos) y especialmente en el sector no financiero (con un 74% de aumento y un total de 263)”.

Eso derivó en que “la participación de los sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas de lavado del sector no financiero pasó del 17% del total en 2017 al 33% del total en 2018. Es decir, en 2018, uno de cada tres reportes provino de entidades y profesionales tales como casinos, escribanos, contadores, rematadores, entre otros.

El sector no financiero históricamente era el talón de Aquiles de la prevención en el lavado de activos por la poca cantidad de reportes (para tener una idea, en 2014 fueron apenas 15), pero la situación ha cambiado en los últimos años. Fueron 82 reportes en 2016, 151 reportes en 2017 y 263 reportes en 2018.

Dentro del sector financiero, los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos fueron los bancos, con un total de 347 (30% más que el año previo), seguidas de lejos por las empresas de transferencias de fondos con 64 (un incremento de 104% respecto a 2017) y las empresas de servicios financieros/casas de cambio con 33 documentos (aunque en este caso un 18% menos que el año previo).

Dentro del sector no financiero la mayor parte de los reportes de operaciones sospechosas de lavado provino de los casinos, con un total de 86 (un 91% más que en 2017), seguido de los rematadores con 68 documentos (un aumento de 871% frente al año previo) y los escribanos con 51 (38% más que en 2017).

Si a los reportes se suman las ocho investigaciones de oficio de la UIAF, se llega a un total de 790 documentos en 2018, cuando dos años antes eran 480.

¿Por qué se da este crecimiento en los reportes de operaciones sospechosas de lavado, sobre todo del sector no financiero?

“Una mayor concientización de los sujetos obligados del sector no financiero y una supervisión más intensa por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft)” -que tiene más potestades de fiscalización- se “encuentran entre los factores que podrían explicar este crecimiento”, señaló el informe del BCU.

En 2018 la UIAF puso nueve casos de operaciones sospechosas de lavado en conocimiento de las autoridades judiciales. Estos casos tenían la información proporcionada en 36 reportes de operaciones sospechosas.

Además, el organismo adoptó cuatro resoluciones para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes del lavado de activos.

La promulgación de la nueva ley de Prevención de Lavado de Activos (19.574) en diciembre de 2017 y su reglamentación de noviembre de 2018, “plantean un escenario para 2019 más sólido en materia normativa, promoviendo una efectiva implementación de dicho mandato”, afirmó el Banco Central del Uruguay. (Fuente El País)

Conjunción del interés personal y el público

El exdirector de los hospitales de Salto y Bella Unión, Marcos García, fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y el público por contratar a su propia empresa de ambulancias, Siemm SRL, para realizar traslados de pacientes.

La jueza de Crimen Organizado Dolores Sánchez concluyó en una sentencia fechada el 18 de marzo que “surgen elementos de convicción suficientes” respecto a que García “incurrió en el delito previsto en el artículo 161 del Código Penal”. La defensa del médico apeló.

El caso de las ambulancias de Bella Unión había tomado estado público en setiembre de 2016 tras varios pedidos de informes del diputado nacionalista Martín Lema. La sentencia judicial repasa la historia de esta trama que salpicó la gestión de al menos dos directorios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). García fue contratado en 2009 como subdirector del Hospital de Bella Unión. En marzo de 2011 pasó a ser adjunto a la dirección, y en ese año fundó la empresa de traslados junto a los médicos Federico Eguren, director del hospital en ese entonces, y Rodrigo Barcelona, pediatra en el mismo centro.

 García asumió la dirección del hospital fronterizo en 2012. Según la sentencia, “en su calidad de director y como ordenador de gastos, y más allá de quién conformaba las facturas expedidas por Siemm, contrató en 2012 y el primer semestre de 2013 directamente a los servicios de traslado de pacientes del hospital de Bella Unión, a una empresa de la cual era dueño y fundador”. Además, el 2 de julio de 2013 efectuó un llamado a licitación abreviada para traslados del hospital, “a sabiendas que la única empresa interesada en comparecer al llamado era precisamente Siemm, pues era la que venía siendo contratada”. Y se asegura en la sentencia que García tuvo intervención en las principales etapas del proceso licitatorio: llamó a licitación y firmó la resolución adjudicataria y luego la ampliación de gastos. Todo esto contraviene el artículo 72 del Tocaf ( Texto Ordenado de Contabilidad Financiera). La jueza aclara que si bien en esa fecha García hacía cedido sus cuotas a los otros dos socios, el trámite de cesión aún no había concluido, pues recién el 4 de julio se publicó en el Diario Oficial.

La cesión de cuotas de García a favor de los otros socios en el mes previo a la licitación —firmada por él mismo— “indica sin dudas y sin que ello implique meras especulaciones, pues es valorado bajo el criterio de razonabilidad, que su finalidad era desvincularse en las formas a la empresa a la cual siguió vinculado. No solo porque continuó haciendo guardias médicas, sino porque su reinserción como socio luego de renunciar a la dirección no hace más que fortalecer dicha conclusión”, dice la sentencia. García volvió a la empresa Siemm en el 2015, mientras era director del Hospital de Salto. Eguren y Barcelona estaba a cargo en ese momento del Centro Hospitalario Pereira Rossell, en Montevideo. 

La jueza Sánchez se afirma en el hecho de que García no ofreció ante la Justicia razones valederas para desvincularse de Siemm. La sentencia dice que García argumentó que cedió sus acciones en la empresa “por problemas de salud”, “porque nació un hijo”, ”porque se mudó a Salto”. “Pero nada de eso varió al momento de reingresar a Siemm, cuando ya no se encontraba al frente del hospital”. “Siemm seguía prestando servicios en Bella Unión, su enfermedad seguía en tratamiento y sus obligaciones familiares no cambiaron. Lo único que varió es que ya no era director del hospital”. Por lo tanto, “su excusa cae”, afirma la resolución judicial. (Fuente: Búsqueda)

Congreso de Prevención de lavado de activos de Las Américas

Nuevamente Montevideo se prepara para la Séptima edición consecutiva de la reunión anual de profesionales antilavado más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Será los días 23 y 24 de mayo en el Complejo Kibon Avanza. 

Expertos de EEUU, España, México, República Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina y del país anfitrión, Uruguay expondrán sobre nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas al trabajo diario de compliance, como Regtech, programa de intercambio de información público privada y canales de denuncia ciudadana. 

Entre los temas más importantes a tratar se encuentran:

 .- Análisis y discusión sobre nuevos alcances profesionales

.- Prácticas de la función de cumplimiento

.- La convergencia en el tratamiento de delitos financieros

.- La gestión de riesgo de fraude como insumo para la función de cumplimiento 

.- Práctica profesional: el compliance como dueño de los riesgos 

.- Como elaborar robustos planes para administrar los riesgos, desde la corrupción, cibercrimen, la protección de datos personales, delitos fiscales, hasta la implementación de planes de compliance en fusiones y adquisiciones. 

Daniel Espinosa de la Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay y Wendy Lora, Directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana abordarán además; los incipientes resultados de las evaluaciones mutuas, analizando la aplicación de la nueva metodología y las experiencias en su implementación 

Ricardo Sabella, socio de la firma consultora internacional BST Global Consulting y Director del evento,  comentó  “…La función de prevención de lavado de activos y otros delitos financieros a través de los últimos años se ha vuelto una profesión cobrando mayor alcance. Siendo la capacitación contínua el eje principal donde convergen las buenas prácticas y técnicas que se aplican diariamente en las tareas del compliance". 

Por eso en esta edición compartiremos los riesgos, técnicas para balancear la función con los negocios y a través de casos y la nutrida experiencia de la práctica de los invitados que expondrán, permitirá lograr un encuentro imperdible para mejorar las habilidades y conocimientos de los profesionales del sector.

 Para mayor información: www.cpldamericas.com

 

EEUU sanciona al Bandes Uruguay

Estados Unidos sancionó el viernes al Bandes, el banco de desarrollo venezolano, y a sus subsidiarias en Bolivia y Uruguay en respuesta al arresto "ilegal" de un asistente de Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de Venezuela, indicaron fuentes oficiales.

"La continua práctica por parte del régimen (de Nicolás Maduro) de secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos venezolanos no será tolerada por Estados Unidos ni por la coalición internacional que respalda al presidente Guaidó", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

"Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato", enfatizó, aludiendo al jefe de despacho de Guaidó, arrestado la madrugada del jueves en Caracas tras allanamientos a su residencia por agentes de inteligencia del gobierno de Maduro, y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El presidente Donald Trump está decidido a impedir que "Maduro y su régimen sigan robando los recursos y la riqueza de Venezuela para su beneficio personal", dijo por su parte la Casa Blanca, señalando que esta decisión busca evitar que Caracas evada las sanciones económicas estadounidenses moviendo dinero fuera del país.

Las sanciones anunciadas este viernes afectan al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y a sus filiales en Venezuela Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas - Banco Universal, y Banco de Venezuela S.A.- Banco Universal; así como al Banco Prodem S.A., con sede en Bolivia, y al Banco Bandes Uruguay S.A., que opera en Uruguay.

Las medidas congelan todos los bienes y activos que estas entidades puedan tener en Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, y les prohíbe toda transacción financiera con individuos o entidades estadounidenses, o en tránsito en el país.

Estados Unidos y más de 50 países impulsan la partida del poder de Maduro, cuya reelección consideran ilegítima, y reconocen como presidente interino a Guaidó, quien hasta el 23 de enero era jefe parlamentario, con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones.

Washington asegura que busca una salida pacífica a la crisis venezolana, pero Trump reafirmó el martes que "todas las opciones están sobre la mesa" para propiciar el fin del gobierno de Maduro.

El Tesoro ha sancionado a decenas de funcionarios y exfuncioanarios venezolanos, entre ellos al propio Maduro, acusándolos de violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico. Además, aplicó un embargo de facto al crudo de Venezuela, crucial para su economía, que empezará a regir el 28 de abril.

Mientras tanto, este lunes AEBU se declaró en alerta y analizará las implicancias de la sanción aplicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El diputado Rodrigo Goñi citará al Parlamento al directorio del Banco Central. Ante consulta de los bancos, la autoridad monetaria respondió que, en principio, las sanciones afectarían las operaciones con el exterior.

Pero, según un informe del diario El país, hay inquietud en la plaza local por la posibilidad que la situación se extienda a la banca doméstica.

Los banqueros señalan que las restricciones se verán complicadas por exigencia de las casas matrices.

Estas limitaciones -que ya se aplicaron en otras plazas como Reino Unido, por ejemplo- buscan que el gobierno de Nicolás Maduro no pueda financiar sus actividades.

AEBU considera que esta medida unilateral del Tesoro estadounidense lesiona la soberanía nacional y cuestiona el obedecimiento de una medida que proviene de un país y no de un organismo internacional.

El BCU cerró Cambio Europa

El Banco Central revocó la habilitación de una casa de cambio al comprobar que hubo "apartamientos graves" a la normativa vigente. Según el BCU, Cambio Europa fue parte de la trama conocida como "Lava Jato", la red de coimas montada por la constructora Odebrecht y que involucra a varios países de la región.

La resolución fue adoptada el 1º de marzo pero fue conocida en la víspera. Se trata de una casa cambiaria importante con varias sucursales. La empresa había sido inspeccionada en 2006 y 2013. En este último año se constató que el cambio operaba "ocho clientes no supervisados que manejan fondos de terceros".

Entre esos clientes se encontraba la sociedad panameña Carday Capital que tenía como beneficiario final "una persona física con documento de Brasil por el 100% de la Sociedad Anónima, de acuerdo al informe del Banco Central. Carday es señalada dentro de la investigación que lleva adelante la Policía de Andorra por el Caso Odebrecht.

La sociedad tenía una cuenta -actualmente cancelada- que fue utilizada por la banca privada de Andorra para recibir fondos de varios clientes sudamericanos. Entre esos clientes está Klienfeld.

Klienfeld, explica el informe, es la sociedad creada por Odebrecht en Antigua y Barbuda que canalizó pago de sobornos por 200 millones de dólares. Detrás de Klienfeld aparecía Olivio Rodrígues, uno de los testaferros en la trama de sobornos.

La Policía de Andorra investiga el nexo de Rodrígues con Andrés "Betingo" Sanguinetti, exalto funcionario de BPA en Montevideo. Se estima que Odebrecht transfirió a Carday Capital unos 17 millones de dólares. El informe da cuenta que hubo una inspección a Cambio Europa el 19 de abril de 2018, de la que surgió evidencia de que la casa cambiaria controlaba las operaciones de su cliente Carday Capital.

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