Jutep señala irregularidades en Artigas

la Junta de Transparencia y Ética Pública recibió una solicitud para analizar eventuales irregularidades en la adjudicación de licitaciones de obra pública en la Intendencia de Artigas.

La denuncia se radicó debido a que uno de los dos socios de una empresa adjudicataria es hermano de un funcionario de dicha comuna, el municipal que se desempeña en la unidad de Proyectos y como tal integraba reiteradamente la comisión encargada de la adjudicación de licitaciones.

La JUTEP habría requerido al intendente que diera respuesta a una serie de interrogantes tendiente a esclarecer la situación. Posteriormente se verificó que además de la empresa que dio origen a estas investigaciones, también se registraban adjudicaciones de la intendencia de Artigas a otras dos empresas vinculadas a uno de sus socios, por lo que la JUTEP realizó un nuevo pedido de explicación al jefe comunal.

La JUTEP debió desarrollar su trabajo en base a fuentes alternativas, ya que la falta de cooperación del intendente obligó a transitar por esos carriles. La gravedad radica en que los casos analizados superan los 140 millones de pesos. Se verificó que un profesional que se desempeñaba como empleado de la Intendencia violó los principios de Probidad y de Transparencia y no habría cumplido con la obligación de efectuar la Declaración Jurada de Implicancias. También se concluye que el Jefe Comunal no informó de la vinculación del funcionario con las dos empresas contratadas en reiteradas ocasiones y, muchas veces, por fuera de lo previsto en las normas. También surge de las investigaciones realizadas a través de las denuncias del edil Francisco Bandera que el intendente Pablo Caram estaría involucrado en violación de los principios de probidad, legalidad y transparencia. La JUTEP asegura en su fallo que el jefe comunal no brindó la información solicitada en ninguno de los dos casos.

Lea aqui el fallo de la Jutep

Gafilat: la evaluación de Uruguay

Gafilat ha publicado el texto completo del “Informe de evaluación mutua” que el grupo ha realizado sobre el sistema implementado por Uruguay para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

En el texto se reconoce el compromiso político y los avances del país en la aplicación de medidas de prevención del LA/FT, que lo ubican en la vanguardia internacional a nivel del cumplimiento técnico de los estándares en la materia y que lo dejan fuera de las listas de países no cooperadores.

En el informe se plantean una serie de observaciones sobre el nivel de efectividad que el país ha alcanzado en distintas áreas del sistema nacional de combate al LA/FT y se formulan recomendaciones específicas para superar las deficiencias detectadas, lo que será objeto de un seguimiento posterior por parte de Gafilat.  

Esta situación plantea nuevos desafíos para el futuro próximo, que requerirán de la asignación de recursos a determinados organismos clave y de un trabajo coordinado entre el sector público y el privado para mejorar el nivel de eficiencia del sistema en todos sus aspectos relevantes.

En el siguiente enlace se puede leer el informe completo en ingles y castellano.

 

Lavado de activos: Uruguay fuera de las listas “negra” y “gris”

El XL Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo”, indicó un comunicado de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

En diálogo con El País, el titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa señaló que “la primera conclusión es que los resultados de la evaluación nos permiten quedar fuera de las listas de países no cooperadores” en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, comúnmente llamadas “lista negra” y “lista gris”.

Actualmente en la “lista negra” están Irán y Corea del Norte y en la “lista gris” están Bahamas, Botswana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Panamá, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Como parte de la cuarta ronda de inspección entre pares, los técnicos del Gafilat estuvieron en Uruguay entre el 5 y el 17 de mayo. Tuvieron 42 reuniones y mantuvieron contactos con 110 personas del sector público y otras 70 del ámbito privado, estas últimas todas de sectores que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado (como bancos, corredores de bolsa, inmobiliarias, grupos de profesionales como abogados y escribanos, y usuarios de zonas francas, entre otros). Luego produjeron un primer borrador, el gobierno uruguayo hizo sus descargos y ahora se emitió el informe final.

Este informe a nivel general es “una evaluación aceptable” en cuanto a que “el país ha avanzado en todos los planos, pero en materia de efectividad nos marca algunas áreas de atención en las que tenemos que mejorar. La evaluación tiene un seguimiento anual con Gafilat porque el país va haciendo reportes para mostrar los avances”, aseguró Espinosa.

Ahora el informe será sometido a una revisión de calidad y consistencia que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que marca el estándar en la materia, y se publicará en febrero de 2020.

Igualmente, el Gafilat hizo observaciones, por ejemplo, en cuanto a los recursos que tiene la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, que es la que se encarga de evaluar los reportes de operaciones sospechosas de lavado y de hacer “inteligencia” financiera.

Otro aspecto a mejorar es la cantidad de casos judiciales de lavado y decomisos. En 2018 hubo 782 reportes y ocho investigaciones de oficio de la UIAF. Pero solamente hubo nueve casos puestos en conocimiento de la Justicia. El otro punto con observaciones es “el financiamiento al terrorismo”.

Ex diputado Placeres procesado

La jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarián procesó al exdiputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Placeres, por un presunto delito de conjunción del interés personal y del público.

El procesamiento fue solicitado en abril por el fiscal Luis Pacheco, que consideró que Placeres había intercedido como legislador en beneficio de la cooperativa Envidrio, a la que se encontraba vinculado. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2017 por los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y el exoficialista Gonzalo Mujica, y tras revelaciones del programa Santo y seña. Los legisladores señalaron irregularidades en los negocios de Envidrio con Venezuela y en diversos apoyos estatales que recibieron esa y otras cooperativas durante los gobiernos del Frente Amplio, pero esas líneas de investigación fueron archivadas.

En la sentencia, la jueza sostuvo que el exdiputado “no cumplió con sus obligaciones ante la cámara, al participar y tener injerencia en la toma de las decisiones de la empresa durante el ejercicio de su actividad parlamentaria, en franca vulneración a las normas legales y administrativas que le imponían el deber, como funcionario público, de actuar en forma imparcial y objetiva”. El legislador fue procesado sin prisión debido a que carece de antecedentes y a que no hay peligro de fuga.

Declaracion sobre el fallo de jueza Dolores Sánchez

Montevideo, 1 de octubre de 2019

Ante fallo de la jueza Dolores Sánchez: es un grave retroceso

La Comisión Uruguaya de Lucha Contra la Corrupción – Uruguay Transparente expresa su preocupación por la decisión de la jueza Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 42 Turno, Dolores Sánchez, de amparar el derecho de respuesta reclamado por el asesor en seguridad del partido Cabildo Abierto Antonio Romanelli y obligar a tres medios de comunicación a publicar una carta del ex-militar.

Romanelli accionó contra el diario La República, Montevideo Portal y Radio Uruguay porque publicaron una carta de ex presos en la que lo acusaron de ser responsable de la aplicación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979.

El asesor en seguridad de Cabildo Abierto quiere que se publique una carta, sin comentario alguno, en la que rechaza las acusaciones y asegura que las requisas que se hacían a los reclusos durante la dictadura se realizaban “con respeto”. En la misiva Romanelli escribió que la conducta de los funcionarios del Penal de Libertad era “firme” pero “rígida”.

El texto añade que quienes se encontraban presos en el Penal de Libertad a finales de los años 70 eran personas condenadas "por realizar actos ilícitos" y que el hecho de estar privados de libertad puede haber dañado su "capacidad de percepción y juzgamiento".

Uruguay Transparente rechaza la decisión de la jueza Sánchez en el entendido de que comporta un grave retroceso en materia de libertad de expresión, máxime cuando dos de los tres medios demandados ofrecieron en su oportunidad realizar una entrevista a Romanelli, quien se negó ya que consideró que no debe haber “debate”.

Uruguay Transparente entiende que el accionar judicial de Romanelli, con el apoyo de un partido político implica, además, una presión indebida sobre la prensa y los periodistas, con el objetivo de amedrentar a todo el sistema informativo.

Uruguay Transparente respalda la decisión de los tres medios de comunicación de apelar la decisión y aguarda que el Tribunal de Apelaciones ponga las cosas en su lugar y revoque la decisión de la magistrada.

Por la Directiva de Uruguay Transparente

Pedro Cribari

 

 

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