Uruguay y el lavado de activos: responde Ricardo Sabella

Ricardo Sabella es un experto consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es socio de MVC Risks, firma especializada en la organización de conferencias y congresos en toda la región. También es asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies de Nueva York y es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas.

Sabella respondió un cuestionario de Uruguay Transparente sobre la actual situación del país en el marco de las nuevas leyes antilavado y las expectativas sobre la próxima ronda del Gafilat.

Lo que sigue son sus respuestas.

URUGUAY TRANSPARENTE. Un reciente informe sobre el Índice de Complejidad de Cumplimiento Corporativo 2018, elaborado por la consultora internacional TMF Group da cuenta que Uruguay está dentro de los países más complejos del mundo para concretar negocios por la cantidad de normas antilavado que se pusieron en marcha en el último año.En concreto, el informe dice que el problema de Uruguay se debe "principalmente a la implementación continua de múltiples medidas de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo", entre ellas las normas de cumplimiento del Estándar de Reporte Común y de identificación del beneficiario final. ¿Comparte esa apreciación? ¿Puede revertirse esa complejidad?

RICARDO SABELLA. En realidad, el informe desarrolla su conclusión con foco en las nuevas normas sobre intercambio de información fiscal. Si bien esto se establece en la Ley 19.484, que menciona el tema de Prevención de Lavado de Activos, lo único que aporta a este tema es las definiciones sobre Beneficiario Final y obligaciones de información. Definición que luego es recogida por la Nueva Ley Integral de Lavado de Activos Nro. 19.574. En el marco de las obligaciones de intercambio de información fiscal, las disposiciones incorporadas a las normas uruguayas exceden los acuerdos internacionales y requieren información de los residentes, que a ciencia cierta aún no se conoce su destino, ni se ha incorporado ninguna mención en la Ley sobre el objeto del requerimiento. Es un camino que no cabe dudas que está orientado hacia la trasparencia abonado por iniciativas globales, no es una situación que se revierta en el corto plazo. El tema de la complejidad, no solo pasa por los requerimientos informativos, sino principalmente por los costos que deben asumir los privados para proporcionarlos. En definitiva, los medios de intercambio de información y el desplazamiento de las cargas de vigilancia a los privados es lo que genera costos exagerados a los sectores obligados. La única forma de revertirlo es establecer vías de información más simples, o compensando los costos de su producción, dado que el único favorecido en el relevamiento de esta información es el estado.

UT. En este sentido, ¿cree Ud. que las normas antilavado adoptadas por Uruguay afectan la libertad y los derechos de los ciudadanos?

RS. Todas las normas mundiales que obligan a controles sobre la identificación de clientes y su origen de fondos para determinadas operaciones son invasivas. Pero hasta ahora no se ha detectado otra forma de combate al lavado de activos y detección de maniobras y fondos de origen ilícito. Es algo necesario, pero no creo que afecte a libertades y derechos. En la medida que ante el cumplimiento de las obligaciones algunas personas pueden optar por no brindar determinada información y los que realizan el requerimiento tienen el derecho a no realizar las operaciones ante la falta de respuesta. El problema principal, se relaciona con la falta de información y de interpretación que pueden generar dudas y miedos en los operadores y supervisores. Esto puede llevar a la aplicación de controles excesivos como medida para reducir un desbalanceado riesgo percibido por los operadores, que en gran medida es alimentado por los supervisores mediante observaciones y sanciones desmedidas.

UT. El año que viene se realizará la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Si no se lograra una buena calificación, ¿cree que se verá afectada la reputación de Uruguay ante las instituciones financieras internacionales?

RS. Por supuesto, hoy más que nunca no lograr pasar en forma adecuada una evaluación mutua sobre el sistema de prevención del país es altamente perjudicial. Ni hablar de la posibilidad de que el país sea incorporado en una lista de sanciones. Se restringen las posibilidades de crédito, inversiones, y obviamente la imagen del país.

UT. Como contrapartida, con estas nuevas normas, ¿se podría decir que el país va camino a lograr una buena calificación?

RS. En términos de evaluación técnica, se puede confirmar que Uruguay ha avanzado mucho en materia de regulación y supervisión, pero en la actualidad también se evalúa la efectividad de las medidas. Las nuevas normas son muy recientes y aún no se han definido los reglamentos necesarios, con lo cual es posible que no haya tiempo para demostrar su cumplimiento por parte de los operadores, y menos aún por parte del propio estado. Como tampoco de la efectividad de las normas para reducir el riesgo de lavado. Es algo que se verá dentro de unos años, en la medida que todo el sistema sea efectivo: Regulación, supervisión, investigación y represión penal en forma coordinada. Si bien falta mucho, estimo que estamos en camino a una calificación aceptable. De las evaluaciones realizadas hasta ahora con la nueva metodología a los países miembros de GAFILAT (Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua y Panamá) los resultados no son muy satisfactorios en general.

Las dificultades para acceder a la información

A pesar de los avances que se han registrado en Uruguay en materia de transparencia y de facilidades para acceder a la información pública, de todos modos hay casos en los que persisten las dificultades.
En enero de este año el periodista Santiago Soravilla del programa “Así nos va”, que conducen en radio Carve las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con una solicitud de acceso a la información pública, amparado en la ley 18.381, en la que pidió saber el gasto anual entre el período 2010-2017 de cada una de las representaciones diplomáticas de Uruguay dependientes de la cartera con el siguiente detalle: salarios, equipamiento (mobiliario, gastos de oficina, etcétera), vehículos y otros gastos de representación que estén bajo el ítem compensaciones adicionales.
Luego de idas y venidas, finalmente el 31 de enero, la Cancillería resolvió declarar “de carácter reservado por el plazo máximo legal de 15 años, toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o inversión, realizada en cada Representación Diplomática u Oficina Consular dependiente de esta secretaría de Estado”.
La cancillería remitió la resolución a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el órgano especializado dependiente de Presidencia de la República y cuyo cometido es velar por el respeto al Derecho de Acceso a la Información Pública.
En conocimiento de la resolución de la Cancillería, la UAIP discrepó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y entendió que no era de recibo la declaración de reservado y exhortó a Cancillería “a brindar acceso a los gastos asociados a cada una de las representaciones diplomáticas durante el período solicitado”.

El caso llegó a la Justicia

Expuesta la contradicción entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIAP, El periodista de “Así nos va” se presentó ante el Juzgado en Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, cuyo juez es Gabriel Ohanian.
Tras varias audiencias, el 29 de mayo Ohanian resolvió desestimar la demanda presentada por el programa “Así nos va” argumentando que “el entramado de relaciones internacionales de un Estado es muy complejo y evidentemente si cobra estado público en qué representaciones el país hace mayores esfuerzos presupuestales, ese dato tiene aptitud para desnudar las tácticas de inserción de nuestra nación en el mundo”.
La resolución del juez fue apelada y el caso llegó hasta el tribunal de apelaciones. El Tribunal de Apelaciones de 5° turno, compuesto por los ministros Luis María Simón, María Esther Gradín y Loreley Beatriz Pera, confirmó por unanimidad la sentencia del juez Ohanian.

El informe de "Así nos va"

Alfredo Silva condenado

El ex director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva, fue condenado por un delito de conjunción del interés personal y el público.

El ex representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, Alfredo Silva, recibió una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial y tendrá que pagar una multa de 2.143.420 pesos.

Silva fue procesado por un delito de conjunción del interés personal y el público durante su gestión al frente de ASSE. Además, en esta causa fueron condenadas cuatro personas por un delito continuado de estafa relacionada con la empresa de limpieza Buena Estrella, que brindó servicios en el Hospital Maciel, y otras cinco personas por un delito de tráfico de influencias.

La jueza Beatriz Larrieu consideró que Silva, siendo integrante del directorio de ASSE, intervino en forma directa en la constitución de la asociación civil Buena Estrella con los trabajadores cesantes de la empresa CLANIDER en el 2010. Silva se reunió con ellos en su despacho y les brindó asesoramiento para organizar y diseñar la creación de la cooperativa e incluso concurrió a reuniones en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. “En una oportunidad se reunió con los empleados de la empresa de limpieza en el vestuario para decirles que los ‘iba a apoyar en todo’”, explicó la jueza en su sentencia de condena.

Luego de constituida la asociación civil Buena Estrella, Silva siguió en contacto con los directivos, les dio información sobre los llamados a licitación en distintas dependencias de Salud Pública como los hospitales de Rivera y de Pando y el Instituto Nacional del Cáncer, y logró que se presentaran con propuestas de precio adecuadas para lograr ser contratadas en los servicios de limpieza y conserjería.

Maira Aquino, que fue tesorera de Buena Estrella, declaró que ellos “no hacían nada que no pasara antes por Silva” e incluso contó que cuando dijo que tenía “poca preparación” para el cargo que le habían asignado, Silva le dijo que no se tenía que preocupar porque su cargo “no pasaba por manejar plata sino por ser la cara visible de la empresa”.

La jueza Larrieu consideró que “tomar intervención o ‘interesarse’ en la formación de una empresa –cualquiera sea la modalidad que ésta adopte– que en definitiva va a contratar con la Administración, atenta contra la transparencia de la función pública y la imparcialidad que debe tener el funcionario, la que no debe variar ni aun en el caso de los llamados directores ‘sociales’”, como lo era Silva.

Larrieu le dio la razón a la defensa de Silva sobre que éste no decidía solo las contrataciones, sino que era parte de un órgano colectivo, como lo es el directorio de ASSE, pero luego aclaró que no se trataba de un funcionario más y que formaba parte de un órgano de decisión.

“Tanto el asesoramiento previo como posterior a la constitución de Buena Estrella –extremo sobre el cual depusieron numerosos testigos– realizado por Silva demuestra una connivencia con la asociación, cuando su calidad de director de ASSE le impedía intervenir de cualquier manera intervenir en una empresa que iba a contratar con el organismo”, explicó.

Uruguay en la ruta de Eike Batista

El empresario Eike Batista fue condenado a 30 años de prisión en régimen cerrado por la 7ª Vara Federal de Río de Janeiro, por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Se le acusa de hacer pagos indebidos por valor de 16,5 millones de dólares al ex gobernador fluminense Sérgio Cabral en 2011 y de intentar ocultar la propina por medio de una operación de lavado de dinero.

De acuerdo con la denuncia presentada por los fiscales federales con el fin de ocultar el pago a Cabral, el cambista Renato Kebar creó una offshore llamada Arcadia Partners, que firmó un contrato con la compañía ficticia Asset Mining Fund Centenario de Eike Batista, para la posible adquisición de una mina de oro.

Por la falsa intermediación, Arcadia recibiría el 1,12% del valor de la transacción. Los recursos fueron transferidos de una cuenta de Eike Batista en Panamá para una cuenta de Arcadia, de Chebar, abierta en Uruguay.

En el mismo proceso, también fue condenado el ex gobernador Sérgio Cabral, a 22 años y ocho meses en régimen cerrado, por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas. Esa fue la sexta condena de Cabral en procesos que apuran esquemas de corrupción en el estado de Río de Janeiro. El ex gobernador ya suma penas que superan los 120 años de prisión.

Otros condenados fueron la ex primera dama Adriana Ancelmo (4 años y seis meses); el ex secretario Wilson Carlos (9 años y 10 meses); el ex brazo derecho de Cabral, Carlos Miranda (8 años y 6 meses); y el brazo derecho de Eike, Flavio Godinho (22 años).

El abogado de Eike Batista, Fernando Martins, informó, por medio de una nota, que recurrirá la decisión.

La Corte rechaza inconstitucionalidad

La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había sido presentado por el exvicepresidente de ANCAP Germán Riet y del exdirector del ente Juan Gómez contra el delito de abuso de funciones. Ambos habían sido señalados por este delito por el fiscal Luis Pacheco en la causa ANCAP, pero hasta ahora la jueza Beatriz Larrieu no había podido definir si los procesaba o no hasta tanto el máximo órgano judicial no se expidiera.

A criterio de Pacheco, Riet y Gómez cometieron un delito de abuso de funciones por su papel en la contratación de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con la petrolera ecuatoriana Petroecuador entre 2010 y 2011. El acuerdo consistía en que ANCAP le comprara petróleo a la compañía con sede en Quito a través de Trafigura para luego venderle gasoil.

Esto se llevó adelante durante varios meses sin contrato. Además, según indicó el fiscal, hubo un monto de operaciones total entre 2010 y 2012 de US$ 4.900 millones, pero las ganancias de ANCAP fueron de US$ 5 millones.

Por este negocio, Pacheco también había pedido el procesamiento de ex director colorado Juan Justo Amaro y del ex vicepresidente Raúl Sendic. Sin embargo, la jueza no hizo lugar a ningún procesamiento porque entendió que el delito de abuso de funciones no podía imputarse ya que como ANCAP ganó US$ 5 millones, no hubo perjuicio para el Estado.

Asimismo, tanto Riet como Gómez habían sido señalados por el fiscal por la forma presuntamente irregular en que se llevó adelante la cancelación de la deuda que el ente petrolero y la venezolana Pdvsa. De la negociación comenzó participando la empresa financiera EXOR, pero a último momento fue cambiada por el banco venezolano Bandes, lo que llevó a que la compañía demande al ente petrolero por US$ 34 millones.

Por este negocio el fiscal también había pedido el procesamiento por un delito de abuso de funciones contra Sendic y José Coya (expresidente de ANCAP). Sin embargo la jueza solo procesó a Sendic por entender que fue él quien hizo el primer contacto con esta empresa que inicialmente propuesta por Venezuela y luego quitada de forma unilateral.

La magistrada no había podido definirse sobre la situación de Riet y Gómez, debido a que debía esperar el fallo de la Suprema Corte, pero para la magistrada ambos están una situación similar a la de Coya –quien fue absuelto– porque "hicieron lo mismo".

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