Las sociedades offshore y los funcionarios públicos
La prohibición de que un funcionario público uruguayo tenga relación con una sociedad offshore está vigente y es actualmente exigible, más allá de que no exista reglamentación.
Así se pronunció en el Parlamento el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, a propósito de la polémica en que decidió ingresar el Poder Ejecutivo al postergar la reglamentación del artículo 9 de la ley de Lavado de Activos.
Allí se indica que los funcionarios estatales, de particular confianza o personas políticamente expuestas quedarán impedidos de participar en “sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación mientras se desempeñen en su cargo”.
El tema cobró notoriedad luego que se informara que Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, poseía cientos de miles de dólares en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, al tiempo que mantenía una deuda millonaria con el Banco República.
También en lo referido a Javier Vázquez, uno de los hijos del presidente de la Republica, señalado por poseer una offshore en Panamá.
Para Gil Iribarne, en la ley está muy bien definida cuál es la obligación y quiénes son los sujetos obligados. Por lo tanto, no se requiere reglamentación para que sea exigible.
De todas formas, la preocupación del presidente de la Jutep gira en torno a que no está claro quién deberá controlar esa obligación o qué sanción estará prevista por eventuales incumplimientos.
Ante los integrantes de la Comisión Especial sobre Lavado de Activos de Diputados, Gil Iribarne planteó otras interrogantes que deja la ausencia de reglamentación.
Por ejemplo, cuál es el organismo que deberá recabar las declaraciones de los eventuales involucrados. En su opinión, debería ser un solo ámbito el que centralice la tarea.
Para Gil Iribarne, la carencia de respuestas ante esas preguntas opera en forma negativa.
“Se viola algo, pero no está claro quién castiga ni cuál es el castigo”, expresó.
A la Jutep le preocupa que el artículo 9 se haya desglosado de la reglamentación de la ley. “Eso implica que la norma está vigente, pero si alguien la incumple no sabemos qué pasa”, señaló.
Según Gil Iribarne, la Jutep tomó conocimiento del caso de Brechner a través de la prensa.
“Lo que hicimos fue preguntarle a él. Le dijimos: "Señor: ¿usted tiene relación con alguna offshore? Y la respuesta fue: "No". Por tanto, para nosotros el tema se cerró; ese punto vinculado al artículo 9º se cerró, porque nos contestó que no tenía relación, y nosotros no tenemos por qué dudar de su palabra ni tenemos potestades para investigar. Para mí quedó claro”, señaló.
Lo que sí hizo la Junta fue sugerirle al Banco República que era inconveniente que Brechner, en calidad de deudor de la institución, la representara ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
El Banco, dijo, discrepó con la sugerencia pero afirmó estar dispuesto a cumplir y Brechner renunció.
Matilde Rodríguez, otra integrante del Directorio de la Junta, aclaró que el dictamen referido al presidente del Plan Ceibal estuvo vinculado a su alto endeudamiento y no tuvo nada que ver con la posesión de sociedades offshore.
Otros nombres
El planteo de Gil Iribarne dio lugar a que el diputado Alfredo Asti ( Asamblea Uruguay) recordara qué hay otros funcionarios públicos, además de Brechner, sospechados de poseer sociedades en paraísos fiscales.
Mencionó en ese sentido lo informado por Búsqueda en abril de 2016, en cuanto a que determinados dirigentes de la oposición aparecían vinculados a paraísos fiscales.
También que otros explotaban en forma irregular tierras estatales en calidad de colonos.
“Como no se tiene la misma virulencia que con el nombre que se acaba de mencionar, parecería estar fuera del interés de los demás legisladores”, expresó.
El planteo de Asti generó la reacción de su colega Omar Lafluf (Por la Patria). “Gente de nuestro Partido Nacional dijo que lo vamos a votar con las dos manos”, señaló en referencia al artículo 9.
Pese que Asti evitó mencionar nombres, Lafluf sí lo hizo: el senador nacionalista Álvaro Delgado. (Publicado en Ecos)
Uruguay Transparente en Chile
Desde este miércoles se desarrollará en Santiago de Chile la Primera Conferencia y Taller sobre Transparencia, Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana, con la participación de Uruguay Transparente (UT). En efecto, el presidente de UT, Pedro Cribari, presentará el informe Avances y Desafíos para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en Uruguay.
El politólogo uruguayo, Rafael Piñeiro, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en tanto, participara en su rol de experto en el tema de financiamiento de las campañas y los partidos políticos.
En el encuentro participan también, expertos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, además de los anfitriones.
Juan Pablo Lira, director de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), uno de los organizadores del encuentro, destacó en declaraciones a la agencia EFE que Chile se encuentra interesado en "conocer a fondo" la experiencia uruguaya en un amplio abanico de temas entre ellos los referidos los problemas sociales que afectan a los dos países.
Jutep logra mejora presupuestal
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado aprobó una mejora presupuestal para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). A través de ella, mediante un ahorro en las publicaciones a las que ahora está obligada, se podrá crear un cargo muy necesario para su funcionamiento.
Así lo publicó el portal ECOS tras una nota el presidente de la comision, el senador frenteamplista Charles Carrera.
Según el legislador, de los diez artículos que la Jutep presentó en su mensaje presupuestal, este proyecto contempla cinco. Uno de ellos pedía que se levantara la obligación de publicar, en el Diario Oficial y en un medio de circulación nacional, el listado de funcionarios omisos en cumplir con la presentación de sus declaraciones juradas. En lugar de ello, pedían hacerlo simplemente en su página web.
"Lo que decidimos es que lo puedan publicar en la página web y en el Diario Oficial, en este último sin costo", indicó Carrera.
Además de la posibilidad de redistribuir funcionarios y una reestructura con la Oficina de Servicio Civil, se votó que los pases en comisión a la Jutep no pierdan beneficios salariales de las oficinas de origen. Este organismo había pedido ser una de las opciones consideradas en esos casos.
Eso permitiría un ahorro estimado en 1.600.000 de pesos al año. Con ese dinero, indicó Carrera, se podrá crear un cargo de ingeniero de sistema estable para toda la página web de la Jutep.
Originalmente, la Jutep también había pedido dos abogados y un contador, además de un técnico en informática. Su presidente, Ricardo Gil Iribarne, había manifestado su molestia porque ninguno de los diez artículos de su mensaje presupuestal había sido aprobado en Diputados.
De acuerdo con Carrera, en la Jutep le habían dicho que el cargo que más les urgía era el de informático.
“Pelear contra la corrupción es defender el Estado de Derecho”
Contra la corrupción, más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia, así en estos cuatro puntos, las cuatro I, se podría resumir la conferencia que brindó la presidenta de Transparencia Internacional (TI) Delia Ferreira, en una actividad organizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
La actividad, realizada en el salón de actos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la mañana de este martes 25 de setiembre, convocó a actores políticos y sociales interesados en el tema del combate a la corrupción.
Ferreira presentó la cuatro I contra la corrupción: Información, porque “si no tenemos información, no podemos controlar nada”. Integridad, que tiene que ver con “ética pública, conflictos de interés”. Impunidad, porque “necesitamos desterrarla, si los corruptos siguen disfrutando alegremente de la vida y no pasa nada, porque las causas duran mucho, prescriben, el mensaje es: sigan que no les va a pasar nada. Necesitamos mostrar que el que incurre en actos delictivos tiene que pagar las consecuencias. Indiferencia. La ciudadanía tiene que reaccionar, no puede seguir votando corruptos porque algo hicieron, tenemos que exigir mejores candidatos, tenemos que reaccionar cuando se producen casos de corrupción que la sociedad no está dispuesta a tolerar más casos de corrupción”.
En la charla, matizada por muchos ejemplos, Delia Ferreira dio pistas sobre los aspectos sustanciales que hacen a la corrupción en los países de América, sobre todo, y presentó el mapa de la percepción de la corrupción en el mundo.
Para Ferreira un tema central para los gobiernos son los conflictos de interés cuando buena parte de los funcionarios públicos vienen del mundo empresarial. “Este asunto es un tema muy serio que se puede convertir en la antesala de la corrupción”, estimó.
Los conflictos de interés son un problema para el que “hay que poner una luz de alerta y los gobiernos deben ser muy estrictos para evitar el mecanismo de la puerta giratoria o las incompatibilidades. Explicó que para ello “hay que generar un mecanismo para que los funcionarios no decidan sobre cuestiones que puedan representar un conflicto de interés”.
Uno de los mecanismos para evitar los conflictos de interés consiste en pedirle al funcionario que se abstenga de decidir y así delegar la firma, pero, advirtió, que “no debe ser a alguien que dependa del funcionario que tiene el conflicto de interés. Es una obviedad, pero hay que aclararlo”, señaló.
Para Ferreira, otra obviedad, pero no por ello hay que dejar de insistir, es que “el funcionario público tiene que actuar en beneficio del bien común en la toma de decisiones. Por ejemplo, voy a construir una ruta en el sentido A-B y yo tengo un campo en el sentido B-C, ¿entonces, para qué lado hago el gasto público, para dónde viene bien a la población o para donde me viene bien a mí para sacar mi producción?
Otro aspecto a evitar son los casos que puedan configurar nepotismo o nombramientos de amigos, que, si bien no violan ley alguna, “sí son violaciones éticas”.
Sobre el financiamiento de la política, Ferreira entendió que se deben fortalecer los mecanismos de control. “Nunca vamos a llegar a conocer todo porque siempre habrá fondos que van a entrar en negro. El tema es cómo hacer para que el organismo de control tenga la capacidad de detectar fondos que no fueron declarados por los partidos y que se usaron para la campaña”.
La presidenta de TI explicó que se ha encontrado con que en muchos países latinoamericanos “los organismos de control carecen de independencia o de recursos” y agregó: “hoy el dinero va de un lado a otro con un clic y, mientras tanto, el organismo del control está redactando un oficio, pidiéndole al juez del país de donde salió el dinero que le diga de qué dinero se trata y demás, ese papel va a ir a la Cancillería, de ahí a la otra de Cancillería, de ahí al juez del país y mientras tanto ya se hicieron cinco cambios de dinero y se perdió el rastro ¿Cómo enfrentar la corrupción así?”, se preguntó. Para Ferreira “estamos usando normas y procedimientos del siglo XIX para un problema del siglo XXI”. Entonces, dijo, “si yo no les doy facultades y recursos a los organismos de control, no pueden hacer el trabajo y alertó: que no tengan recursos no es inocente”.
Ferreira también le otorga vital importancia a la sociedad civil y en ese sentido dijo que el acceso a la información pública es un derecho y "no la gentileza de un funcionario público".
Para el final, Ferreira enfatizó sobre qué es lo que mueve a TI: “cuando nosotros peleamos contra la corrupción, lo hacemos, no porque queramos molestar a nadie, sino porque estamos defendiendo el Estado de Derecho, la democracia, las libertades y el bienestar de la ciudadanía. El dinero que se va a corrupción es el dinero que no está en las escuelas, o en la lucha contra la pobreza”.
http://uruguaytransparente.uy/images/documentos/Dra.-Delia-Ferreira-25092018.pdf
Fallo a favor de Blas
El edil del Partido Nacional Rodrigo Blas dio a conocer un fallo de la Justicia a su favor en el diferendo que mantenía con la Dirección General Impositiva (DGI), que pretendía cobrarle a su empresa una multa de casi 2 millones de dólares por evasión.
A través de un comunicado, el sector Unión y Cambio del PN - encabezado por Blas - consignó que la Justicia ordenó levantar los embargos que recaían sobre el edil desde hace más de tres años, entendiendo que "parece excesivo" continuar con el embargo "sin que se aporten elementos objetivos claros que justifiquen la imposibilidad de obtener un acto de determinación firme por parte de la DGI".
El sector de Blas señaló que la DGI "omitió avisar" a la Justicia de que la empresa Javipark S.A. había pagado "bajo protesto" 6.711.764 pesos en febrero de este año, suma surgida de la inspección hecha por la DGI el 14 de julio de 2014.
Según el sector de Blas, "la Impositiva ocultó a la Justicia el pago realizado por Javipark con intenciones de mantener los embargos".