Caso Maya Cikurel y el recurso por extradición

El fiscal especializado en Delitos Económicos de 2° turno, Ricardo Lackner, presentó un recurso de reposición ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la negativa a extraditar a la contadora Maya Cikurel, requerida por la Justicia panameña en la causa que investiga una red de lavado de activos en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

El escrito fue presentado luego de que la SCJ rechazara el recurso de queja planteado por Lackner y aún no fue respondido por el máximo tribunal de justicia. El recurso de reposición es una vía de impugnación de sentencias poco utilizada en el sistema uruguayo, que habilita a quien recibe un fallo adverso a solicitar al mismo tribunal que revea su posición.

En el documento, al que accedió la diaria, Lackner realiza varios cuestionamientos sobre la forma en la que se desarrolló el proceso vinculado con el pedido de extradición de Panamá. Comenzó con una solicitud de la Justicia panameña para tomar declaraciones a Cikurel, que fue negado en virtud de que correspondía apelar al proceso de extradición previsto en el tratado de extradición entre ambos países, algo que finalmente no se concretó por cuestiones formales.

Uno de los principales argumentos planteados por el fiscal es que cuando existe un tratado de extradición está implícito que es la fiscalía del Estado requerido la que representa al país requirente y no hay necesidad de que ese país envíe un abogado para ser representado en el proceso.

Además, sostiene que desde que entró en vigencia el proceso extraditorio pasivo previsto en el nuevo código de proceso “se ha dado de manera sistemática” traslado a la fiscalía de las apelaciones presentadas por los defensores y no existen observaciones por parte de la SCJ que cuestionen la legitimidad de ese traslado, lo que implica un reconocimiento del rol de la fiscalía como contraparte en el proceso o al menos como litigante con un interés distinto a quien apela.

En esa línea, Lackner cita jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2º turno, en la se reconoce explícitamente el rol de la fiscalía en el proceso de extradición, con base en los artículos 329 al 350, que regulan la extradición en el Código de Proceso Penal.

Lackner plantea que en el fallo de la SCJ -que confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones de 3° turno de considerar a la fiscalía como un actor ajeno al proceso de extradición de Cikurel- no hay “un análisis razonado de los argumentos esgrimidos por la fiscalía contra la sentencia de segunda instancia” y se aleja “del punto central de la cuestión, que consiste en determinar cuál es el de extradición a aplicar, en un caso de extradición pasiva con un país con el que tenemos tratado”.

El recurso planteado por el fiscal plantea que se aplicó un proceso para los países con los que no hay tratado de extradición y hace hincapié en que entre estados en los que rige un tratado, brindar la cooperación debe ser la regla y no la excepción. Además, advierte que el incumplimiento puede generar “consecuencias muy negativas” para el país, si el Estado requirente aplica el principio de reciprocidad.

“Se trata de un asunto de cooperación penal internacional que involucra la relación entre estados acordada por un tratado bilateral”, señaló, y calificó de “desesperante” que no se advierta que si la aplicación de la legislación interna “conlleva al incumplimiento de las obligaciones asumidas en el tratado (...) significa en los hechos una imposición unilateral de condiciones no acordadas por los estados”.

“La cuestión es si se cumple de buena fe el tratado firmado con la República de Panamá diciendo que ahora el Ministerio Público uruguayo carece de la facultad de provocar la reconsideración de una resolución dictada contra su interés”, sostiene Lackner.

EL PROCESO DEL CASO MAYA CIKUREL

La contadora Maya Cikurel fue detenida en febrero de 2020 por Interpol cuando intentaba cruzar a Buenos Aires junto a su pareja, Pablo da Silveira, quien asumió días después al frente del Ministerio de Educación y Cultura.

Cikurel es acusada de participar en una maniobra de transferencia de coimas millonarias a políticos y gobernantes, a través de Arcadex Corporation, una offshore registrada en Belice, asociada a la contadora.

En junio de 2020, la jueza María Helena Maynard negó la extradición de Cikurel por una cuestión formal, al considerar que la autoridad competente para reclamar a la ciudadana uruguaya es el Poder Judicial panameño y no la Fiscalía, argumento presentado por la defensa de la contadora, el abogado Gonzalo Fernández. El abogado, que fue el canciller que firmó el Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay y Panamá en 2008, interpreta que cuando el texto del tratado dice que el requerimiento debe ser realizado por las “autoridades judiciales”, excluye a la fiscalía panameña.

La decisión de primera instancia fue apelada por el fiscal Lackner, que planteó que la interpretación del tratado debe ser amplia y flexible, priorizando el espíritu de cooperación en investigación penal que impulsó el tratado.

En noviembre, el Tribunal de Apelaciones de 3° turno confirmó la decisión de Maynard , al considerar que la Fiscalía uruguaya no es parte de la causa y, por la misma razón, le negó a Lackner la posibilidad de ir a casación. Ante eso, Lackner optó por presentar ante la SCJ un recurso de queja, medio que se utiliza para revertir el rechazo de un recurso de apelación. Ese recurso de queja, que debe ser elevado a la SCJ por el Tribunal de Apelaciones junto a un informe de actuación, también fue rechazado por la SCJ, que consideró que el rol de la fiscalía en el proceso se reducía a un dictaminante técnico y que no debía ser parte del proceso, decisión que ahora Lackner pidió que sea reconsiderada a través del recurso de reposición.

La posición de los tribunales de Justicia en este caso generó que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, impulsara un proyecto de ley para explicitar el rol de la Fiscalía en representación del Estado requirente, cuando este no se presenta directamente.

Cardoso: "Estoy muy tranquilo"

El ministro de Turismo, Germán Cardoso consideró que “hay una motivación política de fondo” detrás de la denuncia anónima y dijo estar “muy tranquilo” sobre lo que pueda derivar de la investigación.

“Que la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública] proceda como tenga que proceder. Quien nada tiene para esconder, nada tiene para temer”, dijo este jueves el ministro de Turismo, Germán Cardoso, tras conocerse que la Jutep resolvió iniciar una investigación sobre las llamadas telefónicas que lo tuvieron como protagonista en las que le pedía información reservada y favores al tercero al mando de la Jefatura de Maldonado, el comisario Fernando Pereira, imputado por varios delitos.

La Jutep tomó esa decisión, según informó a la diaria su presidenta, Susana Signorino, tras recibir una denuncia anónima. El directorio del organismo había resuelto no trabajar de oficio en este caso.

Consultado por la prensa sobre esta decisión, Cardoso consideró que “hay una motivación política de fondo” detrás de esa denuncia anónima y dijo estar “muy tranquilo” sobre lo que pueda derivar de la investigación: “Que se investigue lo que haya que investigar”, aseveró. Respecto de si continúa teniendo el apoyo del presidente, respondió: “Por supuesto que sí. He tenido el apoyo de todo el gobierno, de mi partido [Colorado] y, créanme, de la inmensa mayoría de la sociedad de este país”.

 

El caso de corrupción en la Policía de Maldonado y el ministro Germán Cardoso

El caso de corrupción policial que se destapó en la Jefatura de Policía de Maldonado, ha dejado al descubierto un entramado donde aparece nombrado con una actuación, por lo menos discutible, un ministro de Estado, el colorado Germán Cardoso, pidiendo ciertos favores al coordinador policial Fernando Pereira haciendo pesar su condición de jefe de la cartera de Turismo.

ANTONIO LADRA

EL CASO. El fiscal letrado departamental de 2° turno, Jorge Vaz, solicitó que el tercero al mando de la Jefatura de Maldonado, el comisario Fernando Pereira, fuera formalizado como presunto autor de cinco delitos “en régimen de reiteración real”: revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al no denunciar delitos y faena clandestina.

Se ha puesto la lupa también en la actuación de Cardoso, incluso el Frente Amplio ha pedido al presidente Luis Lacalle Pou que lo releve del cargo de ministro de Turismo, cosa que por ahora no va ocurrir. El jerarca ministerial tiene el respaldo de toda la coalición gobernante y del presidente. Los pronunciamientos en favor del ministro, tanto de Lacalle como del secretario de la presidencia Álvaro Delgado no dejan lugar a dudas.

Aunque el fiscal del caso no encontró motivos para formalizar a Cardoso es bastante discutible, desde el punto de vista ético, la actuación del ministro. En una primera lectura no parece haber hecho nada malo, en tanto su actuación, por así decirlo, se reducía a llamados cada tanto tiempo al jerarca policial, amigo personal, según dijo, para pedirle favores o "agilizar" ciertos reclamos que le llegan o le solicitan vecinos y correligionarios y también para familiares directos. Al decir del senador Jorge Gandini "hizo lo que cualquiera de nosotros (de quienes están en el poder, aclaro yo) haría" y es cierto, sería hipócrita negarlo. Así funciona este país, pero el problema es que el ministro no es cualquiera de nosotros.

No es la primera vez que el ministro aparece involucrado en casos de corrupción. Ya tiene "antecedentes" en el sonado caso de Sanabria. Recordemos que Francisco Sanabria, correligionario suyo, integrante del partido Colorado, fue procesado por lavar dinero cuando a través del cambio Nelson financió la campaña política de Cardoso por la cual fue elegido diputado y Sanabria su suplente, en octubre de 2014. En aquella oportunidad el actual ministro dijo que no sabía nada de los manejos irregulares de Sanabria. Esta sería otra "distracción" de Cardoso.

Pero además el policía ahora formalizado tiene antecedentes por apremios físicos en la ciudad de San Carlos, de varios años atrás, según reveló la dirigencia sindical de la policía del departamento. Y ahora, a partir de esta investigación quedó claro que el jerarca policial maquillaba las cifras de los delitos con el objetivo de que “le dé bien” y no solo eso, sino que además se lo va a investigar porque su patrimonio no está en consonancia con sus haberes.

Existe un delito llamado "abuso de funciones". Una ley mal redactada, imprecisa pero que tiene fuerza penal, pero además está vigente la Ley 19823 sobre Ética en la función pública.

Algunos de los artículos pueden contribuir a entender las obligaciones de los funcionarios públicos, obviamente válido también para ministros y otros cargos de la Administración.

Artículo 7 (Principios rectores).- Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.

Artículo 9

(Inciso C) Tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista.

Artículo 12

 (Concepto de corrupción).- Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal.

La actuación del ministro entraría en la interpretación ya sea por el delito o por la violación de la ética.

En el año 2016, cuando era senador, el presidente Lacalle Pou escribió en su cuenta de twitter: "Algún día volverá el Uruguay en que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia. Por gestión o por vergüenza".

 

 

Jutep investigará el caso Cardoso

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió iniciar una investigación sobre las llamadas telefónicas que tuvieron como protagonista al ministro de Turismo, Germán Cardoso, en las que le pedía información reservada y favores al tercero al mando de la Jefatura de Maldonado, el comisario Fernando Pereira. El ahora exjerarca policial fue imputado con prisión por cinco delitos.

El contenido de los llamados se dio a conocer a raíz de las interceptaciones telefónicas que realizó Fiscalía y la Dirección de Asuntos internos del Ministerio del Interior, en el marco de la investigación contra el exjerarca policial. El fiscal del caso informó que tenía registros de nueve comunicaciones en 2020 y 2021 entre Cardoso y Pereira.

La presidenta de la Jutep, Susana Signorino, confirmó a la diaria que se iniciará la investigación sobre el caso porque recibieron una “denuncia anónima” con “lo que es de pública notoriedad”, en referencia a la información difundida por el fiscal.

Además, recordó que el directorio actual del organismo resolvió “no trabajar de oficio”, salvo “una cosa muy flagrante, y que no se hiciera denuncia, pero como cualquiera puede hacer una denuncia y puede ser anónima, si alguien tiene interés, que movilice el mecanismo”. Esto fue lo que finalmente ocurrió con el caso de Cardoso, que inicialmente no iba a investigarse.

Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones penal de 4º turno de San Carlos hizo lugar a la solicitud del fiscal Jorge Vaz y revocó la medida de prisión domiciliaria para Pereira. En su lugar la Justicia dispuso la prisión preventiva por 90 días.

El funcionario policial fue imputado por abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delito.

Una de las razones por las que fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado es por filtrar información reservada de procedimientos policiales.

Además, hubo otro policía detenido que tenía el rango de sargento en la Escuela Departamental de Policía.

 

Juan José Serrés

Víctima de Covid falleció Juan José Serrés, integrante de Uruguay Transparente. Docente de periodismo en la UTU, Director del Museo de la Palabra y periodista en SODRE. Servicio oficial de Radiotelevisión y Espectáculos se había jubilado hacia poco tiempo. Desde Uruguay Transparente un apretado abrazo a su familia.

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