Llave y cerradura para la información

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), expresó mediante una publicación en su web "su preocupación por la decisión de la Contaduría General de la Nación (GCN) de limitar el acceso de representantes del Poder Legislativo a información privada sobre contrataciones estatales".

El Sistema integrado de Información Financiera del Estado de la CGN tiene datos públicos sobre los gastos estatales, pero asimismo permite acceder a los organismos de contralor a información privada sobre contrataciones, esto es quién figura como representante de una empresa en el sistema, qué pagos y qué gastos ha realizado, entre otras cosas.

Según informara el periódico El Observador el viernes 3 de mayo, los legisladores ya no cuentan con una clave de acceso al sistema para analizar la información.

Ante tal situación, CAinfo remarca "la necesidad de un Estado en el que las restricciones a la información pública sean la excepción y exista la mayor transparencia posible".

En ese sentido, la entidad recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que en una "sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones".

Versión simplificada del proyecto de ley de antiterrorismo

Ante el anuncio de la visita, en mayo, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado se apresta a aprobar con celeridad una versión simplificada del proyecto de ley de antiterrorismo enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa original tenía 11 capítulos, entre los que se encontraba uno sobre la tipificación penal de la práctica, pero la bancada del oficialismo resolvió eliminarlo por el escaso margen de tiempo para discutir en detalle la iniciativa.

El titular de esta secretaría, Daniel Espinosa, adelantó a la diaria que la situación es “muy clara”: el proyecto completo que envió el Poder Ejecutivo es el que cumple los estándares internacionales. De todas maneras, detalló que el proyecto que se va a votar ahora incluye la lista, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de personas y entidades vinculadas al terrorismo, de financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

“Todos los países de la ONU están obligados a consultar esas listas e incluso informar al público en general, con la idea de que si se detecta algún activo se bloquee y se congele”, expresó el jerarca, que aseguró que el proyecto que se va a aprobar prevé este punto. En su opinión, esto podría aliviar parcialmente la situación, pero continúa sin resolver el tema de la tipificación de este delito.

Espinosa advirtió que el GAFI va a observar a Uruguay porque no cuenta con la tipificación del delito de financiamiento de terrorismo. “Eso es seguro, y va a ser una observación seria”, adelantó. Del total de 40 recomendaciones que establece el organismo, el titular de la secretaría antilavado destacó que hay seis que son clave, y una de ellas es la tipificación faltante. El proyecto “no nos asegura que no ingresemos en la lista de país no cooperador”, aunque para Espinosa “da más armas para discutir la evaluación, pero va a depender de lo que estime el equipo evaluador”.

La inclusión de Uruguay en la lista de países “no cooperantes” en la lucha contra el terrorismo puede traer graves consecuencias al país en materia económica. Espinosa dio detalles de lo que implica figurar en una lista de este tipo: “Si vos entrás en esta lista, quedás en una publicación que hace GAFI, una organización integrada por más de 180 países, que les advierte que tengan cuidado con las transacciones que hacen con el país. Eso, desde el punto de vista financiero, te encarece las operativas e incluso te anula la posibilidad de nuevas operativas porque los países no están interesados en trabajar con un país no cooperante”, expresó el jerarca. “Te pega en todos lados desde el punto de vista económico-financiero, porque te limita la cantidad de inversiones extranjeras, nuevos negocios, entre otros”, detalló. ( fuente: la diaria)

Reportes de operaciones sospechosas de lavado

En el año 2018 “se verificó un incremento significativo en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas” de lavado de activos, “alcanzándose la cifra de 782 reportes”, un 42% más que en 2017, según la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), divulgada ayer.

El informe remarcó que “la cantidad de reportes de operaciones sospechosas ha continuado la tendencia creciente iniciada hace varios años. Destacamos que en el año 2018 se registró un importante crecimiento en los reportes presentados por el sector financiero (de 30% para un total de 519 documentos) y especialmente en el sector no financiero (con un 74% de aumento y un total de 263)”.

Eso derivó en que “la participación de los sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas de lavado del sector no financiero pasó del 17% del total en 2017 al 33% del total en 2018. Es decir, en 2018, uno de cada tres reportes provino de entidades y profesionales tales como casinos, escribanos, contadores, rematadores, entre otros.

El sector no financiero históricamente era el talón de Aquiles de la prevención en el lavado de activos por la poca cantidad de reportes (para tener una idea, en 2014 fueron apenas 15), pero la situación ha cambiado en los últimos años. Fueron 82 reportes en 2016, 151 reportes en 2017 y 263 reportes en 2018.

Dentro del sector financiero, los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos fueron los bancos, con un total de 347 (30% más que el año previo), seguidas de lejos por las empresas de transferencias de fondos con 64 (un incremento de 104% respecto a 2017) y las empresas de servicios financieros/casas de cambio con 33 documentos (aunque en este caso un 18% menos que el año previo).

Dentro del sector no financiero la mayor parte de los reportes de operaciones sospechosas de lavado provino de los casinos, con un total de 86 (un 91% más que en 2017), seguido de los rematadores con 68 documentos (un aumento de 871% frente al año previo) y los escribanos con 51 (38% más que en 2017).

Si a los reportes se suman las ocho investigaciones de oficio de la UIAF, se llega a un total de 790 documentos en 2018, cuando dos años antes eran 480.

¿Por qué se da este crecimiento en los reportes de operaciones sospechosas de lavado, sobre todo del sector no financiero?

“Una mayor concientización de los sujetos obligados del sector no financiero y una supervisión más intensa por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft)” -que tiene más potestades de fiscalización- se “encuentran entre los factores que podrían explicar este crecimiento”, señaló el informe del BCU.

En 2018 la UIAF puso nueve casos de operaciones sospechosas de lavado en conocimiento de las autoridades judiciales. Estos casos tenían la información proporcionada en 36 reportes de operaciones sospechosas.

Además, el organismo adoptó cuatro resoluciones para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes del lavado de activos.

La promulgación de la nueva ley de Prevención de Lavado de Activos (19.574) en diciembre de 2017 y su reglamentación de noviembre de 2018, “plantean un escenario para 2019 más sólido en materia normativa, promoviendo una efectiva implementación de dicho mandato”, afirmó el Banco Central del Uruguay. (Fuente El País)

Ex director y subdirector de Bomberos procesados por abuso de funciones

La jueza letrada penal especializada en Crimen Organizado de 2º Turno Dolores Sánchez procesó sin prisión el viernes por el delito de abuso innominado de funciones al ex director nacional de Bomberos Raúl Díaz Gordillo y también al ex subdirector César García Pérez.

La denuncia había sido presentada en 2016 por el entonces director general de Secretaría del Ministerio del Interior y ahora senador Charles Carrera, luego de que la cartera detectara una serie de irregularidades en la órbita de la Dirección de Bomberos. Concretamente, lo que motivó la denuncia fue la firma de un contrato entre esta dirección y ANCAP para pagarle a funcionarios que no prestaban servicios a esta empresa, pero que figuraban en los papeles como si estuvieran en sus instalaciones. La investigación detectó irregularidades en la administración de las horas contratadas por parte de estos jerarcas, que habían designado una comisión designada para administrar los servicios contratados, en la que sus integrantes cobraban un 10% del total de lo que se le pagaba a los contratados. (fuente: la diaria)

Conjunción del interés personal y el público

El exdirector de los hospitales de Salto y Bella Unión, Marcos García, fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y el público por contratar a su propia empresa de ambulancias, Siemm SRL, para realizar traslados de pacientes.

La jueza de Crimen Organizado Dolores Sánchez concluyó en una sentencia fechada el 18 de marzo que “surgen elementos de convicción suficientes” respecto a que García “incurrió en el delito previsto en el artículo 161 del Código Penal”. La defensa del médico apeló.

El caso de las ambulancias de Bella Unión había tomado estado público en setiembre de 2016 tras varios pedidos de informes del diputado nacionalista Martín Lema. La sentencia judicial repasa la historia de esta trama que salpicó la gestión de al menos dos directorios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). García fue contratado en 2009 como subdirector del Hospital de Bella Unión. En marzo de 2011 pasó a ser adjunto a la dirección, y en ese año fundó la empresa de traslados junto a los médicos Federico Eguren, director del hospital en ese entonces, y Rodrigo Barcelona, pediatra en el mismo centro.

 García asumió la dirección del hospital fronterizo en 2012. Según la sentencia, “en su calidad de director y como ordenador de gastos, y más allá de quién conformaba las facturas expedidas por Siemm, contrató en 2012 y el primer semestre de 2013 directamente a los servicios de traslado de pacientes del hospital de Bella Unión, a una empresa de la cual era dueño y fundador”. Además, el 2 de julio de 2013 efectuó un llamado a licitación abreviada para traslados del hospital, “a sabiendas que la única empresa interesada en comparecer al llamado era precisamente Siemm, pues era la que venía siendo contratada”. Y se asegura en la sentencia que García tuvo intervención en las principales etapas del proceso licitatorio: llamó a licitación y firmó la resolución adjudicataria y luego la ampliación de gastos. Todo esto contraviene el artículo 72 del Tocaf ( Texto Ordenado de Contabilidad Financiera). La jueza aclara que si bien en esa fecha García hacía cedido sus cuotas a los otros dos socios, el trámite de cesión aún no había concluido, pues recién el 4 de julio se publicó en el Diario Oficial.

La cesión de cuotas de García a favor de los otros socios en el mes previo a la licitación —firmada por él mismo— “indica sin dudas y sin que ello implique meras especulaciones, pues es valorado bajo el criterio de razonabilidad, que su finalidad era desvincularse en las formas a la empresa a la cual siguió vinculado. No solo porque continuó haciendo guardias médicas, sino porque su reinserción como socio luego de renunciar a la dirección no hace más que fortalecer dicha conclusión”, dice la sentencia. García volvió a la empresa Siemm en el 2015, mientras era director del Hospital de Salto. Eguren y Barcelona estaba a cargo en ese momento del Centro Hospitalario Pereira Rossell, en Montevideo. 

La jueza Sánchez se afirma en el hecho de que García no ofreció ante la Justicia razones valederas para desvincularse de Siemm. La sentencia dice que García argumentó que cedió sus acciones en la empresa “por problemas de salud”, “porque nació un hijo”, ”porque se mudó a Salto”. “Pero nada de eso varió al momento de reingresar a Siemm, cuando ya no se encontraba al frente del hospital”. “Siemm seguía prestando servicios en Bella Unión, su enfermedad seguía en tratamiento y sus obligaciones familiares no cambiaron. Lo único que varió es que ya no era director del hospital”. Por lo tanto, “su excusa cae”, afirma la resolución judicial. (Fuente: Búsqueda)

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