Uruguay es percibido como el país menos corrupto de Latinoamérica

Uruguay y Chile son percibidos como los países latinoamericanos menos corruptos, mientras que en la otra punta de la lista se encuentran Venezuela y Nicaragua, según el índice 2018 de Transparencia Internacional (TI).

El Índice de Percepción de la Corrupción, que analiza a 183 países, otorga 70 puntos a Uruguay (puesto 23) y 67 a Chile (puesto 27) sobre un máximo de cien, que contrastan con los los 18 y 25 de Venezuela (168) y Nicaragua (152), respectivamente. La tabla la lideran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 enteros, y la cierran Somalia y Siria, con 10 y 13.

En el medio, Costa Rica (56), Cuba (47), Argentina (40), Panamá (37), Colombia (36), Brasil, El Salvador y Perú (35), Ecuador (34), República Dominicana (30), Bolivia, Honduras y Paraguay (29), México (28) y Guatemala (27).

La situación de la lucha contra la corrupción en América Latina es "preocupante", dijo en una entrevista con la agencia Efe la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira, quien denunció que hay una "clara tendencia" a "restringir el espacio de la sociedad civil" en una región en la que proliferan líderes autoritarios y populistas.

La fotografía regional comienza con el "gran problema" que supone Venezuela, un país en una "crisis humanitaria producida por la corrupción" y donde todas las instituciones han sido infiltradas por el estado, describió Ferreira. En ese sentido, Ferreira ha dicho que el sistema institucional venezolano actual no permite unas elecciones limpias.Según Ferreira, el régimen del presidente Nicolás Maduro ha penetrado de tal forma en todas las instituciones del país, incluyendo la comisión electoral, que ha socavado su independencia.

 "Con el actual sistema institucional en Venezuela no hay garantía de independencia". A su juicio, los "organismos electorales han sido cooptados por el régimen de Maduro", imposibilitando las elecciones libres y justas que ha exigido de forma inmediata a Caracas la Unión Europea (UE).

El informe Índice de Percepción de la Corrupción 2018 también incluye los nubarrones sobre Nicaragua, México y Guatemala, y el riesgo que supone que referentes regionales como Estados Unidos y Brasil encumbren a presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro.

En Nicaragua "el régimen ha cooptado totalmente" las instituciones, en Guatemala el gobierno ha transformado los organismos que ejercen de árbitro en "perritos falderos" que sólo atacan a los opositores, y en México la corrupción cabalga desatada por la infiltración del crimen organizado en la política.

Brasil, convaleciente aún de los casos "Lava jato" y Odebrecht, se encuentra en una situación "muy preocupante" por la llegada de Bolsonaro, cuyas primeras medidas han sido elevar los controles a las organizaciones no gubernamentales y debilitar la ley de acceso a la información pública, prosiguió Ferreira.

La forma de hacer política en la región está cambiando, sumándose a una tendencia global en la que líderes populistas y autoritarios están socavando las prácticas democráticas para debilitar el sistema "desde dentro", argumenta el informe de TI.

Argentina es uno de los países que mejora con respecto a la anterior edición -por su ley de acceso a la información pública, aunque la implementación sea deficiente-, como Ecuador y El Salvador, donde se han iniciado investigaciones judiciales por corrupción a antiguos altos cargos, incluido algún expresidente.

TI subraya en el estudio el "vínculo entre corrupción y salud democrática" y lo corrobora con datos: la puntuación media de las consideradas "democracias plenas" es de 75 puntos, por los 49 de las "democracias imperfectas", los 35 de los "regímenes híbridos" y los 30 que, en promedio, obtienen los sistemas "autocráticos".

En la clasificación global, tras Dinamarca y Nueva Zelanda, destacan Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos cada uno, seguidos por Noruega (84), Holanda (82), Canadá y Luxemburgo (81), Alemania y Reino Unido (80).

A la cola, junto a Somalia y Siria, está compuesto por países en guerra, estados fallidos y regímenes totalitarios: Sudán del Sur, con 13 puntos, Yemen y Corea del Norte (14), Sudán, Guinea Bissau, guinea Ecuatorial y Afganistán (16).

El informe destaca además la fuerte caída que ha experimentado Estados Unidos, que pierde cuatro puntos con respecto al informe previo, hasta los 71, (y cae hasta el puesto 22), un descenso notable en una clasificación de gran estabilidad que ha llevado a TI a denominar a la primera economía mundial "país en observación".

España mantiene los 58 puntos del anterior informe y la posición 41, aunque queda claramente por debajo de la media europea (66), China se sitúa en la posición 87, con 39 puntos, y Rusia queda relegada a la 138, con 28.

Penalizan la riqueza ilícita

Con la novedad de que se invierte la carga de la prueba y se limita el número de funcionarios comprendidos en la normativa, el Senado aprobó un proyecto de ley por el que se tipifica como delito el enriquecimiento ilícito para funcionarios, legisladores y cargos de confianza en el gobierno.

Este proyecto, originalmente presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry fue reducido en su alcance en la negociación que se dio en la comisión de Constitución del Senado.

La iniciativa, que fue enviada a Diputados para su sanción, tiene lo que se denomina "inversión de la carga de la prueba", es decir que obliga al sujeto en cuestión a justificar sus bienes ante la justicia si se detectara un incremento significativo y sospechoso de su patrimonio.

Serán sujetos alcanzados por esta ley todos los titulares de cargos electivos y gerenciales a los cuales hoy se les exige la presentación de declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). También quedarán comprendidas las personas eventualmente consideradas como "testaferros".

La iniciativa considera "enriquecimiento ilícito" al incremento relevante y significativo del patrimonio que no se pueda justificar, durante el ejercicio de la función y hasta cinco años después de abandonado el cargo.

Las penas previstas para este nuevo delito irán de 18 meses de prisión a seis años de penitenciaría, multas de 50 ($ 54.750) a 15.000 ($ 16.425.000) Unidades Reajustables (UR) y la inhabilitación para función pública de entre dos a cinco años.

Si el delito fuera cometido por un cargo de particular confianza se considerará agravante. Las penas serán de dos a diez años de penitenciaría, las multas irán de 300 a 15.000 UR y la inhabilitación será hasta diez años.

(Fuente: El País)

Legislativo avanza en paquete de leyes a favor de la transparencia en la función pública

Por unanimidad, el Senado votó un proyecto de ley que da rango legal a una serie de disposiciones sobre normas éticas y de transparencia en la gestión oficial, provenientes en su mayoría de un decreto impulsado por el entonces presidente Jorge Batlle en 2003.

La semana próxima el Senado aprobará un proyecto del colorado Pedro Bordaberry que castiga el enriquecimiento ilícito de los gobernantes. También están en la agenda del Parlamento una iniciativa que beneficia al arrepentido, la no prescripción de los delitos de corrupción, la creación de la figura del informante y la del agente encubierto, todos proyectos presentados hace algún tiempo por Bordaberry.

Diputados comenzó a resolver en el plenario y en comisión, respectivamente, dos iniciativas relacionadas: una es la obligatoriedad de la rendición de viáticos a los funcionarios estatales, presentada por la diputada Susana Pereyra (MPP), y otra de presentación obligatoria y publicación en Internet de las declaraciones juradas de los legisladores, iniciativa del diputado Daniel Caggiani (MPP).

También el Senado votó por unanimidad un proyecto del senador del Partido Independiente Pablo Mieres por el cual se crea un fondo para efectuar peritajes en el Estado.

Mientras tanto, la ley de partidos se votará el jueves 20. Esta iniciativa regirá para esta elección. Seguramente será aprobado con los votos del Frente Amplio. Los partidos de la oposición se quejan de que la iniciativa, que regirá para este período electoral 2019-2020, tiene varias inconstitucionalidades y coloca a los partidos que no ganaron la última elección en desventaja política.

Entre las modificaciones que viene manejando la bancada oficialista se cuenta un acuerdo con los canales de televisión para mantener la publicidad gratuita como está en el proyecto, a cambio de lo cual Economía les permitiría cierta flexibilidad fiscal.

Además, se atenuarán las normas sobre bancarización de los aportes a los partidos. Y se incluirá una norma que señale que los candidatos presidenciales podrán ampliar el monto de donaciones que ellos hacen para su campaña.

El proyecto, ya votado por el Senado, establece un espacio gratuito para publicidad electoral de diez minutos por hora en los canales de televisión abierta. La distribución de ese espacio sería así: 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección y el 5% restante para nuevos partidos.

LOS ACUERDOS

  • Lucro indebido en el gobierno

​Aunque con cambios importantes respecto a las normas contenidas en la propuesta original del senador colorado Pedro Bordaberry, el Senado aprobará en los próximos días el proyecto que penaliza el enriquecimiento ilícito en la actividad pública. El mismo será aprobado por la comisión de Constitución del Senado y antes de fin de año será votado por unanimidad. En 2015, en cuanto asumió el gobierno de Tabaré Vázquez, Bordaberry presentó un total de 45 proyectos de ley. Entre ellos el del delito de enriquecimiento ilícito, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, la incompatibilidad de la actividad pública con la privada para diversos cargos de la administración y la prohibición de publicidad en aquellas actividades monopólicas. Todos van en línea con el acuerdo entre el Frente Amplio y la oposición para impulsar una serie de iniciativas relativas al ejercicio ético y el combate a la corrupción en la administración pública uruguaya.

 

  • Fondo para peritajes

Otra de las iniciativas que se aprobó ayer en el Senado, y que será considerada por Diputados, es el proyecto de ley del senador Pablo Mieres del Partido Independiente relativo a los recursos con que cuentan los fiscales a raíz del mayor trabajo debido al nuevo Código del Proceso Penal. Se creará un fondo especial para que los investigadores contraten y ordenen peritajes en aquellos casos en que sea necesario investigar la gestión de organismos estatales. Este proyecto busca evitar que la Fiscalía se vea impedida de perseguir delitos por falta de recursos para pagar los peritajes necesarios. En este sentido, el senador propone que el Fondo de Peritajes se solvente con el 10% de lo recaudado por la venta de los bienes y valores decomisados en procedimientos. Según Mieres, lo motivó que se hubiera archivado el caso que llevaba la Fiscalía en el cual se investigaban eventuales sobreprecios en el costo de la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú de Alur.

(En base a información de diario El País)

Acusan al intendente de Artigas por 16 licitaciones "viciadas"

El intendente nacionalista de Artigas Pablo Caram se retiró molesto de la Junta Departamental en una sesión en la cual fue acusado de estar implicado en hechos de corrupción en 16 licitaciones de obra pública.

También se le atribuye otra irregularidad importante: la contratación de un diputado suplente como asesor de turismo, algo que puede ser visto como inconstitucional.

Según la Diaria, Caram fue interpelado el 6 de diciembre por el edil colorado Francisco Bandera, quien cuestionó obras recientes y atribuyó los resultados a irregularidades en los procesos de las concesiones.

La lista de acusaciones incluye los canteros centrales de la calle Bulevar Artigas.

"Quedó desprolijo, con distintas medidas y roto", dijo Bandera quien dejó entrever que la comisión de contrataciones no valoró estos aspectos y otorgó la obra en forma muy rápida.

Después enumeró unas 16 licitaciones que tienen "vicio de conjunción de intereses" público y privado.

En ese sentido mencionó que uno de los integrantes de dicha comisión es hermano de uno de los propietarios de la empresa adjudicataria.

"Esto en otro lugar del mundo se llama corrupción", comentó el edil.

Caram decidió retirarse de sala. Dijo que no estaba para "aguantar atrevimientos" y agregó que "todo tiene un límite" porque Bandera no exhibió pruebas de su acusación.

Bandera se refería al otorgamiento de obras bajo sospecha a un grupo económico local en el que los socios son Rodrigo Jiménez y Martín Bicera, hermano del contador Omar Bicera, integrante de la comisión de adjudicaciones de la Intendencia de Artigas.

También es propietario de Pedrera del Norte cuyo rubro principal es la venta de piedras, arcillas y arena. En esta compañía es socio de Martín Bicera, hermano del funcionario que se encarga de las adjudicaciones.

Según Bandera, la Intendencia de Artigas hizo compras directas a Pedrera del Norte que beneficiaron en forma directa a un pariente del encargado de firmar los contratos.

Un pedido de informes del edil permitió saber que el grupo económico facturó 4 millones de dólares por las obras de infraestructura y la venta de insumos.

RECHAZO

Caram explicó a posteriori que los hermanos Bicera no tienen nada que ver con la empresa constructora. En todo caso Martín Bicera está ligado solo a Pedrera del Norte.

La empresa de construcción PreNorte pertenece a Jiménez y a su esposa. La operación cuestionada por el edil en realidad consiste en que la constructora compró insumos a la otra compañia en la que sí tiene participación no de los hermanos Bicera.

Caram resaltó que es un hecho positivo porque otorgó trabajo a gente local y los capitales en juego también son artiguenses.

No es la primera vez que Caram es acusado de irregularidades al frente de la Intendencia de Artigas.

El Partido Nacional analizó en febrero último las implicancias de nombramientos de familiares allegados a Caram.

La pareja del intendente, Karina Gómez, fue investida como directora de Cultura.

La sobrina Valentina Do Santos es directora general de la comuna y suplente habitual de Caram en su ausencia al frente de la administración municipal.

Uno de sus primos, el exdiputado Rodolfo Caram fue elegido como director de Desarrollo.

Por su parte, Manuel Caram -también primo- fue nombrado director de Desarrollo Social.

(Fuente: La Diaria)

Ratifican procesamiento a Sendic

Un Tribunal de Apelaciones ratificó este martes el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic, que en mayo de este año había sido imputado por los delitos de "peculado" y "abuso de funciones".

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno ratificó el fallo de la jueza Beatriz Larrieu, que en mayo había entendido que Sendic cometió ilícitos en la negociación entre Ancap y la empresa intermediaria Exor y en el uso de la tarjeta corporativa.

Según la sentencia, el tribunal entendió que Sendic "se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones" en la negociación con Exor.

Además, el Tribunal asevera que "resulta acreditado en principio y sin perjuicio de ulterioridades, que se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal".

Sendic ya había sido cuestionado éticamente por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

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