La ex senadora Michelle Suárez fue condenada por falsificación y estafa

Michelle Suárez se había convertido en un estandarte de los nuevos derechos y por esa militancia fue convocada por el Partido Comunista (PCU), para integrarse a sus filas. De esta manera, ante la renuncia del titular de la banca, el médico Marcos Carámbula, asumió como senadora, siendo la primera legisladora trans del Uruguay y de América latina.

Ya en el año 2010, a los 27 años, se había transformado en la primera persona trans en recibirse como abogado en Uruguay, y cobró notoriedad como militante LGTBI.

Como integrante del PCU, accedió a una banca en el Senado habiendo sido antes una de las redactoras de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en el año 2013.

Pero cuando llevaba apenas dos meses en la cámara alta, todo se vino abajo al comprobarse una serie de denuncias de mala praxis en el ejercicio de la abogacía.

El 13 de diciembre pasado, el PCU –que recibió la noticia de la comprobada falsificación de firmas por parte de su representante como un mazazo- le pidió la renuncia a la banca lo que se oficializó al día siguiente.

La pasada semana, Suárez admitió en el juzgado que en su calidad de abogada había falsificado firmas de clientes en expedientes judiciales.

El juez Marcos Seijas dictó prisión domiciliaria para Michelle Suárez, tras escuchar la recomendación de un equipo médico y ante los "múltiples problemas de salud" que enfrenta.

Horas antes, la fiscal Silvia Mascaró había solicitado prisión para Suárez por cuatro delitos de falsificación de firmas y uno por estafa.
El Colegio de Abogados de Uruguay y el colectivo Ovejas Negras, que lucha por los derechos LGTBI, tomaron distancia de su colega y otrora militante.

Ovejas Negras emitió un comunicado señalando que Suárez ya no forma parte del movimiento y el Colegio de Abogados, emitió una declaración pública donde trata de “inaceptable” el proceder de Suárez y manifiesta que “tales conductas en el desempeño de la abogacía merecen la más fuerte condena y rechazo del colectivo.

Comenzó el proceso de creación del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto

Desde setiembre de 2011, Uruguay es parte de la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA) o “Open Government Partnership” (OGP), una iniciativa multilateral surgida en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde los países aprobaron la Declaración para el Gobierno Abierto. Todos los países que integran la Alianza se comprometen a desarrollar planes de acción bianuales con iniciativas que permitan promover los pilares para un gobierno abierto.

En ese plano Uruguay inició el Proceso de Creación del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, con el desafío de avanzar en la promoción de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, la Rendición de Cuentas Públicas, la Participación Ciudadana y la Colaboración e Innovación Pública y Ciudadana.

Acceda al link http://gobiernoabierto.gub.uy/

URUGUAY, CLAVE EN LA INGENIERÍA DE BLANQUEO DE ODEBRECHT

Una investigación del diario El País de Madrid dejó al descubierto la trama de la corrupción de Odebrecht en Uruguay.

La conexión de la Banca Privada d’Andorra (BPA) con Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pasa por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto “Betingo” Sanguinetti Barros.

La Policía del Principado califica el papel de este exdirectivo de “clave” y le sitúa en la creación de la alambicada madeja mercantil que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para desembolsar comisiones millonarias a funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países. “Construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht”, concluyen los agentes en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Betingo actuó como “persona de contacto” entre la BPA y el principal testaferro de la trama de sobornos, Olivio Rodrigues, según los investigadores.

Rodrigues fue el hombre tras Klienfeld, una sociedad instrumental creada por Odebrecht en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda que canalizo pagos por valor de 200 millones de dólares (172 millones de euros).

“Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, sentencia la Policía de Andorra.

Los investigadores aseguran que Betingo, que actualmente es consejero del club de fútbol uruguayo Peñarol, fraguó el primer contacto entre Odebrecht y la BPA. A partir de su intermediación, el banco ofreció a la contratista sus servicios. Y lo hizo “deslumbrado por la importancia de tener como cliente a una de las empresas constructoras más relevantes de Latinoamérica”.

La Policía de Andorra, en un informe encargado por la juez que investiga los tentáculos de Odebrecht en el Principado, Canòlich Mingorance, resume así el papel de Betingo: “Creemos que [Sanguinetti Barros] era perfecto conocedor de las operaciones que se efectuaban”.

Las pesquisas apuntan a que el antiguo responsable de la BPA en Uruguay “participó en la apertura de cuentas y facilitó la entrada a la entidad de los investigados, gestionando los recursos y la tramitación de fondos”.

La BPA fue intervenida en marzo de 2015 por las autoridades andorranas en el marco de una investigación por blanqueo de capitales a instancias de EE. UU.

Las autoridades uruguayas arrestaron el pasado agosto a Betingo por su presunta vinculación con el caso Odebrecht. La juez que indaga la derivada del escándalo en el Principado, Canòlich Mingorance, ha reclamado la extradición del exfinanciero a Andorra.

 

17 MILLONES A UNA CASA DE CAMBIO DE MONTEVIDEO

Los nexos de la trama de sobornos urdida por Odebrecht –una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países- salpican por partida doble a Uruguay. Los investigadores han concluido que la contratista transfirió 17 millones de dólares (14,6 millones de euros) a una sociedad vinculada a una casa de cambio de este país de Latinoamérica.

La constructora abonó esta cifra a Carday Capital SA. Tras esta compañía, aparecen los socios de la casa de cambio de Montevideo Cambio Europa SA Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni, según la Policía de Andorra, que también vincula con esta estructura a José Fontana Allende, empresario implicado en una red de blanqueo de capitales.

 

ALGORTA, EL ABOGADO QUE MOVIÓ 23 MILLONES

La Policía andorrana ha puesto también el foco sobre el abogado y corredor de bolsa de Montevideo Óscar Enrique Algorta. Junto al empresario brasileño dedicado a la compraventa de neumáticos Apolo Santana Vieira, Algorta figura como beneficiario de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que recibió traspasos internos desde otros depósitos de esta entidad del Principado por 23,1 millones de dólares (19,8 millones de euros).

Dos de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos –Klienfeld y Aeon Group- transfirieron, al menos, 500.000 dólares (428.000 euros) al depósito en la BPA controlado por Santana y Algorta.

“La cuenta ha actuado como puente para ejecutar operaciones de transferencia y, así dificultar su trazabilidad”, apunta la Policía de Andorra en un informe fechado el pasado julio.

Los investigadores remarcan que Algorta “está investigado por la operación Lava Jato por blanquear dinero procedente de sobornos a políticos y empresarios abonados por Petrobras”. Y vinculan a este abogado con Néstor Cerveró, exdirector del área internacional de la petrolera estatal brasileña.

El Banco Central de Uruguay (BCU) sancionó en 2011 a la BPA en el país por incumplir los protocolos de prevención de blanqueo de capitales y terrorismo, según los agentes. Los investigadores, sin embargo, sostienen que la delegación del banco en este país de Latinoamérica continuó operando a través de la firma Noswey SA Asesores de Inversión.

La UAIP preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública

En el marco de XV Encuentro de (RTA) realizado en Santiago de Chile el pasado 18 de abril, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) asumió la presidencia de la RTA.

La RTA se fundó en 2011 con Perú, Chile, Bolivia, México y Uruguay como miembros plenos con el objetivo de intercambiar experiencias en la materia y generar espacios de diálogo para el fortalecimiento del derecho.

Actualmente, la Red se encuentra conformada por dieciséis países que incluyen a organismos e instituciones responsables de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública. Su finalidad es mantener un espacio permanente y formal de diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros y ser un referente en el intercambio y aprendizaje en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Actualmente la Red se encuentra trabajando en los siguientes ejes: archivos, indicadores, género, capacitación, difusión y capacitación, entre otros.

En el encuentro participaron autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y México, encargadas de los temas de transparencia y acceso a la información. De igual forma, asistieron organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de Cooperación Regional EUROSOCIAL y la Red Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Argentina.

En el marco del XV Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la UAIP fue designada por unanimidad como presidenta de la RTA, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México asumió la Secretaría Ejecutiva para el período 2018-2021.

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