Salud pública y un reclamo de transparencia

Uruguay Transparente apoya la declaración de Cainfo que reclama transparencia sobre la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Está en juego la normativa legal que exige al Estado garantizar el derecho ciudadano a acceder a la información pública, en este caso sobre todos los procesos de gestión que refieren a la pandemia del coronavirus, desde las estrategias sanitarias hasta cómo se realizan los gastos del fondo específico. En ese sentido, Uruguay Transparente aspira a que las autoridades lejos de retacear o establecer limitaciones a la información, contribuyan desde la transparencia a que la población gane en confianza y actúe con responsabilidad en el cumplimiento de los cuidados necesarios que que requiere la delicada situación sanitaria.

El acceso y la libre circulación de la información constituyen dos pilares fundamentales para la protección de la salud pública. Por esa razón se debe proporcionar información clara, precisa y oportuna sobre el avance y naturaleza de esta pandemia, las medidas de protección y atención, así como todo lo referido a los recursos invertidos. Por todo esto es que se debe dar respuesta en tiempo y forma a todo pedido de acceso a la información pública que se reciba.

En este marco, Cainfo plantea la necesidad de que distintos estamentos de la administración pública -sea esta nacional, departamental o municipal- tengan una actitud de mayor transparencia sobre la información vinculada a la pandemia.

Cainfo realizó un relevamiento en las últimas semanas de 2020 sobre el acceso a la información respecto a la pandemia en varios departamentos del interior con periodistas locales. Varios periodistas coincidieron en señalar que falta información sobre la situación generada por el Covid-19 en cada localidad, lo cual genera inquietud en la población y provoca la circulación de datos sin confirmar, que en muchos casos resultan inexactos. Asimismo, las autoridades de la salud en algunos departamentos se remiten a los datos generales que entrega el Sistema Nacional de Emergencias, sin una desagregación territorial, y luego no están disponibles para ampliar la información a los trabajadores de los medios.

Otro punto clave es la situación con el fondo Covid-19 para atender la emergencia sanitaria.

El Parlamento aprobó en abril de 2020, la ley 19.874 por la que creó el Fondo Solidario Covid-19. El fondo se integra con el aporte del Banco República, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Impuesto de Emergencia Sanitaria -que gravó durante dos meses las remuneraciones de algunos funcionarios públicos-, el adicional -también por dos meses- al Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social para jubilaciones superiores a los 120 mil pesos; préstamos de organismos internacionales y donaciones.

El artículo 11 de la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá “rendir cuentas de lo actuado a la Asamblea General, dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de la vigencia del Fondo Solidario Covid-19. Si este plazo venciera dentro del período de elaboración de cualquier instancia presupuestal, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por 90 días más, a partir del vencimiento del período de elaboración citado”.

Hasta ahora, el gobierno negó información sobre el volumen de las donaciones y los donantes que contribuyeron al fondo, y anunció que no divulgará esa información hasta que pase la pandemia.

Por otra parte, también preocupa la resolución de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, del 23 de diciembre, en la que declara como “información reservada”, todo dato que surja del informe producido por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable referido al relevamiento de datos en las unidades de transporte colectivo de pasajeros, en el marco de las medidas tomadas para enfrentar la crisis sanitaria.

La justificación de esta decisión se basa en que los informes del Instituto contienen “datos sensibles para las empresas” de transporte colectivo de pasajeros del departamento.  De esta manera se protege a un conjunto de empresas, pero se afecta el derecho a estar informado de toda la población del departamento sobre lo que suceda en el transporte de pasajeros.

El último episodio que afecta el derecho de la población a una información clara y oportuna sobre el manejo de la pandemia ocurrió este martes 5, cuando la Comisión de Salud del Senado que recibió al ministro Daniel Salinas y al secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, sesionó en forma “secreta” al momento de hablar sobre las gestiones para la compra de vacunas contra el Covid-19.

Recomendaciones internacionales sobre transparencia

El 10 de abril de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, donde realiza una serie de recomendaciones a los estados miembro de la OEA sobre cómo manejar la información sobre el Covid-19.

En el documento, la CIDH destaca “el rol crítico de la prensa” así como la importancia de “la transparencia y el acceso a la información pública respecto de la pandemia”. 

En el texto la comisión llamó a los estados a “Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público”.

También consideró que los organismos públicos especializados “deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

Cainfo exhorta a las autoridades a seguir estas recomendaciones, y realizar los mayores esfuerzos a fin de dar transparencia a las gestiones realizadas para combatir la pandemia, proporcionando información clara, precisa y oportuna, que permita a la población de todo el país tener conocimiento de la situación sanitaria en su lugar de residencia. En ese sentido, resulta relevante responder a los requerimientos de los y las periodistas para acceder a informaciones de notorio interés público.

 

Herman Vaillant

En las últimas horas, el viernes 4 del corriente, falleció Herman Vaillant, quien fuera integrante de Uruguay Transparente y activo militante anticorrupción. 

Desde Uruguay Transparente queremos hacer llegar a su familiares y en especial a su hermano Víctor, un saludo en estos momentos tan especiales.

¿Los sistemas antilavado de los países fallan?

El 8vo Congreso Internacional de Prevención de Lavado de activos de las Américas –que se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre en Montevideo- abordará en uno de sus 14 paneles: Por qué a pesar de la regulación, la supervisión, y las sanciones penales, los sistemas antilavado de los países fallan?.

Se analizarán temas de suma actualidad y relevantes vinculados al control de los delitos financieros, como Ciberlavado, Regulación de criptoactivos, Investigación Judicial, Datanalitycs y un destacado panel con periodistas que analizará el caso de los FinCENFiles, la reciente filtración de información difundida por el consorcio internacional de periodistas.

El Congreso Internacional Antilavado –organizado por BST Global Consulting - reunirá a relevantes expertos de las Américas que en una modalidad parte presencial y parte virtual estudiará el conjunto de cambios que se están realizando en el mundo en esta materia.

Ricardo Sabella –director de BST Global Consulting- dijo que en esta oportunidad, nos hemos propuesto redoblar los esfuerzos en el entrenamiento que nos permita ser más efectivos en la detección de estos delitos, que en el contexto de la situación sanitaria global, sabemos que se incrementarán.

Sobre potestades de Ursec

Varias organizaciones de la sociedad civil y académicos de América Latina y el Caribe expresaron su preocupación por Art 672 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2020-2024 de Uruguay, que ya cuenta con media sanción. Este artículo otorga potestades a la URSEC para bloquear sitios web y eliminar cualquier contenido audiovisual en Internet sin orden judicial ante un reclamo basado en derechos de autor.

A tales efectos dieron a conocer una carta pública, que reproducimos a continuación:

Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil y académicas de América Latina y el Caribe, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales, nos dirigimos a ustedes a fin de expresar nuestra preocupación por las disposiciones establecidas en el proyecto de Ley de Presupuesto que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. 

Más precisamente, la preocupación surge de las disposiciones del artículo 672 del proyecto de Ley de Presupuesto en el que se otorga a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, la facultad de adoptar medidas sancionatorias y preventivas tendientes a impedir la difusión de contenidos audiovisuales por razones de Derechos de Autor. 

En numerosas ocasiones, organismos internacionales de Derechos Humanos han advertido sobre el impacto de medidas desproporcionadas para proteger el Derecho de Autor mediante esta clase de mecanismos, que carecen de las garantías apropiadas, por cuanto se penaliza a usuarios sin la intervención de un entidad independiente que pueda analizar otros elementos probatorios más allá de los esgrimidos por el denunciante. La remoción de contenidos en Internet sin una decisión de una autoridad judicial -aun cuando exista la posibilidad de apelación ex post por parte de los usuarios- contraría principios y recomendaciones para la protección de derechos fundamentales en línea, como los principios de Manila

Las razones se fundamentan en el impacto que los mecanismos de “notificación y bajada” sobre contenidos aplicados por entidades reguladores sin competencias para evaluar en eventuales colisiones entre derechos patrimoniales, como el Derecho de Autor tienen en la vigencia de Derechos Humanos como el de libre expresión o de información, a diferencia de lo que sucede en los bloqueos de juegos ilegales en línea, en los que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y la URSEC poseen competencia sin que se produzca tal colisión. 

Las organizaciones firmantes consideramos que esta clase de modificaciones con riesgos para la vigencia de los derechos fundamentales necesitan de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas, algo que resulta imposible en el marco de la sanción del Presupuesto Nacional. 

Atentamente,

Accesnow

Amnistía Internacional Uruguay

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

ARTIGO 19 Brasil e América do Sul

OBSERVACOM

Fundación Via Libre

Fundación Acceso, Centroamérica

Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (CELE) 

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (México)

Laboratorio de Datos y Sociedad (DATYSOC), Uruguay

Creative Commons Uruguay

Hermandad pro derechos, Uruguay

Cieenpre Juntos

DATA Uruguay

Cotidiano Mujer, Uruguay 

Organización Libre Base

Creative Commons Argentina

Derechos Digitales · América Latina

Hiperderecho

Acción Jurídica Popular - Ecuador

Amnistía Internacional Uruguay

CAINFO, Uruguay

El Abrojo, Uruguay

 

ESCRÍBENOS