Cuestionado éticamente el senador Leonardo de León abandona la política

El Tribunal de Conducta Política (TCP) envió al Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) un duro informe referente al uso de la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (ALUR) por parte de Leonardo de León, senador por la Lista 711. Tras la difusión pública de ese informe el legislador se apronta para dar a conocer una carta de renuncia a la actividad política, aunque no abandonará su banca de senador.

En su fallo, el TCP califica de irregulares varios de los gastos en los que incurrió De León con la tarjeta corporativa al considerar que éstos deberían haber sido cubiertos con los viáticos abonados por ALUR. Además, critica los argumentos utilizados por el senador en su defensa. Por ejemplo, se refiere a cuando dijo que ALUR funciona como una entidad privada y, por lo tanto, no está sujeta a las normas jurídicas de la administración pública. En este sentido, el TCP indica que “esa exención de restricciones, controles y sanciones no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público” y, de hecho, hace esas obligaciones “aún más solemnes”.

En otro tramo del fallo, el TCP critica la “negativa del compañero De León a responder” sus preguntas. Agrega que el senador dijo en varias ocasiones que estaba dispuesto a comparecer ante el órgano, pero no lo hizo. Algo similar se manifiesta en cuanto a la documentación que De León dijo que presentaría para demostrar sus afirmaciones.

La conclusión del TCP es que “los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del compañero De León porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de la empresa y del interés y patrimonio públicos”.

El documento del órgano frenteamplista, que fue firmado el 1o de agosto, aunque trascendió recién ahora, será tratado en el Plenario Nacional del FA convocado para el sábado 15.

( En base a Búsqueda y Montevideo portal)

Sanabria: Justicia otorgó prisión domiciliaria

El empresario y ex diputado suplente del Partido Colorado Francisco Sanabria, ex dueño de Cambio Nelson en Maldonado, había sido procesado en octubre de 2017 por lavado de activos, falsificación ideológica, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.

Estaba en prisión en la cárcel de Campanero, departamento de Lavalleja.

El "caso Sanabria" salió a la luz cuando un día, sin previo aviso, cerró todas las sucursales de Cambio Nelson y se fue del país.

Empleados, clientes y proveedores advirtieron la situación y comenzó una investigación.

Ya requerido por la Justicia, Sanabria volvió a Uruguay, fue detenido y finalmente procesado.

A través de su casa cambiaria recibía depósitos de clientes, como si fuera un banco, algo que está expresamente prohibido.

Ese dinero era girado hacia otros emprendimientos de Sanabria y luego volvía para pagar intereses de sus clientes.

Declaración sobre pedido de asilo de Alan García

Montevideo, 23 de noviembre de 2018

 

Ante la solicitud de asilo del

ex presidente de Perú, Alan García

 

La Comisión Uruguaya de Lucha Contra la Corrupción – Uruguay Transparente, en atención a larga tradición uruguaya de respeto del instituto del asilo político, se siente en la obligación ética de pronunciarse sobre la solicitud realizada por el ex presidente de la República del Perú, Alan García.

Uruguay Transparente considera que el asilo político es una valiosa herramienta para proteger a los perseguidos por sus ideas y acción política cuando no rigen las libertades públicas y está cuestionado el Estado de Derecho y, por consiguiente, no existen plenas garantías jurídicas para los ciudadanos.

En el caso del ex presidente García bajo ningún punto de vista se puede considerar como una situación de persecución política. El ex presidente enfrenta una imputación por la presunta comisión de delitos comunes, y como tal, tratándose Perú de un país democrático, donde existe independencia del Poder Judicial y garantías del debido proceso, el gobierno uruguayo no debe hacer lugar al extemporáneo pedido.

El Estado uruguayo, percibido en el mundo, tanto por Transparencia Internacional como por otras prestigiosas e independientes entidades, como un país con bajo nivel de corrupción, debe emitir una señal clara e inequívoca de su determinación de abrir sus puertas toda vez que solicite ayuda una víctima de abusos de otros Estados, pero nunca cuando se trata de delitos comunes y, mucho menos, cuando se trata de delitos de corrupción.

Uruguay Transparente entiende que, si nuestro país le otorga asilo político a quien está siendo investigado en la Justicia por delitos comunes, se estaría desnaturalizando la institución del asilo y, peor aún, éste se puede convertir en una herramienta de impunidad para los casos de corrupción.

 

Por la Directiva de Uruguay Transparente

Pedro Cribari

 

Alan García, asilo denegado

El gobierno uruguayo no aceptó el pedido de asilo de Alan García. El presidente Tabaré Vázquez, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa. El expresidente peruano asegura que ahora estará "a disposición de todas las investigaciones y convocatorias" que le hagan.

"No hemos concedido el pedido de asilo [...] porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Por estas consideraciones, estrictamente jurídicas y legales, el presidente y el canciller no concedemos el asilo político", dijo Vázquez.

Por su parte, el canciller Nin Novoa añadió: "El gobierno de Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú".

Tabaré Vázquez, en su lectura, explicó que Uruguay estaba obligado por ley y tradición a concederle el refugio político provisorio a García hasta tanto no decidiera definitivamente sobre su demanda. El mandatario mostró el expediente de "más de mil hojas" que le fue enviado por las autoridades peruanas para argumentar contra la concesión del asilo a García.

El expresidente Alan García permaneció por dos semanas en la residencia del embajador de Uruguay en Lima.

UT Y EL CASO DE LA JUNTA DE MALDONADO

DECLARACIÓN DE URUGUAY TRANSPARENTE

CASO: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

APROPIACION PRIVADA DE DINEROS PÚBLICOS

Uruguay Transparente (UT) recepcionó una denuncia ciudadana sobre una presunta irregularidad en una resolución de la Junta Departamental de Maldonado, al asignar una partida mensual de dinero a los sectores políticos sin rendición de cuentas. En ese sentido, UT analizó el fundamento desarrollado por los ediles que aprobaron esa medida, el pronunciamiento sobre el tema de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la respuesta de la Corte Electoral al denunciante y las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas a esa decisión.

A partir del análisis de los distintos documentos, Uruguay Transparente  entiende necesario comunicar a las autoridades y a la opinión pública su categórico rechazo a la resolución aprobada por la Junta Departamental de Maldonado en julio de 2015, dado que viola en forma flagrante la normativa específica sobre el financiamiento de los partidos políticos que contempla de modo exclusivo el pago de una partida anual por voto obtenido. Esta resolución, además desconoce el carácter honorario de la función de los ediles. UT entiende que esta resolución se aparta de los principios básicos de la transparencia y la ética pública.

La extemporánea y abusiva resolución de la Junta de Maldonado, sea el beneficiario final el sector político o sean los propios ediles incurre en lo que establece la ley Anticorrupción (Nº 17.060) cuando define corrupción como “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado.” Cabe aclarar que la citada partida representó desde su puesta en práctica en julio de 2015, una erogación de dinero de más de un millón de dólares.

La resolución, aprobada por la unanimidad de ediles presentes en la sesión (29 en 29), adquiere mayor gravedad institucional porque habiendo sido advertidas las máximas autoridades nacionales partidarias, no ha habido por parte de éstas otra reacción que la del silencio e indiferencia, en claro respaldo de hecho sobre lo actuado por sus representantes departamentales, y preservando así este privilegio.

Uruguay Transparente reclama la inmediata derogación de esa resolución que supone un severo revés al ordenamiento jurídico-institucional y a la transparencia en la gestión de los dineros públicos.

Montevideo, 6 de noviembre de 2018.

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