Jutep logra mejora presupuestal

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado aprobó una mejora presupuestal para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). A través de ella, mediante un ahorro en las publicaciones a las que ahora está obligada, se podrá crear un cargo muy necesario para su funcionamiento.

Así lo publicó el portal ECOS tras una nota el presidente de la comision, el senador frenteamplista Charles Carrera.

Según el legislador, de los diez artículos que la Jutep presentó en su mensaje presupuestal, este proyecto contempla cinco. Uno de ellos pedía que se levantara la obligación de publicar, en el Diario Oficial y en un medio de circulación nacional, el listado de funcionarios omisos en cumplir con la presentación de sus declaraciones juradas. En lugar de ello, pedían hacerlo simplemente en su página web.

"Lo que decidimos es que lo puedan publicar en la página web y en el Diario Oficial, en este último sin costo", indicó Carrera.

Además de la posibilidad de redistribuir funcionarios y una reestructura con la Oficina de Servicio Civil, se votó que los pases en comisión a la Jutep no pierdan beneficios salariales de las oficinas de origen. Este organismo había pedido ser una de las opciones consideradas en esos casos.

Eso permitiría un ahorro estimado en 1.600.000 de pesos al año. Con ese dinero, indicó Carrera, se podrá crear un cargo de ingeniero de sistema estable para toda la página web de la Jutep.

Originalmente, la Jutep también había pedido dos abogados y un contador, además de un técnico en informática. Su presidente, Ricardo Gil Iribarne, había manifestado su molestia porque ninguno de los diez artículos de su mensaje presupuestal había sido aprobado en Diputados.

De acuerdo con Carrera, en la Jutep le habían dicho que el cargo que más les urgía era el de informático.

Fallo a favor de Blas

El edil del Partido Nacional Rodrigo Blas dio a conocer un fallo de la Justicia a su favor en el diferendo que mantenía con la Dirección General Impositiva (DGI), que pretendía cobrarle a su empresa una multa de casi 2 millones de dólares por evasión.

A través de un comunicado, el sector Unión y Cambio del PN - encabezado por Blas - consignó que la Justicia ordenó levantar los embargos que recaían sobre el edil desde hace más de tres años, entendiendo que "parece excesivo" continuar con el embargo "sin que se aporten elementos objetivos claros que justifiquen la imposibilidad de obtener un acto de determinación firme por parte de la DGI".

El sector de Blas señaló que la DGI "omitió avisar" a la Justicia de que la empresa Javipark S.A. había pagado "bajo protesto" 6.711.764 pesos en febrero de este año, suma surgida de la inspección hecha por la DGI el 14 de julio de 2014.

Según el sector de Blas, "la Impositiva ocultó a la Justicia el pago realizado por Javipark con intenciones de mantener los embargos".

Corrupción: Cinco estudios uruguayos bajo la lupa

Escándalos de corrupción como la llamada Ruta del dinero K en Argentina, el Lava Jato en Brasil, o el cobro de coimas por parte de dirigentes del Partido Popular (PP) español, tuvieron su capítulo local, con sociedades anónimas vinculadas a operaciones de blanqueo de capitales, que habían sido creadas o eran administradas por estudios contables uruguayos.

Desde hace dos meses, la Secretaría Antilavado viene llevando adelante una serie de inspecciones a cinco estudios que quedaron vinculados a estas maniobras de blanqueo de capitales, informó a El Observador el responsable del organismo, Daniel Espinosa. Según explicó el jerarca, se tratan de algunos de los estudios más grandes de la plaza local, pero prefirió no dar sus nombres en esta etapa de la investigación.

En el caso Lava Jato varios profesionales uruguayos son mencionados por su participación en distintos casos de lavado de dinero. Por ejemplo, El exdirector internacional de Petrobras, Nestor Cerveró compró un apartamento en Río de Janeiro con dinero proveniente del pago de coimas a través de una sociedad creada en Uruguay. La fiscalía de Brasil puso a un profesional uruguayo como el “cerebro” de la maniobra de blanqueo de la corrupción de Cerveró.

Asimismo, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, quien fue condenado a principios de mayo de 2017 a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, depositó parte de los US$ 1,5 millones que recibió en coimas en una cuenta bancaria en cuenta en Ginebra, a nombre de la empresa con sede en Singapur, que fue creada por un estudio uruguayo. Además, dos de los directores de ese estudio figuraban como representantes ante el banco pese a que Cunha era el verdadero titular.

En tanto, otro estudio uruguayo aparece vinculado a varias sociedades anónimas con cuentas bancarias en paraísos fiscales, que fueron utilizadas para el pago de coimas de la constructora OAS en Perú y Ecuador. Dos de sus ex socios fueron mencionados en una delación premiada como parte del esquema de lavado.

En tanto, respecto a la Ruta del dinero K, un estudio aparece vinculado a la sociedad Helvetic Services Group, la financiera que fue utilizada por el empresario k Lázaro Báez para blanquear US$ 33 millones.

Pero estos estudios no solo están nombrados en casos de corrupción regional. El mismo estudio acusado de ser el “cerebro” de la operación de lavado del ex director internacional de Petrobras, fue también señalado en España por haber creado una sociedad offshore que fue utilizada para que la empresa estatal de distribución de agua potable de Madrid, Canal de Isabel II, hiciera aportes ilegales al Partido Popular (PP) de España, según informó el portal Sudestada en setiembre de 2017.

Asimismo, otro estudio uruguayo fue vinculado por la Justicia española en un caso que involucra a Eduardo Zaplana, el exministro español y expresidente del gobierno regional de Valencia, preso desde mayo de este año acusado de haber recibido coimas durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002), las cuales logró ocultar en paraísos fiscales a través de sociedades opacas creadas en Uruguay.

Espinosa explicó que “como organismo supervisor” la secretaría tiene la obligación de realizar este tipo de inspecciones cuando se detectan casos de blanqueo de capitales de modo de determinar si las empresas cumplieron con la ley de prevención del lavado o no. Las conclusiones de esas inspecciones todavía no están listas, pero en caso de detectarse alguna irregularidad las empresas podrían ser sometidas a multas de entre 1.000 UI ($3.955) y 20.000.000 UI ($ 79 millones) dependiendo del monto asociado la maniobra y el nivel de involucramiento de la firma. (Tomado de El Observador)

Antilavado investiga 70 nombres vinculados a la ruta del dinero K

La Secretaría Nacional Antilavado elaboró una lista de las personas señaladas por la Justicia argentina como involucradas en la llamada “ruta del dinero k”, que nombraron a Uruguay como sitio de lavado de activos o parte del proceso.

Hay más de 70 nombres en la lista, donde figuran los “arrepentidos”, funcionarios argentinos en juicio y empresas en Uruguay y Argentina, informó este jueves, en el programa Arriba Gente de canal 10, el secretario nacional Antilavado, Daniel Espinosa.

Las autoridades uruguayas buscan información en el sistema financiero y en los registros públicos para determinar si hay inmuebles a nombres de esas personas o empresas en el país.

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pedirá a la Justicia argentina la declaración de los denominados “arrepentidos” para saber si hubo cómplices en Uruguay de las maniobras de corrupción en Argentina.

El secretario Antilavado aseguró además que en los últimos cuatros años, Uruguay ha aprobado leyes de prevención de lavado, blindando las áreas más vulnerables.

Opacidad en las compras estatales

Uruguay Transparente ve con preocupación la inclusión del art. 19 del proyecto de ley de rendición de cuentas a través del cual se elimina la obligación establecida en el TOCAF de publicar las convocatorias a precios cuando se refiere a compras directas que superan el 20% de los topes establecidos, esto es US$ 2.900 para la administración pública y US$ 8.700 para empresas públicas
Uruguay transparente exhorta al sistema politico a rechazar este cambio, que en nombre de una presunta mayor agilidad incentiva la opacidad y cuya única probable razón es que no se quiera considerar otras ofertas.
Desde Uruguay Transparente se promueve que en el Estado se revisen los topes para las compras directas, hoy establecidos para la administración pública en US$ 14.500 y cuando se trata de empresas públicas y otras administraciones habilitadas, en US$ 43.500.
Asimismo se promueve la publicación del 100% de las compras, práctica ya consolidada en otros países de la región.


En el siguiente trabajo realizado por un técnico de Uruguay Transparente se puede visualizar como ha ido evolucionado el sistema de compras del Estado


Transparencia en Compras Públicas: 2011-2018 en baja constante
La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) fue creada por ley en 2008.
Sin embargo recién en 2012 comienza su funcionamiento al constituirse su directorio, el Consejo Directivo Honorario, integrado con representantes de AGESIC, MEF, Presidencia, MIEM. Un quinto integrante en representación de las Empresas Públicas nunca fue designado.
Desde la puesta en funcionamiento de la Agencia, e incluso desde unos meses antes, diversas iniciativas de ACCE han resultado en una modificación normativa que tuvo como resultado:
• por un lado, una mayor libertad para los compradores en el momento de seleccionar sus proveedores, no solamente pasando a comprar en forma directa en lugar de realizar procesos competitivos, sino eliminando la necesidad de justificar la elección, y hasta eliminando el requerimiento de comparar precios, y
• por otro, una menor transparencia acerca de lo actuado, eliminando obligación de publicar la contratación realizada.
Este documento resume las principales de estas modificaciones.
2011: Más causales para admitir la compra directa
Hasta 2011 el procedimiento preferente en el TOCAF era el competitivo. Se admitían algunas “excepciones” que habilitaban la compra directa: bajo monto, urgencia, etc.
Desde 2011 cada año se agregan nuevas causales de excepción, llegando a ser tantas que de “literales” del Art. 33 pasaron a ser “numerales”, ya que se agotaron las letras del abecedario. Actualmente hay 38, y en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2017 actualmente en discusión parlamentaria se incorporan varias más.
Cuando una compra se ampara en estas causales, se puede realizar en forma directa, con independencia de su monto.
2011: Suba de topes
El TOCAF establece unos montos límites que definen qué procedimiento se usará: hasta un primer límite se puede comprar en forma directa (CD), sin competencia entre oferentes. Pasado ese límite se requieren procedimientos competitivos, como por ejemplo licitaciones.
Esos topes rigen en principio para todo el Estado, pero algunos organismos tienen autorizado un tope que es aproximadamente el triple. Son las empresas públicas y también algunos organismos más que tienen ciertas características y pueden solicitar al TC pasar a usar esos topes que se llaman “ampliados”. El primer tope para este grupo es el de compra directa ampliada (CDA).
Los topes son actualizados por el INE de acuerdo al IPC.
La ley de rendición de cuentas de 2010, presentada en 2011, elevó dichos topes en un 250% aproximadamente. Estos nuevos topes comenzaron a regir en 2012. El siguiente cuadro muestra la evolución de los valores de topes de CD y CDA (línea continua) y los que hubieran tenido en caso de no existir el cambio citado (línea punteada).

(Elaboración propia a partir de datos publicados por el INE de evolución de topes y de IPC)

En 2018 los valores de estos topes son los siguientes:
• Compra Directa: hasta $ 436.000 (aprox. US$ 14.500)
• Compra Directa Ampliada: hasta $ 1.307.000 (aprox. US$ 43.500)
Este aumento de valores de topes permitió a los compradores realizar contrataciones en forma arbitraria, sin necesidad de comparar precios ni justificar la elección del proveedor, en más contrataciones que antes. Esta menor necesidad de justificar se traduce en menor transparencia.
El aumento producido en 2012 en los topes tuvo además otra consecuencia. La obligación de publicar las compras públicas, prevista en el Art. 50 del TOCAF, está indicada para compras cuyos montos sean superiores a cierto porcentaje del tope de la compra directa. Ese porcentaje no fue modificado en 2011 y se mantuvo en el 50%, por lo cual pasó a ser obligatoria la publicación de una cantidad mucho menor de compras ya que el tope para publicar se aumentó en la misma proporción –un 250% aproximadamente.
Miles de compras dejaron de publicarse. Publicar menos compras implica pérdida de transparencia.
Varios años más tarde el Parlamento subsanó ese “error”, bajando el porcentaje citado en el Art. 50 a un 20% del tope, con lo cual volvió al nivel previo a 2012. Esta corrección no fue iniciativa de ACCE.
Nota: El entrecomillado de “error” se debe a que esa disminución de transparencia fue deliberada, y no una consecuencia involuntaria. En 2011 los técnicos del equipo de compras (aún no se había conformado ACCE) advirtieron en forma oportuna a los futuros directores acerca de lo que iba a ocurrir al subir los topes, pero la advertencia fue ignorada.
2013: derogación del Decreto 232-2003
Un decreto del gobierno de Jorge Batlle establecía la exigencia para los Organismos de la Administración Central de publicar la información de convocatoria a procedimientos de contratación directa superiores al 15% de los montos límite de la compra directa.
Se fundamentaba en mayor transparencia. Era el 232-2003. En ese momento la obligación existía para todos los organismos públicos cuando la compra fuese por un monto superior al 50% del tope de la CD.
El decreto establecía un tope menor para la Administración Central y además obligaba a "escuchar ofertas" por 48hs mínimo. Decía el art. 3 del decreto:
“La información requerida en el artículo anterior deberá ser enviada al Sitio www.comprasestatales.gub.uy y estar publicada en el mismo durante un período no inferior a 48 horas corridas previas a la fecha límite de presentación de ofertas, suspendiéndose la contabilización del plazo los días sábados, domingos y feriados.”
Este decreto fue derogado por decreto 277-2013 a iniciativa de ACCE. El decreto no da una justificación clara del motivo de la derogación.
Puedo afirmar que se hizo para aumentar la libertad del comprador al realizar compras directas.

2018: Eliminación de obligación de publicar establecida en Art. 50
El art. 19 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2017 que está en el Parlamento, se suprime un párrafo del art. 50 del TOCAF que obliga a publicar convocatorias cuando la CD supera el 20% del tope. Ese párrafo dice textualmente:
“Asimismo las administraciones públicas estatales deberán publicar en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales la convocatoria a los procedimientos de contratación directa, excluidas las realizadas por casos de excepción, cuyo monto sea superior al 20% (veinte por ciento) del límite de su procedimiento de compra directa, y a los solos efectos de dar debida publicidad al acto.”
La iniciativa de este cambio es del directorio de ACCE.
En la fundamentación presentada por el PE se indica al respecto: “se elimina el cumplimiento de una formalidad que afecta a un procedimiento que por su naturaleza requiere flexibilidad y rapidez para ser eficiente.”
Podrá alguien preguntarse para qué publicar, si es CD. Estamos hablando de los siguientes montos:
• 20% CD = $ 87.200 (~US$ 2.900)
• 20% CDA = $ 261.400 (~US$ 8.700)
El texto que se suprime del Art. 50 no quita ni flexibilidad ni rapidez a la compra. La publicación es instantánea, la hacen los sistemas de información y no los funcionarios, y no se establece un plazo de espera para recibir ofertas. ¿Cuál es entonces la verdadera justificación?
Cabe mencionar que no se trata de compras de urgencia (están exceptuadas de estos topes) ni de una larga lista de otras excepciones al art. 33 que permiten comprar directamente sin importar el monto de la compra.
La única probable razón de la eliminación es que no se quiera considerar otras ofertas en esos casos.
Dos propuestas para aumentar la Transparencia en Compras Públicas
1) Revisar los topes
Como se dijo, cualquier administración pública puede comprar en forma directa por montos hasta aproximadamente U$S 14.500 y cuando se trata de empresas públicas y algunas otras administraciones habilitadas, hasta U$S 43.500.
Cabe preguntarse si está bien que se pueda comprar, sin concurso de precios, hasta esos límites. Son esquemas que tienen su origen en épocas en que para pedir precios había que llamar por teléfono, conseguir que nos enviaran un impreso con una cotización, se demoraba días y había costos de gestión. Hoy pedir y obtener cotizaciones lleva minutos y se puede hacer en línea.
Si el buen funcionario debe administrar los bienes públicos con el mismo celo que tendría si fueran propios, y si nadie hace una compra de 400 mil pesos para su casa, sin pedir 2 o 3 precios, ¿por qué entonces se admite para el Estado que se le compre directamente a un proveedor determinado, sin comparar precios? Sería bueno analizar si están bien, si se justifican esos topes, y si no sería preferible regresar a los niveles previos al aumento de 2012.
Datos actuales de ACCE muestran que, de las compras publicadas, el 88% de los procedimientos de compra se hace en modalidad de compra directa. Tomando en cuenta que la obligación de publicar (y por lo tanto de informar a ACCE) es para compras superiores al 20% del tope, seguramente ese porcentaje en realidad sea mucho mayor.
No parece una forma adecuada de gestionar las compras públicas.

2) Publicar el 100% de las compras
Se señaló que la obligación de publicar es para compras mayores al 20% del tope de la compra directa que tenga el organismo (US$ 2.900 o US$ 8.700 si tiene ampliada).
¿Qué razón hay para no publicar todas las compras?
Estas normas existen desde la época en que la publicación había que hacerla en el diario oficial y en algún otro medio de circulación nacional, y no se justificaba el gasto y el esfuerzo para compras de cierto monto. Pero hoy la realidad es otra, las publicaciones se hacen en internet y en forma automática. La opacidad no se justifica en absoluto.
Hoy en todos los organismos las compras pasan por algún sistema informático, publicar de hecho no tiene costo, no es una tarea que hagan funcionarios sino que la hacen los sistemas de información interoperando con el sitio web de compras del Estado.
Muchos países de la región publican el 100% de sus compras. Uruguay debería hacerlo.

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