Las sociedades offshore y los funcionarios públicos

La prohibición de que un funcionario público uruguayo tenga relación con una sociedad offshore está vigente y es actualmente exigible, más allá de que no exista reglamentación. 
Así se pronunció en el Parlamento el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, a propósito de la polémica en que decidió ingresar el Poder Ejecutivo al postergar la reglamentación del artículo 9 de la ley de Lavado de Activos. 
Allí se indica que los funcionarios estatales, de particular confianza o personas políticamente expuestas quedarán impedidos de participar en “sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación mientras se desempeñen en su cargo”.
El tema cobró notoriedad luego que se informara que Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, poseía cientos de miles de dólares en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, al tiempo que mantenía una deuda millonaria con el Banco República.
También en lo referido a Javier Vázquez, uno de los hijos del presidente de la Republica, señalado por poseer una offshore en Panamá. 
Para Gil Iribarne, en la ley está muy bien definida cuál es la obligación y quiénes son los sujetos obligados. Por lo tanto, no se requiere reglamentación para que sea exigible.
De todas formas, la preocupación del presidente de la Jutep gira en torno a que no está claro quién deberá controlar esa obligación o qué sanción estará prevista por eventuales incumplimientos. 
Ante los integrantes de la Comisión Especial sobre Lavado de Activos de Diputados, Gil Iribarne planteó otras interrogantes que deja la ausencia de reglamentación. 
Por ejemplo, cuál es el organismo que deberá recabar las declaraciones de los eventuales involucrados. En su opinión, debería ser un solo ámbito el que centralice la tarea. 
Para Gil Iribarne, la carencia de respuestas ante esas preguntas opera en forma negativa. 
“Se viola algo, pero no está claro quién castiga ni cuál es el castigo”, expresó. 
A la Jutep le preocupa que el artículo 9 se haya desglosado de la reglamentación de la ley. “Eso implica que la norma está vigente, pero si alguien la incumple no sabemos qué pasa”, señaló. 
Según Gil Iribarne, la Jutep tomó conocimiento del caso de Brechner a través de la prensa. 
“Lo que hicimos fue preguntarle a él. Le dijimos: "Señor: ¿usted tiene relación con alguna offshore? Y la respuesta fue: "No". Por tanto, para nosotros el tema se cerró; ese punto vinculado al artículo 9º se cerró, porque nos contestó que no tenía relación, y nosotros no tenemos por qué dudar de su palabra ni tenemos potestades para investigar. Para mí quedó claro”, señaló. 
Lo que sí hizo la Junta fue sugerirle al Banco República que era inconveniente que Brechner, en calidad de deudor de la institución, la representara ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. 
El Banco, dijo, discrepó con la sugerencia pero afirmó estar dispuesto a cumplir y Brechner renunció. 
Matilde Rodríguez, otra integrante del Directorio de la Junta, aclaró que el dictamen referido al presidente del Plan Ceibal estuvo vinculado a su alto endeudamiento y no tuvo nada que ver con la posesión de sociedades offshore. 

Otros nombres 

El planteo de Gil Iribarne dio lugar a que el diputado Alfredo Asti ( Asamblea Uruguay) recordara qué hay otros funcionarios públicos, además de Brechner, sospechados de poseer sociedades en paraísos fiscales. 
Mencionó en ese sentido lo informado por Búsqueda en abril de 2016, en cuanto a que determinados dirigentes de la oposición aparecían vinculados a paraísos fiscales. 
También que otros explotaban en forma irregular tierras estatales en calidad de colonos. 
“Como no se tiene la misma virulencia que con el nombre que se acaba de mencionar, parecería estar fuera del interés de los demás legisladores”, expresó. 
El planteo de Asti generó la reacción de su colega Omar Lafluf (Por la Patria). “Gente de nuestro Partido Nacional dijo que lo vamos a votar con las dos manos”, señaló en referencia al artículo 9. 
Pese que Asti evitó mencionar nombres, Lafluf sí lo hizo: el senador nacionalista Álvaro Delgado. (Publicado en Ecos)

Uruguay Transparente en Chile

Desde este miércoles se desarrollará en Santiago de Chile la Primera Conferencia y Taller sobre Transparencia, Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana, con la participación de Uruguay Transparente (UT). En efecto, el presidente de UT, Pedro Cribari, presentará el informe Avances y Desafíos para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en Uruguay.

El politólogo uruguayo, Rafael Piñeiro, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en tanto, participara en su rol de experto en el tema de financiamiento de las campañas y los partidos políticos.

En el encuentro participan también, expertos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, además de los anfitriones.

Juan Pablo Lira, director de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), uno de los organizadores del encuentro, destacó en declaraciones a la agencia EFE que Chile se encuentra interesado en "conocer a fondo" la experiencia uruguaya en un amplio abanico de temas entre ellos los referidos los problemas sociales que afectan a los dos países.

 

Suspenden a El Salvador de grupo de inteligencia contra delitos financieros

El Grupo Egmont, que aglutina a las Unidades de Investigación Financiera (UIF) de más de 150 países, anunció en un comunicado la suspensión de El Salvador como uno de sus miembros. La medida se había anticipado, luego que el presidente Salvador Sánchez Cerén vetara en agosto pasado la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, para darle autonomía a su UIF.

De acuerdo al comunicado, la suspensión de El Salvador se debe a una continua falta de compromiso por parte de ese país con los principios del grupo Egmont en lo referente a la independencia operacional y la autonomía.

“La UIF de El Salvador está excluida de todos los eventos y actividades del grupo Egmont”, recalca la entidad en un comunicado emanado de la vigesimoquinta plenaria general del grupo Egmont, celebrada en Australia a finales de setiembre.

El liderazgo del grupo reconoció los esfuerzos que se buscan hacer desde la Asamblea Legislativa para levantar el veto presidencial, pero concluyeron que la independencia operacional de la UIF no puede ser asegurada.

Durante la plenaria del grupo Egmont, se readmitió a Nigeria a la entidad, luego de ser suspendida en 2017 por motivos similares a los que motivan la suspensión salvadoreña.

Por tal razón, no se descarta que de tomarse medidas similares, se podría levantar la suspensión en la próxima plenaria del grupo Egmont, al celebrarse el próximo año en los Países Bajos.

El pasado 20 de julio se aprobó la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que se lee de esta forma: “La Unidad de Investigación Financiera (UIF), es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

En dicha plenaria, el FMLN no acompañó con sus votos la reforma, bajo el argumento de que era inconstitucional. “El artículo 173 habla del fiscal general de la República y sus atribuciones; le atribuye personalmente a él la investigación  del delito. Podemos estar en cierta medida tocando la constitución y las atribuciones del fiscal. Hay una situación  de soberanía que debemos revisar, al darle esta autonomía a la UIF”, dijo en aquel momento el diputado efemelenista, Javier Valdez.

Ese fue el mismo argumento que usó el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando un mes más tarde, devolvió el decreto con su veto, por supuestamente contravenir los artículos 86 y 193 de la Constitución, fundamentando que esta reforma le resta atribuciones exclusivas del Fiscal General de la República.

Esto propició que la Fiscalía reaccionara de manera inmediata y calificara la decisión del presidente como “un beneficio para los lavadores de dinero a nivel nacional e internacional” y que pone al país en un riesgo reputacional, al enfrentar la expulsión del grupo Egmond, el cual aglutina a la gran mayoría de las UIF del mundo.

Respecto a la inconstitucionalidad que alegan tanto el FMLN como el gobierno, el Ministerio Público rechazó tal argumento, en vista que el Fiscal General es quien mantiene la dirección funcional de la investigación del delito.

Mediante un comunicado, la Fiscalía recordó que fue la divulgación de un documento confidencial por parte del expresidente Mauricio Funes, lo que llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional, el cual se ventila en el grupo Egmont desde el año 2014.

Además de la suspensión de este grupo, la Fiscalía dijo que la no aprobación de esta reforma le acarrearía al país la no deseada etiqueta de “paraíso fiscal” y a ser incluido en una lista oscura que maneja el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Guatemala: cárcel a exvicepresidenta por corrupción

Un tribunal guatemalteco condenó a 15 años y medio de prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en la adjudicación de un contrato que pretendía el uso de una fórmula para descontaminar el Lago de Amatitlán, la que resultó ser un fraude.

Baldetti, quien siempre negó los cargos, no quiso hablar con la prensa después de la condena por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, que fue leída por el tribunal a las 3 de la madrugada del martes. La exmandataria deberá seguir en prisión. Fue detenida en 2015, meses después de renunciar al cargo tras acusaciones de corrupción.

Según la acusación de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), Baldetti junto con otras 12 personas se coludieron para entregar un contrato por unos 18 millones de dólares a la empresa Israelí M. Tarcic Engineering Limited, para la limpieza del lago. Sin embargo, estudios determinaron que el líquido, llamado por la prensa “agüita mágica”, no era más que agua, sal y cloro.

El lago de Amatitlán, 27 kilómetros al sur de la capital, aún está contaminado por una cianobacteria que provoca la proliferación de algas.

El juez Pablo Xitumul, al leer la sentencia, dijo que Baldetti, de 55 años, era la líder de la organización y que era conocida como “la mera mera, la jefa o la gran jefa” y que los acusados realizaron eventos amañados, se confabularon con empresarios para saquear al estado y que con sus acciones vulneraron a la población. “Con actores del sector privado se concertaron y organizaron actos perversos”, dijo Xitumul.

Según la CICIG, para alcanzar su cometido la organización criminal diseñó un esquema que le permitió operar desde cuatro ámbitos: el apoyo político y la operación de alto nivel; las instituciones donde se emitieron los dictámenes técnicos para justificar la compra del servicio; la empresa M. Tarcic Engineering Limited, creada para obtener el contrato, y la utilización de una serie de empresas y personas para desviar los fondos a terceros.

Un total de 13 personas fueron acusadas en este caso. Algunas fueron absueltas y otras condenadas, como Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidenta, sentenciado a 13 años prisión.

El argentino-israelí Hugo “Uri” Roitman, enlace de la empresa en Guatemala, fue condenado a 11 años por asociación ilícita y fraude.

La salida del gobierno de Baldetti fue el inicio de la caída del gobierno del general Otto Pérez Molina en 2015, luego de manifestaciones pacíficas de miles de ciudadanos enojados por las acusaciones de corrupción de su gobierno. Pérez Molina, elegido en 2012, también guarda prisión a la espera de un juicio en su contra.

 

Este fue uno de tres casos de corrupción en donde Baldetti está señalada. El primero y más importante es el llamado “La Línea” y por el cual tuvo que renunciar, junto con Pérez Molina, sobre un fraude aduanero millonario.

Baldetti además está acusada en el caso llamado “La Cooperacha”, en el que junto con otros funcionarios de gobierno habrían recolectado dinero del erario para comprar regalos para el entonces presidente.

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