Fiscal archivó causa contra García Pintos

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, dio por terminada una investigación sobre el presunto uso indebido de una tarjeta corporativa del Banco República entre 1995 y 2005 por parte de un director, al considerar que se encuentra extinguida la responsabilidad penal.

"Siendo como se dijo que el peculado tiene una pena máxima de 6 años de penitenciaría, el plazo de 10 años para que se considere prescripto el delito, y por ende extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, operó en marzo de 2015", consideró el fiscal.

"Así las cosas, es de aplicación en la especie lo previsto en el artículo 98 del Código del Proceso Penal, que preceptúa que el Fiscal podrá dar por terminada una investigación, si de la investigación y denuncia que la motivó resulta `....que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado....´ por lo que se dispondrá el archivo de las actuaciones, sin perjuicio, notifcándose al denunciado", concluyó.

Lea el dictamen fiscal

Lorenzo y Calloia condenados por abuso de funciones

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1º turno confirmó este jueves la condena contra el ex presidente del Banco República (Brou) Fernando Calloia, y revocó la absolución del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, luego de que el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco solicitara que se revea el indulto al ex jerarca.

En diciembre de 2017, la jueza María Helena Mainard resolvió absolver al ex jerarca de Economía por el delito de "abuso de funciones", y condenar a Calloia por el mismo delito.

En su sentencia, la jueza explicaba que decidió absolver a Lorenzo porque "no surge probado que éste hubiera actuado como garante verbal de la operación" de otorgamiento del aval a Cosmo.

La magistrada señaló en su momento que, "de acuerdo con el testimonio del encausado y demás declaraciones recogidas, la comunicación que tuvo con Calloia fue para solicitarle al BROU 'que hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular'".

Lorenzo explicó ante la jueza que mantuvo una sola comunicación con Calloia sobre los avales: "Yo le digo al presidente del BROU que el señor (Juan Carlos) López Mena me dijo en presencia del ministro de Transporte que una empresa se acercaría a tramitar un aval al BROU", declaró, recordando que la información que le dio a Calloia "estaba también afectada por esta desconfianza y prudencia" que mantenía desde las reuniones que había mantenido con los otros interesados. "Yo no tenía la seguridad de que eso fuera a ocurrir".

Lorenzo apuntó que, en su calidad de ministro, "no tenía la autoridad para inmiscuirse en la toma de decisiones" del banco oficial. Además, aseguró que Calloia "jamás hubiera otorgado una garantía de mantenimiento de oferta solo porque él se lo hubiera solicitado".

Para Mainard "obviamente que el imputado Lorenzo no cometió el acto por el cual se concedió el aval referido; tampoco pudo ordenarlo, ya que el receptor no estaba sujeto a su jerarquía y no tendría que aceptar la orden".

En el caso de Calloia, la jueza Mainard lo había condenado por ese mismo delito, tras consignar que un informe del Banco Central del Uruguay (BCU) había sido "determinante" para condenarlo, por su incidencia en el otorgamiento del aval a Cosmos.

En su condena, la magistrada señaló que el informe del organismo establece que en el proceso de otorgamiento del aval "no se cumple con los referidos artículos de la Carta Orgánica" y que "se verificó que con la información que contenía la carpeta del cliente era insuficiente para valorar el riesgo del crédito asumido". La empresa tampoco aportó los "datos mínimos identificatorios" establecidos por la normativa.

Además, el BROU comunicó la operación a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) una vez que ya se había aprobado el aval, lo que "ameritó una multa" contra el banco.

Para Mainard, se trató de "una decisión apurada tomada por el imputado como presidente del BROU, que incumplió con los requisitos mínimos para los clientes, aún luego de concederse el aval y que, ante la falta de transparencia de la operación, tuvo que reportarla como sospechosa".

"Si bien la mentada sanción es de índole administrativa y no convierte el hecho en ilícito, ya que no se trata de una investigación relativa a lavado de activos, corrobora lo irregular de la situación y que el aval fue otorgado en forma irregular", complementa la magistrada.

El expediente judicial asegura además que hubo un "trato diferencial" en favor de la empresa Cosmo, ya que la otra empresa interesada Mont Fortelco no obtuvo facilidades para tramitar el aval. El trato diferencial, desigual, vuelve arbitrario el acto y susceptible de irrogar un perjuicio a la Administración, por el desprestigio que irroga a la misma; afecta sin dudas el normal funcionamiento y el buen desempeño del cargo". (Fuente El Observador y Montevideo portal)

Comisión de ética del partido Colorado pide expulsion de edil de Durazno

La Comisión Asesora de Ética del Partido Colorado (PC) le recomendó al Comité Ejecutivo Nacional de esta colectividad política la expulsión del edil departamental de Durazno Edgardo Lerena, así como prohibirle usar el lema partidario en las próximas elecciones. Mientras tanto, asesores legales de Lerena interpusieron un recurso a la expulsión del Partido Colorado aconsejada por el Tribunal de Ética.

Lerena fue el candidato a edil más votado en las pasadas elecciones departamentales dentro del PC en Durazno, en las que obtuvo 720 de los 1.220 votos a la Junta Departamental que el partido acumuló en 2015. El dirigente integra Batllistas, el sector que apoya la precandidatura presidencial del ex mandatario Julio María Sanguinetti. Fue procesado por estafa en 2012 por prestar dinero con tasas de usura a funcionarios municipales, por medio de la cooperativa de ahorro y crédito Codur. A fines del año pasado la Justicia emitió su condena en primera instancia por este caso, y tras esta expresión, Guzmán Acosta y Lara, otro dirigente de Batllistas, pero rival en la interna de este sector, había dicho en una entrevista con el medio local El Acontecer que la posición del PC y de Batllistas es que cualquier persona con “cualquier tipo de inconveniente legal” tiene que pasar por la Comisión de Ética del partido y atenerse a las consecuencias que esta dicte.

En el dictamen, la comisión sostiene que el 5 de abril se le dio a Lerena un plazo de diez días para “habilitar el ejercicio de su defensa”, y se le avisó “tres veces”, pero nunca respondió. Según el cuerpo, el delito que se le imputa a Lerena es “incompatible con las pautas éticas que se les exigen a los integrantes del PC”. “Hechos de esta índole protagonizados por personas que pueden ser identificadas con la organización partidaria implican un descrédito injusto y perjudicial” para el partido, agrega la comisión, que concluye que el hecho de que Lerena ni siquiera se haya preocupado en “recoger la comunicación” demuestra el “desprecio” que el dirigente tiene “por la organización partidaria y sus integrantes”. (Fuente La Diaria y El Acontecer)

 

Justicia archivó denuncia penal por defraudación tributaria contra Rodrigo Blas

"Los hechos encuadrarían de esta forma -en principio- en la figura delictiva de la defraudación tributaria, tipificada en el artículo 110 del Código Tributario, cabiendo atribuir responsabilidades a los denunciados F.A. -propietario vendedor de los padrones del fraccionamiento-, R.B (Rodrigo Blas) -titular de la inmobiliaria intermediaria en la venta de los padrones- y D.C. -empleado de la inmobiliaria e interviniente en muchas de las ventas y escrituras denunciadas", escribió el fiscal en su dictamen.

"No obstante lo señalado, la Fiscalía no formulará requisitoria, en estricta aplicación de lo establecido en la Instrucción General Nº 11 de la Fiscalía General de la Nación, por la cual se dispone -con carácter vinculante para los fiscales- que no corresponde continuar con la tramitación de los expedientes que ingresen a la Fiscalía y que se encuentren en etapa presumarial con más de un año de duración y en los que, por carecer de antecedentes judiciales el indagado o por el tipo de delito que se instruye, eventualmente recaerá procesamiento sin prisión, con excepción de los casos en los cuales existe interés público en la persecución por parte de la Fiscalía General de la Nación”, agrega Pacheco.

Al ser consultado sobre la decisión judicial, Blas afirmó que recibió la noticia con “alegría” y “tranquilidad”. “Es una historia que se termina y una nueva historia nacerá”, aseguró.

Blas aguarda el pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) respecto a la acción de nulidad por las multas y recargos que presentó contra la DGI.

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