El suicidio de Alan García para evitar su detención conmociona a Perú

Trágico final para el único expresidente peruano que aún no tenía orden detención en su contra. Alan García se ha suicidado a los 69 años disparándose en la cabeza para evitar la cárcel por corrupción al presentarse la policía en su casa para detenerlo. Trasladado con vida a un hospital de Lima, falleció tres horas después.

García presidió dos veces Perú, entre 1985 y 1990, y entre 2006 y 2011. Sus dos gobiernos no estuvieron exentos de polémica como ha sucedido con todos los exmandatarios vivos del país, que tras dejar el poder han sido perseguidos por la justicia.

Alan García regresó en noviembre pasado a Perú desde Madrid, donde había establecido su residencia, para declarar ante la fiscalía. El expresidente fue sorprendido porque la justicia le prohibió volver a abandonar el país. Creyendo que iba a ser detenido, García se refugió en la embajada de Uruguay en Lima y solicitó asilo político, denunciando persecución en su contra. Sin embargo, quince días después se vio obligado abandonar la legación diplomática cuando el gobierno uruguayo rechazó su petición.

La acusación de corrupción data de su segundo mandato, en el cual la fiscalía cree que Odebrecht pagó a García unos 6,2 millones de euros por adjudicarse la construcción de la Línea 1 del metro de Lima. Ministros y colaboradores cercanos del expresidente también están bajo sospecha.

García concedió el martes a la cadena RPP su última entrevista, donde volvió a rechazar las acusaciones de corrupción. “¡Tanto trabajo les cuesta haber tenido un presidente que no roba!”, exclamó el exmandatario. “Puedo decirles que yo para robar no nací; sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha repetido y es la manera de criminalizar a un político que les ganó dos veces a sus adversarios”, indicó. “El dinero le interesa a otra gente, a Alan García no”, reiteró. “Creo en la vida después de la muerte, creo en la historia”, añadió García. La justicia ya no podrá juzgarle, sólo la historia.

 

Reportes de operaciones sospechosas de lavado

En el año 2018 “se verificó un incremento significativo en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas” de lavado de activos, “alcanzándose la cifra de 782 reportes”, un 42% más que en 2017, según la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), divulgada ayer.

El informe remarcó que “la cantidad de reportes de operaciones sospechosas ha continuado la tendencia creciente iniciada hace varios años. Destacamos que en el año 2018 se registró un importante crecimiento en los reportes presentados por el sector financiero (de 30% para un total de 519 documentos) y especialmente en el sector no financiero (con un 74% de aumento y un total de 263)”.

Eso derivó en que “la participación de los sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas de lavado del sector no financiero pasó del 17% del total en 2017 al 33% del total en 2018. Es decir, en 2018, uno de cada tres reportes provino de entidades y profesionales tales como casinos, escribanos, contadores, rematadores, entre otros.

El sector no financiero históricamente era el talón de Aquiles de la prevención en el lavado de activos por la poca cantidad de reportes (para tener una idea, en 2014 fueron apenas 15), pero la situación ha cambiado en los últimos años. Fueron 82 reportes en 2016, 151 reportes en 2017 y 263 reportes en 2018.

Dentro del sector financiero, los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos fueron los bancos, con un total de 347 (30% más que el año previo), seguidas de lejos por las empresas de transferencias de fondos con 64 (un incremento de 104% respecto a 2017) y las empresas de servicios financieros/casas de cambio con 33 documentos (aunque en este caso un 18% menos que el año previo).

Dentro del sector no financiero la mayor parte de los reportes de operaciones sospechosas de lavado provino de los casinos, con un total de 86 (un 91% más que en 2017), seguido de los rematadores con 68 documentos (un aumento de 871% frente al año previo) y los escribanos con 51 (38% más que en 2017).

Si a los reportes se suman las ocho investigaciones de oficio de la UIAF, se llega a un total de 790 documentos en 2018, cuando dos años antes eran 480.

¿Por qué se da este crecimiento en los reportes de operaciones sospechosas de lavado, sobre todo del sector no financiero?

“Una mayor concientización de los sujetos obligados del sector no financiero y una supervisión más intensa por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft)” -que tiene más potestades de fiscalización- se “encuentran entre los factores que podrían explicar este crecimiento”, señaló el informe del BCU.

En 2018 la UIAF puso nueve casos de operaciones sospechosas de lavado en conocimiento de las autoridades judiciales. Estos casos tenían la información proporcionada en 36 reportes de operaciones sospechosas.

Además, el organismo adoptó cuatro resoluciones para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes del lavado de activos.

La promulgación de la nueva ley de Prevención de Lavado de Activos (19.574) en diciembre de 2017 y su reglamentación de noviembre de 2018, “plantean un escenario para 2019 más sólido en materia normativa, promoviendo una efectiva implementación de dicho mandato”, afirmó el Banco Central del Uruguay. (Fuente El País)

Conjunción del interés personal y el público

El exdirector de los hospitales de Salto y Bella Unión, Marcos García, fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y el público por contratar a su propia empresa de ambulancias, Siemm SRL, para realizar traslados de pacientes.

La jueza de Crimen Organizado Dolores Sánchez concluyó en una sentencia fechada el 18 de marzo que “surgen elementos de convicción suficientes” respecto a que García “incurrió en el delito previsto en el artículo 161 del Código Penal”. La defensa del médico apeló.

El caso de las ambulancias de Bella Unión había tomado estado público en setiembre de 2016 tras varios pedidos de informes del diputado nacionalista Martín Lema. La sentencia judicial repasa la historia de esta trama que salpicó la gestión de al menos dos directorios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). García fue contratado en 2009 como subdirector del Hospital de Bella Unión. En marzo de 2011 pasó a ser adjunto a la dirección, y en ese año fundó la empresa de traslados junto a los médicos Federico Eguren, director del hospital en ese entonces, y Rodrigo Barcelona, pediatra en el mismo centro.

 García asumió la dirección del hospital fronterizo en 2012. Según la sentencia, “en su calidad de director y como ordenador de gastos, y más allá de quién conformaba las facturas expedidas por Siemm, contrató en 2012 y el primer semestre de 2013 directamente a los servicios de traslado de pacientes del hospital de Bella Unión, a una empresa de la cual era dueño y fundador”. Además, el 2 de julio de 2013 efectuó un llamado a licitación abreviada para traslados del hospital, “a sabiendas que la única empresa interesada en comparecer al llamado era precisamente Siemm, pues era la que venía siendo contratada”. Y se asegura en la sentencia que García tuvo intervención en las principales etapas del proceso licitatorio: llamó a licitación y firmó la resolución adjudicataria y luego la ampliación de gastos. Todo esto contraviene el artículo 72 del Tocaf ( Texto Ordenado de Contabilidad Financiera). La jueza aclara que si bien en esa fecha García hacía cedido sus cuotas a los otros dos socios, el trámite de cesión aún no había concluido, pues recién el 4 de julio se publicó en el Diario Oficial.

La cesión de cuotas de García a favor de los otros socios en el mes previo a la licitación —firmada por él mismo— “indica sin dudas y sin que ello implique meras especulaciones, pues es valorado bajo el criterio de razonabilidad, que su finalidad era desvincularse en las formas a la empresa a la cual siguió vinculado. No solo porque continuó haciendo guardias médicas, sino porque su reinserción como socio luego de renunciar a la dirección no hace más que fortalecer dicha conclusión”, dice la sentencia. García volvió a la empresa Siemm en el 2015, mientras era director del Hospital de Salto. Eguren y Barcelona estaba a cargo en ese momento del Centro Hospitalario Pereira Rossell, en Montevideo. 

La jueza Sánchez se afirma en el hecho de que García no ofreció ante la Justicia razones valederas para desvincularse de Siemm. La sentencia dice que García argumentó que cedió sus acciones en la empresa “por problemas de salud”, “porque nació un hijo”, ”porque se mudó a Salto”. “Pero nada de eso varió al momento de reingresar a Siemm, cuando ya no se encontraba al frente del hospital”. “Siemm seguía prestando servicios en Bella Unión, su enfermedad seguía en tratamiento y sus obligaciones familiares no cambiaron. Lo único que varió es que ya no era director del hospital”. Por lo tanto, “su excusa cae”, afirma la resolución judicial. (Fuente: Búsqueda)

Expresidente de Brasil, Michel Temer en libertad pero con bienes congelados

El expresidente de Brasil Michel Temer, de 78 años, en prisión preventiva por su supuesta implicación en el caso Lava Jato, ha quedado en libertad provisional por orden de un juez federal. Además, el Banco Central ha congelado 1.8 millones de euros del exmandatario, que está acusado de liderar una organización criminal que supuestamente recibió sobornos durante 40 años a cambio de facilitar contratos públicos. El juez que le investiga ha pedido que se le congelen más de 14.2 millones de euros. El arresto de Temer se produjo tres meses después de dar el relevo a su sucesor, Jair Bolsonaro, y perder la inmunidad. La megatrama por la que Temer ha estado cuatro días recluido en instalaciones policiales en Río de Janeiro ya hundió a Lula da Silva, encarcelado desde hace casi un año.

El magistrado Antonio Ivan Athié, del tribunal de apelaciones de Río de Janeiro (conocido en Brasil como TRF-2), ha decidido ordenar la excarcelación de Temer pese a que él mismo había convocado para el miércoles la vista para analizar la petición de hábeas corpus presentada por los abogados del exmandatario. El magistrado también ha ordenado la excarcelación del exministro Wellington Moreira Franco y a los otros seis sospechosos detenidos con ellos.

Athié afirma en su escrito que pese a los indicios existentes contra el presidente que sucedió a la destituida Dilma Rousseff, su permanencia en prisión preventiva no tiene justificación legal. "Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, porque además de tratarse de [indicios] antiguos, no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, [o] que estarían ocultando pruebas u obstaculizando" un eventual proceso criminal, explica en su auto Athié.

El juez ha incluido en su auto un mensaje a los jueces y fiscales que investigan desde hace un lustro el megaescándalo: "No estoy contra la llamada [operación] Lava Jato, al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción que lo azota. Pero, sin respetar las garantías constitucionales, aseguradas para todos, (...) con violación de reglas, no hay legitimidad en el combate a esa plaga", añade el texto.

El juez Marcelo Bretas que ordenó el pasado jueves la detención del expresidente acusa a Temer de encabezar "una organización criminal" que desvió unos 1.800 millones de reales (450 millones de euros) destinados a la construcción de la central nuclear Angra 3, en Río de Janeiro. Según el auto, infló presupuestos de obras, blanqueó dinero e incluso tenía un departamento para obstaculizar las pesquisas. El diario Folha de S. Paulo, por ejemplo, cargó este fin de semana en un editorial contra la decisión del magistrado porque "parece repetir las prácticas más cuestionables de la operación [Lava Jato] como usar la prisión preventiva para anticipar sentencias o eventualmente forzar la colaboración premiada [con los investigadores]".(Fuente: El País)

 

 

 

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