Declaracion sobre el fallo de jueza Dolores Sánchez

Montevideo, 1 de octubre de 2019

Ante fallo de la jueza Dolores Sánchez: es un grave retroceso

La Comisión Uruguaya de Lucha Contra la Corrupción – Uruguay Transparente expresa su preocupación por la decisión de la jueza Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 42 Turno, Dolores Sánchez, de amparar el derecho de respuesta reclamado por el asesor en seguridad del partido Cabildo Abierto Antonio Romanelli y obligar a tres medios de comunicación a publicar una carta del ex-militar.

Romanelli accionó contra el diario La República, Montevideo Portal y Radio Uruguay porque publicaron una carta de ex presos en la que lo acusaron de ser responsable de la aplicación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979.

El asesor en seguridad de Cabildo Abierto quiere que se publique una carta, sin comentario alguno, en la que rechaza las acusaciones y asegura que las requisas que se hacían a los reclusos durante la dictadura se realizaban “con respeto”. En la misiva Romanelli escribió que la conducta de los funcionarios del Penal de Libertad era “firme” pero “rígida”.

El texto añade que quienes se encontraban presos en el Penal de Libertad a finales de los años 70 eran personas condenadas "por realizar actos ilícitos" y que el hecho de estar privados de libertad puede haber dañado su "capacidad de percepción y juzgamiento".

Uruguay Transparente rechaza la decisión de la jueza Sánchez en el entendido de que comporta un grave retroceso en materia de libertad de expresión, máxime cuando dos de los tres medios demandados ofrecieron en su oportunidad realizar una entrevista a Romanelli, quien se negó ya que consideró que no debe haber “debate”.

Uruguay Transparente entiende que el accionar judicial de Romanelli, con el apoyo de un partido político implica, además, una presión indebida sobre la prensa y los periodistas, con el objetivo de amedrentar a todo el sistema informativo.

Uruguay Transparente respalda la decisión de los tres medios de comunicación de apelar la decisión y aguarda que el Tribunal de Apelaciones ponga las cosas en su lugar y revoque la decisión de la magistrada.

Por la Directiva de Uruguay Transparente

Pedro Cribari

 

 

Aprobada ley sobre declaraciones juradas; para la Jutep es insuficiente

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. El proyecto establece que la Jutep publicará en su web una síntesis de las declaraciones juradas del presidente, el vice, los legisladores, los ministros de Estado, de la Suprema Corte, los intendentes y los directores de entes autónomos.

Además, le da la posibilidad a la Jutep de abrir un porcentaje de las declaraciones juradas reservadas según una evaluación de riesgo.

Si bien el proyecto avanza en la publicación de resúmenes de las declaraciones juradas de altos cargos, no establece la posibilidad de que la Jutep solicite el levantamiento del secreto bancario. Esto hace que las declaraciones juradas puedan ser analizadas, pero no se pueda investigar su contenido.

Para el presidente de la Jutep Ricardo Gil, “el sistema político aprueba normas para aparentar transparencia”.

En declaraciones al programa No Toquen Nada abundó en los cuestionamientos a lo aprobado: “Acá la opción es si queremos hacer un organismo testimonial, maquillándolo, o queremos que sirva. Este Directorio quiere que sirva. Tenemos que decir que estos proyectos 'sí, pero no'. Avanzan algunas cosas, sí. En lo fundamental que es detectar el enriquecimiento ilícito, el proyecto de declaraciones juradas uruguayo no avanza casi nada. La apertura sin posibilidad de llegar a analizar el contenido, es formal”, afirmó.

El presidente de la JUTEP señaló que “las declaraciones tienen una parte reservada y una que la Jutep va a poder ver. Es un resumen de tus ingresos en el último año y de tu patrimonio. Valores totales, digamos. Eso sirve pero poco porque se puede detectar que Ricardo Gil hace un año tenia mil y ahora un millón. Llama la atención pero si Ricardo Gil es un corrupto no va a saltar tan fácil si no puedo entrar a rascar y ver lo que tiene. Este proyecto no me permite rascar”, criticó.

Confusa situación de Robert Silva

Mientras ocupó un cargo de primera línea en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el hoy candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, Robert Silva, trabajó en una empresa constructora que prestaba servicios en los sectores bajo supervisión del organismo, lo que para algunos expertos estaba prohibido por el Código de Ética que regía sus tareas.

Es que el código vigente desde el 2003 para los funcionarios de la Ursea establece como un conflicto ético mantener relaciones laborales con empresas cuyos intereses pudieran verse “afectados por las decisiones” del regulador.

Silva entró a trabajar en la Ursea por concurso en 2004. A su vez, fue gerente de Recursos Humanos para Teyma S.A., filial uruguaya de Abengoa, en dos ocasiones: entre setiembre del 2005 y noviembre del 2007, época en la que también fue “asesor jurídico interno”, y después entre mayo del 2010 y diciembre del 2011. Al menos en el primer período Teyma trabajó para compañías que proveían servicios controlados por la Ursea y cuyos resultados eran objeto de su análisis, según documentos analizados por Búsqueda.

De acuerdo con la normativa, la Ursea regula y controla, entre otras cosas, la “generación, transmisión y distribución” de la energía eléctrica; “el transporte, almacenamiento y distribución de gas por redes”; “la producción, tratamiento, almacenamiento y distribución a través de redes” de agua potable; y, en el área de saneamiento, la “recolección de aguas servidas a través de redes, la evacuación y tratamiento”.

En el reporte anual del 2006, Abengoa detalla que ese años su filial uruguaya trabajó para la OSE en la “ampliación y rehabilitación de la Planta de Potabilización de Aguas Corrientes”, en el “proyecto ejecutivo” y la construcción de una planta de líquidos residuales en Melo, Cerro Largo, y otra en la ciudad de Canelones. Fue contratada por la Intendencia de Montevideo para la rehabilitación de la red de saneamiento Arteaga y para el “suministro e instalación en modalidad llave en mano” de un “sistema de trasiego” desde la planta de La Tablada. El reporte destaca la obtención de dos contratos para trabajos en la red de distribución eléctrica de UTE.

El documento de Abengoa menciona también como uno de los proyectos de su filial uruguaya en 2006 la “instalación de cañerías de polietileno, apoyo operativo y trabajos conexos en la ciudad de Montevideo para Gaseba”, adjudicataria del servicio de distribución de gas en la capital y su zona metropolitana.

En 2005 y 2006, mientras Teyma trabajaba para Gaseba en la instalación y mejora de su cañería en Montevideo, la Ursea adoptó varias resoluciones referidas a esa empresa de gas y su red de distribución que llevaban la firma de la entonces presidenta, Christina Vázquez, de la directora Esther Yáñez y de Silva como secretario general.

Algunas resoluciones respondían a un problema detectado por la Gerencia de Fiscalización de la Ursea en el sistema de distribución de Gaseba debido a “fugas de gas extendidas por toda la red, en especial en los tramos de hierro fundido”.

La dependencia laboral de Silva con Teyma, cuando era secretario general de la Ursea y mientras el organismo tomaba decisiones sobre empresas que contrataban a la constructora, violaba el Código de Ética del organismo, según dos expertos consultados por Búsqueda que pidieron mantener su nombre en reserva.  

En 2003 el Poder Ejecutivo firmó un decreto en el que aprobó el Código de Ética del Regulador que rige a todos los trabajadores de la Ursea.

El código establece que un funcionario recibe beneficios indebidos al “solicitar o aceptar, en forma directa o indirecta, dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas para sí o para terceros”. Los incisos D y E del artículo 28 indican que “se presume que se trata de un beneficio indebido cuando” proviene de una persona que “tiene interés en una decisión del regulador” o que “en general, tiene intereses que pueden verse afectados por las decisiones o gestión del regulador”.

El artículo 32 del código detalla que el funcionario no debe “mantener vínculos de los que puedan derivar beneficios, derechos u obligaciones en relación con personas que se encuentren en los supuestos a que refiere el artículo 28”.

Consultado al respecto, Silva no quiso hacer declaraciones.

La duda

La posibilidad de que Silva hubiese incurrido en algún conflicto de interés durante su trabajo en la Ursea surgió entre dirigentes del Frente Amplio después de que el 19 de agosto el candidato a vicepresidente hablara del tema en No Toquen Nada, de FM DelSol.

En la entrevista, el conductor le preguntó si había un “problema de conflicto de interés por estar en una reguladora que tiene que ver con la energía y por trabajar para una empresa que tiene un fuerte perfil energético”. Silva respondió que no porque Teyma empezó a operar como productora de energía recién en 2014, cuando él ya trabajaba en el Parlamento.

Dirigentes del oficialismo elaboraron una carpeta con información sobre Silva, en el entendido de que su conducta violó el decreto 30/003 que fija las normas de la función pública.

El 30 de agosto El Observador publicó un artículo en el que informó que Silva había trabajado al mismo tiempo en Teyma y en la Ursea, y que eso era cuestionado por dirigentes del Frente Amplio. Y lanzó la pregunta: “¿Hay incompatibilidad?”.

Los oficialistas cargaron contra el colorado casi de inmediato. Ayer miércoles el senador Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular) elevó un pedido de informes a la Ursea en el que consultó, entre otras cosas, si su directorio había dispuesto una investigación administrativa para “aclarar las presuntas irregularidades que involucran” a Silva.

Los dirigentes colorados defendieron a su candidato a vicepresidente y argumentaron que se trata de una campaña sucia del oficialismo. (Fuente: Búsqueda)

 

SA´s dadas de baja

Unas 85.000 sociedades anónimas fueron dadas de baja por incumplir con la obligación de informar sus accionistas y beneficiarios finales. “Estaban creadas no se sabe para qué. Esas 85.000 sociedades eran la dimensión del problema que teníamos”, dijo el martes 3 el titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, en un taller de capacitación dirigido a corredores de seguros realizado en el Banco Central (BCU).

El jerarca defendió la normativa vigente para quitar el “velo” a las sociedades “que se crean pero no tienen vida real sino que son como una pantalla” para esconder actividades ilícitas.

La ley integral contra el lavado de activos (19.574), aprobada a fines de 2017 al igual que su decreto reglamentario, entró en vigor en enero del 2018. Entre otras cuestiones, incorporó a las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, casinos, inmobiliarias, rematadores, así como personas físicas o jurídicas que intervengan en la compraventa de ciertos bienes, como sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas. Hasta ese momento tal exigencia recaía básicamente sobre el sector financiero. Esta ley fue aprobada en vísperas de la misión del Gafilat (Grupo de Acción Financiera para América Latina) que en el primer semestre de 2019 inspeccionó las prácticas antilavado en Uruguay.

“Los países tienen que combatir el lavado de activos por una cuestión de supervivencia. Sobre todo, en países chicos como Uruguay, donde si no se da combate puede llegar a complicar incluso la gobernabilidad”, afirmó Espinosa en el evento organizado por el Banco de Seguros y la gremial de aseguradoras privadas. También mencionó los problemas de inserción internacional que podría acarrear no cooperar en la materia.

En los primeros siete meses de 2019 se presentaron 430 reportes de todos los sectores, informó Néstor López, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU. En todo 2018 fueron 782; si se mantiene el ritmo actual, este año habría una disminución cercana a 6%.

En el taller, López señaló que, si bien la intermediación de seguros es un mercado de “relativamente bajo riesgo” frente al lavado de activos, los reportes realizados por aseguradoras entre enero-julio fueron una decena (el doble que en 2018). Pero, dijo, “puede que existan más inusualidades” a reportar de las que se están recibiendo actualmente.

Abogó porque los corredores y agentes —que son la “fuerza de venta” y están directamente en contacto con el cliente— sean más “perceptivos” y activos en detectar casos sospechosos. (Fuente Búsqueda)

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