UT Y EL CASO DE LA JUNTA DE MALDONADO

DECLARACIÓN DE URUGUAY TRANSPARENTE

CASO: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

APROPIACION PRIVADA DE DINEROS PÚBLICOS

Uruguay Transparente (UT) recepcionó una denuncia ciudadana sobre una presunta irregularidad en una resolución de la Junta Departamental de Maldonado, al asignar una partida mensual de dinero a los sectores políticos sin rendición de cuentas. En ese sentido, UT analizó el fundamento desarrollado por los ediles que aprobaron esa medida, el pronunciamiento sobre el tema de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la respuesta de la Corte Electoral al denunciante y las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas a esa decisión.

A partir del análisis de los distintos documentos, Uruguay Transparente  entiende necesario comunicar a las autoridades y a la opinión pública su categórico rechazo a la resolución aprobada por la Junta Departamental de Maldonado en julio de 2015, dado que viola en forma flagrante la normativa específica sobre el financiamiento de los partidos políticos que contempla de modo exclusivo el pago de una partida anual por voto obtenido. Esta resolución, además desconoce el carácter honorario de la función de los ediles. UT entiende que esta resolución se aparta de los principios básicos de la transparencia y la ética pública.

La extemporánea y abusiva resolución de la Junta de Maldonado, sea el beneficiario final el sector político o sean los propios ediles incurre en lo que establece la ley Anticorrupción (Nº 17.060) cuando define corrupción como “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado.” Cabe aclarar que la citada partida representó desde su puesta en práctica en julio de 2015, una erogación de dinero de más de un millón de dólares.

La resolución, aprobada por la unanimidad de ediles presentes en la sesión (29 en 29), adquiere mayor gravedad institucional porque habiendo sido advertidas las máximas autoridades nacionales partidarias, no ha habido por parte de éstas otra reacción que la del silencio e indiferencia, en claro respaldo de hecho sobre lo actuado por sus representantes departamentales, y preservando así este privilegio.

Uruguay Transparente reclama la inmediata derogación de esa resolución que supone un severo revés al ordenamiento jurídico-institucional y a la transparencia en la gestión de los dineros públicos.

Montevideo, 6 de noviembre de 2018.

Las sociedades offshore y los funcionarios públicos

La prohibición de que un funcionario público uruguayo tenga relación con una sociedad offshore está vigente y es actualmente exigible, más allá de que no exista reglamentación. 
Así se pronunció en el Parlamento el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, a propósito de la polémica en que decidió ingresar el Poder Ejecutivo al postergar la reglamentación del artículo 9 de la ley de Lavado de Activos. 
Allí se indica que los funcionarios estatales, de particular confianza o personas políticamente expuestas quedarán impedidos de participar en “sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación mientras se desempeñen en su cargo”.
El tema cobró notoriedad luego que se informara que Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, poseía cientos de miles de dólares en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, al tiempo que mantenía una deuda millonaria con el Banco República.
También en lo referido a Javier Vázquez, uno de los hijos del presidente de la Republica, señalado por poseer una offshore en Panamá. 
Para Gil Iribarne, en la ley está muy bien definida cuál es la obligación y quiénes son los sujetos obligados. Por lo tanto, no se requiere reglamentación para que sea exigible.
De todas formas, la preocupación del presidente de la Jutep gira en torno a que no está claro quién deberá controlar esa obligación o qué sanción estará prevista por eventuales incumplimientos. 
Ante los integrantes de la Comisión Especial sobre Lavado de Activos de Diputados, Gil Iribarne planteó otras interrogantes que deja la ausencia de reglamentación. 
Por ejemplo, cuál es el organismo que deberá recabar las declaraciones de los eventuales involucrados. En su opinión, debería ser un solo ámbito el que centralice la tarea. 
Para Gil Iribarne, la carencia de respuestas ante esas preguntas opera en forma negativa. 
“Se viola algo, pero no está claro quién castiga ni cuál es el castigo”, expresó. 
A la Jutep le preocupa que el artículo 9 se haya desglosado de la reglamentación de la ley. “Eso implica que la norma está vigente, pero si alguien la incumple no sabemos qué pasa”, señaló. 
Según Gil Iribarne, la Jutep tomó conocimiento del caso de Brechner a través de la prensa. 
“Lo que hicimos fue preguntarle a él. Le dijimos: "Señor: ¿usted tiene relación con alguna offshore? Y la respuesta fue: "No". Por tanto, para nosotros el tema se cerró; ese punto vinculado al artículo 9º se cerró, porque nos contestó que no tenía relación, y nosotros no tenemos por qué dudar de su palabra ni tenemos potestades para investigar. Para mí quedó claro”, señaló. 
Lo que sí hizo la Junta fue sugerirle al Banco República que era inconveniente que Brechner, en calidad de deudor de la institución, la representara ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. 
El Banco, dijo, discrepó con la sugerencia pero afirmó estar dispuesto a cumplir y Brechner renunció. 
Matilde Rodríguez, otra integrante del Directorio de la Junta, aclaró que el dictamen referido al presidente del Plan Ceibal estuvo vinculado a su alto endeudamiento y no tuvo nada que ver con la posesión de sociedades offshore. 

Otros nombres 

El planteo de Gil Iribarne dio lugar a que el diputado Alfredo Asti ( Asamblea Uruguay) recordara qué hay otros funcionarios públicos, además de Brechner, sospechados de poseer sociedades en paraísos fiscales. 
Mencionó en ese sentido lo informado por Búsqueda en abril de 2016, en cuanto a que determinados dirigentes de la oposición aparecían vinculados a paraísos fiscales. 
También que otros explotaban en forma irregular tierras estatales en calidad de colonos. 
“Como no se tiene la misma virulencia que con el nombre que se acaba de mencionar, parecería estar fuera del interés de los demás legisladores”, expresó. 
El planteo de Asti generó la reacción de su colega Omar Lafluf (Por la Patria). “Gente de nuestro Partido Nacional dijo que lo vamos a votar con las dos manos”, señaló en referencia al artículo 9. 
Pese que Asti evitó mencionar nombres, Lafluf sí lo hizo: el senador nacionalista Álvaro Delgado. (Publicado en Ecos)

Uruguay Transparente en Chile

Desde este miércoles se desarrollará en Santiago de Chile la Primera Conferencia y Taller sobre Transparencia, Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana, con la participación de Uruguay Transparente (UT). En efecto, el presidente de UT, Pedro Cribari, presentará el informe Avances y Desafíos para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en Uruguay.

El politólogo uruguayo, Rafael Piñeiro, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en tanto, participara en su rol de experto en el tema de financiamiento de las campañas y los partidos políticos.

En el encuentro participan también, expertos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, además de los anfitriones.

Juan Pablo Lira, director de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), uno de los organizadores del encuentro, destacó en declaraciones a la agencia EFE que Chile se encuentra interesado en "conocer a fondo" la experiencia uruguaya en un amplio abanico de temas entre ellos los referidos los problemas sociales que afectan a los dos países.

 

Suspenden a El Salvador de grupo de inteligencia contra delitos financieros

El Grupo Egmont, que aglutina a las Unidades de Investigación Financiera (UIF) de más de 150 países, anunció en un comunicado la suspensión de El Salvador como uno de sus miembros. La medida se había anticipado, luego que el presidente Salvador Sánchez Cerén vetara en agosto pasado la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, para darle autonomía a su UIF.

De acuerdo al comunicado, la suspensión de El Salvador se debe a una continua falta de compromiso por parte de ese país con los principios del grupo Egmont en lo referente a la independencia operacional y la autonomía.

“La UIF de El Salvador está excluida de todos los eventos y actividades del grupo Egmont”, recalca la entidad en un comunicado emanado de la vigesimoquinta plenaria general del grupo Egmont, celebrada en Australia a finales de setiembre.

El liderazgo del grupo reconoció los esfuerzos que se buscan hacer desde la Asamblea Legislativa para levantar el veto presidencial, pero concluyeron que la independencia operacional de la UIF no puede ser asegurada.

Durante la plenaria del grupo Egmont, se readmitió a Nigeria a la entidad, luego de ser suspendida en 2017 por motivos similares a los que motivan la suspensión salvadoreña.

Por tal razón, no se descarta que de tomarse medidas similares, se podría levantar la suspensión en la próxima plenaria del grupo Egmont, al celebrarse el próximo año en los Países Bajos.

El pasado 20 de julio se aprobó la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que se lee de esta forma: “La Unidad de Investigación Financiera (UIF), es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

En dicha plenaria, el FMLN no acompañó con sus votos la reforma, bajo el argumento de que era inconstitucional. “El artículo 173 habla del fiscal general de la República y sus atribuciones; le atribuye personalmente a él la investigación  del delito. Podemos estar en cierta medida tocando la constitución y las atribuciones del fiscal. Hay una situación  de soberanía que debemos revisar, al darle esta autonomía a la UIF”, dijo en aquel momento el diputado efemelenista, Javier Valdez.

Ese fue el mismo argumento que usó el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando un mes más tarde, devolvió el decreto con su veto, por supuestamente contravenir los artículos 86 y 193 de la Constitución, fundamentando que esta reforma le resta atribuciones exclusivas del Fiscal General de la República.

Esto propició que la Fiscalía reaccionara de manera inmediata y calificara la decisión del presidente como “un beneficio para los lavadores de dinero a nivel nacional e internacional” y que pone al país en un riesgo reputacional, al enfrentar la expulsión del grupo Egmond, el cual aglutina a la gran mayoría de las UIF del mundo.

Respecto a la inconstitucionalidad que alegan tanto el FMLN como el gobierno, el Ministerio Público rechazó tal argumento, en vista que el Fiscal General es quien mantiene la dirección funcional de la investigación del delito.

Mediante un comunicado, la Fiscalía recordó que fue la divulgación de un documento confidencial por parte del expresidente Mauricio Funes, lo que llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional, el cual se ventila en el grupo Egmont desde el año 2014.

Además de la suspensión de este grupo, la Fiscalía dijo que la no aprobación de esta reforma le acarrearía al país la no deseada etiqueta de “paraíso fiscal” y a ser incluido en una lista oscura que maneja el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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