Edil de Maldonado, Rodrigo Blas, multado por la DGI por evasión

Según informó el semanario Brecha, la Dirección de Rentas confirmó que el edil nacionalista Rodrigo Blas usó su inmobiliaria para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de unos terrenos de la empresa Javipark SA, de la que él mismo es apoderado.

En la resolución se declara a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de 57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares).

La DGI estableció que JaviPark SA utilizó la inmobiliaria Blás para vender inmuebles a un precio verdadero pactado entre las partes, pero a la hora de realizar la escritura de compraventa se la ingresaba por un precio menor. “De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la resolución a la que accedió Brecha.

Además, se le ofrecía al comprador un beneficio a cambio de mantener la confidencialidad sobre el contenido de las negociaciones y “desmentirlas” ante la Dgi en caso de ser citado.

Para la investigación, fueron determinantes una serie de cuadernolas incautadas en la sede fernandina de la inmobiliaria donde estaban registrados los precios declarados y los verdaderamente cobrados.

Las maniobras se realizaron entre 2011 y 2014, periodo en el que Blás era edil por la lista 23. Blás además, tuvo una participación activa en la campaña electoral de Luis Lacalle Pou y su caudal electoral fue determinante en el triunfo del intendente de Maldonado, Enrique Antía.

Blás negó la existencia de las maniobras mencionadas. Para el edil nacionalista, la DGI “está intentando imponer la multa” por algo que no hizo.

Según explicó a Telenoche la abogada del edil, Susana Sotto,JaviPark SA hizo el pago de todos los impuestos y el acto administrativo ya fue recurrido por todas las partes, para revocar la multa. Sotto aseguró que no se diligenciaron las pruebas y que no llamaron a los implicados a comparecer y dar su versión de los hechos.

Además de Blás, hay otros cinco implicados en la causa. La DGI entiende que tres escribanos que trabajan para Blás (uno de ellos es José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y otras dos funcionarias), tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento”, por lo que se les aplicó una multas de entre 5.000.000 y 24.700.000 pesos, según informó Brecha.

Igualmente, los profesionales negaron estar vinculados a la empresa Javipark SA y por ello nose les puede imputar defraudación.

Además, está involucrado el edil herrerista Darwin Correa, a cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades fue “indispensable” para cometer el fraude. Algo similar ocurrió con la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con una multa de 14.389.110 pesos.

De acuerdo con Brecha, todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas desde setiembre de 2014 y fueron denunciados por la DGI en la Justicia Penal especializada en crimen organizado.

¿Dónde se esconde el dinero del delito en América Latina?

Roberto de Michele es abogado de la Universidad de Buenos Aires y LL.M de la Yale Law School. Actualmente se desempeña como Especialista Principal la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID. Fue Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de Argentina; Gerente del Programa Iniciativa Privada para el Control de la Corrupción de la Fundación Poder Ciudadano; y trabajó como consultor del Banco Mundial, del BID, de las Naciones Unidas y de la OCDE, entre otros organismos. Es miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Entre otras publicaciones, es autor del libro Los Códigos de Ética en las Empresas y uno de los coautores del Anti-Corruption Toolkit del Programa Global contra la Corrupción de las Naciones Unidas. El presente articulo fue publicado en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo.

La cantidad de dinero proveniente del delito y la corrupción que se lava en sociedades fantasma se sitúa entre 2 y el 5% del PIB mundial cada año. Eso son aproximadamente entre 800 billones y 2 trillones de dólares o, lo que es lo mismo, el equivalente al PIB de Brasil. El crimen internacional no tiene bandera pero mueve más dinero que muchas economías soberanas.

El dinero del delito distorsiona nuestras economías y nuestras sociedades a muchos niveles. Para los gobiernos, es una cuestión que abarca desde la transparencia fiscal y financiera a la prevención de que se utilicen vehículos corporativos para todo tipo de delitos. Para el sector privado que exige legalidad, es muy complejo identificar sus competidores son criminales que utilizan empresas para lavar activos de actividades ilegales. Como dicen los estudios de Carlo Gambetta sobre la mafia como organización criminal empresarial, a la larga no puedes competir con alguien que no necesita un crédito para financiarse.

¿Quién se está beneficiando del dinero del delito?
En los últimos meses, se han aprobado en nuestra región dos declaraciones importantes en materia de transparencia e integridad. El primero es el documento Acción para el Crecimiento adoptado por el Diálogo Empresarial de las Américas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Lima. Casi al mismo tiempo y en la puerta de al lado, la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos aprobaba una declaración para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

Hay un tema en especial que contienen estos documentos: el de beneficiarios finales —o sea, las personas físicas o naturales que verdaderamente controlan una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación… —. En los casos de crímenes financieros, el beneficiario final es la persona que se esconde detrás de sociedades y estructuras pantalla en donde se “legaliza” el dinero proveniente de actividades ilícitas. Regular la información sobre los beneficiarios finales es una medida fundamental para incrementar los costos de ocultar el dinero del crimen.

La importancia del compromiso público y privado
La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los beneficiarios finales es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Los estándares más aceptados, los del Grupo de Acción Financiera y los de la OCDE de transparencia fiscal, requieren que los países establezcan criterios para definir adecuadamente a los beneficiarios finales y mecanismos para que las entidades responsables puedan acceder a esta información debidamente.

Justamente, ése es la decisión que tomaron los representantes del sector privado y de los gobiernos presentes en las cumbres de Lima. Por el lado político, los países suscriptores del Compromiso de Lima reconocieron la necesidad de implementar políticas para la identificación de los beneficiaros finales (ver recomendación 43). En el caso del Dialogo Empresarial, la recomendación del sector privado fue la necesidad de establecer políticas y mecanismos para identificar los beneficiarios finales (ver recomendaciones 13 y 28). Los registros de beneficiarios finales ya existen en muchos países de manera pública y gratuita, como en el Reino Unido, Dinamarca o Ucrania. Desde hace varios años, el G-8, el G-20 y el B-20 vienen abogando por la transparencia de los beneficiarios finales. Pero que en América Latina empiece a haber un fuerte compromiso público y privado en torno al tema no es como para pasar desapercibido.

Radiografía de América Latina: De acuerdo en el desacuerdo
En América Latina y el Caribe, la regulación en la materia de identificación de beneficiarios finales es muy dispar. Aunque la mayoría de los países tiene alguna norma al respecto, las definiciones legales varían mucho de país a país y no siempre cumplen con los estándares internacionales. En general, se puede afirmar que todos los países tienen espacios para mejorar su normativa y su cumplimiento.

El BID ha contribuido a este proceso ofreciendo aportes técnicos a la Cumbre de las Américas en este y otros temas de transparencia, así como al dialogo empresarial. Asimismo, hemos publicado un estudio donde analizamos concretamente qué puede hacer cada país de la región para fortalecer la identificación de beneficiarios finales. Este documento explica el concepto de beneficiario final, describe los estándares en la materia que deben seguir los países, y detalla las calificaciones relativas a las leyes y regulaciones que recibieron los 26 países prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo en las evaluaciones del GAFI y del Foro Global. Además, se analizan las definiciones de beneficiario final que están en uso en los 26 países e identificamos cuanto se diferencian de los estándares internacionales.

Que empresarios y gobiernos, casi simultáneamente, se comprometan a trabajar para lograr una reforma que involucra a ambos sectores no es sólo indicativo de cómo de urgente es la medida, sino que es la única esperanza de que una reforma así llegue a buen puerto. La experiencia nos ha enseñado que las reformas de transparencia requieren siempre de un acuerdo político para definir cuáles son las reglas de juego, y de un compromiso privado de jugar conforme a esas normas.

En la lucha contra el delito, la transparencia mete a todos en el baile.

 

El guión para el lavado de dinero

Un muy interanste trabajo elaborado por Sergio Antequera para Lavadodedinero.com revela como en el mundo del lavado de dinero ciertos patrones se ven repetidos varias veces si los esquemas son analizados, o por lo menos así afirma el reporte del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) llamado “Lavado de Dinero Profesional”, el cual expone las etapas a seguir por los criminales financieros de mayor experiencia.

El reporte, emitido en julio de este mismo año, repasa como los Lavadores de Dinero Profesionales (LDP) siguen un “guión” de tres etapas en su proceso ilícito, enmarcadas por los momentos clave que definen el blanqueo de dinero:

Etapa I - Los fondos delictivos se transfieren a, o son recaudados por, el LDP

“La forma precisa de introducción de los fondos en el esquema de blanqueo varía dependiendo de los tipos de delitos y la forma en que se generó el producto del delito (por ejemplo, efectivo, fondos bancarios, moneda virtual, etc.)”, explica el documento. El dinero sucio en efectivo normalmente es llevado a un colector, el cual tiene como fin depositarlo en una cuenta bancaria. Asimismo, es común que lo delincuentes utilicen negocios que muevan altos montos en efectivo o casinos para introducirlos en el sistema financiero.

Por otro lado, el dinero sucio recibido en cuentas bancarias (normalmente proveniente de actos ilícitos como la estafa y el fraude fiscal) suele ser transferido por entidades ficticias de los clientes a las cuentas controladas por los LDPs. Por otra parte, las ganancias ilegales obtenidas en monedas virtuales deben ser manejas a través de plataformas y carteras en línea, las cuales pueden ser administradas por los LDPs.

Etapa II - La Estratificación realizada por individuos o redes

Una vez el LDP tenga disposición de los fondos, inicia la etapa de estratificación. En general, el paso consiste en el movimiento de dinero por diferentes cuentas o puntos, los cuales permiten crear una serie de “capas” detrás de los fondos, con el fin de hacer el rastreo de las transacciones más difícil y difuminar el origen ilícito. “La etapa de estratificación es administrada por individuos responsables de la coordinación de las transacciones financieras”, agrega el documento.

Como en la etapa anterior, la estratificación del dinero sucio depende de cómo fue obtenido y en que “estado” se encuentra. Con el dinero en efectivo, “los mecanismos son comúnmente lavado basado en el comercio, comercio ficticio, liquidación de cuentas y banca clandestina”, señala el reporte.

Por su parte, el dinero sucio en cuentas bancarias es movido por los LDPs a través de complejos sistemas de transacciones a otras cuentas de compañías falsas, tanto dentro como fuera del país, incluso mezclando los fondos de diferentes clientes. De manera similar, el dinero virtual es transferido entre distintas carteras virtuales permitiendo a los lavadores crear una estructura de total opacidad en relación a los fondos. Además, existen servicios en línea destinados a lavar monedas virtuales llamados “mixers” (mezcladores), los cuales unen fondos de diferentes orígenes en una “piscina” común, diluyendo el rastro de origen.

Etapa III - Los fondos se devuelven a los clientes para su inversión o adquisición de activos

En esta última etapa, los LDP completan el proceso de lavado transfiriendo los fondos a las cuentas de sus clientes (o las de sus asociados, terceros relacionados, etc.). “El LDP puede invertir las ganancias ilícitas en nombre de estos clientes en bienes raíces, productos de lujo y negocios en el exterior”, apunta el informe, incluyendo también la posibilidad de que el dinero puede ser gastado en bienes que son transportados a otros países o, de ser el caso, el país de origen de los fondos.

Compras del Estado: retiran polémico artículo

El Frente Amplio quitó del proyecto de Rendición de Cuentas un artículo propuesto por el Poder Ejecutivo para acotar el número de funcionarios impedidos a contratar con el Estado por conflicto de intereses, aunque dejó abierta la puerta para que el Senado pueda presentar una redacción alternativa.
En el proyecto original enviado por el gobierno el 30 de junio se incluía una modificación al artículo 46° del Tocaf, que en su redacción actual establece entre los impedimentos para contratar con el Estado el "ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma".
El artículo 18 del texto remitido al Parlamento cambiaba el impedimento a "ser funcionario público del órgano competente para contratar y gastar", pero la bancada oficialista eligió no votarlo al entender que la redacción no era "la mejor".
Sobre esta propuesta ya se había expresado Uruguay Transparente.

ESCRÍBENOS