Inversores denuncian estafa

A partir de la denuncia de un grupo de inversores por estafa y apropiación indebida a la corredora Sara Goldring de Cukier por pérdidas millonarias, el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió "intervenir" y "suspender preventivamente" la actividad de la empresa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. debido a importantes pérdidas sufridas por algunos clientes sin que se les hubiera advertido oportunamente de las mismas. De acuerdo a lo que detalla la resolución del BCU el paquete accionario de la sociedad anónima se divide de la siguiente manera: un 57% a Sara Goldring, un 40% a Martin Cukier y el 3% restante a Daniel Cukier. Los clientes que integraban la cartera administrada con perfil agresivo mostraban un saldo de aproximadamente U$S 59:000.000, cuando en los bancos custodios tenían aproximadamente U$S 18:000.000.
 
 
 
 
 

UT en el Gobierno Abierto

La Alianza de Gobierno Abierto (OGP) es una asociación internacional de países comprometidos con una forma de llevar adelante el gobierno y la gestión pública basada en la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación pública y ciudadana. 

En el marco de los 10 años de la incorporación de Uruguay a la Alianza para el Gobierno Abierto, en 2021 se aprobó y presentó el 5to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, actualmente en la etapa de implementación. Por primera vez  convergen en un plan los tres poderes del Estado, integrando simultáneamente iniciativas de Parlamento Abierto, Justicia Abierta, organismos de Administración Central y de Gobiernos Departamentales.

Los 29 compromisos que componen este 5ta. Plan están agrupados en 4 ejes temáticos:

1. Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía,

2. Participación ciudadana y políticas para la igualdad,

3. Gestión, vigilancia y protección ambiental y

4. Ordenamiento territorial hacia un Estado Abierto.

El Plan cuenta con un proceso de seguimiento y monitoreo público que es coordinado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto integrado por Organismos del Estado, la Academia y la Sociedad Civil. En particular Uruguay Transparente integra este grupo junto con otras organizaciones de la sociedad civil. 

Carta abierta

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: LOS GOBIERNOS DEBEN ACTUAR AHORA PARA REAFIRMAR EL COMPROMISO DE LIMA

Carta abierta de los capítulos de las Américas de Transparencia Internacional

Estimados Jefes de Estado y de Gobierno,

Nosotros, los capítulos de las Américas de Transparency International, junto con su junta directiva y su secretariado, les instamos a que utilicen la Cumbre de las Américas de 2022 para comprometerse firmemente a abordar la crisis de corrupción, el retroceso democrático y la erosión de los derechos humanos sin precedentes que atraviesa el continente.

La corrupción alimenta la pobreza y la desigualdad e inhibe nuestra capacidad para combatir nuestros retos más difíciles, desde las pandemias hasta el cambio climático. Para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, debemos tomar medidas contundentes contra la corrupción y abrir un espacio para que la sociedad civil y las personas puedan exigir la rendición de cuentas a quienes se encuentran en el poder.

Sin embargo, a cuatro años de la Cumbre de las Américas de 2018 en Lima, en la que los líderes de la región reconocieron que la lucha contra la corrupción es esencial para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, observamos pocos avances. Por el contrario, vemos el deterioro de los esfuerzos anticorrupción, el aumento del autoritarismo y la pérdida de derechos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, prensa, asociación y el derecho al acceso a la información.

En muchos países, el Poder Ejecutivo ha concentrado el poder, debilitando los sistemas de pesos y contrapesos y haciendo muy difícil que los órganos de control puedan ejercer y exigir la rendición de cuentas. Muy pocos países tienen poderes judiciales suficientemente independientes, tornando a esta rama del poder incapaz de investigar y castigar la corrupción y otros abusos. En ciertos casos las élites han cooptado las instituciones judiciales, bloqueando investigaciones y amenazando a los fiscales honestos para que no investiguen la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Asimismo, la sociedad civil, las personas activistas y los medios de comunicación independientes están cada vez más expuestos a la intimidación, las amenazas, los ataques digitales y la violencia ejercida desde el Estado.

Agravada por la pandemia de la COVID-19, la corrupción también ha socavado los derechos sociales y económicos, privando a los ciudadanos del acceso a vacunas, necesidades básicas como la alimentación, el agua, la educación o la salud de calidad. Esto tiene efectos desproporcionadamente adversos en las las mujeres, las niñas, los grupos indígenas, las comunidades LGTBQ, los ancianos, los migrantes y los afrodescendientes, estratificando aún más las sociedades.

En este momento crítico, los líderes de las Américas deben aprovechar la oportunidad para aplicar políticas que apoyen la lucha contra la corrupción, la democracia y los derechos fundamentales. El Compromiso de Lima 2018 fue firmado por 35 jefes de Estado y de Gobierno, creando una agenda regional ambiciosa e innovadora para el continente. Estos compromisos plantearon una visión de futuro, e incluyeron elementos tradicionales para luchar contra la corrupción tales como el fortalecimiento de los derechos fundamentales, la transparencia y la integridad pública, así como el desarrollo de políticas para mejorar la cooperación internacional y la equidad entre géneros y etnias.

En lugar de desarrollar nuevos compromisos, les pedimos que reafirmen la agenda de Lima y asignen urgentemente los recursos necesarios para avanzar en las siguientes áreas críticas.

 

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

  • Desarrollar marcos legales adecaudos y proveer apoyo financiero para que la sociedad civil pueda ejercer el control social y exigir a los gobiernos la rendición de cuentas
  • Incorporar programas de valores democráticos y cívicos en todos los niveles educativos.
  • Incluir a las comunidades vulnerables en los esfuerzos anticorrupción en las fases de planificación, implementación y la evaluación.
  • Designar a los funcionarios públicos por mérito y en convocatorias abiertas.
  • Publicar las declaraciones de patrimonio, intereses y fiscales de los funcionarios públicos y regular su movimiento entre cargos públicos y empleos en el sector privados.

Transparencia, acceso a la información, protección de los denunciantes y derechos humanos, incluida la libertad de expresión.

  • Establecer sistemas que fomenten la denuncia de la corrupción y protejan a los denunciantes, de acuerdo con los convenios internacionales.
  • Mantener la independencia del poder judicial y de los organismos de supervisión y control.
  • Desarrollar sistemas y estadísticas comunes para evaluar la transparencia y el acceso a la información y garantizar que estén a disposición de la sociedad civil.

 

Financiación de las organizaciones políticas y las campañas electorales

  • Aumentar la supervisión de los candidatos y los partidos políticos para evitar la financiación ilícita y el fraude electoral.
  • Apoyar la financiación de mujeres y otros candidatos de poblaciones vulnerables para promover un liderazgo diverso.

 

Prevención de la corrupción en las obras públicas y en las contrataciones y adquisiciones públicas

 

  • Compartir abiertamente datos de calidad sobre los procesos de contratación.
  • Incluir cláusulas anticorrupción en todos los contratos públicos.
  • Supervisar y evaluar las políticas anticorrupción con el apoyo de la sociedad civil.

Cooperación jurídica internacional; lucha contra el soborno, la corrupción internacional, la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero; y recuperación de activos

 

  • Fortalecer la cooperación entre agencias para decomisar las ganancias mal habidas por la corrupción transnacional.
  • Adoptar y aplicar efectivamente medidas de transparencia sobre beneficiarios reales.
  • Desarrollar sistemas que incluyan el debido proceso y permitan la devolución de la riqueza y los activos a las víctimas de la corrupción.
  • Impedir el uso de criptomonedas y otros activos virtuales para blanquear dinero sucio o financiar actividades ilícitas.

 

Para rescatar los compromisos de Lima y proteger la democracia en las Américas, necesitamos acciones urgentes que defiendan el espacio cívico y combatan la corrupción.

Firmantes

Poder Ciudadano Argentina

Transparência Internacional Brasil

Transparency International Canada

Chile Transparente

Transparencia por Colombia

Costa Rica Íntegra

Participación Ciudadana Republica Dominicana

Fundación Ciudadanía y Desarrollo Ecuador

Funde El Salvador

Acción Ciudadana Guatemala

Transparency Institute of Guyana

Asociación para una Sociedad Más Justa Honduras

National Integrity Action

Transparencia Mexicana

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Panama

Proética Peru

Trinidad and Tobago Transparency Institute

Transparency International US

Transparencia Venezuela

NOTA: Uruguay Transparente suscribe en su totalidad esta Carta Abierta de Transparencia Internacional, a pesar de no ser, en este momento, un Capítulo de TI. 

Senado desestima juicio político

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República resolvió, por mayoría de votos de la coalición de gobierno, archivar la solicitud de juicio político al alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, condenado con prisión por delitos contra la administración pública junto con otras seis personas. La solicitud fue elevada por la Junta Departamental de Colonia al amparo del artículo 296 de la Constitución que faculta al Senado de la República a separar del cargo a jerarcas departamentales mediante el recurso del juicio político. La decisión de archivar el caso fue resuelta por los senadores de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Constitución y Legislación, argumentando que el artículo de la ley de descentralización que otorga esta facultad al Senado es inconstitucional.

ESCRÍBENOS