Informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción advierte por reducción “de recursos y personal” en la Jutep

El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) publicó este jueves su Informe de Seguimiento al Compromiso de Lima para Uruguay, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos contra la corrupción adoptados por el gobierno uruguayo en la VIII Cumbre de las Américas celebrada en 2018 en la capital de Perú. Según da cuenta el documento, se registraron “importantes rezagos” para el cumplimiento de algunos objetivos; “estancamiento en el desarrollo e implementación de normativa que profundice la lucha contra la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas del Estado y privados”; y “discrepancias” entre el desarrollo normativo y el financiamiento de las políticas públicas de combate a la corrupción, “que ponen en riesgo su eficacia y sostenibilidad”.

El OCC está conformado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y actores sociales del continente. El informe local fue coordinado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo y participaron en su elaboración organizaciones como el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, la Colectiva Mujeres, el Colectivo Trans del Uruguay y la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción.

Dentro de la contextualización de la situación política del país, se destacan los cambios para simplificar algunos procedimientos dispuestos en la ley de urgente consideración (LUC), que “disminuyeron las restricciones sobre las transacciones en efectivo”, lo cual al entender de las organizaciones podría traer “impactos negativos en la lucha contra el lavado de activos”. Además de la LUC, “la política de austeridad de la gestión Lacalle Pou, aprobada en la ley de presupuesto” afectó “negativamente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el principal organismo anticorrupción de Uruguay que, debido a las restricciones presupuestarias, vio reducidos sus recursos y personal”, se señala.

“Avance dispar”

Dentro del eje “fortalecimiento de la gobernabilidad democrática” se registra un “avance dispar”. Por ejemplo, si bien se destaca el “avance” que significó el Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823 de 2019), se sostiene que “su debilidad está en la gestión de la denuncia y en la falta de garantías para la persona denunciante”. Asimismo, se ve con preocupación que “no se ha llevado adelante ninguna acción orientada al empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal a las políticas anticorrupción” y “tampoco se reconoce (o menciona), en la normativa o en la práctica, la existencia de grupos vulnerables en el marco de la lucha contra la corrupción”.

También como indicador alarmante se destaca que la Suprema Corte de Justicia “ha reducido su presencia en el territorio a partir de sucesivas acordadas para la reorganización de los territorios jurisdiccionales” por su “presupuesto insuficiente”, y que como consecuencia “se ha limitado el acceso a la justicia de las personas que viven en las zonas rurales y a las personas en situación de vulnerabilidad del interior del país”. De la misma manera, “por su falta de presencia, también se limita la capacidad del Poder Judicial para atender con celeridad e independencia denuncias sobre delitos asociados a la corrupción”.

Tampoco se registraron “acciones orientadas a consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior”, como la Unidad de Acceso a la Información Pública, que “continúa dependiendo administrativa y presupuestalmente de la Presidencia de la República”. Esta “falta de independencia”, en la opinión de las organizaciones, “se ha notado en la discusión de leyes importantes que se han aprobado entre 2020 y 2021, y que afectan de manera grave el derecho de acceso a la información pública”, como por ejemplo la LUC, “sin que haya existido ningún pronunciamiento de dicho organismo en defensa del derecho”.

Sobre el eje “Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales” se percibe que la normativa es “laxa e insuficiente” y “no garantiza ni obliga efectivamente a la transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos”.

Recomendaciones

El informe culmina con una serie de recomendaciones para promover el cumplimiento del Compromiso de Lima contra la corrupción, como fomentar la independencia y autonomía de los organismos de control superior e incorporar una perspectiva interseccional (género, raza, origen nacional, perfil socioeconómico, generacional, entre otros) en la conformación de equipos de trabajo, en la elaboración y/o modificación de normativa y en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. Asimismo, se propone fortalecer las capacidades financieras y técnicas de la Jutep y desarrollar políticas específicas para la protección de denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción.

 También se promueve avanzar en la aprobación de legislación de financiamiento de los partidos y fortalecer el proceso de contratación pública, desarrollando mecanismos de monitoreo de compras y contrataciones de todos los organismos públicos, así como abordar el funcionamiento del sistema de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.

(Fuente: la diaria)

 

Chediak sobre la baja de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero

La ley integral antilavado de 2017 estableció las reglas para los controles sobre el origen de los fondos, sumando entre los sujetos obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a una serie de profesionales y a las asociaciones civiles, tarea que años atrás se limitaba a los servicios financieros. Desde ese entonces, los colectivos de abogados y contadores, y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, entre otros, cuestionaron a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y en la ley de urgente consideración (LUC) se establecieron modificaciones que desataron debate.

En 2020, de acuerdo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) —que analiza los ROS y luego decide si deriva o no el caso a la Justicia— hubo 10% menos de reportes que en 2019, con una gran disminución, según el informe conocido en marzo, de los actores no financieros, que bajaron 54% el nivel de alerta.

A esta situación se refirió este miércoles el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, al participar en el panel inaugural del Compliance Day que organiza el estudio Brum Costa. Dijo que “coexisten dos visiones” a la interna sobre la baja de los ROS, que señaló es una tendencia “que no es de ahora, viene desde 2018”. Indicó que mientras en la UIAF del Banco Central “predomina una idea negativa sobre la baja de los ROS [es decir, que perjudica el combate al lavado], nosotros [Senaclaft] tenemos más interrogantes que certezas” sobre esa interpretación.

Chediak repasó que luego de la ley de 2017 se alcanzó “un pico por razones puntuales” y la realización de ROS “defensivos”, esto son reportes “por las dudas, para cubrirse por si hay inspección” y no porque haya ocurrido una operación que ameritara la alerta en función del riesgo observado del cliente. “Se hace para estar del lado seguro de la línea roja, pero esos ROS no tienen ninguna utilidad y complica el análisis de los ROS verdaderos”, agregó.

También informó que “la tendencia a la baja” en los reportes del sector no financiero “se está manteniendo en 2021”. Chediak no mencionó en sus intervenciones los cambios de la LUC, que estableció que los controles que deben hacer ante una transacción los sujetos obligados del sector no financiero —escribanos, contadores, inmobiliarias, entre otros— podrán ser del menor nivel (simple, medio e intensificado) cuando se utilicen medios de pago electrónicos, es decir, cuando intervenga un banco en la operación.

Esta presunción de menor riesgo, si bien fue limitada durante el trámite en el Parlamento, recibió críticas de abogados y consultores especializados, del ex secretario antilavado Daniel Espinosa y de la Asociación de Bancos Privados. Otro cambio de la LUC fue la modificación de la ley de inclusión financiera, elevando hasta 100.000 dólares el límite para realizar pagos en efectivo.

Inspecciones

Para zanjar cuál visión es la certera sobre la baja en los ROS, si la expuesta por la UIAF o la de la Secretaría Antilavado, el supervisor de Fiscalización de la Senacflat, Gustavo Misa, informó que se realizarán “inspecciones de aquellas operaciones que entendemos podrían llegar a ser reportables”, analizando diversos “factores” y al ver “alguna situación que pueda aumentar el riesgo iremos a supervisar a esos sujetos” obligados, como los profesionales que intervienen o intermedian en transacciones. “Ver cómo hicieron la debida diligencia, y si la hicieron bien, si llegaron al resultado correcto para el reporte [o no]”, detalló.

 

“Así vamos a tener la certeza. Saber si no se está reportando lo que se debe porque no se hace la debida diligencia, o se hace la diligencia correcta y no se reporta porque no hay lo que reportar”, añadió.

El abogado Leonardo Costa, especialista en normas antilavado, sostuvo que “la relación entre los ROS y los casos que van a la Justicia no es buena” para Uruguay. Al respecto, Chediak declaró que el ROS debe funcionar “como alerta” para luego derivar la investigación a la Justicia, y cuando se hace a posteriori de conocerse, por ejemplo, noticias periodísticas que involucran a un cliente o empresa, “no tiene utilidad ninguna; el reporte útil es el que se hace inmediatamente que se toma conocimiento de una operación o de un cliente con perfil de riesgo”.

Las autoridades de la Senaclaft destacaron algunos avances para lograr el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, como que ahora todos los actores pueden hacer los ROS en línea, cuando antes sólo podían los del sector financiero y los otros debían presentarse ante el BCU.

 (Fuente: la diaria)

Investigadora sobre gestión de Cardoso: las contradicciones de Reta

Daniel Reta, exasesor del exministro de Turismo Germán Cardoso, compareció este lunes ante la comisión que investiga la publicidad de la cartera desde el año 2010 al 2021. Reta mostró lo que le envió Elbio Rodríguez (asesor también de Cardoso) por Whatsapp para que presente ante la agencia Young & Rubicam.

“Yo nunca conocí a Kirma. La agencia Young & Rubicam es la que se encarga de todo esto. Yo no sabía ni siquiera que se llamaba Kirma. De hecho, nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Hasta los montos son distintos, eran montos de US$ 31 mil mensuales. La propuesta me la mandó Elbio Rodríguez por Whatsapp y yo se lo mandé a la agencia de publicidad. Cardoso no tenía idea”, señaló Reta, que se desempeñaba como adscripto de Cardoso mientras que Elbio Rodriguez lo hacía como colaborador honorario.

Según publicó el semanario Búsqueda, fueron Reta y Rodríguez los que trabajaron en la contratación de forma directa de la empresa con sede en Estonia para que realizara publicidad en internet, información que confirmó el diario El Observador. A la firma en cuestión la secretaria de Estado le adjudicó US$ 280 mil que no llegaron a ser pagos, debido a que el Banco República interpuso la operación.

Si bien Reta afirmó que “no conocía a Kirma”, Montevideo Portal accedió al documento de presentación de la empresa en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) en donde aparece la firma del exasesor de Cardoso. En dicho documento se presentan los datos de la empresa de Estonia y, en el segmento de resolución, se autoriza la pauta publicitaria por 280 mil dólares para Kirma, impuestos incluidos.

El documento fue realizado el pasado 29 de diciembre y señala que quedará ad-referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas.

Reta cerró su intervención ante los integrantes de la investigadora diciendo: “No hay nada raro [...]. ¿Que podrá ser alguien desprolijo? Y... señores, ¿ustedes no son desprolijos en su vida personal? ¿Nunca han sido desprolijos? A ver, cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede obviar algún paso, pero, por favor, de ahí a un hecho delictual, señores, hay una diferencia gigante, enorme”.

Advertencia ética de la Jutep al intendente de Lavalleja

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se pronunció sobre el caso del hermano del intendente de Lavalleja, Mario García, que fue contratado por la comuna como peón en la anterior administración y recibió una compensación “por eficiencia” de 72.300 pesos mensuales.

En el dictamen, del que informó El País concluyó que “no existen reproches legales” porque no hay una “relación de dependencia” entre el jefe comunal y su hermano. En el documento, la Jutep cita el propio relato de la consulta que hizo García, en el que afirmó que a Ariel García “se le asignó la función de coordinación de las Juntas Locales y Zonas Rurales, y se estableció que debía reportar al responsable del Área de Descentralización, quien a su vez reporta al secretario general de la Intendencia”.

Por lo anterior, la Jutep entiende que “claramente” el cargo de García “no tiene relación de jerarquía con el intendente departamental, existiendo una distancia real, siendo que es dependiente del Área Descentralización y por encima existe la Secretaría General de la Intendencia”.

En el siguiente inciso se hace un llamado de atención: “No debe obviarse la existencia del artículo 13 del Código de Ética en la Función Pública, el cual establece que la actuación de los funcionarios públicos debe ser proba, desarrollando una conducta honesta, recta e íntegra”, se afirma, y continúa con un pasaje subrayado: “debiendo evitar cualquier acción en el ejercicio de su función que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta pública; comúnmente conocido como ser y parecer. Esto exige reconocer que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse”, apunta, aunque no especifica en qué cuestiones de este tipo incurrió el jerarca.

Respecto de la contratación directa de funcionarios, la Jutep señala que “las normas vigentes en el ámbito departamental permiten que la misma se realice, lo mismo para el traslado de funcionarios y el otorgamiento de partidas (en el caso particular la llamada ‘prima a la eficiencia’)”.

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