Fallo a favor de Blas

El edil del Partido Nacional Rodrigo Blas dio a conocer un fallo de la Justicia a su favor en el diferendo que mantenía con la Dirección General Impositiva (DGI), que pretendía cobrarle a su empresa una multa de casi 2 millones de dólares por evasión.

A través de un comunicado, el sector Unión y Cambio del PN - encabezado por Blas - consignó que la Justicia ordenó levantar los embargos que recaían sobre el edil desde hace más de tres años, entendiendo que "parece excesivo" continuar con el embargo "sin que se aporten elementos objetivos claros que justifiquen la imposibilidad de obtener un acto de determinación firme por parte de la DGI".

El sector de Blas señaló que la DGI "omitió avisar" a la Justicia de que la empresa Javipark S.A. había pagado "bajo protesto" 6.711.764 pesos en febrero de este año, suma surgida de la inspección hecha por la DGI el 14 de julio de 2014.

Según el sector de Blas, "la Impositiva ocultó a la Justicia el pago realizado por Javipark con intenciones de mantener los embargos".

Antilavado investiga 70 nombres vinculados a la ruta del dinero K

La Secretaría Nacional Antilavado elaboró una lista de las personas señaladas por la Justicia argentina como involucradas en la llamada “ruta del dinero k”, que nombraron a Uruguay como sitio de lavado de activos o parte del proceso.

Hay más de 70 nombres en la lista, donde figuran los “arrepentidos”, funcionarios argentinos en juicio y empresas en Uruguay y Argentina, informó este jueves, en el programa Arriba Gente de canal 10, el secretario nacional Antilavado, Daniel Espinosa.

Las autoridades uruguayas buscan información en el sistema financiero y en los registros públicos para determinar si hay inmuebles a nombres de esas personas o empresas en el país.

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pedirá a la Justicia argentina la declaración de los denominados “arrepentidos” para saber si hubo cómplices en Uruguay de las maniobras de corrupción en Argentina.

El secretario Antilavado aseguró además que en los últimos cuatros años, Uruguay ha aprobado leyes de prevención de lavado, blindando las áreas más vulnerables.

El Salvador: condenan a un ex presidente a 10 años de cárcel por corrupción

El ex presidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) fue condenado a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.
"El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condena al señor Elías Antonio Saca a 5 años de prisión por el delito de peculado y 5 años por el delito de lavado de dinero", dijo el juez Alejandro Guevara, según un cable de la agencia EFE reproducido por Clarín de Argentina.
Saca, que llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y aceptó confesar en un "juicio abreviado" la forma en la que extrajo y lavó fondos públicos a cambio de penas mínimas, se convirtió así en el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por delitos de corrupción.
El juzgador, uno de los tres que componen al tribunal de sentencia y que emitieron la resolución por unanimidad, señaló que "al escuchar las declaraciones de estos personajes, la prueba documental y pericial se determinó que lo que habían confesado era verídico".
Guevara señaló antes de dar a conocer las pena, que el trato que realizó la Fiscalía, a pesar de desconocer el destino de 191 millones que fueron sacados en efectivo, fue un "limite" y "valladar" para establecer la condena.
La legislación salvadoreña señala que los jueces no pueden imponer una condena mayor a la pactada entre imputados y Fiscalía en un "juicio abreviado".
"No veníamos a una sorpresa, lógicamente veníamos a algo que ya estábamos claros que iba a haber una condena", dijo a periodistas Mario Machado, el abogado de Saca, quien por su parte se negó a dar declaraciones.
El letrado aclaró que al aceptar pactar la confesión con la Fiscalía, Saca y sus cómplices renunciaron a la posibilidad de apelar la decisión judicial.
El tribunal decretó la misma pena de 10 años de prisión al exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, mientras que los ex secretarios de Juventud y Comunicaciones, César Funes y Julio Rank, purgarán 5 años de cárcel cada uno por lavado de dinero.
El ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga fue condenado a 6 años de prisión por los mismos dos delitos que Saca y Charlaíx, mientras que el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera pagará 3 años de cárcel.
La pena más elevada la recibió el ex colaborador de la Presidencia Pablo Gomez, quien no se acogió al beneficio del "juicio abreviado" y enfrentó el proceso "común", al recibir 16 años de cárcel.
"Lo defraudado, lo saqueado al Estado y lavado fueron 300.347.117,17 dólares" mediante 593 cheques "sin respaldo legal", añadió Guevara.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014) y Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.

Corrupción: Cinco estudios uruguayos bajo la lupa

Escándalos de corrupción como la llamada Ruta del dinero K en Argentina, el Lava Jato en Brasil, o el cobro de coimas por parte de dirigentes del Partido Popular (PP) español, tuvieron su capítulo local, con sociedades anónimas vinculadas a operaciones de blanqueo de capitales, que habían sido creadas o eran administradas por estudios contables uruguayos.

Desde hace dos meses, la Secretaría Antilavado viene llevando adelante una serie de inspecciones a cinco estudios que quedaron vinculados a estas maniobras de blanqueo de capitales, informó a El Observador el responsable del organismo, Daniel Espinosa. Según explicó el jerarca, se tratan de algunos de los estudios más grandes de la plaza local, pero prefirió no dar sus nombres en esta etapa de la investigación.

En el caso Lava Jato varios profesionales uruguayos son mencionados por su participación en distintos casos de lavado de dinero. Por ejemplo, El exdirector internacional de Petrobras, Nestor Cerveró compró un apartamento en Río de Janeiro con dinero proveniente del pago de coimas a través de una sociedad creada en Uruguay. La fiscalía de Brasil puso a un profesional uruguayo como el “cerebro” de la maniobra de blanqueo de la corrupción de Cerveró.

Asimismo, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, quien fue condenado a principios de mayo de 2017 a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, depositó parte de los US$ 1,5 millones que recibió en coimas en una cuenta bancaria en cuenta en Ginebra, a nombre de la empresa con sede en Singapur, que fue creada por un estudio uruguayo. Además, dos de los directores de ese estudio figuraban como representantes ante el banco pese a que Cunha era el verdadero titular.

En tanto, otro estudio uruguayo aparece vinculado a varias sociedades anónimas con cuentas bancarias en paraísos fiscales, que fueron utilizadas para el pago de coimas de la constructora OAS en Perú y Ecuador. Dos de sus ex socios fueron mencionados en una delación premiada como parte del esquema de lavado.

En tanto, respecto a la Ruta del dinero K, un estudio aparece vinculado a la sociedad Helvetic Services Group, la financiera que fue utilizada por el empresario k Lázaro Báez para blanquear US$ 33 millones.

Pero estos estudios no solo están nombrados en casos de corrupción regional. El mismo estudio acusado de ser el “cerebro” de la operación de lavado del ex director internacional de Petrobras, fue también señalado en España por haber creado una sociedad offshore que fue utilizada para que la empresa estatal de distribución de agua potable de Madrid, Canal de Isabel II, hiciera aportes ilegales al Partido Popular (PP) de España, según informó el portal Sudestada en setiembre de 2017.

Asimismo, otro estudio uruguayo fue vinculado por la Justicia española en un caso que involucra a Eduardo Zaplana, el exministro español y expresidente del gobierno regional de Valencia, preso desde mayo de este año acusado de haber recibido coimas durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002), las cuales logró ocultar en paraísos fiscales a través de sociedades opacas creadas en Uruguay.

Espinosa explicó que “como organismo supervisor” la secretaría tiene la obligación de realizar este tipo de inspecciones cuando se detectan casos de blanqueo de capitales de modo de determinar si las empresas cumplieron con la ley de prevención del lavado o no. Las conclusiones de esas inspecciones todavía no están listas, pero en caso de detectarse alguna irregularidad las empresas podrían ser sometidas a multas de entre 1.000 UI ($3.955) y 20.000.000 UI ($ 79 millones) dependiendo del monto asociado la maniobra y el nivel de involucramiento de la firma. (Tomado de El Observador)

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