Las dificultades para acceder a la información

A pesar de los avances que se han registrado en Uruguay en materia de transparencia y de facilidades para acceder a la información pública, de todos modos hay casos en los que persisten las dificultades.
En enero de este año el periodista Santiago Soravilla del programa “Así nos va”, que conducen en radio Carve las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con una solicitud de acceso a la información pública, amparado en la ley 18.381, en la que pidió saber el gasto anual entre el período 2010-2017 de cada una de las representaciones diplomáticas de Uruguay dependientes de la cartera con el siguiente detalle: salarios, equipamiento (mobiliario, gastos de oficina, etcétera), vehículos y otros gastos de representación que estén bajo el ítem compensaciones adicionales.
Luego de idas y venidas, finalmente el 31 de enero, la Cancillería resolvió declarar “de carácter reservado por el plazo máximo legal de 15 años, toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o inversión, realizada en cada Representación Diplomática u Oficina Consular dependiente de esta secretaría de Estado”.
La cancillería remitió la resolución a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el órgano especializado dependiente de Presidencia de la República y cuyo cometido es velar por el respeto al Derecho de Acceso a la Información Pública.
En conocimiento de la resolución de la Cancillería, la UAIP discrepó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y entendió que no era de recibo la declaración de reservado y exhortó a Cancillería “a brindar acceso a los gastos asociados a cada una de las representaciones diplomáticas durante el período solicitado”.

El caso llegó a la Justicia

Expuesta la contradicción entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIAP, El periodista de “Así nos va” se presentó ante el Juzgado en Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, cuyo juez es Gabriel Ohanian.
Tras varias audiencias, el 29 de mayo Ohanian resolvió desestimar la demanda presentada por el programa “Así nos va” argumentando que “el entramado de relaciones internacionales de un Estado es muy complejo y evidentemente si cobra estado público en qué representaciones el país hace mayores esfuerzos presupuestales, ese dato tiene aptitud para desnudar las tácticas de inserción de nuestra nación en el mundo”.
La resolución del juez fue apelada y el caso llegó hasta el tribunal de apelaciones. El Tribunal de Apelaciones de 5° turno, compuesto por los ministros Luis María Simón, María Esther Gradín y Loreley Beatriz Pera, confirmó por unanimidad la sentencia del juez Ohanian.

El informe de "Así nos va"

Perú: choques por reforma judicial

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó este martes al Congreso para un pleno extraordinario para tratar la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros están implicados en el escándalo de corrupción judicial revelado la pasada semana.
En un pronunciamiento en el Palacio de Gobierno de Lima, Vizcarra programó la sesión extraordinaria para este viernes 20 de julio, pues consideró que la destitución en bloque del CNM es “imprescindible e impostergable” como parte de la reforma integral del sistema de justicia que promueve el mismo mandatario.

El gobernante ya solicitó la pasada semana al Congreso la destitución del CNM, encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces, pero el Legislativo, donde el fujimorismo tiene mayoría, se encuentra en un período de receso y por ahora solo había aprobado investigar a los tres miembros del CNM involucrados en el caso.

Argentina: lanzan app para verificar identidades

Luego de la investigación periodística de Juan Amorín de la web El Destape, la ONG La Alameda lanzó una aplicación para verificar las identidades de los aportantes truchos para la campaña de Cambiemos en Argentina, en donde podrá quien lo desee constatar si aparece o no en la lista sin haber aportado.
Esta aplicación fue realizada en base a los datos de los propios partidos a la Cámara Nacional Electoral. En Argentina, los partidos están obligados por la ley de financiamiento a dar los rendimientos de gastos de las campañas.
La aplicación de Bien Común, el partido de la ONG Alameda, conjuga los montos de cada aportante (ya que a veces dividen los montos por cargo) y desde las últimas cuatro elecciones (2011, 2013, 2015 y 2017) y de todos los partidos como de todo el país.
La causa se inició a partir de un informe periodístico realizado por el periodista Juan Amorín en El Destape, que mostró cómo más de 800 personas figuraban como aportantes de la última campaña del oficialismo en territorio bonaerense, sin saberlo.
Tras la denuncia, fue el fiscal Jorge Di Lello quien abrió una investigación, a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Los denunciados son los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia.
El viernes pasado, el juez Casanello citó a los primeros testigos que aparecen como supuestos aportantes falsos, que en su mayoría son beneficiarios de planes sociales y aseguran que no lo fueron.

 

El daño reputacional por lavado

El banco más grande de Dinamarca, el Danske Bank, vio como el pasado 04 de julio sus acciones bajaron 3% en la Bolsa de Copenhague, resultado del daño reputacional ocasionado por un escándalo por el presunto lavado de US$ 8.300 millones a través de su filial en Estonia. La caída continúa y ya las acciones han perdido un 5% de su valor.
El daño reputacional comenzó a partir de las informaciones presentadas por el diario danés Berlingske, que detalló durante meses las investigaciones relacionadas al presunto lavado de dinero llevado a cabo en la filial estonia del Danske Bank, la cual, debido a sus débiles controles, permitió el blanqueo de dinero proveniente de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán entre 2007 y 2015.
Adam Barrass, analista de Berenberg, expresó que “los titulares son claramente negativos para el Danske, con el problema arrastrando el rendimiento de las acciones durante el año pasado”, en referencia al desempeño por debajo al índice bancario de Europa que ha tenido el banco en los últimos tiempos y el golpe a su reputación recibido actualmente.
El portal de noticias Bloomberg, por su lado, señala este escándalo como “lo que podría ser la mayor saga de crímenes financieros en la historia danesa moderna”, incrementando el daño reputacional al Danske Bank y las potenciales pérdidas a causa de esto. Además, indica que la entidad de Dinamarca tiene el “peor desempeño en el índice Bloomberg de acciones financieras europeas”.
Christian Thatje, un corredor de acciones en Sydbank A/S, declaró para Bloomberg que “los inversores están respondiendo esta vez, dado el tamaño del escándalo”, por lo que las pérdidas en el mercado de valores pueden ser aún mayores. “Es el caso más conocido de blanqueo de dinero en curso a nivel mundial y eso está presionando a la administración y plantea dudas sobre cuáles serán las consecuencias”, añadió.
La corrida de clientes quedó reflejada con el reciente anuncio de la firma Unity Technologies de cerrar sus cuentas en el banco. Según un informe del Financial Times, David Helgason, el empresario detrás de Unity Technologies, afirmó que la empresa buscará otra entidad bancaria, debido al escándalo de lavado de dinero que está perjudicando la reputación del Danske Bank. "La gerencia no solo debe asegurarse de que su negocio cumpla con la ley (como aparentemente lo haya hecho), sino también asegurarse de que sus acciones puedan soportar la luz del día. Y en eso [el banco] ha fallado tan seriamente, que nosotros, sus clientes, debemos enfrentar las consecuencias y seguir adelante”, escribió el ejecutivo en una carta abierta en Facebook.
Las irregularidades del banco
Mediante la revisión de unos 7 millones de emails y más de 7.000 documentos, las autoridades han encontrado diversas irregularidades en el cumplimiento, como por ejemplo:
- Utilización de cuentas creadas por empresas fachada (shell companies) que no reflejan un interés comercial legítimo.
- Las empresas utilizadas eran creadas en paraísos fiscales y jurisdicciones de alto riesgo, como las Islas Vírgenes Británicas.
- Elevado número de transacciones por parte de shell companies. En un caso, una empresa realizó 2.270 operaciones en un período de 365 días.
- Las transferencias de dinero tenían justificaciones genéricas e incompletas.
- Las descripciones de las operaciones relacionadas a múltiples empresas tenían los mismos textos.
Otras acciones
Además de las enormes pérdidas ocasionadas por la caída del valor de las acciones y por la pérdida de clientes, el banco enfrenta una gran presión de parte de los reguladores de Dinamarca. Al mismo tiempo, es factible que las autoridades de Estados Unidos hayan iniciado sus propias investigaciones, como ya lo hacen los reguladores franceses, lo que pudiera generar enormes multas contra la entidad, tal como sucedió con el Deutsche Bank (US$ 630 millones) y el HSBC (US$ 1.900 millones), entre otros.
Las diversas acusaciones de lavado ocasionaron la dimisión de miembros importantes del banco, como tal es el caso de Lars Morch en abril, miembro del consejo ejecutivo de Danske Bank, responsable de banca de negocios de la entidad, el área de banca internacional y las operaciones en los países bálticos.
En definitiva, la situación actual del gigante danés demuestra de manera explícita el verdadero efecto que puede ejercer un serio daño reputacional sobre las entidades financieras, independientemente del tamaño o fama que tenga. El desmoronamiento continuo del valor en las acciones del banco y las presiones sobre los dirigentes podrían suponer un punto de quiebre que coloque al reconocido banco en una posición más que vulnerable. (fuente: lavadodinero.com)

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