¿Dónde se esconde el dinero del delito en América Latina?

Roberto de Michele es abogado de la Universidad de Buenos Aires y LL.M de la Yale Law School. Actualmente se desempeña como Especialista Principal la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID. Fue Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de Argentina; Gerente del Programa Iniciativa Privada para el Control de la Corrupción de la Fundación Poder Ciudadano; y trabajó como consultor del Banco Mundial, del BID, de las Naciones Unidas y de la OCDE, entre otros organismos. Es miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Entre otras publicaciones, es autor del libro Los Códigos de Ética en las Empresas y uno de los coautores del Anti-Corruption Toolkit del Programa Global contra la Corrupción de las Naciones Unidas. El presente articulo fue publicado en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo.

La cantidad de dinero proveniente del delito y la corrupción que se lava en sociedades fantasma se sitúa entre 2 y el 5% del PIB mundial cada año. Eso son aproximadamente entre 800 billones y 2 trillones de dólares o, lo que es lo mismo, el equivalente al PIB de Brasil. El crimen internacional no tiene bandera pero mueve más dinero que muchas economías soberanas.

El dinero del delito distorsiona nuestras economías y nuestras sociedades a muchos niveles. Para los gobiernos, es una cuestión que abarca desde la transparencia fiscal y financiera a la prevención de que se utilicen vehículos corporativos para todo tipo de delitos. Para el sector privado que exige legalidad, es muy complejo identificar sus competidores son criminales que utilizan empresas para lavar activos de actividades ilegales. Como dicen los estudios de Carlo Gambetta sobre la mafia como organización criminal empresarial, a la larga no puedes competir con alguien que no necesita un crédito para financiarse.

¿Quién se está beneficiando del dinero del delito?
En los últimos meses, se han aprobado en nuestra región dos declaraciones importantes en materia de transparencia e integridad. El primero es el documento Acción para el Crecimiento adoptado por el Diálogo Empresarial de las Américas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Lima. Casi al mismo tiempo y en la puerta de al lado, la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos aprobaba una declaración para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

Hay un tema en especial que contienen estos documentos: el de beneficiarios finales —o sea, las personas físicas o naturales que verdaderamente controlan una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación… —. En los casos de crímenes financieros, el beneficiario final es la persona que se esconde detrás de sociedades y estructuras pantalla en donde se “legaliza” el dinero proveniente de actividades ilícitas. Regular la información sobre los beneficiarios finales es una medida fundamental para incrementar los costos de ocultar el dinero del crimen.

La importancia del compromiso público y privado
La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los beneficiarios finales es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Los estándares más aceptados, los del Grupo de Acción Financiera y los de la OCDE de transparencia fiscal, requieren que los países establezcan criterios para definir adecuadamente a los beneficiarios finales y mecanismos para que las entidades responsables puedan acceder a esta información debidamente.

Justamente, ése es la decisión que tomaron los representantes del sector privado y de los gobiernos presentes en las cumbres de Lima. Por el lado político, los países suscriptores del Compromiso de Lima reconocieron la necesidad de implementar políticas para la identificación de los beneficiaros finales (ver recomendación 43). En el caso del Dialogo Empresarial, la recomendación del sector privado fue la necesidad de establecer políticas y mecanismos para identificar los beneficiarios finales (ver recomendaciones 13 y 28). Los registros de beneficiarios finales ya existen en muchos países de manera pública y gratuita, como en el Reino Unido, Dinamarca o Ucrania. Desde hace varios años, el G-8, el G-20 y el B-20 vienen abogando por la transparencia de los beneficiarios finales. Pero que en América Latina empiece a haber un fuerte compromiso público y privado en torno al tema no es como para pasar desapercibido.

Radiografía de América Latina: De acuerdo en el desacuerdo
En América Latina y el Caribe, la regulación en la materia de identificación de beneficiarios finales es muy dispar. Aunque la mayoría de los países tiene alguna norma al respecto, las definiciones legales varían mucho de país a país y no siempre cumplen con los estándares internacionales. En general, se puede afirmar que todos los países tienen espacios para mejorar su normativa y su cumplimiento.

El BID ha contribuido a este proceso ofreciendo aportes técnicos a la Cumbre de las Américas en este y otros temas de transparencia, así como al dialogo empresarial. Asimismo, hemos publicado un estudio donde analizamos concretamente qué puede hacer cada país de la región para fortalecer la identificación de beneficiarios finales. Este documento explica el concepto de beneficiario final, describe los estándares en la materia que deben seguir los países, y detalla las calificaciones relativas a las leyes y regulaciones que recibieron los 26 países prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo en las evaluaciones del GAFI y del Foro Global. Además, se analizan las definiciones de beneficiario final que están en uso en los 26 países e identificamos cuanto se diferencian de los estándares internacionales.

Que empresarios y gobiernos, casi simultáneamente, se comprometan a trabajar para lograr una reforma que involucra a ambos sectores no es sólo indicativo de cómo de urgente es la medida, sino que es la única esperanza de que una reforma así llegue a buen puerto. La experiencia nos ha enseñado que las reformas de transparencia requieren siempre de un acuerdo político para definir cuáles son las reglas de juego, y de un compromiso privado de jugar conforme a esas normas.

En la lucha contra el delito, la transparencia mete a todos en el baile.

 

El guión para el lavado de dinero

Un muy interanste trabajo elaborado por Sergio Antequera para Lavadodedinero.com revela como en el mundo del lavado de dinero ciertos patrones se ven repetidos varias veces si los esquemas son analizados, o por lo menos así afirma el reporte del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) llamado “Lavado de Dinero Profesional”, el cual expone las etapas a seguir por los criminales financieros de mayor experiencia.

El reporte, emitido en julio de este mismo año, repasa como los Lavadores de Dinero Profesionales (LDP) siguen un “guión” de tres etapas en su proceso ilícito, enmarcadas por los momentos clave que definen el blanqueo de dinero:

Etapa I - Los fondos delictivos se transfieren a, o son recaudados por, el LDP

“La forma precisa de introducción de los fondos en el esquema de blanqueo varía dependiendo de los tipos de delitos y la forma en que se generó el producto del delito (por ejemplo, efectivo, fondos bancarios, moneda virtual, etc.)”, explica el documento. El dinero sucio en efectivo normalmente es llevado a un colector, el cual tiene como fin depositarlo en una cuenta bancaria. Asimismo, es común que lo delincuentes utilicen negocios que muevan altos montos en efectivo o casinos para introducirlos en el sistema financiero.

Por otro lado, el dinero sucio recibido en cuentas bancarias (normalmente proveniente de actos ilícitos como la estafa y el fraude fiscal) suele ser transferido por entidades ficticias de los clientes a las cuentas controladas por los LDPs. Por otra parte, las ganancias ilegales obtenidas en monedas virtuales deben ser manejas a través de plataformas y carteras en línea, las cuales pueden ser administradas por los LDPs.

Etapa II - La Estratificación realizada por individuos o redes

Una vez el LDP tenga disposición de los fondos, inicia la etapa de estratificación. En general, el paso consiste en el movimiento de dinero por diferentes cuentas o puntos, los cuales permiten crear una serie de “capas” detrás de los fondos, con el fin de hacer el rastreo de las transacciones más difícil y difuminar el origen ilícito. “La etapa de estratificación es administrada por individuos responsables de la coordinación de las transacciones financieras”, agrega el documento.

Como en la etapa anterior, la estratificación del dinero sucio depende de cómo fue obtenido y en que “estado” se encuentra. Con el dinero en efectivo, “los mecanismos son comúnmente lavado basado en el comercio, comercio ficticio, liquidación de cuentas y banca clandestina”, señala el reporte.

Por su parte, el dinero sucio en cuentas bancarias es movido por los LDPs a través de complejos sistemas de transacciones a otras cuentas de compañías falsas, tanto dentro como fuera del país, incluso mezclando los fondos de diferentes clientes. De manera similar, el dinero virtual es transferido entre distintas carteras virtuales permitiendo a los lavadores crear una estructura de total opacidad en relación a los fondos. Además, existen servicios en línea destinados a lavar monedas virtuales llamados “mixers” (mezcladores), los cuales unen fondos de diferentes orígenes en una “piscina” común, diluyendo el rastro de origen.

Etapa III - Los fondos se devuelven a los clientes para su inversión o adquisición de activos

En esta última etapa, los LDP completan el proceso de lavado transfiriendo los fondos a las cuentas de sus clientes (o las de sus asociados, terceros relacionados, etc.). “El LDP puede invertir las ganancias ilícitas en nombre de estos clientes en bienes raíces, productos de lujo y negocios en el exterior”, apunta el informe, incluyendo también la posibilidad de que el dinero puede ser gastado en bienes que son transportados a otros países o, de ser el caso, el país de origen de los fondos.

Compras del Estado: retiran polémico artículo

El Frente Amplio quitó del proyecto de Rendición de Cuentas un artículo propuesto por el Poder Ejecutivo para acotar el número de funcionarios impedidos a contratar con el Estado por conflicto de intereses, aunque dejó abierta la puerta para que el Senado pueda presentar una redacción alternativa.
En el proyecto original enviado por el gobierno el 30 de junio se incluía una modificación al artículo 46° del Tocaf, que en su redacción actual establece entre los impedimentos para contratar con el Estado el "ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma".
El artículo 18 del texto remitido al Parlamento cambiaba el impedimento a "ser funcionario público del órgano competente para contratar y gastar", pero la bancada oficialista eligió no votarlo al entender que la redacción no era "la mejor".
Sobre esta propuesta ya se había expresado Uruguay Transparente.

Sanabria procesado por lavado de activos

La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, procesó con prisión al empresario y político colorado Francisco Sanabria, propietario del Cambio Nelson, por lavado de activos.
Sanabria ya había sido procesado por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real.
En febrero de 2017 el cambio cerró las diferentes sucursales que tenía –tanto en Maldonado como en Montevideo- y Sanabria se fue de Uruguay.
Días después se conoció un audio, en el que el también ex dirigente colorado aseguraba que “heredó” un negocio en problemas y que viajó dentro del Mercosur, “intentando buscar una solución” para una situación que categorizó de “película de terror para todas las partes”.
A fines de marzo del año pasado Sanabria retornó al país, proveniente de Miami y fue apresado.
Sanabria –que se encuentra preso en la cárcel de Campanero en Lavalleja- había pedido la libertad anticipada a la Suprema Corte de Justicia en mayo pasado, pero se le había negado.
En aquel momento, el ministro Jorge Chediak había dicho que si bien el delito de Sanabria no era “de los más graves” no se le concedía la libertad anticipada por “la magnitud de la maniobra” y “por el daño social causado”.
Parte del dinero usado ilegalmente por Sanabria tenía como destino la política. Mientras tanto en el Parlamento está a estudio las modificaciones a la ley de partidos en lo que refiere al financiamiento, con cláusulas que acentúan los impedimentos y sanciones a las empresas que intenten financiar las campañas.
Uruguay Transparente y la sociedad civil sigue con expectativa y preocupación la dilatoria a que se aprueben cambios en la normativa que agreguen transparencia. También es motivo de alerta que en el proyecto a estudio no surge con claridad de qué manera se controlará el cumplimiento de la ley, y cuáles serían los recursos para tales efectos.
Sobre este particular Uruguay Transparente ya se ha expresado.

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