Uruguay en la ruta de Eike Batista

El empresario Eike Batista fue condenado a 30 años de prisión en régimen cerrado por la 7ª Vara Federal de Río de Janeiro, por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Se le acusa de hacer pagos indebidos por valor de 16,5 millones de dólares al ex gobernador fluminense Sérgio Cabral en 2011 y de intentar ocultar la propina por medio de una operación de lavado de dinero.

De acuerdo con la denuncia presentada por los fiscales federales con el fin de ocultar el pago a Cabral, el cambista Renato Kebar creó una offshore llamada Arcadia Partners, que firmó un contrato con la compañía ficticia Asset Mining Fund Centenario de Eike Batista, para la posible adquisición de una mina de oro.

Por la falsa intermediación, Arcadia recibiría el 1,12% del valor de la transacción. Los recursos fueron transferidos de una cuenta de Eike Batista en Panamá para una cuenta de Arcadia, de Chebar, abierta en Uruguay.

En el mismo proceso, también fue condenado el ex gobernador Sérgio Cabral, a 22 años y ocho meses en régimen cerrado, por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas. Esa fue la sexta condena de Cabral en procesos que apuran esquemas de corrupción en el estado de Río de Janeiro. El ex gobernador ya suma penas que superan los 120 años de prisión.

Otros condenados fueron la ex primera dama Adriana Ancelmo (4 años y seis meses); el ex secretario Wilson Carlos (9 años y 10 meses); el ex brazo derecho de Cabral, Carlos Miranda (8 años y 6 meses); y el brazo derecho de Eike, Flavio Godinho (22 años).

El abogado de Eike Batista, Fernando Martins, informó, por medio de una nota, que recurrirá la decisión.

Argentina: investigan lavado

La justicia argentina imputó a los dos responsables financieros de la campaña para las legislativas de 2017 de la coalición gobernante Cambiemos por utilizar la identidad de al menos 467 personas y hacerlas pasar como donantes de fondos, informó el diario Página/12.
El objetivo de la maniobra fue "utilizar las funciones en el Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos", consignó el periódico citando la denuncia presentada por la fundación La Alameda.
La denuncia, patrocinada por el fiscal Carlos Stornelli, da cuenta de un posible lavado de dinero, dado que la identidad de estas personas, beneficiarias en su mayoría de distintos planes sociales, fue utilizada para presentarlas como aportantes a la campaña electoral del oficialismo por montos de entre 300 y dos mil pesos (entre diez y 71 dólares al cambio actual), consignó el periódico.
El principal interrogante es determinar de dónde provino el dinero para la campaña, ya que esas personas viven en situación de pobreza y tienen muy bajos ingresos.
Asimismo, el fiscal Jorge Di Lello comenzó una investigación preliminar sobre este mismo caso, enfocada en una posible violación a ley de financiamiento de los partidos políticos y la afiliación "a prepo" (a la fuerza) al partido Propuesta Republicana (PRO) del presidente Mauricio Macri.

Alfredo Silva condenado

El ex director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva, fue condenado por un delito de conjunción del interés personal y el público.

El ex representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, Alfredo Silva, recibió una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial y tendrá que pagar una multa de 2.143.420 pesos.

Silva fue procesado por un delito de conjunción del interés personal y el público durante su gestión al frente de ASSE. Además, en esta causa fueron condenadas cuatro personas por un delito continuado de estafa relacionada con la empresa de limpieza Buena Estrella, que brindó servicios en el Hospital Maciel, y otras cinco personas por un delito de tráfico de influencias.

La jueza Beatriz Larrieu consideró que Silva, siendo integrante del directorio de ASSE, intervino en forma directa en la constitución de la asociación civil Buena Estrella con los trabajadores cesantes de la empresa CLANIDER en el 2010. Silva se reunió con ellos en su despacho y les brindó asesoramiento para organizar y diseñar la creación de la cooperativa e incluso concurrió a reuniones en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. “En una oportunidad se reunió con los empleados de la empresa de limpieza en el vestuario para decirles que los ‘iba a apoyar en todo’”, explicó la jueza en su sentencia de condena.

Luego de constituida la asociación civil Buena Estrella, Silva siguió en contacto con los directivos, les dio información sobre los llamados a licitación en distintas dependencias de Salud Pública como los hospitales de Rivera y de Pando y el Instituto Nacional del Cáncer, y logró que se presentaran con propuestas de precio adecuadas para lograr ser contratadas en los servicios de limpieza y conserjería.

Maira Aquino, que fue tesorera de Buena Estrella, declaró que ellos “no hacían nada que no pasara antes por Silva” e incluso contó que cuando dijo que tenía “poca preparación” para el cargo que le habían asignado, Silva le dijo que no se tenía que preocupar porque su cargo “no pasaba por manejar plata sino por ser la cara visible de la empresa”.

La jueza Larrieu consideró que “tomar intervención o ‘interesarse’ en la formación de una empresa –cualquiera sea la modalidad que ésta adopte– que en definitiva va a contratar con la Administración, atenta contra la transparencia de la función pública y la imparcialidad que debe tener el funcionario, la que no debe variar ni aun en el caso de los llamados directores ‘sociales’”, como lo era Silva.

Larrieu le dio la razón a la defensa de Silva sobre que éste no decidía solo las contrataciones, sino que era parte de un órgano colectivo, como lo es el directorio de ASSE, pero luego aclaró que no se trataba de un funcionario más y que formaba parte de un órgano de decisión.

“Tanto el asesoramiento previo como posterior a la constitución de Buena Estrella –extremo sobre el cual depusieron numerosos testigos– realizado por Silva demuestra una connivencia con la asociación, cuando su calidad de director de ASSE le impedía intervenir de cualquier manera intervenir en una empresa que iba a contratar con el organismo”, explicó.

La Corte rechaza inconstitucionalidad

La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había sido presentado por el exvicepresidente de ANCAP Germán Riet y del exdirector del ente Juan Gómez contra el delito de abuso de funciones. Ambos habían sido señalados por este delito por el fiscal Luis Pacheco en la causa ANCAP, pero hasta ahora la jueza Beatriz Larrieu no había podido definir si los procesaba o no hasta tanto el máximo órgano judicial no se expidiera.

A criterio de Pacheco, Riet y Gómez cometieron un delito de abuso de funciones por su papel en la contratación de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con la petrolera ecuatoriana Petroecuador entre 2010 y 2011. El acuerdo consistía en que ANCAP le comprara petróleo a la compañía con sede en Quito a través de Trafigura para luego venderle gasoil.

Esto se llevó adelante durante varios meses sin contrato. Además, según indicó el fiscal, hubo un monto de operaciones total entre 2010 y 2012 de US$ 4.900 millones, pero las ganancias de ANCAP fueron de US$ 5 millones.

Por este negocio, Pacheco también había pedido el procesamiento de ex director colorado Juan Justo Amaro y del ex vicepresidente Raúl Sendic. Sin embargo, la jueza no hizo lugar a ningún procesamiento porque entendió que el delito de abuso de funciones no podía imputarse ya que como ANCAP ganó US$ 5 millones, no hubo perjuicio para el Estado.

Asimismo, tanto Riet como Gómez habían sido señalados por el fiscal por la forma presuntamente irregular en que se llevó adelante la cancelación de la deuda que el ente petrolero y la venezolana Pdvsa. De la negociación comenzó participando la empresa financiera EXOR, pero a último momento fue cambiada por el banco venezolano Bandes, lo que llevó a que la compañía demande al ente petrolero por US$ 34 millones.

Por este negocio el fiscal también había pedido el procesamiento por un delito de abuso de funciones contra Sendic y José Coya (expresidente de ANCAP). Sin embargo la jueza solo procesó a Sendic por entender que fue él quien hizo el primer contacto con esta empresa que inicialmente propuesta por Venezuela y luego quitada de forma unilateral.

La magistrada no había podido definirse sobre la situación de Riet y Gómez, debido a que debía esperar el fallo de la Suprema Corte, pero para la magistrada ambos están una situación similar a la de Coya –quien fue absuelto– porque "hicieron lo mismo".

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