Opacidad en las compras estatales

Uruguay Transparente ve con preocupación la inclusión del art. 19 del proyecto de ley de rendición de cuentas a través del cual se elimina la obligación establecida en el TOCAF de publicar las convocatorias a precios cuando se refiere a compras directas que superan el 20% de los topes establecidos, esto es US$ 2.900 para la administración pública y US$ 8.700 para empresas públicas
Uruguay transparente exhorta al sistema politico a rechazar este cambio, que en nombre de una presunta mayor agilidad incentiva la opacidad y cuya única probable razón es que no se quiera considerar otras ofertas.
Desde Uruguay Transparente se promueve que en el Estado se revisen los topes para las compras directas, hoy establecidos para la administración pública en US$ 14.500 y cuando se trata de empresas públicas y otras administraciones habilitadas, en US$ 43.500.
Asimismo se promueve la publicación del 100% de las compras, práctica ya consolidada en otros países de la región.


En el siguiente trabajo realizado por un técnico de Uruguay Transparente se puede visualizar como ha ido evolucionado el sistema de compras del Estado


Transparencia en Compras Públicas: 2011-2018 en baja constante
La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) fue creada por ley en 2008.
Sin embargo recién en 2012 comienza su funcionamiento al constituirse su directorio, el Consejo Directivo Honorario, integrado con representantes de AGESIC, MEF, Presidencia, MIEM. Un quinto integrante en representación de las Empresas Públicas nunca fue designado.
Desde la puesta en funcionamiento de la Agencia, e incluso desde unos meses antes, diversas iniciativas de ACCE han resultado en una modificación normativa que tuvo como resultado:
• por un lado, una mayor libertad para los compradores en el momento de seleccionar sus proveedores, no solamente pasando a comprar en forma directa en lugar de realizar procesos competitivos, sino eliminando la necesidad de justificar la elección, y hasta eliminando el requerimiento de comparar precios, y
• por otro, una menor transparencia acerca de lo actuado, eliminando obligación de publicar la contratación realizada.
Este documento resume las principales de estas modificaciones.
2011: Más causales para admitir la compra directa
Hasta 2011 el procedimiento preferente en el TOCAF era el competitivo. Se admitían algunas “excepciones” que habilitaban la compra directa: bajo monto, urgencia, etc.
Desde 2011 cada año se agregan nuevas causales de excepción, llegando a ser tantas que de “literales” del Art. 33 pasaron a ser “numerales”, ya que se agotaron las letras del abecedario. Actualmente hay 38, y en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2017 actualmente en discusión parlamentaria se incorporan varias más.
Cuando una compra se ampara en estas causales, se puede realizar en forma directa, con independencia de su monto.
2011: Suba de topes
El TOCAF establece unos montos límites que definen qué procedimiento se usará: hasta un primer límite se puede comprar en forma directa (CD), sin competencia entre oferentes. Pasado ese límite se requieren procedimientos competitivos, como por ejemplo licitaciones.
Esos topes rigen en principio para todo el Estado, pero algunos organismos tienen autorizado un tope que es aproximadamente el triple. Son las empresas públicas y también algunos organismos más que tienen ciertas características y pueden solicitar al TC pasar a usar esos topes que se llaman “ampliados”. El primer tope para este grupo es el de compra directa ampliada (CDA).
Los topes son actualizados por el INE de acuerdo al IPC.
La ley de rendición de cuentas de 2010, presentada en 2011, elevó dichos topes en un 250% aproximadamente. Estos nuevos topes comenzaron a regir en 2012. El siguiente cuadro muestra la evolución de los valores de topes de CD y CDA (línea continua) y los que hubieran tenido en caso de no existir el cambio citado (línea punteada).

(Elaboración propia a partir de datos publicados por el INE de evolución de topes y de IPC)

En 2018 los valores de estos topes son los siguientes:
• Compra Directa: hasta $ 436.000 (aprox. US$ 14.500)
• Compra Directa Ampliada: hasta $ 1.307.000 (aprox. US$ 43.500)
Este aumento de valores de topes permitió a los compradores realizar contrataciones en forma arbitraria, sin necesidad de comparar precios ni justificar la elección del proveedor, en más contrataciones que antes. Esta menor necesidad de justificar se traduce en menor transparencia.
El aumento producido en 2012 en los topes tuvo además otra consecuencia. La obligación de publicar las compras públicas, prevista en el Art. 50 del TOCAF, está indicada para compras cuyos montos sean superiores a cierto porcentaje del tope de la compra directa. Ese porcentaje no fue modificado en 2011 y se mantuvo en el 50%, por lo cual pasó a ser obligatoria la publicación de una cantidad mucho menor de compras ya que el tope para publicar se aumentó en la misma proporción –un 250% aproximadamente.
Miles de compras dejaron de publicarse. Publicar menos compras implica pérdida de transparencia.
Varios años más tarde el Parlamento subsanó ese “error”, bajando el porcentaje citado en el Art. 50 a un 20% del tope, con lo cual volvió al nivel previo a 2012. Esta corrección no fue iniciativa de ACCE.
Nota: El entrecomillado de “error” se debe a que esa disminución de transparencia fue deliberada, y no una consecuencia involuntaria. En 2011 los técnicos del equipo de compras (aún no se había conformado ACCE) advirtieron en forma oportuna a los futuros directores acerca de lo que iba a ocurrir al subir los topes, pero la advertencia fue ignorada.
2013: derogación del Decreto 232-2003
Un decreto del gobierno de Jorge Batlle establecía la exigencia para los Organismos de la Administración Central de publicar la información de convocatoria a procedimientos de contratación directa superiores al 15% de los montos límite de la compra directa.
Se fundamentaba en mayor transparencia. Era el 232-2003. En ese momento la obligación existía para todos los organismos públicos cuando la compra fuese por un monto superior al 50% del tope de la CD.
El decreto establecía un tope menor para la Administración Central y además obligaba a "escuchar ofertas" por 48hs mínimo. Decía el art. 3 del decreto:
“La información requerida en el artículo anterior deberá ser enviada al Sitio www.comprasestatales.gub.uy y estar publicada en el mismo durante un período no inferior a 48 horas corridas previas a la fecha límite de presentación de ofertas, suspendiéndose la contabilización del plazo los días sábados, domingos y feriados.”
Este decreto fue derogado por decreto 277-2013 a iniciativa de ACCE. El decreto no da una justificación clara del motivo de la derogación.
Puedo afirmar que se hizo para aumentar la libertad del comprador al realizar compras directas.

2018: Eliminación de obligación de publicar establecida en Art. 50
El art. 19 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2017 que está en el Parlamento, se suprime un párrafo del art. 50 del TOCAF que obliga a publicar convocatorias cuando la CD supera el 20% del tope. Ese párrafo dice textualmente:
“Asimismo las administraciones públicas estatales deberán publicar en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales la convocatoria a los procedimientos de contratación directa, excluidas las realizadas por casos de excepción, cuyo monto sea superior al 20% (veinte por ciento) del límite de su procedimiento de compra directa, y a los solos efectos de dar debida publicidad al acto.”
La iniciativa de este cambio es del directorio de ACCE.
En la fundamentación presentada por el PE se indica al respecto: “se elimina el cumplimiento de una formalidad que afecta a un procedimiento que por su naturaleza requiere flexibilidad y rapidez para ser eficiente.”
Podrá alguien preguntarse para qué publicar, si es CD. Estamos hablando de los siguientes montos:
• 20% CD = $ 87.200 (~US$ 2.900)
• 20% CDA = $ 261.400 (~US$ 8.700)
El texto que se suprime del Art. 50 no quita ni flexibilidad ni rapidez a la compra. La publicación es instantánea, la hacen los sistemas de información y no los funcionarios, y no se establece un plazo de espera para recibir ofertas. ¿Cuál es entonces la verdadera justificación?
Cabe mencionar que no se trata de compras de urgencia (están exceptuadas de estos topes) ni de una larga lista de otras excepciones al art. 33 que permiten comprar directamente sin importar el monto de la compra.
La única probable razón de la eliminación es que no se quiera considerar otras ofertas en esos casos.
Dos propuestas para aumentar la Transparencia en Compras Públicas
1) Revisar los topes
Como se dijo, cualquier administración pública puede comprar en forma directa por montos hasta aproximadamente U$S 14.500 y cuando se trata de empresas públicas y algunas otras administraciones habilitadas, hasta U$S 43.500.
Cabe preguntarse si está bien que se pueda comprar, sin concurso de precios, hasta esos límites. Son esquemas que tienen su origen en épocas en que para pedir precios había que llamar por teléfono, conseguir que nos enviaran un impreso con una cotización, se demoraba días y había costos de gestión. Hoy pedir y obtener cotizaciones lleva minutos y se puede hacer en línea.
Si el buen funcionario debe administrar los bienes públicos con el mismo celo que tendría si fueran propios, y si nadie hace una compra de 400 mil pesos para su casa, sin pedir 2 o 3 precios, ¿por qué entonces se admite para el Estado que se le compre directamente a un proveedor determinado, sin comparar precios? Sería bueno analizar si están bien, si se justifican esos topes, y si no sería preferible regresar a los niveles previos al aumento de 2012.
Datos actuales de ACCE muestran que, de las compras publicadas, el 88% de los procedimientos de compra se hace en modalidad de compra directa. Tomando en cuenta que la obligación de publicar (y por lo tanto de informar a ACCE) es para compras superiores al 20% del tope, seguramente ese porcentaje en realidad sea mucho mayor.
No parece una forma adecuada de gestionar las compras públicas.

2) Publicar el 100% de las compras
Se señaló que la obligación de publicar es para compras mayores al 20% del tope de la compra directa que tenga el organismo (US$ 2.900 o US$ 8.700 si tiene ampliada).
¿Qué razón hay para no publicar todas las compras?
Estas normas existen desde la época en que la publicación había que hacerla en el diario oficial y en algún otro medio de circulación nacional, y no se justificaba el gasto y el esfuerzo para compras de cierto monto. Pero hoy la realidad es otra, las publicaciones se hacen en internet y en forma automática. La opacidad no se justifica en absoluto.
Hoy en todos los organismos las compras pasan por algún sistema informático, publicar de hecho no tiene costo, no es una tarea que hagan funcionarios sino que la hacen los sistemas de información interoperando con el sitio web de compras del Estado.
Muchos países de la región publican el 100% de sus compras. Uruguay debería hacerlo.

Edil de Maldonado, Rodrigo Blas, multado por la DGI por evasión

Según informó el semanario Brecha, la Dirección de Rentas confirmó que el edil nacionalista Rodrigo Blas usó su inmobiliaria para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de unos terrenos de la empresa Javipark SA, de la que él mismo es apoderado.

En la resolución se declara a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de 57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares).

La DGI estableció que JaviPark SA utilizó la inmobiliaria Blás para vender inmuebles a un precio verdadero pactado entre las partes, pero a la hora de realizar la escritura de compraventa se la ingresaba por un precio menor. “De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la resolución a la que accedió Brecha.

Además, se le ofrecía al comprador un beneficio a cambio de mantener la confidencialidad sobre el contenido de las negociaciones y “desmentirlas” ante la Dgi en caso de ser citado.

Para la investigación, fueron determinantes una serie de cuadernolas incautadas en la sede fernandina de la inmobiliaria donde estaban registrados los precios declarados y los verdaderamente cobrados.

Las maniobras se realizaron entre 2011 y 2014, periodo en el que Blás era edil por la lista 23. Blás además, tuvo una participación activa en la campaña electoral de Luis Lacalle Pou y su caudal electoral fue determinante en el triunfo del intendente de Maldonado, Enrique Antía.

Blás negó la existencia de las maniobras mencionadas. Para el edil nacionalista, la DGI “está intentando imponer la multa” por algo que no hizo.

Según explicó a Telenoche la abogada del edil, Susana Sotto,JaviPark SA hizo el pago de todos los impuestos y el acto administrativo ya fue recurrido por todas las partes, para revocar la multa. Sotto aseguró que no se diligenciaron las pruebas y que no llamaron a los implicados a comparecer y dar su versión de los hechos.

Además de Blás, hay otros cinco implicados en la causa. La DGI entiende que tres escribanos que trabajan para Blás (uno de ellos es José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y otras dos funcionarias), tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento”, por lo que se les aplicó una multas de entre 5.000.000 y 24.700.000 pesos, según informó Brecha.

Igualmente, los profesionales negaron estar vinculados a la empresa Javipark SA y por ello nose les puede imputar defraudación.

Además, está involucrado el edil herrerista Darwin Correa, a cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades fue “indispensable” para cometer el fraude. Algo similar ocurrió con la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con una multa de 14.389.110 pesos.

De acuerdo con Brecha, todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas desde setiembre de 2014 y fueron denunciados por la DGI en la Justicia Penal especializada en crimen organizado.

¿Dónde se esconde el dinero del delito en América Latina?

Roberto de Michele es abogado de la Universidad de Buenos Aires y LL.M de la Yale Law School. Actualmente se desempeña como Especialista Principal la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID. Fue Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de Argentina; Gerente del Programa Iniciativa Privada para el Control de la Corrupción de la Fundación Poder Ciudadano; y trabajó como consultor del Banco Mundial, del BID, de las Naciones Unidas y de la OCDE, entre otros organismos. Es miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Entre otras publicaciones, es autor del libro Los Códigos de Ética en las Empresas y uno de los coautores del Anti-Corruption Toolkit del Programa Global contra la Corrupción de las Naciones Unidas. El presente articulo fue publicado en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo.

La cantidad de dinero proveniente del delito y la corrupción que se lava en sociedades fantasma se sitúa entre 2 y el 5% del PIB mundial cada año. Eso son aproximadamente entre 800 billones y 2 trillones de dólares o, lo que es lo mismo, el equivalente al PIB de Brasil. El crimen internacional no tiene bandera pero mueve más dinero que muchas economías soberanas.

El dinero del delito distorsiona nuestras economías y nuestras sociedades a muchos niveles. Para los gobiernos, es una cuestión que abarca desde la transparencia fiscal y financiera a la prevención de que se utilicen vehículos corporativos para todo tipo de delitos. Para el sector privado que exige legalidad, es muy complejo identificar sus competidores son criminales que utilizan empresas para lavar activos de actividades ilegales. Como dicen los estudios de Carlo Gambetta sobre la mafia como organización criminal empresarial, a la larga no puedes competir con alguien que no necesita un crédito para financiarse.

¿Quién se está beneficiando del dinero del delito?
En los últimos meses, se han aprobado en nuestra región dos declaraciones importantes en materia de transparencia e integridad. El primero es el documento Acción para el Crecimiento adoptado por el Diálogo Empresarial de las Américas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Lima. Casi al mismo tiempo y en la puerta de al lado, la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos aprobaba una declaración para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

Hay un tema en especial que contienen estos documentos: el de beneficiarios finales —o sea, las personas físicas o naturales que verdaderamente controlan una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación… —. En los casos de crímenes financieros, el beneficiario final es la persona que se esconde detrás de sociedades y estructuras pantalla en donde se “legaliza” el dinero proveniente de actividades ilícitas. Regular la información sobre los beneficiarios finales es una medida fundamental para incrementar los costos de ocultar el dinero del crimen.

La importancia del compromiso público y privado
La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los beneficiarios finales es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Los estándares más aceptados, los del Grupo de Acción Financiera y los de la OCDE de transparencia fiscal, requieren que los países establezcan criterios para definir adecuadamente a los beneficiarios finales y mecanismos para que las entidades responsables puedan acceder a esta información debidamente.

Justamente, ése es la decisión que tomaron los representantes del sector privado y de los gobiernos presentes en las cumbres de Lima. Por el lado político, los países suscriptores del Compromiso de Lima reconocieron la necesidad de implementar políticas para la identificación de los beneficiaros finales (ver recomendación 43). En el caso del Dialogo Empresarial, la recomendación del sector privado fue la necesidad de establecer políticas y mecanismos para identificar los beneficiarios finales (ver recomendaciones 13 y 28). Los registros de beneficiarios finales ya existen en muchos países de manera pública y gratuita, como en el Reino Unido, Dinamarca o Ucrania. Desde hace varios años, el G-8, el G-20 y el B-20 vienen abogando por la transparencia de los beneficiarios finales. Pero que en América Latina empiece a haber un fuerte compromiso público y privado en torno al tema no es como para pasar desapercibido.

Radiografía de América Latina: De acuerdo en el desacuerdo
En América Latina y el Caribe, la regulación en la materia de identificación de beneficiarios finales es muy dispar. Aunque la mayoría de los países tiene alguna norma al respecto, las definiciones legales varían mucho de país a país y no siempre cumplen con los estándares internacionales. En general, se puede afirmar que todos los países tienen espacios para mejorar su normativa y su cumplimiento.

El BID ha contribuido a este proceso ofreciendo aportes técnicos a la Cumbre de las Américas en este y otros temas de transparencia, así como al dialogo empresarial. Asimismo, hemos publicado un estudio donde analizamos concretamente qué puede hacer cada país de la región para fortalecer la identificación de beneficiarios finales. Este documento explica el concepto de beneficiario final, describe los estándares en la materia que deben seguir los países, y detalla las calificaciones relativas a las leyes y regulaciones que recibieron los 26 países prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo en las evaluaciones del GAFI y del Foro Global. Además, se analizan las definiciones de beneficiario final que están en uso en los 26 países e identificamos cuanto se diferencian de los estándares internacionales.

Que empresarios y gobiernos, casi simultáneamente, se comprometan a trabajar para lograr una reforma que involucra a ambos sectores no es sólo indicativo de cómo de urgente es la medida, sino que es la única esperanza de que una reforma así llegue a buen puerto. La experiencia nos ha enseñado que las reformas de transparencia requieren siempre de un acuerdo político para definir cuáles son las reglas de juego, y de un compromiso privado de jugar conforme a esas normas.

En la lucha contra el delito, la transparencia mete a todos en el baile.

 

El guión para el lavado de dinero

Un muy interanste trabajo elaborado por Sergio Antequera para Lavadodedinero.com revela como en el mundo del lavado de dinero ciertos patrones se ven repetidos varias veces si los esquemas son analizados, o por lo menos así afirma el reporte del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) llamado “Lavado de Dinero Profesional”, el cual expone las etapas a seguir por los criminales financieros de mayor experiencia.

El reporte, emitido en julio de este mismo año, repasa como los Lavadores de Dinero Profesionales (LDP) siguen un “guión” de tres etapas en su proceso ilícito, enmarcadas por los momentos clave que definen el blanqueo de dinero:

Etapa I - Los fondos delictivos se transfieren a, o son recaudados por, el LDP

“La forma precisa de introducción de los fondos en el esquema de blanqueo varía dependiendo de los tipos de delitos y la forma en que se generó el producto del delito (por ejemplo, efectivo, fondos bancarios, moneda virtual, etc.)”, explica el documento. El dinero sucio en efectivo normalmente es llevado a un colector, el cual tiene como fin depositarlo en una cuenta bancaria. Asimismo, es común que lo delincuentes utilicen negocios que muevan altos montos en efectivo o casinos para introducirlos en el sistema financiero.

Por otro lado, el dinero sucio recibido en cuentas bancarias (normalmente proveniente de actos ilícitos como la estafa y el fraude fiscal) suele ser transferido por entidades ficticias de los clientes a las cuentas controladas por los LDPs. Por otra parte, las ganancias ilegales obtenidas en monedas virtuales deben ser manejas a través de plataformas y carteras en línea, las cuales pueden ser administradas por los LDPs.

Etapa II - La Estratificación realizada por individuos o redes

Una vez el LDP tenga disposición de los fondos, inicia la etapa de estratificación. En general, el paso consiste en el movimiento de dinero por diferentes cuentas o puntos, los cuales permiten crear una serie de “capas” detrás de los fondos, con el fin de hacer el rastreo de las transacciones más difícil y difuminar el origen ilícito. “La etapa de estratificación es administrada por individuos responsables de la coordinación de las transacciones financieras”, agrega el documento.

Como en la etapa anterior, la estratificación del dinero sucio depende de cómo fue obtenido y en que “estado” se encuentra. Con el dinero en efectivo, “los mecanismos son comúnmente lavado basado en el comercio, comercio ficticio, liquidación de cuentas y banca clandestina”, señala el reporte.

Por su parte, el dinero sucio en cuentas bancarias es movido por los LDPs a través de complejos sistemas de transacciones a otras cuentas de compañías falsas, tanto dentro como fuera del país, incluso mezclando los fondos de diferentes clientes. De manera similar, el dinero virtual es transferido entre distintas carteras virtuales permitiendo a los lavadores crear una estructura de total opacidad en relación a los fondos. Además, existen servicios en línea destinados a lavar monedas virtuales llamados “mixers” (mezcladores), los cuales unen fondos de diferentes orígenes en una “piscina” común, diluyendo el rastro de origen.

Etapa III - Los fondos se devuelven a los clientes para su inversión o adquisición de activos

En esta última etapa, los LDP completan el proceso de lavado transfiriendo los fondos a las cuentas de sus clientes (o las de sus asociados, terceros relacionados, etc.). “El LDP puede invertir las ganancias ilícitas en nombre de estos clientes en bienes raíces, productos de lujo y negocios en el exterior”, apunta el informe, incluyendo también la posibilidad de que el dinero puede ser gastado en bienes que son transportados a otros países o, de ser el caso, el país de origen de los fondos.

ESCRÍBENOS