Ganar ganar

Nuevos elementos se suman al cuestionamiento hecho a la Intendencia de Rocha por haber contratado a la fundación A Ganar. Tal como lo hicieron en el verano los ediles y el diputado del Frente Amplio (FA) por Rocha Gabriel Tinaglini, ahora se suman informes del Tribunal de Cuentas (TCR) y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Según informa Brecha, señalan irregularidades en el trámite y cuestionan que el secretario general de la intendencia, Valentín Martínez Vicentino, haya participado en el llamado a licitación cuando su hermana, Verónica Martínez Vicentino, es la vicedirectora y jefa del departamento técnico de A Ganar.

El 8 de enero, la Intendencia de Rocha resolvió contratar a la fundación A Ganar para desarrollar el “gerenciamiento de recursos humanos” para un programa socioeducativo de temporada, para que preste servicios “de higiene ambiental y otros emergentes relativos a la temporada estival”. A Ganar obtuvo ese contrato mediante un llamado a licitación que la comuna rochense llevó a cabo el 29 de diciembre de 2020; el plazo de presentación de propuestas vencía el 8 de enero. Entre la presentación y el cierre del llamado, apenas hubo un día hábil -30 de diciembre-, porque desde el 31 de diciembre hasta el 7 de enero el edificio de la intendencia estuvo cerrado.

El informe del tribunal, que llega en respuesta al pedido que había hecho Tinaglini, señala que hubo varias irregularidades en el trámite administrativo de la licitación. La contadora delegada del TCR en la intendencia observó el gasto de la licitación porque vulnera normas de control administrativo. Según destaca el semanario, entre ellas está el retraso en la remisión de los antecedentes para su control preventivo y la decisión de ampliar la licitación por 1,5 millones de pesos.

El informe también señala otras irregularidades. Se criticó que el pliego no incluyera criterios objetivos de evaluación de las ofertas y que el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones “no contiene fundamento alguno sobre la admisibilidad y la conveniencia de la oferta”.

Por su parte, el ministro Enrique Cabrera señaló que A Ganar fue contratada para la gestión y administración de recursos humanos, cuando se presenta como una organización de promoción social, destacó que “la facturación no corresponde con el servicio prestado” y agregó que la fundación “podría estar incumpliendo sus obligaciones fiscales”.

Contratos entre hermanos

Por otra parte, Brecha también divulga el informe de la Jutep que indica que la participación del secretario de la intendencia “no incidió en la adjudicación de la licitación a la fundación A Ganar, ya que esta se aprobó por unanimidad”, y que “no se perjudicó a ningún interesado, ya que no hubo otro oferente”. De todas formas advierte que “hubiera sido prudente y éticamente correcto que el secretario general de la Intendencia de Rocha se excusara de participar”.

“Se debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice apariencia de violar las normas de conducta en la función pública”, recuerda la Jutep y agrega que los funcionarios públicos deben cumplir con los deberes de probidad e imparcialidad y que “deberán abstenerse de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones por falta de imparcialidad”.

(En base a Brecha semanario y la diaria)

Cardoso otra vez envuelto en la polémica

El tire y afloje entre Germán Cardoso, titular del Ministerio de Turismo, y el exdirector nacional de la cartera, Martín Pérez Banchero, que terminó con su cese hace pocos días, sigue teniendo eco en el ámbito político. Pérez Banchero acusó a Cardoso de hacer compras directas por fuera de la norma, en declaraciones al semanario Búsqueda.

Mientras en filas del Frente Amplio (FA) analizan posibles iniciativas a nivel parlamentario, como una interpelación a Cardoso, varios dirigentes del Partido Colorado (PC) se acercarán a la sede de la calle Martínez Trueba para que la Comisión de Ética y Conducta Política investigue la situación que involucra a ambos jerarcas.

En la carta los firmantes -que pertenecen a diversos sectores colorados- señalan que denuncian tanto a Cardoso como a Pérez Banchero por “los hechos de público y notorio conocimiento entre ambos jerarcas, que ocupando cargos de gobierno en representación del PC han sido objeto de cuestionamientos respecto de su actuar y su ética”, con base en varias “consideraciones de hechos y fundamentos de derecho”.

Sostienen que los hechos ocurridos en el Ministerio de Turismo que se hicieron públicos pusieron “un manto de dudas respecto del desempeño de ambos jerarcas, extremo que preocupa a la colectividad en su conjunto y corresponde la aclaración de las situaciones expuestas”. “A la vista de la normativa partidaria aplicable, corresponde la instrucción del procedimiento a los efectos de conocer la verdad de los hechos y descartar, o en caso de que corresponda, sancionar las conductas que puedan contravenir la mencionada normativa”, se agrega.

Los firmantes se amparan en el artículo 134 de la Carta Orgánica del PC, que señala que los afiliados y adherentes del partido “tienen el deber de observar la conducta cívica y cumplir el Código de Ética y Conducta Política que contribuya a prestigiarlo, respetando en la acción política su Programa de Principios”. En este marco, subrayan su preocupación por “las mutuas acusaciones efectuadas por los jerarcas, como ser la falta de ética, inoperancia, el no respeto de la normativa de compras del Estado y el incumplimiento de las tareas asignadas al cargo, entre otras”.

En la carta se agrega que “es pertinente tener en cuenta” que el FA “ha solicitado la interpelación del ministro de Turismo, reaccionando de forma inmediata a la situación”. Por lo tanto, entienden que esto los lleva “a la inmediata apelación de la situación”, ya que tienen “la profunda convicción de que es el PC, como colectivo que es representado por los denunciados, quien debe tomar la delantera a los efectos de aclarar la situación y resolver si correspondiere tomar medidas o aplicar sanciones, respetando las garantías constitucionales”.

En la misiva se señala que el espíritu de la denuncia no es “la generación de conflictos internos, sino la de aclarar y dar respuesta a la ciudadanía sobre el actuar de quienes representan al partido”. Teniendo estas consideraciones en cuenta, al final los firmantes piden que se instruya la denuncia “dándole traslado a los denunciados, a los efectos de conocer la realidad de los hechos, y brindarle una respuesta sobre los hechos a la colectividad política y a la opinión pública en general, y si correspondiere se recomiende la aplicación de las sanciones que entiendan”.

Pérez Banchero dijo a Búsqueda que tenía “discrepancias” con el ministro porque se utilizaba “como regla la compra directa por excepción y no la licitación pública” para los gastos en publicidad. “El ministro me dijo que si no firmaba [las resoluciones para las compras directas] me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió”, agregó.

“Complica la credibilidad del sistema político”

Entre los firmantes está el convencional departamental por Montevideo Nicolás Sosa, que en diálogo con la diaria sostuvo que la situación de Cardoso y Pérez Banchero “complica la credibilidad del sistema político y ni que hablar de la imagen del PC”. “Queremos que se aclare cuál es la situación de estas dos personas que ocupan cargos políticos. El objetivo es que el Comité de Ética haga la investigación, porque está para eso. Porque si esta persona [Pérez Banchero] está mintiendo, está ensuciando al ministro de Turismo, entonces, el PC debe tomar medidas con esa persona. Y si el ministerio está realizando procedimientos incorrectos, el partido también debe tomar alguna medida [con Cardoso]”, sostuvo.

Sosa aclaró que esta denuncia no tiene relación con otros hechos que protagonizó Cardoso anteriormente y que marcaron la agenda política hace pocos meses, como el caso de las llamadas telefónicas en las que el ministro pedía favores a un jerarca policial de Maldonado que fue imputado con prisión por cinco delitos. “Es totalmente independiente, es por este caso puntual. Esto no es ni contra Cardoso ni contra el exdirector de Turismo sino todo lo contrario: es para poder aclarar esto y que se sepa realmente qué es lo que está pasando, porque lo que sí es seguro es que se está dañando la imagen del PC”, finalizó.

(En base a un informe de la diaria)

 

Uruguay Transparente se reunió con presidenta de Jutep

Una delegación de Uruguay Transparente integrada por la Dra. Norma Locatelli, Felipe Ortiz de Taranco y Pedro Cribari, fue recibida por la presidenta de la JUTEP, Esc. Susana Signorino. En el encuentro se intercambiaron ideas acerca de cómo prevenir  la corrupción e incentivar la transparencia en la gestión pública.

Juan Pedro Damiani y sus vínculos con la causa Garbarino

Una investigación de eldiarioAR sobre la llamada causa Garbarino por el cierre de la empresa de venta de electrodomésticos más importante de Argentina Casa Garbarino, señala al estudio Juan Pedro Damiani como el usado por argentinos para crear sociedades y cuentas offshore. Correos electrónicos filtrados en los Panamá Papers aportan detalles sobre la relación del bufete con la firma suiza Swisser AG, denunciada por la AFIP por presunto lavado y asociación ilícita en el caso de la cadena de electrodomésticos.

Una nota publicada este lunes 9, con la firma de Emilia Delfino, señala que la pista suiza de la causa Garbarino está en Uruguay en el estudio de Damiani.

“La AFIP denunció que en 2013 dos compañías suizas sin actividad económica (Swisser AG y Helvetic Service Group) se llevaron alrededor de US$30 millones de la cadena de venta de electrodomésticos que años más tarde se sumió en una profunda crisis financiera”

La empresa argentina pasó de ser la líder del mercado a valer apenas 1 peso en junio de 2020. Los hermanos Daniel y Omar Garbarino la vendieron a Carlos Rosales, exfuncionario de Daniel Scioli, quien en julio último adeudaba tres meses de salarios a los 3.800 trabajadores de Garbarino, según reconoció la empresa ante la consulta.

Además, según los hallazgos del organismo fiscal y presentados ante la Justicia en 2017, Swisser AG movió acciones de diez compañías argentinas (incluida Garbarino) por alrededor de US$13 millones sin que pudiera rastrearse la verdadera identidad de esos accionistas y los beneficiarios finales del dinero que las suizas se llevaron de empresas locales de diversos rubros: desde constructoras de la obra pública hasta frigoríficos de exportación, entre otros, como informó este medio en las últimas semanas.

En 2013, Swisser AG y Helvetic se llevaron alrededor de US$30 millones de la cadena de venta de electrodomésticos, según la AFIP.

Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA. Ningún accionista o ejecutivo de estas compañías está imputado de ningún ilícito en la causa.

Quienes custodian la información clave sobre cómo y para qué se abrieron en Argentina estas dos firmas suizas, Helvetic Service Group y Swisser AG, son los responsables del estudio Damiani, que encabeza su socio y CEO, Juan Pedro Damiani, expresidente del Club Atlético Peñarol y el preferido de los argentinos que buscan resguardar sus fortunas en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza, como demostraron las filtraciones de documentos de los Panama Papers entre 2016 y 2018.

El estudio Damiani utilizó a Swisser AG para “triangular”, según admite un ejecutivo del bufete en un correo electrónico que se filtró gracias a la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. elDiarioAR contactó durante días a través de llamada, mensajes y correos electrónicos a Damiani y Juan Fernández Methol (actual CFO y socio del estudio) para conocer su versión, pero en la sede del estudio de Montevideo respondieron que los miembros del bufete “no hacen declaraciones a los medios”.

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