Compras del Estado: retiran polémico artículo

El Frente Amplio quitó del proyecto de Rendición de Cuentas un artículo propuesto por el Poder Ejecutivo para acotar el número de funcionarios impedidos a contratar con el Estado por conflicto de intereses, aunque dejó abierta la puerta para que el Senado pueda presentar una redacción alternativa.
En el proyecto original enviado por el gobierno el 30 de junio se incluía una modificación al artículo 46° del Tocaf, que en su redacción actual establece entre los impedimentos para contratar con el Estado el "ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma".
El artículo 18 del texto remitido al Parlamento cambiaba el impedimento a "ser funcionario público del órgano competente para contratar y gastar", pero la bancada oficialista eligió no votarlo al entender que la redacción no era "la mejor".
Sobre esta propuesta ya se había expresado Uruguay Transparente.

Sanabria procesado por lavado de activos

La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, procesó con prisión al empresario y político colorado Francisco Sanabria, propietario del Cambio Nelson, por lavado de activos.
Sanabria ya había sido procesado por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real.
En febrero de 2017 el cambio cerró las diferentes sucursales que tenía –tanto en Maldonado como en Montevideo- y Sanabria se fue de Uruguay.
Días después se conoció un audio, en el que el también ex dirigente colorado aseguraba que “heredó” un negocio en problemas y que viajó dentro del Mercosur, “intentando buscar una solución” para una situación que categorizó de “película de terror para todas las partes”.
A fines de marzo del año pasado Sanabria retornó al país, proveniente de Miami y fue apresado.
Sanabria –que se encuentra preso en la cárcel de Campanero en Lavalleja- había pedido la libertad anticipada a la Suprema Corte de Justicia en mayo pasado, pero se le había negado.
En aquel momento, el ministro Jorge Chediak había dicho que si bien el delito de Sanabria no era “de los más graves” no se le concedía la libertad anticipada por “la magnitud de la maniobra” y “por el daño social causado”.
Parte del dinero usado ilegalmente por Sanabria tenía como destino la política. Mientras tanto en el Parlamento está a estudio las modificaciones a la ley de partidos en lo que refiere al financiamiento, con cláusulas que acentúan los impedimentos y sanciones a las empresas que intenten financiar las campañas.
Uruguay Transparente y la sociedad civil sigue con expectativa y preocupación la dilatoria a que se aprueben cambios en la normativa que agreguen transparencia. También es motivo de alerta que en el proyecto a estudio no surge con claridad de qué manera se controlará el cumplimiento de la ley, y cuáles serían los recursos para tales efectos.
Sobre este particular Uruguay Transparente ya se ha expresado.

Argentina: Ex-vicepresidente Boudou condenado

El exvicepresidente argentino Amado Boudou fue condenado este martes a 5 años y 10 meses de prisión, de cumplimiento “inmediato”, en la causa por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, en el juicio oral que se inició el pasado 3 de octubre y en el que fueron juzgados además su amigo el empresario José María Núñez Carmona; el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía, y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.
El exvicepresidente y exministro de Economía fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. También fue condenado Núñez Carmona a 5 años y 6 meses de prisión, mientras que Vandrebroele recibió 2 años en suspenso y 3 de tareas comunitarias.
Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou, con Núñez Carmona y Vandenbroele como intermediarios, se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda, por lo que puso en marcha su salvataje.
Boudou negó siempre la imputación, de igual modo que conocer a Vandenbroele: sostuvo que el levantamiento de la quiebra estuvo vinculado a fondos del banquero Raúl Moneta. “Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70% del paquete accionario”, aseguró hoy antes de la lectura de la sentencia. Agregó que “el propio (Alejandro) Vandenbroele dijo que cohecho no existió”.
Boudou y su socio ya habían estado en el Penal de Ezeiza durante 70 días por orden del juez Ariel Lijo, que los acusó de enriquecimiento ilícito. Fue la Cámara Federal porteña la que posteriormente ordenó excarcelarlos.

LOS CONDENADOS

Amado Boudou: 5 años y 10 meses de prisión, con inmediata detención, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

José María Núñez Carmona: 5 años y 6 meses de prisión, con inmediata detención y multa de $ 90.000.

Nicolás Tadeo Ciccone: 4 años y 6 meses, con multa de $ 90.000 y pago de costas, con inmediata prisión domiciliaria.

Alejandro Vandenbroele: 2 años de prisión en suspenso, con multa de $ 90.000 y tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien púbico, a razón de 40 horas mensuales, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

Rafael Resnick Brenner: partícipe necesario de los delitos de 3 años en suspenso, inhabilitación especial perpetua y costas, más 3 años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público, 40 horas mensuales, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

Guido Forcieri: como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y 3 años de tareas comunitarias no remuneradas.

La fiscalía había pedido una pena de 5 años y 6 meses para Boudou, al igual que la Oficina Anticorrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado 6 años y la detención.

Fuente: Ámbito.com
Foto: Clarín

Uruguay y el lavado de activos: responde Daniel Espinosa

El contador y Licenciado en Administración, Daniel Espinosa egresó en el año en 1981 de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue funcionario del Banco Central del Uruguay desde el año 1983 hasta el año 2016, habiendo desempeñado una gran variedad de tareas básicamente en el ámbito de la supervisión bancaria. Desde 1998 se especializó en temas relacionados con la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y hasta enero de 2016 fue el Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Uruguay.
A partir de abril de 2016, se incorporó a la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, habiendo trabajado directamente con el Lic. Carlos Díaz Fraga, anterior Secretario Nacional.
Desde el 3 de abril del año 2017 se desempeña como secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Espinosa respondió un cuestionario de Uruguay Transparente sobre la actual situación del país en el marco de las nuevas leyes antilavado y las expectativas sobre la próxima ronda del Gafilat.
Lo que sigue son sus respuestas.

 

URUGUAY TRANSPARENTE. Un reciente informe sobre el Índice de Complejidad de Cumplimiento Corporativo 2018, elaborado por la consultora internacional TMF Group da cuenta que Uruguay está dentro de los países más complejos del mundo para concretar negocios por la cantidad de normas antilavado que se pusieron en marcha en el último año.
En concreto, el informe dice que el problema de Uruguay se debe "principalmente a la implementación continua de múltiples medidas de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo", entre ellas las normas de cumplimiento del Estándar de Reporte Común y de identificación del beneficiario final. ¿Comparte esa apreciación? ¿Puede revertirse esa complejidad?
DANIEL ESPINOSA. En los últimos años, Uruguay ha aprobado una serie de leyes y reglamentaciones para adaptar su marco normativo a los estándares internacionales que han sido emitidos por dos organizaciones internacionales que nuestro país integra: i) el Grupo de Acción Financiera Internacional por un lado, que emite los estándares en materia de prevención y control del lavado de activos y ii) el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE que emite los estándares en materia de cooperación internacional en asuntos fiscales. La acción de ambos grupos y las recomendaciones emitidas apuntan a fines diferentes pero son complementarias y en muchos casos idénticas.
Entre otras medidas adoptadas en este proceso, se puede destacar la aprobación ley 19.484 de Transparencia fiscal, la ley 19.574 contra el Lavado de activos y el Financiamiento del terrorismo, la Ley de Inclusión financiera, etc.-
Estos cambios son muy importantes e introducen cambios significativos en la normativa vigente, que han exigido a los distintos sectores de negocios un esfuerzo importante para comenzar a cumplir con determinados requerimientos de información o adaptar su operativa comercial instrumentando nuevos procedimientos de control.
Este esfuerzo no es en vano, sino que es imprescindible para lograr una adecuada inserción internacional, es decir que Uruguay permanezca integrado en el sistema internacional de negocios, tanto en materia financiera, productiva o de servicios, que actualmente requiere que los países adopten medidas claras hacia la transparencia y que incrementen la cooperación internacional para combatir los delitos incluidos en los estándares.
De lo contrario, en caso de incumplimiento, Uruguay podría ser incluido en las listas de países no cooperadores que ambas organizaciones publican, lo que, tanto por las dimensiones del país como por el grado de apertura de su economía, tendría consecuencias devastadoras para nuestra economía, ya que afectaría negativamente la realización de cualquier tipo de negocios con el exterior, entre los que podemos mencionar, a vía de ejemplo, la recepción de inversiones externas o la realización de cualquier transacción comercial o movimientos de fondos con instituciones financieras del exterior.
Finalmente, con respecto al grado de complejidad de las normas emitidas, se puede afirmar que son similares a las emitidas en la mayoría de los países del mundo, por lo que, en nuestra opinión, esta percepción actual está originada, probablemente con razón, porque el país está en pleno período de adecuación normativa y las empresas se han visto exigidas para cumplir con los plazos previstos por las normas.
No obstante, una vez que las empresas completen la implementación inicial de los procedimientos de control y de obtención de la información requerida, su cumplimiento en el futuro se verá facilitado, por lo que la complejidad en la aplicación de las normas que se percibe actualmente, se verá reducida significativamente una vez que las empresas incorporen estas rutinas a sus procedimientos de trabajo.

UT. En este sentido, ¿cree Ud. que las normas antilavado adoptadas por Uruguay afectan la libertad y los derechos de los ciudadanos?
DE. En absoluto. Como en toda normativa se imponen obligaciones y requerimientos de información, que en algunos casos pueden haber obligado a modificar la forma en que se desarrollaban algunas transacciones económicas, pero eso no implica, a nuestro criterio, que se estén afectando la libertad y los derechos de los ciudadanos. Tal como se ha expuesto anteriormente, las normas emitidas por Uruguay en la materia se basan en estándares internacionales que son aplicados por la casi totalidad de países y jurisdicciones del mundo.

UT. El año que viene se realizará la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Si no se lograra una buena calificación, ¿cree que se verá afectada la reputación de Uruguay ante las instituciones financieras internacionales?
DE.Tanto el GAFI como los grupos regionales que integran el sistema GAFI a nivel mundial, aplican este procedimiento en forma regular, realizando rondas de evaluación sucesivas que incluyen a todos sus miembros. Hasta la fecha GAFILAT -grupo que integra Uruguay- ha completado 3 rondas de evaluaciones mutuas, habiéndose iniciado ya la 4 ronda de evaluaciones.
La última evaluación mutua realizada a Uruguay es del año 2009 y la próxima visita está prevista para el año 2019.
Tal como se ha respondido anteriormente, si el país no logra una buena calificación en la evaluación y es incorporado a una lista de países no cooperadores en la materia, toda la inserción internacional del país se verá afectada negativamente en forma significativa.

UT. Como contrapartida, con estas nuevas normas, ¿se podría decir que el país va camino a lograr una buena calificación?
DE. Una evaluación mutua consiste en una revisión completa del sistema de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que ha implementado un determinado país, con la finalidad de examinar:
i) el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y
ii) el grado de efectividad que presenta el funcionamiento del sistema en relación con el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que enfrenta el país evaluado.
Desde el punto de vista del cumplimiento técnico el país ha realizado un esfuerzo para aprobar leyes y otras normas reglamentarias para adecuarse a los estándares, restando la aprobación de la Ley Integral contra el Terrorismo y su Financiamiento –que fue propuesta por el Poder Ejecutivo y está a estudio del Parlamento- para completar un panorama que se puede considerar como satisfactorio.
El desafío se plantea desde el punto de vista de la efectividad, en el que las distintas áreas de acción del Sistema Nacional contra el LA/FT, la Preventiva, la Represiva y de Inteligencia Financiera deberán demostrar su efectividad ante los evaluadores, proceso que involucrará a todos los organismos del estado con competencia en la materia e incluso al sector privado financiero y no financiero.

 

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