Por unanimidad, el Senado votó un proyecto de ley que da rango legal a una serie de disposiciones sobre normas éticas y de transparencia en la gestión oficial, provenientes en su mayoría de un decreto impulsado por el entonces presidente Jorge Batlle en 2003.

La semana próxima el Senado aprobará un proyecto del colorado Pedro Bordaberry que castiga el enriquecimiento ilícito de los gobernantes. También están en la agenda del Parlamento una iniciativa que beneficia al arrepentido, la no prescripción de los delitos de corrupción, la creación de la figura del informante y la del agente encubierto, todos proyectos presentados hace algún tiempo por Bordaberry.

Diputados comenzó a resolver en el plenario y en comisión, respectivamente, dos iniciativas relacionadas: una es la obligatoriedad de la rendición de viáticos a los funcionarios estatales, presentada por la diputada Susana Pereyra (MPP), y otra de presentación obligatoria y publicación en Internet de las declaraciones juradas de los legisladores, iniciativa del diputado Daniel Caggiani (MPP).

También el Senado votó por unanimidad un proyecto del senador del Partido Independiente Pablo Mieres por el cual se crea un fondo para efectuar peritajes en el Estado.

Mientras tanto, la ley de partidos se votará el jueves 20. Esta iniciativa regirá para esta elección. Seguramente será aprobado con los votos del Frente Amplio. Los partidos de la oposición se quejan de que la iniciativa, que regirá para este período electoral 2019-2020, tiene varias inconstitucionalidades y coloca a los partidos que no ganaron la última elección en desventaja política.

Entre las modificaciones que viene manejando la bancada oficialista se cuenta un acuerdo con los canales de televisión para mantener la publicidad gratuita como está en el proyecto, a cambio de lo cual Economía les permitiría cierta flexibilidad fiscal.

Además, se atenuarán las normas sobre bancarización de los aportes a los partidos. Y se incluirá una norma que señale que los candidatos presidenciales podrán ampliar el monto de donaciones que ellos hacen para su campaña.

El proyecto, ya votado por el Senado, establece un espacio gratuito para publicidad electoral de diez minutos por hora en los canales de televisión abierta. La distribución de ese espacio sería así: 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección y el 5% restante para nuevos partidos.

LOS ACUERDOS

• Lucro indebido en el gobierno

​Aunque con cambios importantes respecto a las normas contenidas en la propuesta original del senador colorado Pedro Bordaberry, el Senado aprobará en los próximos días el proyecto que penaliza el enriquecimiento ilícito en la actividad pública. El mismo será aprobado por la comisión de Constitución del Senado y antes de fin de año será votado por unanimidad. En 2015, en cuanto asumió el gobierno de Tabaré Vázquez, Bordaberry presentó un total de 45 proyectos de ley. Entre ellos el del delito de enriquecimiento ilícito, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, la incompatibilidad de la actividad pública con la privada para diversos cargos de la administración y la prohibición de publicidad en aquellas actividades monopólicas. Todos van en línea con el acuerdo entre el Frente Amplio y la oposición para impulsar una serie de iniciativas relativas al ejercicio ético y el combate a la corrupción en la administración pública uruguaya.

• Fondo para peritajes

Otra de las iniciativas que se aprobó ayer en el Senado, y que será considerada por Diputados, es el proyecto de ley del senador Pablo Mieres del Partido Independiente relativo a los recursos con que cuentan los fiscales a raíz del mayor trabajo debido al nuevo Código del Proceso Penal. Se creará un fondo especial para que los investigadores contraten y ordenen peritajes en aquellos casos en que sea necesario investigar la gestión de organismos estatales. Este proyecto busca evitar que la Fiscalía se vea impedida de perseguir delitos por falta de recursos para pagar los peritajes necesarios. En este sentido, el senador propone que el Fondo de Peritajes se solvente con el 10% de lo recaudado por la venta de los bienes y valores decomisados en procedimientos. Según Mieres, lo motivó que se hubiera archivado el caso que llevaba la Fiscalía en el cual se investigaban eventuales sobreprecios en el costo de la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú de Alur.

(En base a información de diario El País)

Un Tribunal de Apelaciones ratificó este martes el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic, que en mayo de este año había sido imputado por los delitos de "peculado" y "abuso de funciones".

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno ratificó el fallo de la jueza Beatriz Larrieu, que en mayo había entendido que Sendic cometió ilícitos en la negociación entre Ancap y la empresa intermediaria Exor y en el uso de la tarjeta corporativa.

Según la sentencia, el tribunal entendió que Sendic "se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones" en la negociación con Exor.

Además, el Tribunal asevera que "resulta acreditado en principio y sin perjuicio de ulterioridades, que se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal".

Sendic ya había sido cuestionado éticamente por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

El Tribunal de Conducta Política (TCP) envió al Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) un duro informe referente al uso de la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (ALUR) por parte de Leonardo de León, senador por la Lista 711. Tras la difusión pública de ese informe el legislador se apronta para dar a conocer una carta de renuncia a la actividad política, aunque no abandonará su banca de senador.

En su fallo, el TCP califica de irregulares varios de los gastos en los que incurrió De León con la tarjeta corporativa al considerar que éstos deberían haber sido cubiertos con los viáticos abonados por ALUR. Además, critica los argumentos utilizados por el senador en su defensa. Por ejemplo, se refiere a cuando dijo que ALUR funciona como una entidad privada y, por lo tanto, no está sujeta a las normas jurídicas de la administración pública. En este sentido, el TCP indica que “esa exención de restricciones, controles y sanciones no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público” y, de hecho, hace esas obligaciones “aún más solemnes”.

En otro tramo del fallo, el TCP critica la “negativa del compañero De León a responder” sus preguntas. Agrega que el senador dijo en varias ocasiones que estaba dispuesto a comparecer ante el órgano, pero no lo hizo. Algo similar se manifiesta en cuanto a la documentación que De León dijo que presentaría para demostrar sus afirmaciones.

La conclusión del TCP es que “los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del compañero De León porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de la empresa y del interés y patrimonio públicos”.

El documento del órgano frenteamplista, que fue firmado el 1o de agosto, aunque trascendió recién ahora, será tratado en el Plenario Nacional del FA convocado para el sábado 15.

( En base a Búsqueda y Montevideo portal)

En Perú el referéndum sobre cuatro reformas constitucionales terminó en un contundente triunfo del presidente Martín Vizcarra. Ha sido una amplia victoria electoral que fortalece al mandatario peruano ante un Congreso dominado por un fujimorismo hostil a su gobierno.

En cada una de las cuatro preguntas puestas a consulta de la ciudadanía, 85 por ciento o algo más de la población votó como había pedido Vizcarra. De acuerdo con resultados no oficiales a boca de urna, un 85,2 por ciento de los peruanos aprobó prohibir la reelección inmediata de los congresistas, otro 85 por ciento dijo sí a establecer controles al financiamiento de los partidos políticas y campañas electorales, un 87,1 por ciento respaldó una reforma judicial que crea un nuevo organismo encargado de designar y destituir jueces y fiscales, y el 85,1 por ciento rechazó una cuarta reforma para volver a un Congreso bicameral.    

En el contexto de un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y un Congreso dominado por el fujimorismo, el presidente Vizcarra lanzó la propuesta de prohibir la reelección inmediata de los legisladores.

El uso que ha hecho el fujimorismo de su mayoría parlamentaria para proteger a funcionarios acusados de corrupción que van desde vínculos con el narcotráfico hasta falsificación de documentos para exhibir estudios no realizados o acusaciones de acoso sexual han hundido la aceptación del Congreso a niveles por debajo del 10 por ciento y explican el alto porcentaje que votó a favor de prohibir la reelección de los legisladores.

En otra pregunta se rechazó el restablecimiento de un Congreso bicameral en reemplazo del actual Parlamento unicameral impuesto en 1993 por la dictadura de Alberto Fujimori.

La aprobación de establecer limitaciones y controles al financiamiento privado de los partidos políticos se da cuando los últimos cuatro presidentes –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski– y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, son investigados judicialmente por lavado de activos por el financiamiento ilegal a sus campañas. Con esta decisión, se prohíbe la publicidad pagada en los medios de comunicación, la que se limitará a los espacios otorgados por el Estado. 

La cuarta reforma crea un nuevo organismo –la Junta Nacional de Justicia– para nombrar y destituir jueces y fiscales. Propuesta lanzada luego que se pusiera en evidencia la existencia de una mafia judicial con conexiones políticas, especialmente con el fujimorismo y el ex presidente Alan García, y en la que se vieron envueltos los integrantes del organismo predecesor de esta nueva Junta.

(En base a Página 12)