Con una serie de allanamientos, detenciones de funcionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo y a la obra pública, el juez Claudio Bonadío volvió a instalar la ‘Corrupción K’ como tema. La ex presidenta Cristina Fernández, actual senadora está citada a indagatoria para el 13 de agosto, ya con un pedido el desafuero y prisión preventiva. Para el gobierno y Cambiemos es un bálsamo en medio del escándalo de los aportantes truchos a su campaña electoral, la caída en las encuestas y la crisis económica.
La investigación de los periodistas del diario La Nación tuvo como puntapié inicial la detención del remisero Oscar Centeno, que atesoraba en varios cuadernos todas las notas sobre la ruta del dinero de los empresarios a los funcionarios e incluso con el detalle de la entrega a la Quinta de Olivos y al departamento que hoy habita Cristina en Recoleta.
Centeno fue indagado sobre esas anotaciones que dieron origen a la causa y que guarda desde que terminó el gobierno de Fernández hace tres años.
La conveniencia del estallido del denominado ‘lava jato argentino’ no podía caerle mejor al Gobierno. Nuevamente, surge el tema de la corrupción kirchnerista gracias al juez Bonadio. Es el mismo juez sospechado de cierta parcialidad hacia el oficialismo y de excesos contra el kirchnerismo.
Al mismo tiempo que se iban conociendo las detenciones y los detalles de los allanamientos en la causa de los bolsos, se anunciaban los nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos y el transporte.
El 'lava jato argentino' estalla, además, en momentos en que Cambiemos recibió el impacto en las encuestas del escándalo de los aportantes truchos a la campaña electoral 2017 que ha salpicado a la gobernadora María Eugenia Vidal, su dirigente con mejor imagen.
Y todo ocurre en momentos en que Cristina Kirchner se prepara para reaparecer públicamente en un acto sindical esta semana apoyada en una mejora de su imagen en las encuestas, especialmente por la caída de Mauricio Macri a raíz de la crisis económico-social.

(En base a Clarin, La Nación, Página 12 y Urgente 24)

En octubre de 2008 se aprobó en Uruguay la ley 18.381 sobre el derecho de acceso a la información pública. Esta ley implicó un paso muy importante en materia de transparencia de la función administrativa de todo organismo público.

Sin embargo, a casi diez años de aprobada, se hace necesario rediscutir algunos de los puntos que en su momento fueron de avanzada. Se han registrado diversos problemas en la aplicación de la ley que, a juicio de CAinfo, afectan el objetivo de la norma que es un Estado transparente ante los requerimientos de la población.

Uno de los principales problemas observados tiene que ver con el régimen de excepciones, consagrado en los artículos 9 y 10 de la ley. El primero se refiere a cuando un organismo puede declarar como reservada información que, por ejemplo, pueda comprometer la seguridad pública o defensa nacional, dañar la estabilidad financiera o ponga en riesgo la vida de una persona. El segundo artículo en cuestión refiere a cuándo se puede declarar “confidencial” una información. En este caso se refiere a datos vinculados al patrimonio de la persona, hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica que sea útil para un competidor o esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad. 

En las últimas semanas una serie de casos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una discusión sobre el alcance de las excepciones de la ley.

Uno de los casos fue informado el miércoles 25 de julio en el programa Así nos va de Radio Carve. Uno de los periodistas del programa solicitó información para saber el gasto anual entre el período 2010-2017 de cada una de las representaciones diplomáticas de Uruguay dependientes de la cartera (salarios, equipamiento, vehículos y otros gastos de representación). El Tribunal de Apelaciones de 5° turno confirmó por unanimidad una sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo de 1° turno, Gabriel Ohanian, que declaró de carácter reservado, por el plazo máximo de 15 años, “toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o inversión realizados en cada Representación Diplomática u Oficina Consular dependiente de esa Secretaría de Estado”. 

El jueves 26, Telemundo de Canal 12, informó que Presidencia de la República calificó como reservada la información referente a las encuestas de opinión pública que contrata. 

El sábado 28, el diario El País, informó que la Administración Nacional del Correo se negó a entregar información respecto a cuánto de la correspondencia que distribuye el servicio son cartas escritas por personas y no correspondencia oficial o comercial.

En este marco, CAinfo plantea discutir -con el Poder Ejecutivo, Parlamento, academia y sociedad civil en su conjunto- algunos cambios a la ley. Uno de esos cambios tiene que ver con la información calificada como reservada y confidencial. Es necesario realizar ajustes para que los sujetos obligados, antes de establecer como reservada o confidencial una información, efectivamente prueben que su divulgación generará un daño a la administración. El objetivo de la revisión es evitar el uso abusivo de estos artículos.

Es necesario, asimismo, rever el alcance del artículo 14 de la ley referido a los límites del acceso a la información pública. La norma indica que la solicitud de acceso no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento del pedido. 

Este artículo es utilizado con frecuencia por los organismos del Estado para no brindar información. Por esa razón es que Cainfo propone precisar el alcance de este articulo establecido que el organismo consultado deberá agotar los mecanismos para subsanar la omisión. Y en caso de no poder entregar la información solicitada, deberá explicar de qué manera solucionará este problema. Respecto a este punto debemos señalar que los Estados tienen la obligación de producir o captar la información que necesitan para el cumplimiento de sus deberes, tal como establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Se debe, además, mejorar la transparencia activa en línea (información que los organismos públicos deben difundir en sus portales web) y discutir un nuevo diseño institucional en el que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) sea un servicio descentralizado con autonomía presupuestal y funcional, sus resoluciones sean vinculantes y pueda aplicar sanciones.

CAinfo considera necesario iniciar a la brevedad un amplio debate público tendiente a mejorar una normativa que debe garantizar el derecho de acceso a la información pública para todas las personas. (Tomado de CAinfo)

La Junta Departamental de Maldonado decidió darle una partida de dinero a cada sector político como forma de incentivar el rendimiento de sus integrantes.
El "incentivo monetario" se reparte en función de la cantidad de ediles que cada grupo político logró en la elección. El tema fue analizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) quien dictaminó que la Junta fernandina está haciendo una práctica encubierta de financiamiento a los partidos con sueldos no formales.
La partida especial fue creada en 2015 y aprobada por 29 de 31 ediles presentes. El Tribunal de Cuentas cuestionó el gasto. Los ediles de la Junta decidieron no hacer caso a lo que solicitaba ese órgano y continuaron adelante con la práctica, reiterando el gasto que era destinado para sus propios partidos políticos.
Montevideo Portal informó el viernes que la Jutep analizó el caso y redactó una resolución contraria a la práctica de la Junta de Maldonado.
El informe de la Jutep también fue remitido a la Corte Electoral para que lo analice y dictamine. En la Jutep se presume que detrás de esta práctica hay un delito electoral, ya que se está violando la norma de financiación de partidos políticos.

A partir del mes de agosto, los jerarcas públicos no podrán tener ni formar parte de una sociedad offshore, en cuyo caso no cometerán delito, pero sí deberán renunciar. El próximo mes estará listo el decreto reglamentario de la ley antilavado en donde constará esa novedad, según explicó a El País el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Espinosa.
El jerarca concurrió a la comisión bicameral sobre el lavado de activos a exponer detalles de la reglamentación de la ley que se aprobara a fines de 2017.
En el caso de las offshore, Espinosa aportó a la comisión un borrador con la nueva disposición que reforma el artículo 9° de la ley. El mismo establecerá que a partir de la aprobación del decreto reglamentario todos los jerarcas comprendidos en la ley deberán declarar si tienen vinculación o no con una sociedad de ese tipo, y en tal caso la persona deberá dejar el cargo.
"El decreto reglamentará la forma en que se presentarán esas declaraciones y el organismo que lo controlará, que seguramente sea la Jutep", señaló Espinosa.
El jerarca explicó que la persona que tenga una offshore o participación en ella no cometerá un delito en sí mismo, pero enfatizó en que "deberá dejar el cargo". La prohibición alcanzará solamente a empresas offshore y no a cuentas bancarias, aclaró.
Esta ley antilavado despertó en su momento el rechazo de diferentes colectivos —como abogados, contadores y escribanos—, que en más de una ocasión a lo largo del proceso de discusión del texto han manifestado su oposición a diferentes puntos de la propuesta.
Por eso, Espinosa mantuvo una serie de contactos con ellos donde se analizaron distintos borradores con disposiciones, habiendo logrado "mayormente consenso" por lo cual opinó que ahora la norma será aplicada con mayor facilidad por los sujetos obligados.
En esta discusión "se ha ido tratando de simplificar los procedimientos de control para permitirles un adecuado control, pero sin entorpecer la labor profesional o comercial de cada sector", dijo el jerarca.
El punto de mayor dificultad en estas reuniones fue el delito fiscal, es decir cómo se verifica un delito de ese tipo, que es nuevo. En la reglamentación está cómo se determina, qué tiene que pedirle el profesional a la persona, o cuánta documentación para respaldar el origen del dinero.
La reglamentación "es buena para todos los sectores que tienen que aplicar la ley antilavado, pero también lo es para los clientes que sabrán lo que el profesional les va a pedir", explicó Espinosa.
"El decreto reglamentario está casi finalizado. Eso le dijimos a la comisión" que sigue el tema, añadió el director de la secretaría antilavado.
El proyecto de ley original fue ingresado en el Parlamento en noviembre de 2016, y sancionado en diciembre pasado.
La ley tiene entre sus objetivos poner en orden la legislación nacional de cara a la evaluación que realizará en 2019 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Espinosa explicó a los legisladores que esta ley incluye 33 delitos vinculados con el lavado y en ese sentido se agregó la defraudación fiscal y el sicariato, y que se añaden nuevos sujetos agregados a los controles como los abogados y contadores, que se suman a los escribanos.
Caso Brechner
Las repercusiones del decreto reglamentación de la ley Antilavado podrían ser mayores a lo esperado. En estos días la bancada de senadores del Partido Nacional decidió convocar a la comisión investigadora sobre los Panamá Papers a uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez, Javier Vázquez, y al actual presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, quien participa de una offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con fondos por cientos de miles de dólares, generados con la venta de acciones de la empresa de software Sonda, filial de la multinacional chilena, a la que Brechner estuvo vinculado antes de sumarse al gobierno, según informó el semanario Búsqueda. El mismo semanario había revelado en pasadas ediciones que Javier Andrés Vázquez abrió cuentas bancarias en Panamá previendo recibir dinero de empresas que hicieron negocios con Venezuela. El secretario nacional Antilavado Carlos Espinosa fue consultado ayer en el Parlamento sobre ambas situaciones. "En el caso del hijo del presidente Vázquez, no es funcionario y por eso no le aplica la prohibición", explicó Espinosa. "Y en el caso de Brechner, en la medida en que se apruebe el decreto reglamentario, los organismos que lo designaron van a tener que requerirle la declaración" de que no está vinculado a una sociedad offshore "y en caso de que mantenga una vinculación debería renunciar al cargo", afirmó el jerarca.