Escribe Ricardo Sabella (*)

Cambios en las regulaciones, otros tipos de lavado de activos, la incidencia del ciberdelito, las nuevas formas de hacer negocios en el criptosistema, el control sobre los delitos tributarios, los riesgos relacionados con la pandemia, son todas nuevas realidades con una misma conclusión generalizada: Aún queda mucho por recorrer en el ámbito de la lucha contra los delitos financieros.

El sistema actual es sumamente costoso y hasta en algunos casos con rasgos de ineficacia. Si comparamos los resultados de los montos decomisados en procesos judiciales y los costos de los recursos que tanto las instituciones financieras como todos los obligados por las leyes aplican, la diferencia es sorprendentemente mayor a favor de los costos.  Esto sin contar: las sanciones determinadas por las autoridades a las instituciones financieras y otros sujetos obligados, la notable diferencia entre la valoración de los activos decomisados y el precio de su realización o venta y el costo de la administración de esos bienes hasta su remate o enajenación.

Estudios realizados por importantes firmas dan cuenta que en 2020, las multas por temas vinculados al lavado de activos han aumentado y llegaron a los usd 10.400 millones en el mundo. Independientemente de los resultados, es muy claro que estas iniciativas terminan encareciendo las transacciones financieras tradicionales, en pos de otros medios para concretar transacciones que al tener menores o escasa regulaciones, resultan más atractivos, tanto para el bien como para el mal. Uno de los claros ejemplos de mayores obligaciones a la industria transaccional bancaria internacional, son los nuevos requisitos de la nueva Ley estadounidense (AML Act 2020). Una de las secciones incorporadas a la reciente Ley establece que el Tesoro y el Departamento de Justicia ("DOJ") tienen la autoridad para citar a "cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta corresponsal en los Estados Unidos y solicitar registros relacionados con dicha cuenta corresponsal, incluidos los registros mantenidos fuera de los Estados Unidos relacionados con el depósito de fondos en el banco extranjero". Estableciendo un esquema severo de sanciones por incumplimiento.

Estos temas y otros que comentaremos seguidamente, han estado en la agenda de discusión de más de 230 profesionales y especialistas que nos hemos reunido días pasados en el 9no Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. Evento al que el responsable de esta columna, Carlos Loaiza ha sido habitual disertante en ediciones anteriores y seguro en futuras.

Muchos de los especialistas hemos coincidido que algunos países han estado muy preocupados por ponerse al día en materia de regulación para afrontar las evaluaciones coordinadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este organismo revisa periódicamente que las definiciones legales en los países y la efectividad de su aplicación sean acordes con las recomendaciones internacionales. Pero no han realizado mayores esfuerzos en recursos y en especial en adopción de tecnología que les permita un mayor alcance en los controles, supervisión, análisis estratégico y en definitiva la coordinación de sinergias de los organismos públicos que cuentan con información de interés. Un rápido repaso de los requisitos de información que las personas obligadas deben requerir a sus clientes, hacen notar que gran proporción de tales requerimientos responden a informaciones que ya están en poder de alguno de los organismos del estado.

La falta de trabajo en común entre el sector público y privado y la escasa posibilidad de intercambio de información, generada en las posiciones que cada uno toma en su rol de supervisor y supervisado, así como las limitaciones para compartir datos, incluso dentro de las propias firmas obligadas o de los supervisores en distintas jurisdicciones, es una preocupación en la era de la transformación tecnológica. Los grandes mecanismos de lavado de activos son sofisticados y trasnacionales, no es una novedad.

Otro Foco: El incremento en constante crecimiento de negocios cripto, en plataformas como blokchain y ethereum exige un nuevo foco de estudio y desafíos en un entorno con prácticamente nula regulación. Desde juegos, servicios en línea y tradicionales, hasta curiosas modalidades de préstamos y derivados cripto para inversión. Tokens No Fungibles y otros instrumentos que explotan tecnología, son las nuevas formas de intercambio e inversión que muchas personas están utilizando. Por eso ya se han generado algunas propuestas de controles posibles que están siendo analizadas por las instituciones con el objetivo de retener a clientes jóvenes y ávidos de esta tecnología.

Conscientes que la pandemia ha traído nuevas modalidades de operación, los sistemas antilavado aún se están ajustando a una modalidad transaccional a distancia que ha venido para quedarse. Incrementando en algunos casos los riesgos vinculados a otros delitos que han mal utilizado la situación sanitaria, como son el incremento del fraude y la corrupción. Habiéndose constatado en algunos países el incremento de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionados a estos delitos.

En este escenario, también se ha trabajado en las formas de mejorar la determinación del verdadero costo de cumplimiento, para luego analizar las herramientas tecnológicas y procesos que permitan lograr mejoras, aunque mucho de este secreto, está en la aplicación de mayor sentido común por parte de todos los jugadores del sistema antilavado.

(*) Consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Colabora con Uruguay Transparente.

Los senadores y diputados colorados resolvieron "poner formalmente en conocimiento de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública)" las deudas que mantiene el legislador frenteamplista Oscar Andrade referidas a la construcción de su casa en San Luis, e instaron al organismo a "ejercer sus competencias del modo que considere pertinente" tras que se informó que no actuaría de oficio.

La decisión se tomó ya que consideran "evidente" que Andrade "omitió declarar sus deudas cuando al asumir su cargo formuló la correspondiente declaración jurada" ante el organismo, indicaron en un documento emitido ayer jueves.

En el mismo texto, los colorados indicaron que "ni los legisladores ni los dirigentes políticos o sindicales" deben tener privilegios a la hora de pagar los impuestos, ya que, además, "el salario de un legislador es ampliamente suficiente para estar al día" en el pago de los tributos.

"Las donaciones corren por cuenta de quien decida hacerlas, y de ninguna manera justifican el incumplimiento de las obligaciones para con el Estado", agregaron.

La Unión Europea quiere luchar con mayor fuerza contra el blanqueo de dinero y no solamente pondrá un límite al uso de dinero en efectivo en las transacciones, sino que además creará una nueva autoridad comunitaria. El foco estará puesto en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, explicó El Periódico de Barcelona, al recoger palabras del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis: «Cada nuevo escándalo de blanqueo de capitales es un escándalo de más y una llamada de atención de que nuestro trabajo para cerrar las brechas en nuestro sistema financiero aún no ha terminado».

Ya dos tercios de los países de la Unión Europea tienen establecidos límites máximos para los pagos en efectivo (las cantidades oscilan entre los 500 euros de Grecia y los más de 10.000 euros de la República Checa). Llegó la hora, entonces, de uniformizar en ese continente las normas y los controles del lavado.

Como se advierte, Europa recorre un camino que Uruguay inició con la Ley de Inclusión Financiera y que el gobierno actual abandonó con la aprobación vertiginosa de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Ahora el límite formal en nuestro país es de 100 000 dólares, pero se puede lavar un millón de esa moneda realizando 10 operaciones por 100 000 o 20 por 50 000. Así se desprende del último informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) del Banco Central, cuando observa con preocupación la brusca caída de los reportes de operaciones sospechosas por parte de  escribanos, inmobiliarias, constructoras y rematadores, a pesar del aumento de las transacciones. (Ver http://www.uruguaytransparente.uy/nacionales/141-escasez-de-reportes-de-operaciones-sospechosas-de-lavado-de-activos)

Y tanto preocupa el lavado de dinero en Europa, que la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por su sigla en inglés), cuando esté en pleno funcionamiento tendrá a 250 personas dedicadas al control de las operaciones financieras. Su objetivo será garantizar que el sector privado aplique de forma correcta y coherente las normas europeas, con métodos comunes de supervisión y convergencia de estándares.

La constitución de este órgano y los fines que se le encomiendan nos muestra, por contraste, cuánto ha retrocedido Uruguay en la materia y la importancia que, desde este punto de vista, tiene la derogación de la LUC. (Fuente AEBU)

Entre el 29 y 30 de Julio y de manera presencial, en el hotel Radisson, con aforo limitado y de manera virtual se realizará el Noveno Congreso de Prevención de Lavados de Activos de las Américas.

Esta edición del Congreso  se enfocará en los cambios de los temas medulares antilavado, no solo en la regulación, sino en la aplicación y tratamiento de este riesgo. Analizará los cambios de criterios, variaciones en definiciones y técnicas para desembarcar en la mejor manera de encararlos en la actualidad y en el día a día de la profesión.

Uruguay Transparente apoya este evento.

Link al evento para más información.