La jueza de concurso Susana Moll resolvió a principios de agosto que el exintendente de Soriano Agustín Bascou (2015-2020) fuera inhabilitado para ejercer el comercio y administrar bienes propios y ajenos por cinco años a raíz de una serie de irregularidades cometidas desde 2017, según informó este jueves el semanario Búsqueda.

El exdirigente del Partido Nacional tenía un establecimiento agropecuario que se dedicaba al engorde de ganado y producción de soja, que enfrentó un embargo de siete millones de dólares por parte de sus acreedores. La empresa fue llevada a concurso en agosto de 2017 a pedido de dos sociedades anónimas que le arrendaban campos y denunciaban el incumplimiento de varios pagos.

Además, Bascou debía al banco Scotiabank 400.000 dólares, de los que eran garantía 1.000 vacas y 3.000 novillos. El entonces intendente vendió en enero de 2017 el ganado prendado, lo que posteriormente motivó su imputación en 2019 a raíz de una denuncia del banco por violar la Ley de Prendas.

Un año después, la jueza Moll decretó la liquidación de los bienes de Adriana Inella, esposa de Bascou. La mujer se había presentado voluntariamente a concurso para pagar sus deudas y el exintendente pidió que se relacionara el concurso de su pareja con él. La justicia concursal accedió a rematar los bienes de Inella para pagar la deuda, pero al poco tiempo Inella fue acusada de insolvencia fraudulenta, porque entre los bienes a rematar no se encontraba su casa en la ciudad de Mercedes, que había sido donada a su hija meses antes.

Según la resolución de Moll publicada este jueves por Búsqueda, Bascou tenía “plena noción y conocimiento de que no podía cumplir con sus obligaciones desde muchos meses antes de que los acreedores solicitaran su concurso necesario”, pero de todos modos tomó medidas que lo agravaron, por lo que se configura una situación de “culpa grave del concursado”.

Moll también señaló que Bascou se ausentó el día fijado por la junta de acreedores, incumpliendo su obligación de asistir personalmente, al tiempo que su abogado “no brindó explicación sobre su ausencia” pese a que ya se había votado una prórroga y el exintendente conocía la fecha de realización de la audiencia “con seis meses de antelación”.

El fallo aún no es firme y la defensa del exdirigente nacionalista puede apelar.

Bascou también fue denunciado en 2017 junto a su esposa por librar cheques sin fondo, aunque la causa posteriormente fue archivada al año siguiente. Luego, la bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano denunció que el intendente había abastecido a la intendencia con combustible de dos estaciones de servicio de su propiedad por unos 600.000 pesos en 2014 (cuando era suplente del entonces intendente Guillermo Besozzi) y en 2016.

En una exposición en la Junta Departamental de Maldonado (JDM) el martes 17, el coordinador de bancada y edil por el Frente Amplio (FA) Joaquin Garlo denunció al diputado del Partido de la Gente Daniel Peña por construir, de manera irregular y sin los permisos correspondientes, una casa en la zona de Punta Ballena.

Según informó El Observador y confirmó la diaria, los vecinos de la zona hicieron varios reclamos desde que comenzó la obra, en agosto de 2020. Garlo tomó esas denuncias que llegaron a él el 18 de junio y en su exposición en la JDM contó que la “grave” situación tenía que ver con la construcción ininterrumpida, irregular y no autorizada que llevó a cabo el diputado por el Partido de la Gente.

La ordenanza de construcción para Punta Ballena establece que la altura máxima para un proyecto es de siete metros, incluyendo planta baja. Sin embargo, Peña construyó un total de 8,30 metros, por lo que no se ajusta a la normativa, sumado a que la casa tiene tres pisos.

El edil señaló que el propietario tampoco cuenta con los permisos correspondientes: el director de Control Edilicio de la Intendencia de Maldonado no aprobó esta obra porque superaba la altura máxima. No obstante, igualmente continuó con la construcción. En su momento le gestionaron un permiso provisorio pero por menor altura, condición que el diputado no acató.

Los vecinos se movilizaron frente a la sede de la comuna para protestar por ese motivo y manifestaron que el terreno ha sido rellenado “muy por encima de los padrones linderos y de la propia calle”, lo que provoca inundaciones en los terrenos de alrededor.

Garlo afirmó que la Intendencia Departamental se limitó a intimar al diputado, pero “nada hizo para hacer cumplir la ley”. En los hechos, la comuna intimó a suspender la obra el 22 de diciembre, cuando la construcción ya estaba absolutamente avanzada. En febrero le denegó el permiso por no estar ajustado a las normas, pero el legislador también siguió avanzando. El 7 de julio la intendencia volvió a intimar al diputado, y esta vez estableció que si no “paraliza las obras de forma inmediata” y habrá acciones judiciales, por lo que finalmente Peña paró la construcción, aunque la casa está casi terminada.

Además, Peña fue sancionado por el incumplimiento de la normativa mediante un incremento de 20% de la contribución anual, que se seguirá acumulando hasta que la construcción esté totalmente regularizada.

Según Garlo, en caso de que la detención de obra no sea acatada nuevamente se procedería a la multa e incluso a la demolición de la obra. Lo grave para el edil es que Peña le comunicó a los vecinos que el “asunto” lo “arreglaba” en la JDM.

Peña sostiene que los vecinos “politizan el tema”: “Si me pongo en ese esquema, la intendencia no me hubiera multado y no me habrían suspendido la obra. Actué de buena fe, hay un error, pagaré lo que tenga que pagar. No hay mala fe de ninguna de las partes, no hay contravención de forma ex profesa”, afirmó el diputado consultado por El Observador.

“No es una obra hecha de vivo. Es una obra hecha con arquitectos e ingenieros. Para hacer todo esto se precisa el permiso para abrir BPS”, dijo Peña al matutino, y agregó que la intendencia “la frena” porque se excedió 53 centímetros del límite permitido, aunque, según consta en las actas, la construcción supera por un metro y 30 centímetros el límite máximo.

 “Tengo un error que veremos quién es el responsable. Es un tema que tengo con mi arquitecto. Además, la intendencia me sancionó. Hay una falta que reconozco, pero se da por una piedra. La empresa encontró roca en el suelo y se apoyó allí, por lo cual la altura superó unos 50 centímetros lo calculado que había en la platea dónde instalaron la casa prefabricada. Esos centímetros están dentro de la tolerancia”, justificó Peña.

Consultado sobre los problemas con el dragado de la lluvia, el diputado dijo que pagó un estudio privado y los arreglos correspondientes, algo que también confirmó la Intendencia de Maldonado, que tiene previsto ir a corroborar las correcciones en la construcción.

(En base a la diaria)

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, aprobó la creación de dos comisiones preinvestigadoras sobre el Ministerio de Turismo: la primera presentada por el Frente Amplio (FA), para indagar en las compras y gastos realizados en la cartera durante el período marzo 2020-julio 2021, “relacionados directamente con el actuar del exministro Germán Cardoso”; y la segunda, a propuesta de Cardoso, que se centrará en la “contratación de medios por parte del Ministerio de Turismo así como los eventos realizados y los montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021”.

Fratti explicó que se trata de dos comisiones separadas aunque las integran los mismos legisladores –Cecilia Bottino (FA), Álvaro Dastugue (Partido Nacional) e Iván Posada (Partido Independiente)–, e indicó que tienen que producir dos informes para presentar el viernes, a partir de los cuales el Plenario de la cámara deberá definir, por mayoría simple, si se conforman comisiones investigadoras o no.

En la nota que redactó el diputado frenteamplista Eduardo Antonini para fundamentar la creación de la comisión preinvestigadora se hace un racconto de diversos episodios protagonizados por Cardoso “aparentemente reñidos con la legalidad, la ética y la moral”; principalmente, los vinculados a las compras y gastos realizados durante su gestión, que denunció el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero. Allí se argumenta que el sector turístico ha llegado a representar 8% del producto interno bruto y que las políticas de Estado para estimular el desarrollo del sector, severamente golpeado por la pandemia, “al día de hoy se ven interrumpidas y empañadas con sendos hechos relacionados a la gestión del exministro Cardoso”.

“El exministro Cardoso ha estado en agenda pública desde hace un buen tiempo dado que se ha visto involucrado en diversos hechos aparentemente reñidos con la legalidad, la ética y la moral. Esta lamentable sucesión de hechos puede ocasionar y generar impactos en la imagen del sector turístico y por tanto a nuestra imagen país, sin perjuicio de confrontar con el principio de buena administración, que debe regir en todo organismo estatal y el actuar probo y decoroso que debe tener cualquier servidor público, en este caso, un ministro de Estado”, sostiene el representante por Maldonado. En ese sentido, acota que “el sector turístico requiere en la actualidad de los mayores esfuerzos para recuperarse de la grave crisis que transita, esfuerzos que no vemos reflejados por continuos hechos que repercuten directamente en la cartera ministerial”.

Entre las presuntas irregularidades que surgen de las acusaciones de Pérez Banchero, se destacan las compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR); compras a una sola empresa por montos “sin precedentes”; gastos “excesivos” en publicidad y compras realizadas sin contar con informes y asesoramientos previos. También se menciona la ejecución de gastos “meses antes de existir actuaciones administrativas que lo justifiquen y de que las empresas presentaran sus ofertas; reiteraciones de gastos observados por el TCR ‘por no ajustarse a la normativa en materia de compras’ ni a lo indicado por el mencionado Tribunal” y la contratación directa a empresas “que el Banco República no le ha abonado por decisión de su Unidad de Prevención al Lavado de Activos y por operar con un Banco en Panamá, país que integra la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional”.

En la opinión del FA, estos elementos deben “ser investigados” y “analizados cautelosamente pues los mismos contienen hechos con posibles vicios de ilegalidad e incluso de incurrir en la configuración de algún delito penal”. “Claramente se gastó dineros públicos sin un parámetro claro, sin objetivos específicos, sin un plan de respaldo, de comunicación, sin un relevamiento de información que arrojara la necesidad de invertir de la forma desproporcionada en la que se incurrió. Nos podríamos preguntar si era necesario invertir para gastos de publicidad en paradas de Punta del Este en medio de una pandemia que nos dejó prácticamente sin una temporada estival y turística”, se inquiere en el texto.

Pocas palabras

Como contracara de la argumentación de 15 páginas que presentó Antonini, en la nota que envió a Fratti, Cardoso limitó su exposición a un párrafo en el que manifiesta su intención de crear una preinvestigadora “para clarificar la contratación de medios por parte del Ministerio de Turismo así como los eventos realizados y los montos pagados por la mencionada cartera”. El resto de la nota, también de unas 15 carillas de extensión, consiste en una serie de artículos del semanario Búsqueda en los que principalmente se dieron a conocer las denuncias de Pérez Banchero, sin comentarios ni acotaciones agregados por el exministro.

El martes, al asumir su banca en la cámara baja, Cardoso aseguró que “la metodología utilizada” durante su gestión “es la misma que utilizaban los gobiernos anteriores”, con lo que argumentó la necesidad de impulsar una investigadora de las gestiones frenteamplistas en Turismo.

Al respecto, Antonini opinó que “ha sido una práctica constante en este gobierno, cuando aparece un hecho irregular”, apuntar contra el FA. En tanto, para Cardoso, el FA “no quiere investigar para atrás”. “Es raro, ¿no?”, se preguntó en diálogo con El Observador.

(En base a la diaria)