El BCU cerró Cambio Europa
El Banco Central revocó la habilitación de una casa de cambio al comprobar que hubo "apartamientos graves" a la normativa vigente. Según el BCU, Cambio Europa fue parte de la trama conocida como "Lava Jato", la red de coimas montada por la constructora Odebrecht y que involucra a varios países de la región.
La resolución fue adoptada el 1º de marzo pero fue conocida en la víspera. Se trata de una casa cambiaria importante con varias sucursales. La empresa había sido inspeccionada en 2006 y 2013. En este último año se constató que el cambio operaba "ocho clientes no supervisados que manejan fondos de terceros".
Entre esos clientes se encontraba la sociedad panameña Carday Capital que tenía como beneficiario final "una persona física con documento de Brasil por el 100% de la Sociedad Anónima, de acuerdo al informe del Banco Central. Carday es señalada dentro de la investigación que lleva adelante la Policía de Andorra por el Caso Odebrecht.
La sociedad tenía una cuenta -actualmente cancelada- que fue utilizada por la banca privada de Andorra para recibir fondos de varios clientes sudamericanos. Entre esos clientes está Klienfeld.
Klienfeld, explica el informe, es la sociedad creada por Odebrecht en Antigua y Barbuda que canalizó pago de sobornos por 200 millones de dólares. Detrás de Klienfeld aparecía Olivio Rodrígues, uno de los testaferros en la trama de sobornos.
La Policía de Andorra investiga el nexo de Rodrígues con Andrés "Betingo" Sanguinetti, exalto funcionario de BPA en Montevideo. Se estima que Odebrecht transfirió a Carday Capital unos 17 millones de dólares. El informe da cuenta que hubo una inspección a Cambio Europa el 19 de abril de 2018, de la que surgió evidencia de que la casa cambiaria controlaba las operaciones de su cliente Carday Capital.
Uruguay es percibido como el país menos corrupto de Latinoamérica
Uruguay y Chile son percibidos como los países latinoamericanos menos corruptos, mientras que en la otra punta de la lista se encuentran Venezuela y Nicaragua, según el índice 2018 de Transparencia Internacional (TI).
El Índice de Percepción de la Corrupción, que analiza a 183 países, otorga 70 puntos a Uruguay (puesto 23) y 67 a Chile (puesto 27) sobre un máximo de cien, que contrastan con los los 18 y 25 de Venezuela (168) y Nicaragua (152), respectivamente. La tabla la lideran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 enteros, y la cierran Somalia y Siria, con 10 y 13.
En el medio, Costa Rica (56), Cuba (47), Argentina (40), Panamá (37), Colombia (36), Brasil, El Salvador y Perú (35), Ecuador (34), República Dominicana (30), Bolivia, Honduras y Paraguay (29), México (28) y Guatemala (27).
La situación de la lucha contra la corrupción en América Latina es "preocupante", dijo en una entrevista con la agencia Efe la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira, quien denunció que hay una "clara tendencia" a "restringir el espacio de la sociedad civil" en una región en la que proliferan líderes autoritarios y populistas.
La fotografía regional comienza con el "gran problema" que supone Venezuela, un país en una "crisis humanitaria producida por la corrupción" y donde todas las instituciones han sido infiltradas por el estado, describió Ferreira. En ese sentido, Ferreira ha dicho que el sistema institucional venezolano actual no permite unas elecciones limpias.Según Ferreira, el régimen del presidente Nicolás Maduro ha penetrado de tal forma en todas las instituciones del país, incluyendo la comisión electoral, que ha socavado su independencia.
"Con el actual sistema institucional en Venezuela no hay garantía de independencia". A su juicio, los "organismos electorales han sido cooptados por el régimen de Maduro", imposibilitando las elecciones libres y justas que ha exigido de forma inmediata a Caracas la Unión Europea (UE).
El informe Índice de Percepción de la Corrupción 2018 también incluye los nubarrones sobre Nicaragua, México y Guatemala, y el riesgo que supone que referentes regionales como Estados Unidos y Brasil encumbren a presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro.En Nicaragua "el régimen ha cooptado totalmente" las instituciones, en Guatemala el gobierno ha transformado los organismos que ejercen de árbitro en "perritos falderos" que sólo atacan a los opositores, y en México la corrupción cabalga desatada por la infiltración del crimen organizado en la política.
Brasil, convaleciente aún de los casos "Lava jato" y Odebrecht, se encuentra en una situación "muy preocupante" por la llegada de Bolsonaro, cuyas primeras medidas han sido elevar los controles a las organizaciones no gubernamentales y debilitar la ley de acceso a la información pública, prosiguió Ferreira.
La forma de hacer política en la región está cambiando, sumándose a una tendencia global en la que líderes populistas y autoritarios están socavando las prácticas democráticas para debilitar el sistema "desde dentro", argumenta el informe de TI.
Argentina es uno de los países que mejora con respecto a la anterior edición -por su ley de acceso a la información pública, aunque la implementación sea deficiente-, como Ecuador y El Salvador, donde se han iniciado investigaciones judiciales por corrupción a antiguos altos cargos, incluido algún expresidente.
TI subraya en el estudio el "vínculo entre corrupción y salud democrática" y lo corrobora con datos: la puntuación media de las consideradas "democracias plenas" es de 75 puntos, por los 49 de las "democracias imperfectas", los 35 de los "regímenes híbridos" y los 30 que, en promedio, obtienen los sistemas "autocráticos".
En la clasificación global, tras Dinamarca y Nueva Zelanda, destacan Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos cada uno, seguidos por Noruega (84), Holanda (82), Canadá y Luxemburgo (81), Alemania y Reino Unido (80).
A la cola, junto a Somalia y Siria, está compuesto por países en guerra, estados fallidos y regímenes totalitarios: Sudán del Sur, con 13 puntos, Yemen y Corea del Norte (14), Sudán, Guinea Bissau, guinea Ecuatorial y Afganistán (16).
El informe destaca además la fuerte caída que ha experimentado Estados Unidos, que pierde cuatro puntos con respecto al informe previo, hasta los 71, (y cae hasta el puesto 22), un descenso notable en una clasificación de gran estabilidad que ha llevado a TI a denominar a la primera economía mundial "país en observación".
España mantiene los 58 puntos del anterior informe y la posición 41, aunque queda claramente por debajo de la media europea (66), China se sitúa en la posición 87, con 39 puntos, y Rusia queda relegada a la 138, con 28.
Penalizan la riqueza ilícita
Con la novedad de que se invierte la carga de la prueba y se limita el número de funcionarios comprendidos en la normativa, el Senado aprobó un proyecto de ley por el que se tipifica como delito el enriquecimiento ilícito para funcionarios, legisladores y cargos de confianza en el gobierno.
Este proyecto, originalmente presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry fue reducido en su alcance en la negociación que se dio en la comisión de Constitución del Senado.
La iniciativa, que fue enviada a Diputados para su sanción, tiene lo que se denomina "inversión de la carga de la prueba", es decir que obliga al sujeto en cuestión a justificar sus bienes ante la justicia si se detectara un incremento significativo y sospechoso de su patrimonio.
Serán sujetos alcanzados por esta ley todos los titulares de cargos electivos y gerenciales a los cuales hoy se les exige la presentación de declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). También quedarán comprendidas las personas eventualmente consideradas como "testaferros".
La iniciativa considera "enriquecimiento ilícito" al incremento relevante y significativo del patrimonio que no se pueda justificar, durante el ejercicio de la función y hasta cinco años después de abandonado el cargo.
Las penas previstas para este nuevo delito irán de 18 meses de prisión a seis años de penitenciaría, multas de 50 ($ 54.750) a 15.000 ($ 16.425.000) Unidades Reajustables (UR) y la inhabilitación para función pública de entre dos a cinco años.
Si el delito fuera cometido por un cargo de particular confianza se considerará agravante. Las penas serán de dos a diez años de penitenciaría, las multas irán de 300 a 15.000 UR y la inhabilitación será hasta diez años.
(Fuente: El País)
Acusan al intendente de Artigas por 16 licitaciones "viciadas"
El intendente nacionalista de Artigas Pablo Caram se retiró molesto de la Junta Departamental en una sesión en la cual fue acusado de estar implicado en hechos de corrupción en 16 licitaciones de obra pública.
También se le atribuye otra irregularidad importante: la contratación de un diputado suplente como asesor de turismo, algo que puede ser visto como inconstitucional.
Según la Diaria, Caram fue interpelado el 6 de diciembre por el edil colorado Francisco Bandera, quien cuestionó obras recientes y atribuyó los resultados a irregularidades en los procesos de las concesiones.
La lista de acusaciones incluye los canteros centrales de la calle Bulevar Artigas.
"Quedó desprolijo, con distintas medidas y roto", dijo Bandera quien dejó entrever que la comisión de contrataciones no valoró estos aspectos y otorgó la obra en forma muy rápida.
Después enumeró unas 16 licitaciones que tienen "vicio de conjunción de intereses" público y privado.
En ese sentido mencionó que uno de los integrantes de dicha comisión es hermano de uno de los propietarios de la empresa adjudicataria.
"Esto en otro lugar del mundo se llama corrupción", comentó el edil.
Caram decidió retirarse de sala. Dijo que no estaba para "aguantar atrevimientos" y agregó que "todo tiene un límite" porque Bandera no exhibió pruebas de su acusación.
Bandera se refería al otorgamiento de obras bajo sospecha a un grupo económico local en el que los socios son Rodrigo Jiménez y Martín Bicera, hermano del contador Omar Bicera, integrante de la comisión de adjudicaciones de la Intendencia de Artigas.
También es propietario de Pedrera del Norte cuyo rubro principal es la venta de piedras, arcillas y arena. En esta compañía es socio de Martín Bicera, hermano del funcionario que se encarga de las adjudicaciones.
Según Bandera, la Intendencia de Artigas hizo compras directas a Pedrera del Norte que beneficiaron en forma directa a un pariente del encargado de firmar los contratos.
Un pedido de informes del edil permitió saber que el grupo económico facturó 4 millones de dólares por las obras de infraestructura y la venta de insumos.
RECHAZO
Caram explicó a posteriori que los hermanos Bicera no tienen nada que ver con la empresa constructora. En todo caso Martín Bicera está ligado solo a Pedrera del Norte.
La empresa de construcción PreNorte pertenece a Jiménez y a su esposa. La operación cuestionada por el edil en realidad consiste en que la constructora compró insumos a la otra compañia en la que sí tiene participación no de los hermanos Bicera.
Caram resaltó que es un hecho positivo porque otorgó trabajo a gente local y los capitales en juego también son artiguenses.
No es la primera vez que Caram es acusado de irregularidades al frente de la Intendencia de Artigas.
El Partido Nacional analizó en febrero último las implicancias de nombramientos de familiares allegados a Caram.
La pareja del intendente, Karina Gómez, fue investida como directora de Cultura.
La sobrina Valentina Do Santos es directora general de la comuna y suplente habitual de Caram en su ausencia al frente de la administración municipal.
Uno de sus primos, el exdiputado Rodolfo Caram fue elegido como director de Desarrollo.
Por su parte, Manuel Caram -también primo- fue nombrado director de Desarrollo Social.
(Fuente: La Diaria)