la Junta de Transparencia y Ética Pública recibió una solicitud para analizar eventuales irregularidades en la adjudicación de licitaciones de obra pública en la Intendencia de Artigas.

La denuncia se radicó debido a que uno de los dos socios de una empresa adjudicataria es hermano de un funcionario de dicha comuna, el municipal que se desempeña en la unidad de Proyectos y como tal integraba reiteradamente la comisión encargada de la adjudicación de licitaciones.

La JUTEP habría requerido al intendente que diera respuesta a una serie de interrogantes tendiente a esclarecer la situación. Posteriormente se verificó que además de la empresa que dio origen a estas investigaciones, también se registraban adjudicaciones de la intendencia de Artigas a otras dos empresas vinculadas a uno de sus socios, por lo que la JUTEP realizó un nuevo pedido de explicación al jefe comunal.

La JUTEP debió desarrollar su trabajo en base a fuentes alternativas, ya que la falta de cooperación del intendente obligó a transitar por esos carriles. La gravedad radica en que los casos analizados superan los 140 millones de pesos. Se verificó que un profesional que se desempeñaba como empleado de la Intendencia violó los principios de Probidad y de Transparencia y no habría cumplido con la obligación de efectuar la Declaración Jurada de Implicancias. También se concluye que el Jefe Comunal no informó de la vinculación del funcionario con las dos empresas contratadas en reiteradas ocasiones y, muchas veces, por fuera de lo previsto en las normas. También surge de las investigaciones realizadas a través de las denuncias del edil Francisco Bandera que el intendente Pablo Caram estaría involucrado en violación de los principios de probidad, legalidad y transparencia. La JUTEP asegura en su fallo que el jefe comunal no brindó la información solicitada en ninguno de los dos casos.

Lea aqui el fallo de la Jutep

Nuestro país es el menos corrupto de América Latina según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de la ONG Transparencia Internacional.

Según el informe, Uruguay es percibido como el país más transparente de América Latina, con un total de 71 puntos sobre 100 posibles. De esta manera, nuestro país sigue encabezando el ranking, al igual que sucediera en la edición 2019.

El informe también indica que Uruguay ocupa el segundo puesto entre los 32 países de la región de las Américas, por detrás de Canadá.

A nivel global, nuestro país se encuentra en el puesto 21, el año pasado esta en el 23 sobre un total de 180 países, por delante de naciones como Estados Unidos, Chile, Portugal, Israel y España.

La buena posición alcanzada por Uruguay se explica en gran parte por el desarrollo de más de diez años de políticas de promoción de la cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el país.

Gran parte de los 180 países revisados “muestran poca o nula mejora en su lucha contra la corrupción”.

El 2019 fue un año de estallido social en el mundo. Millones de personas inundaron calles enteras y plazas principales. Caminaron, levantaron carteles y gritaron en contra de los gobiernos y sus políticas. Y, aunque la corrupción no fue el detonante de casi ninguna de las múltiples manifestaciones, sí fue un ítem clave en la larga lista de motivos que encendieron el fervor de la inconformidad colectiva en cada sociedad. Al menos así lo explica el Índice de Percepción de Corrupción 2019, elaborado por la organización Transparencia Internacional y que mide ese aspecto en 180 países.

El estudio clasifica y explica las naciones que son vistas como las menos corruptas, en comparación con  las que sufren más de ese fenómeno en el sector público. Y, aunque los resultados no son pésimos, tampoco son muy alentadores. El mapa está casi en rojo y naranja (los colores que representan a los estados con mayor puntaje en el mencionado aspecto), y uno de sus enunciados principales es: “El Índice revela una asombrosa cantidad de países que muestran poca o cero mejora en sus acciones para abordar la corrupción”.

De hecho, 100 es el puntaje que simboliza la ausencia de corrupción y cero es el que expresa una mayor percepción de ella. De acuerdo con el informe, dos de cada tres países obtuvieron una calificación menor a los 50 puntos. Mientras, la valoración promedio general fue de 43 sobre 100. Es decir, la mayoría de países están lejos de librarse de ese mal y muestran estancamiento retroceso en combatirla. Las naciones “más limpias” (como lo describe el Índice) son: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, y Suecia. Las más enlodadas: Venezuela, Yemen, Siria, Sudán del Sur, y Somalia.

Entre los países de América Latina, lidera Uruguay (71 puntos), siguen Chile (67), Argentina (45) y Ecuador (38), Colombia (37), Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16) que se ubica en el último lugar de la medición entre los países de la región.

 Sobre el informe

Transparencia Internacional (Transparency International o TI) es una organización no gubernamental fundada en 1993 con sede en Berlín, Alemania, que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en todo el mundo.

Esta institución publica todos los años un informe realizado por expertos y empresarios que analiza la percepción de corrupción en distintos países, utilizando una escala de cero a 100 en la que cero significa “altamente corrupto” y 100, “muy transparente”.

Acceder al Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional.

Gafilat ha publicado el texto completo del “Informe de evaluación mutua” que el grupo ha realizado sobre el sistema implementado por Uruguay para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

En el texto se reconoce el compromiso político y los avances del país en la aplicación de medidas de prevención del LA/FT, que lo ubican en la vanguardia internacional a nivel del cumplimiento técnico de los estándares en la materia y que lo dejan fuera de las listas de países no cooperadores.

En el informe se plantean una serie de observaciones sobre el nivel de efectividad que el país ha alcanzado en distintas áreas del sistema nacional de combate al LA/FT y se formulan recomendaciones específicas para superar las deficiencias detectadas, lo que será objeto de un seguimiento posterior por parte de Gafilat.  

Esta situación plantea nuevos desafíos para el futuro próximo, que requerirán de la asignación de recursos a determinados organismos clave y de un trabajo coordinado entre el sector público y el privado para mejorar el nivel de eficiencia del sistema en todos sus aspectos relevantes.

En el siguiente enlace se puede leer el informe completo en ingles y castellano.

La jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarián procesó al exdiputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Placeres, por un presunto delito de conjunción del interés personal y del público.

El procesamiento fue solicitado en abril por el fiscal Luis Pacheco, que consideró que Placeres había intercedido como legislador en beneficio de la cooperativa Envidrio, a la que se encontraba vinculado. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2017 por los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y el exoficialista Gonzalo Mujica, y tras revelaciones del programa Santo y seña. Los legisladores señalaron irregularidades en los negocios de Envidrio con Venezuela y en diversos apoyos estatales que recibieron esa y otras cooperativas durante los gobiernos del Frente Amplio, pero esas líneas de investigación fueron archivadas.

En la sentencia, la jueza sostuvo que el exdiputado “no cumplió con sus obligaciones ante la cámara, al participar y tener injerencia en la toma de las decisiones de la empresa durante el ejercicio de su actividad parlamentaria, en franca vulneración a las normas legales y administrativas que le imponían el deber, como funcionario público, de actuar en forma imparcial y objetiva”. El legislador fue procesado sin prisión debido a que carece de antecedentes y a que no hay peligro de fuga.