Uruguay y el lavado de activos: responde Ricardo Sabella

Ricardo Sabella es un experto consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es socio de MVC Risks, firma especializada en la organización de conferencias y congresos en toda la región. También es asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies de Nueva York y es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas.

Sabella respondió un cuestionario de Uruguay Transparente sobre la actual situación del país en el marco de las nuevas leyes antilavado y las expectativas sobre la próxima ronda del Gafilat.

Lo que sigue son sus respuestas.

URUGUAY TRANSPARENTE. Un reciente informe sobre el Índice de Complejidad de Cumplimiento Corporativo 2018, elaborado por la consultora internacional TMF Group da cuenta que Uruguay está dentro de los países más complejos del mundo para concretar negocios por la cantidad de normas antilavado que se pusieron en marcha en el último año.En concreto, el informe dice que el problema de Uruguay se debe "principalmente a la implementación continua de múltiples medidas de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo", entre ellas las normas de cumplimiento del Estándar de Reporte Común y de identificación del beneficiario final. ¿Comparte esa apreciación? ¿Puede revertirse esa complejidad?

RICARDO SABELLA. En realidad, el informe desarrolla su conclusión con foco en las nuevas normas sobre intercambio de información fiscal. Si bien esto se establece en la Ley 19.484, que menciona el tema de Prevención de Lavado de Activos, lo único que aporta a este tema es las definiciones sobre Beneficiario Final y obligaciones de información. Definición que luego es recogida por la Nueva Ley Integral de Lavado de Activos Nro. 19.574. En el marco de las obligaciones de intercambio de información fiscal, las disposiciones incorporadas a las normas uruguayas exceden los acuerdos internacionales y requieren información de los residentes, que a ciencia cierta aún no se conoce su destino, ni se ha incorporado ninguna mención en la Ley sobre el objeto del requerimiento. Es un camino que no cabe dudas que está orientado hacia la trasparencia abonado por iniciativas globales, no es una situación que se revierta en el corto plazo. El tema de la complejidad, no solo pasa por los requerimientos informativos, sino principalmente por los costos que deben asumir los privados para proporcionarlos. En definitiva, los medios de intercambio de información y el desplazamiento de las cargas de vigilancia a los privados es lo que genera costos exagerados a los sectores obligados. La única forma de revertirlo es establecer vías de información más simples, o compensando los costos de su producción, dado que el único favorecido en el relevamiento de esta información es el estado.

UT. En este sentido, ¿cree Ud. que las normas antilavado adoptadas por Uruguay afectan la libertad y los derechos de los ciudadanos?

RS. Todas las normas mundiales que obligan a controles sobre la identificación de clientes y su origen de fondos para determinadas operaciones son invasivas. Pero hasta ahora no se ha detectado otra forma de combate al lavado de activos y detección de maniobras y fondos de origen ilícito. Es algo necesario, pero no creo que afecte a libertades y derechos. En la medida que ante el cumplimiento de las obligaciones algunas personas pueden optar por no brindar determinada información y los que realizan el requerimiento tienen el derecho a no realizar las operaciones ante la falta de respuesta. El problema principal, se relaciona con la falta de información y de interpretación que pueden generar dudas y miedos en los operadores y supervisores. Esto puede llevar a la aplicación de controles excesivos como medida para reducir un desbalanceado riesgo percibido por los operadores, que en gran medida es alimentado por los supervisores mediante observaciones y sanciones desmedidas.

UT. El año que viene se realizará la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Si no se lograra una buena calificación, ¿cree que se verá afectada la reputación de Uruguay ante las instituciones financieras internacionales?

RS. Por supuesto, hoy más que nunca no lograr pasar en forma adecuada una evaluación mutua sobre el sistema de prevención del país es altamente perjudicial. Ni hablar de la posibilidad de que el país sea incorporado en una lista de sanciones. Se restringen las posibilidades de crédito, inversiones, y obviamente la imagen del país.

UT. Como contrapartida, con estas nuevas normas, ¿se podría decir que el país va camino a lograr una buena calificación?

RS. En términos de evaluación técnica, se puede confirmar que Uruguay ha avanzado mucho en materia de regulación y supervisión, pero en la actualidad también se evalúa la efectividad de las medidas. Las nuevas normas son muy recientes y aún no se han definido los reglamentos necesarios, con lo cual es posible que no haya tiempo para demostrar su cumplimiento por parte de los operadores, y menos aún por parte del propio estado. Como tampoco de la efectividad de las normas para reducir el riesgo de lavado. Es algo que se verá dentro de unos años, en la medida que todo el sistema sea efectivo: Regulación, supervisión, investigación y represión penal en forma coordinada. Si bien falta mucho, estimo que estamos en camino a una calificación aceptable. De las evaluaciones realizadas hasta ahora con la nueva metodología a los países miembros de GAFILAT (Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua y Panamá) los resultados no son muy satisfactorios en general.

Las dificultades para acceder a la información

A pesar de los avances que se han registrado en Uruguay en materia de transparencia y de facilidades para acceder a la información pública, de todos modos hay casos en los que persisten las dificultades.
En enero de este año el periodista Santiago Soravilla del programa “Así nos va”, que conducen en radio Carve las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con una solicitud de acceso a la información pública, amparado en la ley 18.381, en la que pidió saber el gasto anual entre el período 2010-2017 de cada una de las representaciones diplomáticas de Uruguay dependientes de la cartera con el siguiente detalle: salarios, equipamiento (mobiliario, gastos de oficina, etcétera), vehículos y otros gastos de representación que estén bajo el ítem compensaciones adicionales.
Luego de idas y venidas, finalmente el 31 de enero, la Cancillería resolvió declarar “de carácter reservado por el plazo máximo legal de 15 años, toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y/o inversión, realizada en cada Representación Diplomática u Oficina Consular dependiente de esta secretaría de Estado”.
La cancillería remitió la resolución a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el órgano especializado dependiente de Presidencia de la República y cuyo cometido es velar por el respeto al Derecho de Acceso a la Información Pública.
En conocimiento de la resolución de la Cancillería, la UAIP discrepó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y entendió que no era de recibo la declaración de reservado y exhortó a Cancillería “a brindar acceso a los gastos asociados a cada una de las representaciones diplomáticas durante el período solicitado”.

El caso llegó a la Justicia

Expuesta la contradicción entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIAP, El periodista de “Así nos va” se presentó ante el Juzgado en Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, cuyo juez es Gabriel Ohanian.
Tras varias audiencias, el 29 de mayo Ohanian resolvió desestimar la demanda presentada por el programa “Así nos va” argumentando que “el entramado de relaciones internacionales de un Estado es muy complejo y evidentemente si cobra estado público en qué representaciones el país hace mayores esfuerzos presupuestales, ese dato tiene aptitud para desnudar las tácticas de inserción de nuestra nación en el mundo”.
La resolución del juez fue apelada y el caso llegó hasta el tribunal de apelaciones. El Tribunal de Apelaciones de 5° turno, compuesto por los ministros Luis María Simón, María Esther Gradín y Loreley Beatriz Pera, confirmó por unanimidad la sentencia del juez Ohanian.

El informe de "Así nos va"

Perú: choques por reforma judicial

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó este martes al Congreso para un pleno extraordinario para tratar la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros están implicados en el escándalo de corrupción judicial revelado la pasada semana.
En un pronunciamiento en el Palacio de Gobierno de Lima, Vizcarra programó la sesión extraordinaria para este viernes 20 de julio, pues consideró que la destitución en bloque del CNM es “imprescindible e impostergable” como parte de la reforma integral del sistema de justicia que promueve el mismo mandatario.

El gobernante ya solicitó la pasada semana al Congreso la destitución del CNM, encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces, pero el Legislativo, donde el fujimorismo tiene mayoría, se encuentra en un período de receso y por ahora solo había aprobado investigar a los tres miembros del CNM involucrados en el caso.

Argentina: lanzan app para verificar identidades

Luego de la investigación periodística de Juan Amorín de la web El Destape, la ONG La Alameda lanzó una aplicación para verificar las identidades de los aportantes truchos para la campaña de Cambiemos en Argentina, en donde podrá quien lo desee constatar si aparece o no en la lista sin haber aportado.
Esta aplicación fue realizada en base a los datos de los propios partidos a la Cámara Nacional Electoral. En Argentina, los partidos están obligados por la ley de financiamiento a dar los rendimientos de gastos de las campañas.
La aplicación de Bien Común, el partido de la ONG Alameda, conjuga los montos de cada aportante (ya que a veces dividen los montos por cargo) y desde las últimas cuatro elecciones (2011, 2013, 2015 y 2017) y de todos los partidos como de todo el país.
La causa se inició a partir de un informe periodístico realizado por el periodista Juan Amorín en El Destape, que mostró cómo más de 800 personas figuraban como aportantes de la última campaña del oficialismo en territorio bonaerense, sin saberlo.
Tras la denuncia, fue el fiscal Jorge Di Lello quien abrió una investigación, a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Los denunciados son los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia.
El viernes pasado, el juez Casanello citó a los primeros testigos que aparecen como supuestos aportantes falsos, que en su mayoría son beneficiarios de planes sociales y aseguran que no lo fueron.

 

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