Ley de lavado de activos quedó firme

Ya no hay lugar a diferentes interpretaciones: el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno confirmó que no hay derogación de delitos de lavado de activos en la Ley Integral contra el Lavado de Activos.

Varios abogados, entre ellos los penalistas Juan Fagúndez y Andrés Ojeda habían advertido que el artículo 79 de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos utilizaba la palabra deróganse para determinados delitos en lugar de sustitúyanse lo que haría suponer que procesados, por ejemplo, en causas vinculadas al narcotráfico, podrían quedar libres.

El asunto llegó al Tribunal de Apelaciones ante un recurso interpuesto por el abogado Gustavo Salle que pidió liberar a un cliente ya que consideró que el delito de Lavado de Activos había caducado.

Esta persona, había sido procesada por asistencia de lavado, tras ser acusada de gastar el dinero de una estafa cometida en Suiza por otra persona, según el fallo del tribunal.

De esta forma, se zanjó una polémica generada a mediados de abril de 2018 sobre que el artículo 79.

Lea la sentencia
http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/5993/1/tap1-05-00114-18i.pdf

Los negocios de la Madre Patria

Eduardo Zaplana fue ministro en el gobierno de José María Aznar y fue presidente de la Comunidad Valenciana. Desde este martes está preso en España luego que se comprobara que llegó a acumular 10 millones de euros en comisiones irregulares y que habría desviado fuera de su país.

El dinero, según El Confidencial estuvo oculto en Uruguay, donde han permanecido en los últimos años hasta que la pesquisa en otra macro causa de corrupción, la Lezo, evidenciaron sus contactos con estructuras de blanqueo en este país.

Zaplana fue detenido este martes a primera hora de la mañana frente a su casa de Valencia por los presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación
Desde que dejó de ser el portavoz del Partido Popular (PP), Zaplana se ha movido entre bambalinas en cenáculos políticos y empresariales con su consultora
Durante la investigación de otro sonado hecho de corrupción en España y que involucró a dirigentes del PP y que se conoció como caso Lezo, ya se había descubierto que Zaplana hizo negocios con un abogado uruguayo que se había aliado con ellos para abrir una oficina en España.

LOS TURRONES DE ZAPLANA

La detención de Zaplana supone el primer zarpazo real de la Justicia a una persona a la que el instinto político permitió desarrollar una imparable carrera a lo largo de 17 años, que inició como alcalde y culminó como ministro y portavoz del PP hace una década, cuando se retiró a la empresa privada bajo la sombra de la sospecha sobre su gestión pública.

Lo cierto es que hace muchos años que los modos de proceder del exministro del Partido Popular generaban más que recelo. Su alto nivel de vida siempre llamó la atención a sus compañeros de profesión. Su gestión de lo público también fue cuestionada por muchos medios de comunicación. Sin embargo, muy pocos hablaron de las sombras en la gestión del político valenciano.

Y es que, aunque Zaplana acabó siendo detenido por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, el exministro de José María Aznar ya era noticia a comienzos de los años 2000 por el mal uso que hacía del dinero público.

Uno de los ejemplos más escandalosos, según El Plural, guarda relación con su etapa en el Ministerio de Trabajo. Entonces Zaplana decidió gastarse 55.000 euros en turrones. El exdirigente del PP enviaba este manjar en acicaladas cajitas de madera a decenas de periodistas. Exquisitos dulces de la marca Picó que en total superaban las cuatro toneladas.

Derroche de dinero público que avergonzó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, en 2004, cuando José Caldera sustituyó a Zaplana al frente del ministerio, el socialista rehusó pagar tres facturas de turrón. El impago se produjo porque el nuevo equipo ministerial no encontró los certificados que justificaran ese gasto ni logró que nadie lo validara en los meses siguientes.

El fin de las offshore en Gran Bretaña

El Parlamento británico aprobará una ley que obligará a sus paraísos fiscales a publicar los nombres de los propietarios finales que están detrás de todas las empresas que albergan.

El gobierno de Theresa May se prepara para implementar nuevas medidas que obligarán antes de finales de 2020 a los territorios británicos de ultramar a revelar los nombres de los propietarios finales de empresas registradas en sus 14 paraísos fiscales 'offshore'.

Si estos territorios no acatan la medida, Londres impondría la legislación unilateralmente. Inicialmente el gobierno de Theresa May era reacio a imponer esta legislación a sus territorios de ultramar. El proyecto de ley tiene muchas probabilidades de ser aprobado esta semana, ya que cuenta con el apoyo de un gran número de diputados conservadores y laboristas.

La medida había sido propuesta en 2013, mucho antes de que saliera a la luz el escándalo de los Panama Papers, por el entonces primer ministro David Cameron. A finales de abril de 2018, 19 diputados conservadores decidieron firmar un compromiso para enmendar dicha ley y hacer que la balanza se incline hacia la aprobación de una total transparencia.

Una de las principales defensoras del proyecto, la diputada laborista Margaret Lodge resalta que "existe una actividad vinculada a la evasión fiscal, al lavado de activos y al crimen organizado. El Reino Unido y sus territorios se han vuelto un espacio jurídico de predilección para el 'dinero sucio', por culpa del sistema de secreto en nuestras leyes de propiedad offshore".

Publicar las identidades de aquellos que detienen empresas en las Islas Vírgenes o las Islas Caimán facilitaría el trabajo investigativo y de control de periodistas y ONGs. El representante británico de Transparencia Internacional, Duncan Hames, declara que "estas jurisdicciones siempre han sido como el Talón de Aquiles de nuestra defensa contra el dinero sucio".

Los socios uruguayos del “Corcho” Rodríguez

Los ex abogados uruguayos de “Jorge” Corcho Rodríguez investigado por el caso Odebrecht en Argentina, comparten una cuenta en Uruguay con el ex director de Infraestructura de la sucursal de la empresa en Argentina, Rodney Rodrígues Carvalho que podría ayudar a reconstruir la ruta de las coimas de la empresa brasilera que llega a ex funcionarios argentinos por las obras de AYSA, gasoductos y el soterramiento del Sarmiento.

Se trata de la caja de ahorro en dólares número 8370926 del banco Itaú de Montevideo que, hasta ahora, no había sido detectada por la justicia argentina. Además, del directivo de la constructora brasileña figuran como titulares el ex abogado del “Corcho”, Carlos Dentone y su ex escribano, Martín Molinolo, según publicó el diario Clarin. Esta cuenta fue reportada en Montevideo en la causa por lavado de dinero del caso Odebrecht que investiga la jueza y el fiscal contra el crimen organizado de Uruguay, Beatriz Larrieu y Luis Pacheco.

El presidente de la más grande constructora de América Latina, Marcelo Odebrecht –quien tras una delación premiada cumple 10 años de prisión domiciliaria en Brasil- confesó a la justicia de EE.UU. que pagó 35 millones de dólares en coimas a funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, quienes hasta ahora no fueron oficialmente identificados en tribunales.

Esta cuenta se suma a la ya conocida a nombre de la empresa uruguaya Sabrimol que movió 11 millones de dólares en coimas entre el 2012 y el 2014, según denuncia la titular de la Oficina Anticorrupción.

La cuenta de Sabrimol en el Itaú tiene como beneficiarios finales a Dentone, Molinolo, el abogado uruguayo Pablo Correa y el contador argentino Osvaldo Gandini. Si bien, la OA acusa al “Corcho” Rodríguez de ser el dueño oculto por otras relaciones comerciales en común, en ese exhorto figuran solo esos beneficiarios finales.

Mientras tanto la Justicia de Argentina cerró la fronteras para Rodríguez a pedido de la Oficina Anticorrupción.

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