Lavado de activos, de la norma a la realidad: percepción de riesgo y operaciones reportadas en 2021

Publicado el 11 de abril en La Diaria

Por Mathías da Silva en Sector público

Tras el cambio legal de la LUC en el esquema antilavado, cayó la participación dentro de los controles de los agentes no financieros, en especial escribanos e inmobiliarias; en paralelo, continúa habiendo cifras magras de condenados por este delito de “cuello blanco”

La estrategia de Uruguay para el combate al lavado de activos tuvo un cambio legislativo en la ley de urgente consideración (LUC), que modificó la normativa integral votada en 2017. El primer año de aplicación fue parcial –porque la LUC se votó a mediados de 2020– y el factor pandemia limitó los análisis, por lo que los datos de 2021 sobre los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por el origen de los fondos de una transacción, que hacen tanto bancos como profesionales y agentes inmobiliarios, cobraban relevancia para ver el efecto pos LUC. Conocido el reporte, distintos especialistas advirtieron que por diversos factores ocurrió una baja en la percepción del riesgo de incumplimiento, lo que derivó, por ejemplo, en un menor nivel de ROS del sector no financiero, dentro del cual se advierte por la escasa participación en el esquema de control de escribanos e inmobiliarias.

La lógica detrás de la estrategia de 2017, que recogió estándares internacionales, fue crear una red que actúe como filtro para los casos de operaciones en que hay dinero sin un origen lícito. Por eso, además de los agentes financieros se sumó a un grupo de actividades –abogados y contadores que administran fondos de terceros, casinos y rematadores, entre otros– bajo la idea de que cuantos más ojos estén alertas, mejor para la prevención del lavado. En atención a un reclamo especialmente por parte de las organizaciones gremiales de escribanos y contadores, la LUC flexibilizó su tarea y la de los demás actores no financieros, que pueden hacer controles simplificados siempre que el dinero haya pasado previamente por un banco, y se mantiene el resto del esquema de la ley integral.

Tanto en el debate legislativo, en que la propuesta del gobierno sufrió cambios, como en la discusión pública, varios expertos en la materia alertaron que la modificación legal traería una caída en la percepción de riesgo de los agentes no financieros, que terminarían aportando menos dentro del esquema de prevención del lavado.

Según los datos que divulgó días atrás la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) –que recibe y evalúa los ROS de todo el sistema–, tanto en relación a 2020 como a la prepandemia (2019), crecieron los reportes totales y los hechos por los agentes financieros, mientras que cayeron de forma pronunciada los hechos por actores no financieros.

La cifra de ROS alcanzada el año pasado por profesionales y otras actividades abarcadas por la normativa (39) fue casi siete veces menor que en 2018 (263) y la cuarta parte de 2019 (149). En tanto, para hacer la comparación con 2020 el informe de la UIAF dejó por fuera a los casinos –que estuvieron cerrados durante buena parte de la emergencia sanitaria– y marcó que la caída de los reportes fue de 14%.

La unidad técnica del BCU apuntó que “sigue observando con mucha preocupación el escaso número de reportes realizados por algunos de los sectores de sujetos obligados no financieros, especialmente de aquellos que participan en la actividad inmobiliaria, que es considerada una de las actividades de mayor riesgo” en materia de lavado.

Especialistas ya habían advertido esto tras los datos de 2020, con la salvedad de que la actividad inmobiliaria había decaído producto de la pandemia. El sector se recuperó el año pasado y, según datos que divulgó El Observador a partir de información de la Dirección General Impositiva, movió en operaciones de compraventa un monto aproximado a 1.600 millones de dólares, que no sólo mejoró frente al año previo, sino respecto de 2019. Sin embargo, los ROS por sospechas sobre el origen de los fondos por parte de inmobiliarias fueron apenas cinco en el año.

Los escribanos son otro sector plenamente ligado a las transacciones con inmuebles, y tienen las mismas obligaciones respecto de indagar en el origen de los fondos y ante algún riesgo enviar un reporte a la unidad del BCU. En este caso, hubo 13 ROS en 2021, con lo que se consolida una baja pronunciada año a año desde 2018.

Ya tres años atrás, en su reporte anual, la UIAF planteaba que veía el descenso en los ROS de escribanos como “una debilidad” del sistema de control y cuestionaba que “la gran mayoría de los reportes (66% de los recibidos en 2019) sean consecuencia de la existencia de información pública sobre investigaciones de las que han sido objeto las personas reportadas y no por la detección de inusualidades respecto del origen de fondos de clientes”.

 

Riesgos, números e interpretaciones

Al acudir días atrás a una comisión especial del Parlamento que sigue el combate al lavado de activos, el jefe de Análisis Estratégico de la UIAF, Fernando Fuentes, dijo que “no es razonable” el nivel de ROS en los rubros ligados a la compraventa de inmuebles. Repasó que el cambio de conducción en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), así como el freno de las inspecciones a los sujetos obligados por la pandemia, hicieron caer “la percepción de riesgo”. Así lo explicó: “Si yo veo que el supervisor no me va a supervisar, por la causa que sea, es más probable que tenga menos incentivos para reportar que cuando yo sé que si hago una transacción me están llamando a la semana siguiente para preguntarme qué hice”.

Similar es el pensamiento del especialista en normativa antilavado y socio de BST Global Consulting, Ricardo Sabella: “La percepción de menos riesgo continúa, abonada por la persistente sensación de que el lavado es un problema de los bancos. Sumado a esto, los escasos resultados en términos de condenas y casi inexistentes originados en reportes generan poca motivación para aportar al sistema”. En diálogo con la diaria, agregó que en su opinión “la tendencia a la baja” de los ROS del sector no financiero continuó más allá del impacto de la LUC –el descenso ya venía de antes–, y que pese a la pandemia en “la mayoría” de los países de la región “han subido los reportes”.

Una lectura coincidente con las voces anteriores, aunque con mayor énfasis en la implicación de la LUC en la baja en “la percepción del riesgo”, mostró el exsecretario antilavado Daniel Espinosa al ser entrevistado en No toquen nada, de la FM Del Sol. Con la nueva legislación “se asume” que el control –denominado “debida diligencia”– lo hace “un banco y los otros actores que intervengan en la operación tendrían que trabajar menos; esto contradice las recomendaciones internacionales de que haya controles cruzados por parte de cada sujeto”, dijo el exjerarca tiempo atrás a la diaria.

Lo reemplazó en el cargo en 2020 Jorge Chediak, quien al defender los cambios impuestos en la LUC dijo que se buscó “racionalizar los controles sin afectar demasiado el nivel de eficacia” y consideró como “valoraciones simplistas” las que “dicen que se baja el estándar mínimo de controles”. En octubre pasado, en relación al menor nivel de ROS observado tras el cambio legal, planteó que “coexisten dos visiones”: que bajaron los reportes porque hay menos percepción de riesgo por parte de los sujetos obligados y que en el pasado había muchos ROS defensivos ‒en otras palabras, para cubrirse por si había una inspección‒ y que ahora se han racionalizado.

Esta visión es respaldada por la Asociación de Escribanos del Uruguay, que llamó a votar en favor del No en el referéndum del 27 de marzo en defensa del cambio legislativo que trajo la LUC y alivianó sus tareas. El presidente de la entidad, Diego Stirling, dijo al semanario Búsqueda que los notarios se están “adaptando” y “aprendiendo qué reportar y qué no”, y que ahora los ROS son de mayor “calidad”.

 

Controles focalizados

Espinosa, que ocupó la conducción de la Senaclaft por cuatro años y antes fue por 16 años gerente de la UIAF, fue una pieza clave en la elaboración del esquema antilavado en Uruguay. Sobre ello, explicó en la entrevista radial que, al tratarse de “un delito complejo” que los lavadores utilizan para blanquear fondos de actividades lícitas, desde los 90 se comenzó a pedir a los bancos que “ayuden”: “Si ven algo que no cierra o no es razonable, lo informan. No hay que investigar más allá”. Años después, al correrse los esquemas de lavado hacia otros rubros, como inmuebles o vehículos de lujo, se amplió el espectro de colaboradores.

“Nos preguntaban [los profesionales] ‘¿qué tenemos que hacer?’ y no podíamos decirlo. Lo clave es el enfoque de riesgo, [la Senaclaft] precisa tu criterio profesional para ver si es [una operación] riesgosa o no. Hacer un mismo control a todos es ineficiente, depende del grado de conocimiento con el cliente”, expresó.

Según dijo Espinosa, la falta de “entendimiento” sobre la aplicación de los controles llevó a que “escribanos y contadores pidieran al nuevo gobierno en la campaña, como una preocupación [de esos colectivos], modificar la obligación que tenían” de participar en los controles antilavado, lo que se atendió parcialmente con la flexibilización normativa.

Para Sabella debe verse no sólo el nivel de ROS por sector, sino “los segmentos de riesgo” dentro de cada actividad. “No todos los escribanos o inmobiliarias tienen los mismos tipos de clientes o negocios. Es posible que haya cierta concentración [de los riesgos] en algunos. Por ejemplo, los que mayoritariamente realizan operaciones mayores a un monto, o determinado tipo de inmuebles, o campos de alguna zona en particular, o si las operaciones se realizan a través de un solo banco o de varios, si son del exterior, si son mediante la venta de acciones de sociedades”.

Sabella también dijo que el Estado no sólo debe controlar en línea con esos riesgos focalizados, sino también “reconocer las limitaciones” de los privados para aplicar los controles y “tratar de colaborar para que ellos puedan cumplir mejor”. Como una alternativa, mencionó el caso de España, que logró un modelo “eficiente” con la participación de los profesionales: “Los escribanos envían información a un centro en el notariado que es el que analiza las transacciones y cumple la labor de reporte. Acá en algún momento lo hemos planteado, pero no ha habido acompañamiento del sector”.

La Senaclaft, liderada por Chediak, anunció semanas atrás que ya comenzó un plan de inspecciones “en todo lo que tiene que ver con operaciones inmobiliarias”; se han identificado “entre 150 y 200” transacciones que “podrían ser, a priori, de riesgo”, sobre las cuales se indagará con mayor profundidad. Una “primera instancia” de controles abarcó “unas 60 o 70 fiscalizaciones”, dijo Ernesto Misa, de la Senaclaft, en el Parlamento, y de momento no se encontraron “operaciones no reportadas”.

En el balance anual de la UIAF se mencionó que en 2021 “buena parte de los escasos reportes recibidos del sector inmobiliario se presentan cuando es evidente que la persona o el negocio llevado a cabo” presenta “sospechas”, en virtud de que “ya existe una investigación formalizada” por parte de la Justicia. Entonces, en el sector hay una tendencia a eludir la obligación legal de informar ante “inusualidades en el origen de los fondos de sus clientes”.

 

Condenados, la cuenta pendiente

Para Espinosa, en Uruguay “tenemos pocos casos de lavado porque no los estamos encontrando”, lo que plantea falencias tanto a nivel de los controles en las transacciones como en la posterior instancia judicial. La UIAF, que recibe los ROS de los sujetos obligados, indaga más en esas operaciones y decide si pasar el asunto o no a la Justicia, para continuar así la investigación.

Los datos del año pasado muestran que hubo 22 casos derivados a la Justicia, que surgieron tanto de ROS –por información contenida en 123 reportes– como de investigaciones de oficio de la UIAF. Según la unidad del BCU, esto es “una importante mejora” respecto del año anterior, cuando habían sido derivados 12 casos a partir de 43 reportes. De los números puede interpretarse que mejoró la eficacia de los ROS y su calidad en 2021.

Igualmente, el punto crucial para cerrar el círculo del combate al lavado es procesar a los responsables, y, según la evaluación de Sabella, aquí se ven avances “muy escasos”. Mencionó que en 2020 “hubo sólo cuatro condenas por lavado”, por lo que los resultados “no acompañan el terrible esfuerzo y los costos que los privados invierten en el cumplimiento del sistema”.

El abogado especializado llamó la atención sobre que “las personas formalizadas e imputadas por delitos precedentes al lavado se incrementan”; esto es que crece el nivel de combate sobre los orígenes del dinero blanqueado, sea por el tráfico de armas, de drogas, el contrabando o la evasión fiscal. “Donde hay delitos que generan dinero ilegal hay lavado, sin duda. Que haya un aumento o una baja en los ROS, cuando hubo sólo cuatro condenas por lavado en 2020, significa que algo no anda bien”, sentenció.

FORMALIZAN POR FRAUDE A FUNCIONARIA POLICIAL

Jefatura de Policía de Tacuarembó

La fiscalía formalizó a una funcionaria de la Jefatura de Policía de Tacuarembó "por la presunta comisión de reiterados delitos de fraude especialmente agravados". La funcionaria, de 45 años, encargada del área contable, realizaba la transferencia de fondos de una cuenta de Jefatura a una cuenta particular a su nombre, por un monto superior a U$S 100.000. Al parecer, la maniobra venía siendo realizada desde 2017 hasta mayo de 2020. El ministerio del Interior dispuso la realización de una auditoria contable.

Uruguay lidera en una región estancada contra la corrupción

América Latina lleva 10 años “totalmente estancada” en su lucha contra la corrupción, lo que socava la democracia y los derechos humanos, y hay retrocesos alarmantes en Venezuela y países de América Central, alertó Transparencia Internacional (TI) en su informe anual.

“Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI.

Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a 100 (muy limpios).

Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88) son los países menos corruptos del mundo, según este informe, y Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) registran los índices de corrupción más elevados.

Venezuela y Uruguay

Muy cerca de estos países sacudidos por las guerras está Venezuela (14), cuya nota, la peor de América Latina, no deja de empeorar desde 2013 y donde la “gran corrupción causa graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación”.

TI alerta además de que el sistema judicial venezolano ha perdido su independencia y “se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia” y “las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes”.

La organización no gubernamental lamenta que pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este flagelo, “la corrupción sigue debilitando la democracia y los derechos humanos” en la región y se necesitan “acciones contundentes para revertir esta tendencia” y proteger a la sociedad civil, insiste la organización.

En su fotografía general de 2021, TI critica que algunos presidentes, como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, usaron la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado de los políticos tradicionales y “cansado de la corrupción”.

Pero estos líderes “no han presentado avances en su lucha contra la corrupción y sí han tomado medidas antidemocráticas” y “regresivas”.

“Cuanto más democracia y más goce efectivo de los derechos fundamentales, más difícil es que florezca la corrupción”, advierte a la AFP Luciana Torchuaro, responsable para América Latina de la organización.

Torchuaro, asesora regional para América Latina de TI, explicó a EFE que este estancamiento no solo “ha socavado la democracia y los derechos humanos”, sino que también ha reincidido en los índices de pobreza y desigualdad y afectado a la lucha contra la pandemia.

En América Latina, el país mejor calificado es Uruguay (73), “un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas (...) son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas”, dice TI, considerando que este contexto institucional ha permitido que el país enfrente de forma más eficaz la pandemia de coronavirus.

“Lo que hemos podido confirmar con el caso de Uruguay es una de las grandes hipótesis de Transparencia Internacional: cuando las instituciones fuertes y democráticas funcionan, la corrupción es menor”, añade Torchuaro.

Luego viene Chile (67) y del resto, el único que aprueba es Costa Rica, con 58 puntos, al que siguen Cuba (46), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador (34), México (31), Bolivia, República Dominicana, Paraguay (30), Guatemala (25) y Honduras (23)

Los últimos de la lista son, además de Venezuela, Nicaragua (20), Haití (20) y Honduras (23)

El informe repasa también la evolución en estos últimos 10 años de clasificaciones: Paraguay es el único que ha mejorado significativamente su puntuación; Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela han caído considerablemente.

Argentina (39) fue el país de la región que más retrocedió (cuatro puntos) en 2021, debido a la injerencia del poder político en la justicia y “los abusos de poder” durante la pandemia, como una vacunación preferente para funcionarios y allegados o compras y contrataciones “poco transparentes”.

Torchuaro reconoce que la región cuenta con una buena legislación contra la corrupción y que los gobiernos han asumido compromisos pero que “faltan acciones firmes para cumplirlos”

Para ello, opina la analista, “hay que dotar a los organismos públicos encargados de implementar estas leyes de los recursos necesarios económicos y técnicos, y, por supuesto, sumarle voluntad política”.

Además, Torchuaro incide en la importancia de garantizar la separación de poderes, en una región donde “el sistema de pesos y contrapesos es muy débil”.

“Es fundamental que los gobiernos pasen de la palabra a la acción”, reclama Torchuaro, para quien es importante también que la ciudadanía pueda controlar al poder, exigir la rendición de cuentas y cuestionar lo que está pasando.

“Los grandes cambios no solo suceden desde arriba, sino también desde abajo. El éxito en la lucha contra la corrupción depende de que todos los sectores, todas y todos, pongamos un granito de arena”, concluye la analista. 

América Central en su punto más bajo

En Centroamérica, la lucha contra la corrupción está en su punto más bajo, afirma TI. Nicaragua es el ejemplo más flagrante. La concentración de poder en manos del presidente Daniel Ortega, reelegido en noviembre, y de su esposa, Rosario Murillo, “ha permitido que el gobierno viole los derechos humanos y se burle del sistema electoral”, afirma TI.

Honduras (23) no se queda atrás. Desde 2015 perdió siete puntos en la lista y su presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico. TI resalta la llegada al poder de la izquierdista Xiomara Castro, que se comprometió a eliminar las “leyes de impunidad”.

También preocupa la situación en Guatemala (25), donde élites económicas y políticas e incluso sectores del “crimen organizado” se han apropiado del poder judicial y “han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción”.

Por último, el autoritarismo también amenaza a El Salvador (34), según TI, donde el gobierno toma medidas que socavan la independencia del poder judicial. Además, se sospecha que altos funcionarios del Ejecutivo participaron en “esquemas de corrupción multimillonarios” vinculados con fondos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus”.

En El Salvador, el gobierno de Bukele ha emprendido una deriva autoritaria con medidas que socavan la independencia del poder judicial y con ataques públicos a organizaciones de las sociedad civil, activistas y periodistas independientes. (Fuente: El País)

Uruguay tiene nuevo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto

En el marco de los 10 años de la incorporación de Uruguay a la Alianza para el Gobierno Abierto, se presenta el 5to Plan de Acción Nacional 2021-2024, ratificando así el compromiso asumido por Uruguay en impulsar los valores del gobierno abierto como principios transversales a la gestión pública.

El Plan es impulsado por Presidencia de la República y liderado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, formalizado por el Decreto del Poder Ejecutivo N°357/2016.

Al igual que las versiones anteriores, es producto de un proceso de co-creación, que busca un Estado Abierto, transparente y eficiente. Asimismo, en esta oportunidad, en el documento convergen los tres poderes del Estado, integrando simultáneamente iniciativas de Parlamento Abierto, Justicia Abierta, organismos de Administración Central y de Gobiernos departamentales.

Se establecen 29 compromisos de 23 instituciones del Estado, agrupados en cuatro ejes temáticos:

1) Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía

2) Participación ciudadana y políticas para la igualdad

3) Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial

4) Hacia un Estado Abierto

Catorce de los compromisos asumidos integran demandas de diferentes actores que presentaron ideas o propuestas en las mesas de diálogo, a través de la Plataforma de gestión de propuestas, en los talleres de co-creación, o en la Consulta Pública.

El Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto es articulado por Agesic y en él participan representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Poder Judicial, Poder Legislativo, Congreso de Intendentes (Gobiernos Departamentales de Montevideo y Florida), Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), la Red de Gobierno Abierto, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong); y el Rectorado y Pro rectorado de Gestión de la Universidad de la República (UdelaR) .

Durante el proceso de elaboración del plan participaron 83 instituciones públicas, 51 organizaciones de sociedad civil, nueve instituciones académicas, seis instituciones del sector privado, y cuatro organizaciones internacionales.

Acceda al quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021- 2024

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