El fin de las offshore en Gran Bretaña

El Parlamento británico aprobará una ley que obligará a sus paraísos fiscales a publicar los nombres de los propietarios finales que están detrás de todas las empresas que albergan.

El gobierno de Theresa May se prepara para implementar nuevas medidas que obligarán antes de finales de 2020 a los territorios británicos de ultramar a revelar los nombres de los propietarios finales de empresas registradas en sus 14 paraísos fiscales 'offshore'.

Si estos territorios no acatan la medida, Londres impondría la legislación unilateralmente. Inicialmente el gobierno de Theresa May era reacio a imponer esta legislación a sus territorios de ultramar. El proyecto de ley tiene muchas probabilidades de ser aprobado esta semana, ya que cuenta con el apoyo de un gran número de diputados conservadores y laboristas.

La medida había sido propuesta en 2013, mucho antes de que saliera a la luz el escándalo de los Panama Papers, por el entonces primer ministro David Cameron. A finales de abril de 2018, 19 diputados conservadores decidieron firmar un compromiso para enmendar dicha ley y hacer que la balanza se incline hacia la aprobación de una total transparencia.

Una de las principales defensoras del proyecto, la diputada laborista Margaret Lodge resalta que "existe una actividad vinculada a la evasión fiscal, al lavado de activos y al crimen organizado. El Reino Unido y sus territorios se han vuelto un espacio jurídico de predilección para el 'dinero sucio', por culpa del sistema de secreto en nuestras leyes de propiedad offshore".

Publicar las identidades de aquellos que detienen empresas en las Islas Vírgenes o las Islas Caimán facilitaría el trabajo investigativo y de control de periodistas y ONGs. El representante británico de Transparencia Internacional, Duncan Hames, declara que "estas jurisdicciones siempre han sido como el Talón de Aquiles de nuestra defensa contra el dinero sucio".

Los socios uruguayos del “Corcho” Rodríguez

Los ex abogados uruguayos de “Jorge” Corcho Rodríguez investigado por el caso Odebrecht en Argentina, comparten una cuenta en Uruguay con el ex director de Infraestructura de la sucursal de la empresa en Argentina, Rodney Rodrígues Carvalho que podría ayudar a reconstruir la ruta de las coimas de la empresa brasilera que llega a ex funcionarios argentinos por las obras de AYSA, gasoductos y el soterramiento del Sarmiento.

Se trata de la caja de ahorro en dólares número 8370926 del banco Itaú de Montevideo que, hasta ahora, no había sido detectada por la justicia argentina. Además, del directivo de la constructora brasileña figuran como titulares el ex abogado del “Corcho”, Carlos Dentone y su ex escribano, Martín Molinolo, según publicó el diario Clarin. Esta cuenta fue reportada en Montevideo en la causa por lavado de dinero del caso Odebrecht que investiga la jueza y el fiscal contra el crimen organizado de Uruguay, Beatriz Larrieu y Luis Pacheco.

El presidente de la más grande constructora de América Latina, Marcelo Odebrecht –quien tras una delación premiada cumple 10 años de prisión domiciliaria en Brasil- confesó a la justicia de EE.UU. que pagó 35 millones de dólares en coimas a funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, quienes hasta ahora no fueron oficialmente identificados en tribunales.

Esta cuenta se suma a la ya conocida a nombre de la empresa uruguaya Sabrimol que movió 11 millones de dólares en coimas entre el 2012 y el 2014, según denuncia la titular de la Oficina Anticorrupción.

La cuenta de Sabrimol en el Itaú tiene como beneficiarios finales a Dentone, Molinolo, el abogado uruguayo Pablo Correa y el contador argentino Osvaldo Gandini. Si bien, la OA acusa al “Corcho” Rodríguez de ser el dueño oculto por otras relaciones comerciales en común, en ese exhorto figuran solo esos beneficiarios finales.

Mientras tanto la Justicia de Argentina cerró la fronteras para Rodríguez a pedido de la Oficina Anticorrupción.

Sexto Congreso sobre prevención de lavado

Entre el jueves 10 y el viernes 11 se realizará en la torre de Antel el 6º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. Asistirán consultores de varios países

En este 6º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el propósito principal es analizar el riesgo de cada uno de los delitos precedentes y las nuevas iniciativas sobre intercambio de información público privado.

Además de Daniel Espinosa, director de la Oficina Antilavado dependiente de la Presidencia de la República, y el presidente de la Jutep Ricardo Gil Iribarne, asistirán expertos de más de 14 países. Ricardo Sabella, organizador del evento y experto en Prevención de Lavado, dijo que el Congreso se hace en un momento que "el mundo todavía está sacudido por los documentos" de los "Panama Papers".

Nueva fase de Lava Jato llegó a Uruguay

La Policía Federal de Brasil cumplió 53 órdenes de arresto en una nueva fase de la Operación Lava Jato.

En Uruguay la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del Fiscal Enrique Rodríguez realizó procedimientos para desarticular a un grupo especializado en delitos financieros.

Seis de esas órdenes de detención preventiva fueron para Paraguay y Uruguay.

La operación "Cambio Desconecto", que se desarrolló en seis estados brasileños, tiene en su punto de mira a un grupo de cambistas que, según la confesión de dos acusados, habría conseguido mover 1.600 millones de dólares en más de 52 países de forma ilícita.

Los acusados Vinícius Vieira Barreto Claret y Cláudio Fernando Barbosa fueron arrestados en Uruguay en marzo de 2017 por autoridades locales y extraditados a Brasil donde aceptaron colaborar a cambio de una reducción de la pena.

Claret y Barbosa, considerados por el Ministerio Público de Brasil como "los cambistas de los cambistas", revelaron la existencia de un sistema llamado Bank Drop compuesto por 3.000 offshores en 52 países y que realizó transacciones por valor de 1.600 millones de dólares.

El esquema comenzó en la década de los 80. Sin embargo, con las acciones de la policía federal de Brasil por el año 2000, la organización decidió mudarse a Uruguay, en 2003, pasando a comandar de forma remota las operaciones.

Es la mayor ofensiva desencadenada en Brasil contra el mundo de los terratenientes. Los mayores operadores del cambio negro han sido arrestados. Nombres históricos, algunos intocables, son objeto de una orden de arresto, como la familia Matalon, Marco Antonio Cursini, los hermanos Rezinski y Chaaya Moghrabi.

Lea el pedido del Ministerio Público Federal de Brasil
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2018/05/79609859-135-1-pp-PRISA%CC%83O-FIM-DO-MUNDO.pdf

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