Conferencia anticorrupción

Este viernes 10 culmina en Cartagena de Indias, Colombia, la Conferencia Regional Anticorrupción para América del Sur y México. Uruguay Transparente está representado por la doctora Verónica García Leites.

La corrupción representa una amenaza significativa para los países del mundo entero; debilita las instituciones democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza y amenaza la economía al socavar la libre competencia, desalentando la inversión. La corrupción afecta desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos, especialmente a los más pobres, impidiendo la inclusión social y promoviendo la desigualdad. La evidencia demuestra que la corrupción es un factor dominante el cual impulsa a los países frágiles hacia el fracaso del Estado. Ningún país es inmune a la corrupción y los gobiernos deben trabajar juntos y con socios del sector privado y la sociedad civil para combatirla con éxito.

Combatir la corrupción es vital para conservar un crecimiento y estabilidad económica, mantener la seguridad de la sociedad, proteger los derechos humanos, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente para futuras generaciones y hacer frente a la delincuencia organizada.

Varios indicadores de gobernanza revelan que la corrupción sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo en varios países de la región. En reconocimiento del carácter global de las amenazas que plantea la corrupción, las cuales requieren un enfoque amplio y multidisciplinario, se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) como el único instrumento internacional jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción. Como tal, la UNCAC tiene un gran potencial como marco para la prevención y lucha contra la corrupción y como columna vertebral de las iniciativas anticorrupción nacionales e internacionales con el fin de garantizar la implementación de estándares unificados y la adopción de rumbos coherentes. El enfoque de amplio alcance de la Convención y la naturaleza vinculante de la mayoría de sus disposiciones la convierte en una herramienta única para desarrollar una respuesta integral a un problema global. A pesar de que todos los países de América del Sur han ratificado la Convención, existen retos respecto a su implementación, en particular con relación al desarrollo efectivo y oportuno de las recomendaciones provenientes de las evaluaciones realizadas bajo el mecanismo de examen de la aplicación de la UNCAC.

La aplicación efectiva de la Convención no sólo requerirá la adopción de medidas por parte de actores estatales, sino también de otros actores no estatales con capacidades pertinentes y del apoyo de expertos técnicos. En este sentido, construir alianzas y aumentar la cooperación con entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, círculos académicos, parlamentarios, jóvenes y el público en general es fundamental para la lucha contra la corrupción. Estos actores son claves para el intercambio de conocimientos, datos y buenas prácticas que permitan el desarrollo de discusiones profundas y exhaustivas para avanzar en la implementación de la UNCAC y en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.

Por esta razón, UNODC promueve que los países objeto de examen forjen alianzas a través del proceso de examen con socios relevantes con el propósito de garantizar que las necesidades de asistencia técnica se satisfagan de manera oportuna y amplia.

Reconociendo la importancia de un enfoque regional, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay se unen para crear una plataforma regional con el fin de mejorar su labor de lucha y prevención de la corrupción.

Maridaje entre cumplimiento fiscal y antilavado

Escribe Ricardo Sabella

Socio Director BST Global Consulting S.A.

Si bien fue foco de discusión desde hace más de 5 años en Uruguay, la Ley Integral Antilavado Nro 19.574 del 20 de diciembre de 2017 selló el matrimonio entre Lavado de Activos y la Defraudación tributaria. Por tanto, este último delito previsto en el artículo 110 del Código Tributario, forma parte del elenco de Delitos precedentes de lavado. Esto significa que puede imputarse lavado de activos con sus penalidades a las personas que conviertan, transfieran, adquieran, posean, utilicen, realicen cualquier tipo de transacción u oculten bienes, productos o instrumentos que provengan del delito de defraudación tributaria. Más específicamente, cuando el monto del o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a 1.000.000 UI (un millón de unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de nuestro joven 2019.

Frente a las disposiciones de la mencionada Ley, los Sujetos Obligados (Así se los denomina a las personas designadas a llevar a cabo tareas de detección y reporte de operaciones sospechosas a las autoridades) tanto del ámbito financiero como no financiero tienen que definir procedimientos que permitan por un lado conocer a sus clientes (llamadas tareas de Debida Diligencia) y controles para detectar operaciones inusuales. También las obligaciones de reporte recaen sobre autoridades y funcionarios públicos, aunque específicamente esto no ha sido reglamentado aún por el ejecutivo.

En el caso de los No financieros (Casinos, escribanos, abogados, contadores, asociaciones civiles, zonas francas, inmobiliarias, entre otros) las obligaciones de debida diligencia se encuentran reglamentadas en el Decreto 379 del 12 de noviembre de 2018. En tanto para el sector financiero, las normas ajustadas a la nueva Ley se han dispuesto por el Banco Central del Uruguay en sus Circulares 2311 para instituciones financieras, 2312 para el mercado de valores, 2313 para empresas aseguradoras y 2314 para administradoras de fondos previsionales. Todas estas normas publicadas el 10 de diciembre de 2018.

Estas regulaciones determinan la necesidad de aplicar criterios de riesgo para el conocimiento del cliente, que dan por resultado una clasificación de la Debida diligencia en simple, normal e intensificada. Estas diferencias son básicamente de intensidad y cantidad de información y/o documentación para cumplir con los procesos regulados. Así entonces para una relación comercial de riesgo menor se aplicaría debida diligencia simple, mientras que a mayor riesgo la intensificada.

Ahora bien, dentro de la nómina de requerimientos normados para aplicar Debida Diligencia intensificada por parte de los sujetos obligados, se encuentra la de obtener una declaración de regularidad fiscal, que puede acreditarse con la presentación de declaraciones juradas impositivas. Documento que resulta obligatorio recabar en estos casos, para la mayoría de los sujetos obligados del sector financiero, conforme las referidas normas bancocentralistas. Este requerimiento en forma independiente a la necesidad de documentar el verdadero origen de los fondos vinculados a las operaciones. Por lo que claramente demuestra el énfasis en utilizar el sistema de prevención de lavado de activos para control de cumplimiento fiscal.

Las obligaciones mencionadas no detallan el alcance del control que los sujetos obligados deben realizar con respecto a los requerimientos de cumplimiento fiscal, ni siquiera a que impuestos se refieren. En Uruguay como en los países de la región no hay solo un tipo de impuesto, y además en algunos países existen impuestos provinciales, estaduales y departamentales no alcanzados por las declaraciones tributarias presentadas a los recaudadores centrales. Por otro lado, se restringe en países como Argentina la posibilidad de que sujetos obligados requieran declaraciones juradas impositivas por estar amparadas bajo normas de secreto tributario. Es más, la tendencia sobre presentaciones de declaraciones al fisco, anima a que los contribuyentes incorporen los datos a través de un formulario web, emitiendo el sistema solo una constancia de presentación que no contiene los datos incorporados. Por estos motivos, la obligación del requerimiento en estas condiciones, limita el análisis que pueda realizar un sujeto obligado, incluyendo la falta de conocimiento de las condiciones tributarias aplicadas en el país del cliente. Dejando al obligado al filo del incumplimiento, salvo que el requerimiento obedezca solamente a la obtención del documento, cosa poco eficiente de aplicación del control por el solo control. Sin perjuicio de esto, el Banco Central publicó recientemente ( Com. 2018/294) una guía de operaciones y señales de riesgo relacionada con la defraudación tributaria que contribuye a la detección y análisis de anomalías.

Otro capítulo del romance es qué sucede ante el divorcio. En el caso que las acciones judiciales por lavado de activos determinen el decomiso de bienes eventualmente relacionados con el delito de defraudación fiscal, donde van los fondos. Mientras la DGI (léase organismo recaudador de tributos) estaría gritando a viva voz “Show me the money”, los bienes o productos del decomiso tendrán el destino definido por la Junta Nacional de Drogas. Esta tendrá la titularidad y disponibilidad de los mismos, conforme las opciones que brinda la propia ley (Art. 59 Ley 19.574) y esto amigos, salvo acuerdo en contrario, no incluye a la DGI.

Por último, vale la pena hacer una mención acerca de la investigación de estos casos. En la medida que se inicien a través de un reporte de operación sospechosa enviado a la Unidad de Información Financiera, ésta al no ser experta en tema tributario, puede dar intervención de análisis a la DGI. Por ahora, no hay elementos (al menos conocidos) que impidan a dicho organismo utilizar esta información para realizar actuaciones inspectivas. De ocurrir esta situación, es posible que se intente el cobro del supuesto adeudo defraudado, antes de echar mano a la figura de Lavado de Activos.

Como todo matrimonio recientemente constituido legalmente, por ahora se están conociendo en la convivencia. A medida que la relación vaya madurando se verá en la implementación operativa si comienzan o no los problemas, y sin analizar por ahora el rol de la DGI como obligado. Lo cierto es, que debemos seguir muy de cerca la convivencia de esta famosa pareja, con la paciencia obsesiva de un paparazzi. Por ahora, solo podemos decir como en todo ritual casamentero: ¡Qué vivan los novios!

Llave y cerradura para la información

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), expresó mediante una publicación en su web "su preocupación por la decisión de la Contaduría General de la Nación (GCN) de limitar el acceso de representantes del Poder Legislativo a información privada sobre contrataciones estatales".

El Sistema integrado de Información Financiera del Estado de la CGN tiene datos públicos sobre los gastos estatales, pero asimismo permite acceder a los organismos de contralor a información privada sobre contrataciones, esto es quién figura como representante de una empresa en el sistema, qué pagos y qué gastos ha realizado, entre otras cosas.

Según informara el periódico El Observador el viernes 3 de mayo, los legisladores ya no cuentan con una clave de acceso al sistema para analizar la información.

Ante tal situación, CAinfo remarca "la necesidad de un Estado en el que las restricciones a la información pública sean la excepción y exista la mayor transparencia posible".

En ese sentido, la entidad recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que en una "sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones".

Versión simplificada del proyecto de ley de antiterrorismo

Ante el anuncio de la visita, en mayo, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado se apresta a aprobar con celeridad una versión simplificada del proyecto de ley de antiterrorismo enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa original tenía 11 capítulos, entre los que se encontraba uno sobre la tipificación penal de la práctica, pero la bancada del oficialismo resolvió eliminarlo por el escaso margen de tiempo para discutir en detalle la iniciativa.

El titular de esta secretaría, Daniel Espinosa, adelantó a la diaria que la situación es “muy clara”: el proyecto completo que envió el Poder Ejecutivo es el que cumple los estándares internacionales. De todas maneras, detalló que el proyecto que se va a votar ahora incluye la lista, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de personas y entidades vinculadas al terrorismo, de financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

“Todos los países de la ONU están obligados a consultar esas listas e incluso informar al público en general, con la idea de que si se detecta algún activo se bloquee y se congele”, expresó el jerarca, que aseguró que el proyecto que se va a aprobar prevé este punto. En su opinión, esto podría aliviar parcialmente la situación, pero continúa sin resolver el tema de la tipificación de este delito.

Espinosa advirtió que el GAFI va a observar a Uruguay porque no cuenta con la tipificación del delito de financiamiento de terrorismo. “Eso es seguro, y va a ser una observación seria”, adelantó. Del total de 40 recomendaciones que establece el organismo, el titular de la secretaría antilavado destacó que hay seis que son clave, y una de ellas es la tipificación faltante. El proyecto “no nos asegura que no ingresemos en la lista de país no cooperador”, aunque para Espinosa “da más armas para discutir la evaluación, pero va a depender de lo que estime el equipo evaluador”.

La inclusión de Uruguay en la lista de países “no cooperantes” en la lucha contra el terrorismo puede traer graves consecuencias al país en materia económica. Espinosa dio detalles de lo que implica figurar en una lista de este tipo: “Si vos entrás en esta lista, quedás en una publicación que hace GAFI, una organización integrada por más de 180 países, que les advierte que tengan cuidado con las transacciones que hacen con el país. Eso, desde el punto de vista financiero, te encarece las operativas e incluso te anula la posibilidad de nuevas operativas porque los países no están interesados en trabajar con un país no cooperante”, expresó el jerarca. “Te pega en todos lados desde el punto de vista económico-financiero, porque te limita la cantidad de inversiones extranjeras, nuevos negocios, entre otros”, detalló. ( fuente: la diaria)

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