La vigente ley de partidos políticos exhibe una alarmante fragilidad y vulnerabilidad en lo que refiere a las normas que regulan el financiamiento de la actividad de los partidos y su relación con el sector privado.

Recientes investigaciones periodísticas (www.sudestada.com.uy) y académicas (Piñeyro, Rossell, Acuña, Ucudal, financiación de partidos) han puesto de manifiesto que la Corte Electoral no investiga, no controla ni sanciona de acuerdo a lo que establece el texto legal. Asimismo la redacción de la ley, dada su ambigüedad en temas sustantivos, da pie a que las empresas privadas que contratan con el Estado si bien tienen prohibido contribuir con los partidos, encuentren formas solapadas de hacerlo violentando el espíritu de la norma y acentuando la opacidad en el relacionamiento entre los actores políticos, funcionarios de gobierno y privados concesionarios de servicios públicos o proveedores del Estado.

Hubo intentos de mejorar la normativa que quedaron en buenas intenciones y se ingresa en una nueva campaña electoral con amplias zonas grises, con el agravante de la ausencia de recursos de la Corte Electoral para ejercer controles.