El Parlamento británico aprobará una ley que obligará a sus paraísos fiscales a publicar los nombres de los propietarios finales que están detrás de todas las empresas que albergan.

El gobierno de Theresa May se prepara para implementar nuevas medidas que obligarán antes de finales de 2020 a los territorios británicos de ultramar a revelar los nombres de los propietarios finales de empresas registradas en sus 14 paraísos fiscales 'offshore'.

Si estos territorios no acatan la medida, Londres impondría la legislación unilateralmente. Inicialmente el gobierno de Theresa May era reacio a imponer esta legislación a sus territorios de ultramar. El proyecto de ley tiene muchas probabilidades de ser aprobado esta semana, ya que cuenta con el apoyo de un gran número de diputados conservadores y laboristas.

La medida había sido propuesta en 2013, mucho antes de que saliera a la luz el escándalo de los Panama Papers, por el entonces primer ministro David Cameron. A finales de abril de 2018, 19 diputados conservadores decidieron firmar un compromiso para enmendar dicha ley y hacer que la balanza se incline hacia la aprobación de una total transparencia.

Una de las principales defensoras del proyecto, la diputada laborista Margaret Lodge resalta que "existe una actividad vinculada a la evasión fiscal, al lavado de activos y al crimen organizado. El Reino Unido y sus territorios se han vuelto un espacio jurídico de predilección para el 'dinero sucio', por culpa del sistema de secreto en nuestras leyes de propiedad offshore".

Publicar las identidades de aquellos que detienen empresas en las Islas Vírgenes o las Islas Caimán facilitaría el trabajo investigativo y de control de periodistas y ONGs. El representante británico de Transparencia Internacional, Duncan Hames, declara que "estas jurisdicciones siempre han sido como el Talón de Aquiles de nuestra defensa contra el dinero sucio".