La justicia argentina imputó a los dos responsables financieros de la campaña para las legislativas de 2017 de la coalición gobernante Cambiemos por utilizar la identidad de al menos 467 personas y hacerlas pasar como donantes de fondos, informó el diario Página/12.
El objetivo de la maniobra fue "utilizar las funciones en el Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos", consignó el periódico citando la denuncia presentada por la fundación La Alameda.
La denuncia, patrocinada por el fiscal Carlos Stornelli, da cuenta de un posible lavado de dinero, dado que la identidad de estas personas, beneficiarias en su mayoría de distintos planes sociales, fue utilizada para presentarlas como aportantes a la campaña electoral del oficialismo por montos de entre 300 y dos mil pesos (entre diez y 71 dólares al cambio actual), consignó el periódico.
El principal interrogante es determinar de dónde provino el dinero para la campaña, ya que esas personas viven en situación de pobreza y tienen muy bajos ingresos.
Asimismo, el fiscal Jorge Di Lello comenzó una investigación preliminar sobre este mismo caso, enfocada en una posible violación a ley de financiamiento de los partidos políticos y la afiliación "a prepo" (a la fuerza) al partido Propuesta Republicana (PRO) del presidente Mauricio Macri.