Unas 85.000 sociedades anónimas fueron dadas de baja por incumplir con la obligación de informar sus accionistas y beneficiarios finales. “Estaban creadas no se sabe para qué. Esas 85.000 sociedades eran la dimensión del problema que teníamos”, dijo el martes 3 el titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, en un taller de capacitación dirigido a corredores de seguros realizado en el Banco Central (BCU).

El jerarca defendió la normativa vigente para quitar el “velo” a las sociedades “que se crean pero no tienen vida real sino que son como una pantalla” para esconder actividades ilícitas.

La ley integral contra el lavado de activos (19.574), aprobada a fines de 2017 al igual que su decreto reglamentario, entró en vigor en enero del 2018. Entre otras cuestiones, incorporó a las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, casinos, inmobiliarias, rematadores, así como personas físicas o jurídicas que intervengan en la compraventa de ciertos bienes, como sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas. Hasta ese momento tal exigencia recaía básicamente sobre el sector financiero. Esta ley fue aprobada en vísperas de la misión del Gafilat (Grupo de Acción Financiera para América Latina) que en el primer semestre de 2019 inspeccionó las prácticas antilavado en Uruguay.

“Los países tienen que combatir el lavado de activos por una cuestión de supervivencia. Sobre todo, en países chicos como Uruguay, donde si no se da combate puede llegar a complicar incluso la gobernabilidad”, afirmó Espinosa en el evento organizado por el Banco de Seguros y la gremial de aseguradoras privadas. También mencionó los problemas de inserción internacional que podría acarrear no cooperar en la materia.

En los primeros siete meses de 2019 se presentaron 430 reportes de todos los sectores, informó Néstor López, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU. En todo 2018 fueron 782; si se mantiene el ritmo actual, este año habría una disminución cercana a 6%.

En el taller, López señaló que, si bien la intermediación de seguros es un mercado de “relativamente bajo riesgo” frente al lavado de activos, los reportes realizados por aseguradoras entre enero-julio fueron una decena (el doble que en 2018). Pero, dijo, “puede que existan más inusualidades” a reportar de las que se están recibiendo actualmente.

Abogó porque los corredores y agentes —que son la “fuerza de venta” y están directamente en contacto con el cliente— sean más “perceptivos” y activos en detectar casos sospechosos. (Fuente Búsqueda)