Mientras ocupó un cargo de primera línea en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el hoy candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, Robert Silva, trabajó en una empresa constructora que prestaba servicios en los sectores bajo supervisión del organismo, lo que para algunos expertos estaba prohibido por el Código de Ética que regía sus tareas.

Es que el código vigente desde el 2003 para los funcionarios de la Ursea establece como un conflicto ético mantener relaciones laborales con empresas cuyos intereses pudieran verse “afectados por las decisiones” del regulador.

Silva entró a trabajar en la Ursea por concurso en 2004. A su vez, fue gerente de Recursos Humanos para Teyma S.A., filial uruguaya de Abengoa, en dos ocasiones: entre setiembre del 2005 y noviembre del 2007, época en la que también fue “asesor jurídico interno”, y después entre mayo del 2010 y diciembre del 2011. Al menos en el primer período Teyma trabajó para compañías que proveían servicios controlados por la Ursea y cuyos resultados eran objeto de su análisis, según documentos analizados por Búsqueda.

De acuerdo con la normativa, la Ursea regula y controla, entre otras cosas, la “generación, transmisión y distribución” de la energía eléctrica; “el transporte, almacenamiento y distribución de gas por redes”; “la producción, tratamiento, almacenamiento y distribución a través de redes” de agua potable; y, en el área de saneamiento, la “recolección de aguas servidas a través de redes, la evacuación y tratamiento”.

En el reporte anual del 2006, Abengoa detalla que ese años su filial uruguaya trabajó para la OSE en la “ampliación y rehabilitación de la Planta de Potabilización de Aguas Corrientes”, en el “proyecto ejecutivo” y la construcción de una planta de líquidos residuales en Melo, Cerro Largo, y otra en la ciudad de Canelones. Fue contratada por la Intendencia de Montevideo para la rehabilitación de la red de saneamiento Arteaga y para el “suministro e instalación en modalidad llave en mano” de un “sistema de trasiego” desde la planta de La Tablada. El reporte destaca la obtención de dos contratos para trabajos en la red de distribución eléctrica de UTE.

El documento de Abengoa menciona también como uno de los proyectos de su filial uruguaya en 2006 la “instalación de cañerías de polietileno, apoyo operativo y trabajos conexos en la ciudad de Montevideo para Gaseba”, adjudicataria del servicio de distribución de gas en la capital y su zona metropolitana.

En 2005 y 2006, mientras Teyma trabajaba para Gaseba en la instalación y mejora de su cañería en Montevideo, la Ursea adoptó varias resoluciones referidas a esa empresa de gas y su red de distribución que llevaban la firma de la entonces presidenta, Christina Vázquez, de la directora Esther Yáñez y de Silva como secretario general.

Algunas resoluciones respondían a un problema detectado por la Gerencia de Fiscalización de la Ursea en el sistema de distribución de Gaseba debido a “fugas de gas extendidas por toda la red, en especial en los tramos de hierro fundido”.

La dependencia laboral de Silva con Teyma, cuando era secretario general de la Ursea y mientras el organismo tomaba decisiones sobre empresas que contrataban a la constructora, violaba el Código de Ética del organismo, según dos expertos consultados por Búsqueda que pidieron mantener su nombre en reserva.  

En 2003 el Poder Ejecutivo firmó un decreto en el que aprobó el Código de Ética del Regulador que rige a todos los trabajadores de la Ursea.

El código establece que un funcionario recibe beneficios indebidos al “solicitar o aceptar, en forma directa o indirecta, dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas para sí o para terceros”. Los incisos D y E del artículo 28 indican que “se presume que se trata de un beneficio indebido cuando” proviene de una persona que “tiene interés en una decisión del regulador” o que “en general, tiene intereses que pueden verse afectados por las decisiones o gestión del regulador”.

El artículo 32 del código detalla que el funcionario no debe “mantener vínculos de los que puedan derivar beneficios, derechos u obligaciones en relación con personas que se encuentren en los supuestos a que refiere el artículo 28”.

Consultado al respecto, Silva no quiso hacer declaraciones.

La duda

La posibilidad de que Silva hubiese incurrido en algún conflicto de interés durante su trabajo en la Ursea surgió entre dirigentes del Frente Amplio después de que el 19 de agosto el candidato a vicepresidente hablara del tema en No Toquen Nada, de FM DelSol.

En la entrevista, el conductor le preguntó si había un “problema de conflicto de interés por estar en una reguladora que tiene que ver con la energía y por trabajar para una empresa que tiene un fuerte perfil energético”. Silva respondió que no porque Teyma empezó a operar como productora de energía recién en 2014, cuando él ya trabajaba en el Parlamento.

Dirigentes del oficialismo elaboraron una carpeta con información sobre Silva, en el entendido de que su conducta violó el decreto 30/003 que fija las normas de la función pública.

El 30 de agosto El Observador publicó un artículo en el que informó que Silva había trabajado al mismo tiempo en Teyma y en la Ursea, y que eso era cuestionado por dirigentes del Frente Amplio. Y lanzó la pregunta: “¿Hay incompatibilidad?”.

Los oficialistas cargaron contra el colorado casi de inmediato. Ayer miércoles el senador Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular) elevó un pedido de informes a la Ursea en el que consultó, entre otras cosas, si su directorio había dispuesto una investigación administrativa para “aclarar las presuntas irregularidades que involucran” a Silva.

Los dirigentes colorados defendieron a su candidato a vicepresidente y argumentaron que se trata de una campaña sucia del oficialismo. (Fuente: Búsqueda)