El XL Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo”, indicó un comunicado de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

En diálogo con El País, el titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa señaló que “la primera conclusión es que los resultados de la evaluación nos permiten quedar fuera de las listas de países no cooperadores” en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, comúnmente llamadas “lista negra” y “lista gris”.

Actualmente en la “lista negra” están Irán y Corea del Norte y en la “lista gris” están Bahamas, Botswana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Panamá, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Como parte de la cuarta ronda de inspección entre pares, los técnicos del Gafilat estuvieron en Uruguay entre el 5 y el 17 de mayo. Tuvieron 42 reuniones y mantuvieron contactos con 110 personas del sector público y otras 70 del ámbito privado, estas últimas todas de sectores que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado (como bancos, corredores de bolsa, inmobiliarias, grupos de profesionales como abogados y escribanos, y usuarios de zonas francas, entre otros). Luego produjeron un primer borrador, el gobierno uruguayo hizo sus descargos y ahora se emitió el informe final.

Este informe a nivel general es “una evaluación aceptable” en cuanto a que “el país ha avanzado en todos los planos, pero en materia de efectividad nos marca algunas áreas de atención en las que tenemos que mejorar. La evaluación tiene un seguimiento anual con Gafilat porque el país va haciendo reportes para mostrar los avances”, aseguró Espinosa.

Ahora el informe será sometido a una revisión de calidad y consistencia que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que marca el estándar en la materia, y se publicará en febrero de 2020.

Igualmente, el Gafilat hizo observaciones, por ejemplo, en cuanto a los recursos que tiene la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, que es la que se encarga de evaluar los reportes de operaciones sospechosas de lavado y de hacer “inteligencia” financiera.

Otro aspecto a mejorar es la cantidad de casos judiciales de lavado y decomisos. En 2018 hubo 782 reportes y ocho investigaciones de oficio de la UIAF. Pero solamente hubo nueve casos puestos en conocimiento de la Justicia. El otro punto con observaciones es “el financiamiento al terrorismo”.