Tras conocerse el nuevo texto del borrador del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), el estudio de abogados Brum y Costa elaboró un análisis acerca del impacto que tendría para Uruguay el que se realicen modificaciones al actual sistema antilavado uruguayo.

El texto, firmado por el abogado Leonardo Costa (exprosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle) y el abogado Juan Diana, comienza de la siguiente manera: “La aprobación del artículo 220 del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración aparejaría, de resultar aprobado en el actual texto del anteproyecto de ley, consecuencias de gran impacto negativo para el sistema antilavado uruguayo.

¿Cómo quedaría la modificación a la actual Ley de Lavado de Activos? Según el borrador de la LUC divulgado, de la siguiente manera: “Se considerarán aplicables las medidas simplificadas de debida diligencia, cuando la operación se efectúe con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay, emitidos o acreditados a nombre de la parte que propone el instrumento de pago”.

Ante esto, Costa y Diana sostienen que “se pueden destacar como consecuencias negativas:
1- Un aumento a futuro en la probabilidad de ocurrencia de maniobras de lavado de dinero a través de operaciones intra sistema financiero.
2- Un facilitamiento de mecanismos para la regularización de activos -eventualmente ilegítimos- que al día de hoy carecen de toda la documentación económica de respaldo sobre el origen de fondos y de su procedencia.
3- Una eventual limitación en las posibilidades de realizar transacciones financieras internacionales, o un posible incremento en los costos de las mismas, por parte de nuestro país, frente a la posible calificación por los organismos de evaluación internacional de control de lavado de activos (GAFILAT/GAFI) como un país que no adhiere a los estándares internacionales de las 40 Recomendaciones de GAFI, o que presenta insuficiencias normativas en su legislación, generando impactos tanto operativos como reputacionales”.