Ya se han conocido las críticas a un aspecto del Proyecto de Ley de Urgente Consideración, conocida como LUC, es aquel en el que se propone la flexibilización de normas antilavado que está lejos de los estándares de protección contra actividades financieras ilícitas.
Con estos cambios se eliminan los radares de detección y no se justifica la modificación de una Ley acordada, revisada y aprobada hace poco más de 2 años, por todo el sistema político, conocida como es la Ley Anti lavado.
Expertos en el tema, como Leonardo Costa o Ricardo Sabella señalan que de resultar aprobados estos cambios, habrá consecuencias de gran impacto negativo para el sistema anti lavado uruguayo.
En estas horas el sistema tuvo otro golpe.
En una carta dirigida al ministro de cultura Pablo da Silveira fechada el 30 de marzo. El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, presentó su renuncia al cargo, aunque le daba al gobierno tiempo hasta el 30 de abril para designar a un sustituto. Vencido el plazo, la “junta anticorrupción” quedó acéfala.
La Jutep no tiene ningún director. Son las señales que dio el “sistema político” sobre el futuro de la política anticorrupción en Uruguay.
Gil Iribarne, asumió en 2017 y debía abandonar el cargo en 2022. Durante su gestión la Jutep tuvo un perfil alto. Con resoluciones adoptadas por unanimidad, cuestionó la conducta de, entre otros, el ex vicepresidente Raúl Sendic, el exsenador frenteamplista Leonardo de León y los intendentes blancos Armando Castaingdebat (actual subsecretario de Desarrollo Social), Pablo Caram, Agustín Bascou y Adriana Peña y uno de los últimos dictamenes como lo fue sobre la conducta del intendente de Colonia, Carlos Moreira y la edila nacionalista María José García.También le recomendó al entonces presidente Tabaré Vázquez que dejara de contratar a su consuegro como chofer.
Pero el caso de Armando Castaingdebat es muy preocupante. El informe de la Jutep muestra que en su gestión pública hubo “múltiples y graves irregularidades”, y ahora es subsecretario. ¿Son estas las señales de lucha contra la corrupción del nuevo gobierno?
Está claro y parafraseando al propio Gil Iribarne, algo anda mal.