El caso de corrupción policial que se destapó en la Jefatura de Policía de Maldonado, ha dejado al descubierto un entramado donde aparece nombrado con una actuación, por lo menos discutible, un ministro de Estado, el colorado Germán Cardoso, pidiendo ciertos favores al coordinador policial Fernando Pereira haciendo pesar su condición de jefe de la cartera de Turismo.

ANTONIO LADRA

EL CASO. El fiscal letrado departamental de 2° turno, Jorge Vaz, solicitó que el tercero al mando de la Jefatura de Maldonado, el comisario Fernando Pereira, fuera formalizado como presunto autor de cinco delitos “en régimen de reiteración real”: revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al no denunciar delitos y faena clandestina.

Se ha puesto la lupa también en la actuación de Cardoso, incluso el Frente Amplio ha pedido al presidente Luis Lacalle Pou que lo releve del cargo de ministro de Turismo, cosa que por ahora no va ocurrir. El jerarca ministerial tiene el respaldo de toda la coalición gobernante y del presidente. Los pronunciamientos en favor del ministro, tanto de Lacalle como del secretario de la presidencia Álvaro Delgado no dejan lugar a dudas.

Aunque el fiscal del caso no encontró motivos para formalizar a Cardoso es bastante discutible, desde el punto de vista ético, la actuación del ministro. En una primera lectura no parece haber hecho nada malo, en tanto su actuación, por así decirlo, se reducía a llamados cada tanto tiempo al jerarca policial, amigo personal, según dijo, para pedirle favores o "agilizar" ciertos reclamos que le llegan o le solicitan vecinos y correligionarios y también para familiares directos. Al decir del senador Jorge Gandini "hizo lo que cualquiera de nosotros (de quienes están en el poder, aclaro yo) haría" y es cierto, sería hipócrita negarlo. Así funciona este país, pero el problema es que el ministro no es cualquiera de nosotros.

No es la primera vez que el ministro aparece involucrado en casos de corrupción. Ya tiene "antecedentes" en el sonado caso de Sanabria. Recordemos que Francisco Sanabria, correligionario suyo, integrante del partido Colorado, fue procesado por lavar dinero cuando a través del cambio Nelson financió la campaña política de Cardoso por la cual fue elegido diputado y Sanabria su suplente, en octubre de 2014. En aquella oportunidad el actual ministro dijo que no sabía nada de los manejos irregulares de Sanabria. Esta sería otra "distracción" de Cardoso.

Pero además el policía ahora formalizado tiene antecedentes por apremios físicos en la ciudad de San Carlos, de varios años atrás, según reveló la dirigencia sindical de la policía del departamento. Y ahora, a partir de esta investigación quedó claro que el jerarca policial maquillaba las cifras de los delitos con el objetivo de que “le dé bien” y no solo eso, sino que además se lo va a investigar porque su patrimonio no está en consonancia con sus haberes.

Existe un delito llamado "abuso de funciones". Una ley mal redactada, imprecisa pero que tiene fuerza penal, pero además está vigente la Ley 19823 sobre Ética en la función pública.

Algunos de los artículos pueden contribuir a entender las obligaciones de los funcionarios públicos, obviamente válido también para ministros y otros cargos de la Administración.

Artículo 7 (Principios rectores).- Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.

Artículo 9

(Inciso C) Tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista.

Artículo 12

 (Concepto de corrupción).- Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal.

La actuación del ministro entraría en la interpretación ya sea por el delito o por la violación de la ética.

En el año 2016, cuando era senador, el presidente Lacalle Pou escribió en su cuenta de twitter: "Algún día volverá el Uruguay en que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia. Por gestión o por vergüenza".