Uruguay volvió a ser parte de la lista gris de la Unión Europea de donde había sido sacado en marzo de 2019 tras superar la evaluación que se realiza en el seno del Foro de Prácticas Fiscales Nocivas que funciona en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, publicaron una lista “negra” de los países considerados jurisdicciones no cooperativas en asuntos fiscales o conocidos comúnmente como paraísos fiscales y en ese sentido la ha reducido a nueve jurisdicciones, en pleno debate por la publicación de los Pandora Papers, una investigación que ha revelado la elusión fiscal de decenas de políticos, empresarios y artistas.

Fue además la misma reunión en la que la Comisión Europea dijo estar segura de que en este mes se cerrará el acuerdo internacional para la tributación de las multinacionales. El pacto busca fijar un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15% a nivel global para desalentar el uso de paraísos fiscales, así como adaptar el modo en que se asignan los beneficios de las grandes multinacionales para asegurar que tributan donde realmente tienen actividad.

Han salido de la lista negra Anguila, Dominica e Islas Seychelles porque se les concedió una "revisión suplementaria”. Estos tres territorios formaban parte de la lista negra europea porque no cumplían con los estándares fijados a nivel de la OCDE sobre intercambio de información tributaria. Sin embargo, con esta actualización pasan a la lista gris de paraísos fiscales, en la que se incluyen aquellos países que tienen regímenes dañinos para la UE pero que se encuentran en proceso de cambiarlos. Comparten el sitio con otros 11 países: Barbados, Costa Rica, Hong Kong, Jamaica, Maldivas, Malasia, Macedonia del Norte, Qatar, Tailandia, Turquía y Uruguay.

Continuan en la lista negra Samoa Americana, Fiyi, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu, “países no pertenecientes a la UE que fomentan las prácticas fiscales abusivas, las cuales erosionan los ingresos del impuesto de sociedades de los Estados miembros”, según explica la UE.

Desde que la UE empezó con la publicación a finales de 2017, la lista de los paraísos fiscales se ha reducido a la mitad, pues comenzó con 18 jurisdicciones. Esta rebaja ha traído diversas críticas relacionadas con los criterios de inclusión. Oxfam Intermón, por ejemplo, se queja de que en la lista no aparezcan “los paraísos fiscales reales” porque no incluye a ninguno de los 12 países del mundo con un tipo impositivo del 0% ni tampoco a los territorios donde operan bancos de la UE.

Estas críticas hicieron que el Parlamento Europeo aprobara a principio de año una resolución en la que se proponían cambios para que el procedimiento de añadir o suprimir nombres de la lista sea “más transparente, coherente e imparcial”, así como para ampliar el análisis para que no solo se examinen países de fuera del bloque, sino también a los propios Estados miembros. El Parlamento también reconoció que los “cambios cosméticos” en el sistema tributario no deberían ser suficientes para sacar a un país de la lista negra, en la que se contemplan sanciones que incluyen un mayor monitoreo y auditorías, retenciones de impuestos, requisitos especiales de documentación y disposiciones contra el abuso.

Los criterios que fueron tenidos en cuenta por la Unión Europea para calificar las jurisdicciones fueron: (i) políticas de transparencia fiscal, (ii) fiscalidad justa y (iii) implementación de las medidas sugeridas por la OCDE.