La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se pronunció sobre el caso del hermano del intendente de Lavalleja, Mario García, que fue contratado por la comuna como peón en la anterior administración y recibió una compensación “por eficiencia” de 72.300 pesos mensuales.

En el dictamen, del que informó El País concluyó que “no existen reproches legales” porque no hay una “relación de dependencia” entre el jefe comunal y su hermano. En el documento, la Jutep cita el propio relato de la consulta que hizo García, en el que afirmó que a Ariel García “se le asignó la función de coordinación de las Juntas Locales y Zonas Rurales, y se estableció que debía reportar al responsable del Área de Descentralización, quien a su vez reporta al secretario general de la Intendencia”.

Por lo anterior, la Jutep entiende que “claramente” el cargo de García “no tiene relación de jerarquía con el intendente departamental, existiendo una distancia real, siendo que es dependiente del Área Descentralización y por encima existe la Secretaría General de la Intendencia”.

En el siguiente inciso se hace un llamado de atención: “No debe obviarse la existencia del artículo 13 del Código de Ética en la Función Pública, el cual establece que la actuación de los funcionarios públicos debe ser proba, desarrollando una conducta honesta, recta e íntegra”, se afirma, y continúa con un pasaje subrayado: “debiendo evitar cualquier acción en el ejercicio de su función que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta pública; comúnmente conocido como ser y parecer. Esto exige reconocer que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse”, apunta, aunque no especifica en qué cuestiones de este tipo incurrió el jerarca.

Respecto de la contratación directa de funcionarios, la Jutep señala que “las normas vigentes en el ámbito departamental permiten que la misma se realice, lo mismo para el traslado de funcionarios y el otorgamiento de partidas (en el caso particular la llamada ‘prima a la eficiencia’)”.