El ex director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva, fue condenado por un delito de conjunción del interés personal y el público.

El ex representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, Alfredo Silva, recibió una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial y tendrá que pagar una multa de 2.143.420 pesos.

Silva fue procesado por un delito de conjunción del interés personal y el público durante su gestión al frente de ASSE. Además, en esta causa fueron condenadas cuatro personas por un delito continuado de estafa relacionada con la empresa de limpieza Buena Estrella, que brindó servicios en el Hospital Maciel, y otras cinco personas por un delito de tráfico de influencias.

La jueza Beatriz Larrieu consideró que Silva, siendo integrante del directorio de ASSE, intervino en forma directa en la constitución de la asociación civil Buena Estrella con los trabajadores cesantes de la empresa CLANIDER en el 2010. Silva se reunió con ellos en su despacho y les brindó asesoramiento para organizar y diseñar la creación de la cooperativa e incluso concurrió a reuniones en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. “En una oportunidad se reunió con los empleados de la empresa de limpieza en el vestuario para decirles que los ‘iba a apoyar en todo’”, explicó la jueza en su sentencia de condena.

Luego de constituida la asociación civil Buena Estrella, Silva siguió en contacto con los directivos, les dio información sobre los llamados a licitación en distintas dependencias de Salud Pública como los hospitales de Rivera y de Pando y el Instituto Nacional del Cáncer, y logró que se presentaran con propuestas de precio adecuadas para lograr ser contratadas en los servicios de limpieza y conserjería.

Maira Aquino, que fue tesorera de Buena Estrella, declaró que ellos “no hacían nada que no pasara antes por Silva” e incluso contó que cuando dijo que tenía “poca preparación” para el cargo que le habían asignado, Silva le dijo que no se tenía que preocupar porque su cargo “no pasaba por manejar plata sino por ser la cara visible de la empresa”.

La jueza Larrieu consideró que “tomar intervención o ‘interesarse’ en la formación de una empresa –cualquiera sea la modalidad que ésta adopte– que en definitiva va a contratar con la Administración, atenta contra la transparencia de la función pública y la imparcialidad que debe tener el funcionario, la que no debe variar ni aun en el caso de los llamados directores ‘sociales’”, como lo era Silva.

Larrieu le dio la razón a la defensa de Silva sobre que éste no decidía solo las contrataciones, sino que era parte de un órgano colectivo, como lo es el directorio de ASSE, pero luego aclaró que no se trataba de un funcionario más y que formaba parte de un órgano de decisión.

“Tanto el asesoramiento previo como posterior a la constitución de Buena Estrella –extremo sobre el cual depusieron numerosos testigos– realizado por Silva demuestra una connivencia con la asociación, cuando su calidad de director de ASSE le impedía intervenir de cualquier manera intervenir en una empresa que iba a contratar con el organismo”, explicó.