Según informó el semanario Brecha, la Dirección de Rentas confirmó que el edil nacionalista Rodrigo Blas usó su inmobiliaria para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de unos terrenos de la empresa Javipark SA, de la que él mismo es apoderado.

En la resolución se declara a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de 57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares).

La DGI estableció que JaviPark SA utilizó la inmobiliaria Blás para vender inmuebles a un precio verdadero pactado entre las partes, pero a la hora de realizar la escritura de compraventa se la ingresaba por un precio menor. “De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la resolución a la que accedió Brecha.

Además, se le ofrecía al comprador un beneficio a cambio de mantener la confidencialidad sobre el contenido de las negociaciones y “desmentirlas” ante la Dgi en caso de ser citado.

Para la investigación, fueron determinantes una serie de cuadernolas incautadas en la sede fernandina de la inmobiliaria donde estaban registrados los precios declarados y los verdaderamente cobrados.

Las maniobras se realizaron entre 2011 y 2014, periodo en el que Blás era edil por la lista 23. Blás además, tuvo una participación activa en la campaña electoral de Luis Lacalle Pou y su caudal electoral fue determinante en el triunfo del intendente de Maldonado, Enrique Antía.

Blás negó la existencia de las maniobras mencionadas. Para el edil nacionalista, la DGI “está intentando imponer la multa” por algo que no hizo.

Según explicó a Telenoche la abogada del edil, Susana Sotto,JaviPark SA hizo el pago de todos los impuestos y el acto administrativo ya fue recurrido por todas las partes, para revocar la multa. Sotto aseguró que no se diligenciaron las pruebas y que no llamaron a los implicados a comparecer y dar su versión de los hechos.

Además de Blás, hay otros cinco implicados en la causa. La DGI entiende que tres escribanos que trabajan para Blás (uno de ellos es José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y otras dos funcionarias), tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento”, por lo que se les aplicó una multas de entre 5.000.000 y 24.700.000 pesos, según informó Brecha.

Igualmente, los profesionales negaron estar vinculados a la empresa Javipark SA y por ello nose les puede imputar defraudación.

Además, está involucrado el edil herrerista Darwin Correa, a cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades fue “indispensable” para cometer el fraude. Algo similar ocurrió con la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con una multa de 14.389.110 pesos.

De acuerdo con Brecha, todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas desde setiembre de 2014 y fueron denunciados por la DGI en la Justicia Penal especializada en crimen organizado.