Michelle Suárez se había convertido en un estandarte de los nuevos derechos y por esa militancia fue convocada por el Partido Comunista (PCU), para integrarse a sus filas. De esta manera, ante la renuncia del titular de la banca, el médico Marcos Carámbula, asumió como senadora, siendo la primera legisladora trans del Uruguay y de América latina.

Ya en el año 2010, a los 27 años, se había transformado en la primera persona trans en recibirse como abogado en Uruguay, y cobró notoriedad como militante LGTBI.

Como integrante del PCU, accedió a una banca en el Senado habiendo sido antes una de las redactoras de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en el año 2013.

Pero cuando llevaba apenas dos meses en la cámara alta, todo se vino abajo al comprobarse una serie de denuncias de mala praxis en el ejercicio de la abogacía.

El 13 de diciembre pasado, el PCU –que recibió la noticia de la comprobada falsificación de firmas por parte de su representante como un mazazo- le pidió la renuncia a la banca lo que se oficializó al día siguiente.

La pasada semana, Suárez admitió en el juzgado que en su calidad de abogada había falsificado firmas de clientes en expedientes judiciales.

El juez Marcos Seijas dictó prisión domiciliaria para Michelle Suárez, tras escuchar la recomendación de un equipo médico y ante los "múltiples problemas de salud" que enfrenta.

Horas antes, la fiscal Silvia Mascaró había solicitado prisión para Suárez por cuatro delitos de falsificación de firmas y uno por estafa.
El Colegio de Abogados de Uruguay y el colectivo Ovejas Negras, que lucha por los derechos LGTBI, tomaron distancia de su colega y otrora militante.

Ovejas Negras emitió un comunicado señalando que Suárez ya no forma parte del movimiento y el Colegio de Abogados, emitió una declaración pública donde trata de “inaceptable” el proceder de Suárez y manifiesta que “tales conductas en el desempeño de la abogacía merecen la más fuerte condena y rechazo del colectivo.