Las sociedades offshore y los funcionarios públicos

La prohibición de que un funcionario público uruguayo tenga relación con una sociedad offshore está vigente y es actualmente exigible, más allá de que no exista reglamentación. 
Así se pronunció en el Parlamento el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, a propósito de la polémica en que decidió ingresar el Poder Ejecutivo al postergar la reglamentación del artículo 9 de la ley de Lavado de Activos. 
Allí se indica que los funcionarios estatales, de particular confianza o personas políticamente expuestas quedarán impedidos de participar en “sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación mientras se desempeñen en su cargo”.
El tema cobró notoriedad luego que se informara que Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, poseía cientos de miles de dólares en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, al tiempo que mantenía una deuda millonaria con el Banco República.
También en lo referido a Javier Vázquez, uno de los hijos del presidente de la Republica, señalado por poseer una offshore en Panamá. 
Para Gil Iribarne, en la ley está muy bien definida cuál es la obligación y quiénes son los sujetos obligados. Por lo tanto, no se requiere reglamentación para que sea exigible.
De todas formas, la preocupación del presidente de la Jutep gira en torno a que no está claro quién deberá controlar esa obligación o qué sanción estará prevista por eventuales incumplimientos. 
Ante los integrantes de la Comisión Especial sobre Lavado de Activos de Diputados, Gil Iribarne planteó otras interrogantes que deja la ausencia de reglamentación. 
Por ejemplo, cuál es el organismo que deberá recabar las declaraciones de los eventuales involucrados. En su opinión, debería ser un solo ámbito el que centralice la tarea. 
Para Gil Iribarne, la carencia de respuestas ante esas preguntas opera en forma negativa. 
“Se viola algo, pero no está claro quién castiga ni cuál es el castigo”, expresó. 
A la Jutep le preocupa que el artículo 9 se haya desglosado de la reglamentación de la ley. “Eso implica que la norma está vigente, pero si alguien la incumple no sabemos qué pasa”, señaló. 
Según Gil Iribarne, la Jutep tomó conocimiento del caso de Brechner a través de la prensa. 
“Lo que hicimos fue preguntarle a él. Le dijimos: "Señor: ¿usted tiene relación con alguna offshore? Y la respuesta fue: "No". Por tanto, para nosotros el tema se cerró; ese punto vinculado al artículo 9º se cerró, porque nos contestó que no tenía relación, y nosotros no tenemos por qué dudar de su palabra ni tenemos potestades para investigar. Para mí quedó claro”, señaló. 
Lo que sí hizo la Junta fue sugerirle al Banco República que era inconveniente que Brechner, en calidad de deudor de la institución, la representara ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. 
El Banco, dijo, discrepó con la sugerencia pero afirmó estar dispuesto a cumplir y Brechner renunció. 
Matilde Rodríguez, otra integrante del Directorio de la Junta, aclaró que el dictamen referido al presidente del Plan Ceibal estuvo vinculado a su alto endeudamiento y no tuvo nada que ver con la posesión de sociedades offshore. 

Otros nombres 

El planteo de Gil Iribarne dio lugar a que el diputado Alfredo Asti ( Asamblea Uruguay) recordara qué hay otros funcionarios públicos, además de Brechner, sospechados de poseer sociedades en paraísos fiscales. 
Mencionó en ese sentido lo informado por Búsqueda en abril de 2016, en cuanto a que determinados dirigentes de la oposición aparecían vinculados a paraísos fiscales. 
También que otros explotaban en forma irregular tierras estatales en calidad de colonos. 
“Como no se tiene la misma virulencia que con el nombre que se acaba de mencionar, parecería estar fuera del interés de los demás legisladores”, expresó. 
El planteo de Asti generó la reacción de su colega Omar Lafluf (Por la Patria). “Gente de nuestro Partido Nacional dijo que lo vamos a votar con las dos manos”, señaló en referencia al artículo 9. 
Pese que Asti evitó mencionar nombres, Lafluf sí lo hizo: el senador nacionalista Álvaro Delgado. (Publicado en Ecos)

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