Por unanimidad, el Senado votó un proyecto de ley que da rango legal a una serie de disposiciones sobre normas éticas y de transparencia en la gestión oficial, provenientes en su mayoría de un decreto impulsado por el entonces presidente Jorge Batlle en 2003.

La semana próxima el Senado aprobará un proyecto del colorado Pedro Bordaberry que castiga el enriquecimiento ilícito de los gobernantes. También están en la agenda del Parlamento una iniciativa que beneficia al arrepentido, la no prescripción de los delitos de corrupción, la creación de la figura del informante y la del agente encubierto, todos proyectos presentados hace algún tiempo por Bordaberry.

Diputados comenzó a resolver en el plenario y en comisión, respectivamente, dos iniciativas relacionadas: una es la obligatoriedad de la rendición de viáticos a los funcionarios estatales, presentada por la diputada Susana Pereyra (MPP), y otra de presentación obligatoria y publicación en Internet de las declaraciones juradas de los legisladores, iniciativa del diputado Daniel Caggiani (MPP).

También el Senado votó por unanimidad un proyecto del senador del Partido Independiente Pablo Mieres por el cual se crea un fondo para efectuar peritajes en el Estado.

Mientras tanto, la ley de partidos se votará el jueves 20. Esta iniciativa regirá para esta elección. Seguramente será aprobado con los votos del Frente Amplio. Los partidos de la oposición se quejan de que la iniciativa, que regirá para este período electoral 2019-2020, tiene varias inconstitucionalidades y coloca a los partidos que no ganaron la última elección en desventaja política.

Entre las modificaciones que viene manejando la bancada oficialista se cuenta un acuerdo con los canales de televisión para mantener la publicidad gratuita como está en el proyecto, a cambio de lo cual Economía les permitiría cierta flexibilidad fiscal.

Además, se atenuarán las normas sobre bancarización de los aportes a los partidos. Y se incluirá una norma que señale que los candidatos presidenciales podrán ampliar el monto de donaciones que ellos hacen para su campaña.

El proyecto, ya votado por el Senado, establece un espacio gratuito para publicidad electoral de diez minutos por hora en los canales de televisión abierta. La distribución de ese espacio sería así: 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección y el 5% restante para nuevos partidos.

LOS ACUERDOS

• Lucro indebido en el gobierno

​Aunque con cambios importantes respecto a las normas contenidas en la propuesta original del senador colorado Pedro Bordaberry, el Senado aprobará en los próximos días el proyecto que penaliza el enriquecimiento ilícito en la actividad pública. El mismo será aprobado por la comisión de Constitución del Senado y antes de fin de año será votado por unanimidad. En 2015, en cuanto asumió el gobierno de Tabaré Vázquez, Bordaberry presentó un total de 45 proyectos de ley. Entre ellos el del delito de enriquecimiento ilícito, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, la incompatibilidad de la actividad pública con la privada para diversos cargos de la administración y la prohibición de publicidad en aquellas actividades monopólicas. Todos van en línea con el acuerdo entre el Frente Amplio y la oposición para impulsar una serie de iniciativas relativas al ejercicio ético y el combate a la corrupción en la administración pública uruguaya.

• Fondo para peritajes

Otra de las iniciativas que se aprobó ayer en el Senado, y que será considerada por Diputados, es el proyecto de ley del senador Pablo Mieres del Partido Independiente relativo a los recursos con que cuentan los fiscales a raíz del mayor trabajo debido al nuevo Código del Proceso Penal. Se creará un fondo especial para que los investigadores contraten y ordenen peritajes en aquellos casos en que sea necesario investigar la gestión de organismos estatales. Este proyecto busca evitar que la Fiscalía se vea impedida de perseguir delitos por falta de recursos para pagar los peritajes necesarios. En este sentido, el senador propone que el Fondo de Peritajes se solvente con el 10% de lo recaudado por la venta de los bienes y valores decomisados en procedimientos. Según Mieres, lo motivó que se hubiera archivado el caso que llevaba la Fiscalía en el cual se investigaban eventuales sobreprecios en el costo de la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú de Alur.

(En base a información de diario El País)