El gobierno uruguayo no aceptó el pedido de asilo de Alan García. El presidente Tabaré Vázquez, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa. El expresidente peruano asegura que ahora estará "a disposición de todas las investigaciones y convocatorias" que le hagan.

"No hemos concedido el pedido de asilo [...] porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Por estas consideraciones, estrictamente jurídicas y legales, el presidente y el canciller no concedemos el asilo político", dijo Vázquez.

Por su parte, el canciller Nin Novoa añadió: "El gobierno de Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú".

Tabaré Vázquez, en su lectura, explicó que Uruguay estaba obligado por ley y tradición a concederle el refugio político provisorio a García hasta tanto no decidiera definitivamente sobre su demanda. El mandatario mostró el expediente de "más de mil hojas" que le fue enviado por las autoridades peruanas para argumentar contra la concesión del asilo a García.

El expresidente Alan García permaneció por dos semanas en la residencia del embajador de Uruguay en Lima.

DECLARACIÓN DE URUGUAY TRANSPARENTE

CASO: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

APROPIACION PRIVADA DE DINEROS PÚBLICOS

Uruguay Transparente (UT) recepcionó una denuncia ciudadana sobre una presunta irregularidad en una resolución de la Junta Departamental de Maldonado, al asignar una partida mensual de dinero a los sectores políticos sin rendición de cuentas. En ese sentido, UT analizó el fundamento desarrollado por los ediles que aprobaron esa medida, el pronunciamiento sobre el tema de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la respuesta de la Corte Electoral al denunciante y las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas a esa decisión.

A partir del análisis de los distintos documentos, Uruguay Transparente  entiende necesario comunicar a las autoridades y a la opinión pública su categórico rechazo a la resolución aprobada por la Junta Departamental de Maldonado en julio de 2015, dado que viola en forma flagrante la normativa específica sobre el financiamiento de los partidos políticos que contempla de modo exclusivo el pago de una partida anual por voto obtenido. Esta resolución, además desconoce el carácter honorario de la función de los ediles. UT entiende que esta resolución se aparta de los principios básicos de la transparencia y la ética pública.

La extemporánea y abusiva resolución de la Junta de Maldonado, sea el beneficiario final el sector político o sean los propios ediles incurre en lo que establece la ley Anticorrupción (Nº 17.060) cuando define corrupción como “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado.” Cabe aclarar que la citada partida representó desde su puesta en práctica en julio de 2015, una erogación de dinero de más de un millón de dólares.

La resolución, aprobada por la unanimidad de ediles presentes en la sesión (29 en 29), adquiere mayor gravedad institucional porque habiendo sido advertidas las máximas autoridades nacionales partidarias, no ha habido por parte de éstas otra reacción que la del silencio e indiferencia, en claro respaldo de hecho sobre lo actuado por sus representantes departamentales, y preservando así este privilegio.

Uruguay Transparente reclama la inmediata derogación de esa resolución que supone un severo revés al ordenamiento jurídico-institucional y a la transparencia en la gestión de los dineros públicos.

Montevideo, 6 de noviembre de 2018.

Montevideo, 23 de noviembre de 2018

Ante la solicitud de asilo del

ex presidente de Perú, Alan García

La Comisión Uruguaya de Lucha Contra la Corrupción – Uruguay Transparente, en atención a larga tradición uruguaya de respeto del instituto del asilo político, se siente en la obligación ética de pronunciarse sobre la solicitud realizada por el ex presidente de la República del Perú, Alan García.

Uruguay Transparente considera que el asilo político es una valiosa herramienta para proteger a los perseguidos por sus ideas y acción política cuando no rigen las libertades públicas y está cuestionado el Estado de Derecho y, por consiguiente, no existen plenas garantías jurídicas para los ciudadanos.

En el caso del ex presidente García bajo ningún punto de vista se puede considerar como una situación de persecución política. El ex presidente enfrenta una imputación por la presunta comisión de delitos comunes, y como tal, tratándose Perú de un país democrático, donde existe independencia del Poder Judicial y garantías del debido proceso, el gobierno uruguayo no debe hacer lugar al extemporáneo pedido.

El Estado uruguayo, percibido en el mundo, tanto por Transparencia Internacional como por otras prestigiosas e independientes entidades, como un país con bajo nivel de corrupción, debe emitir una señal clara e inequívoca de su determinación de abrir sus puertas toda vez que solicite ayuda una víctima de abusos de otros Estados, pero nunca cuando se trata de delitos comunes y, mucho menos, cuando se trata de delitos de corrupción.

Uruguay Transparente entiende que, si nuestro país le otorga asilo político a quien está siendo investigado en la Justicia por delitos comunes, se estaría desnaturalizando la institución del asilo y, peor aún, éste se puede convertir en una herramienta de impunidad para los casos de corrupción.

Por la Directiva de Uruguay Transparente

Pedro Cribari

La prohibición de que un funcionario público uruguayo tenga relación con una sociedad offshore está vigente y es actualmente exigible, más allá de que no exista reglamentación. 
Así se pronunció en el Parlamento el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, a propósito de la polémica en que decidió ingresar el Poder Ejecutivo al postergar la reglamentación del artículo 9 de la ley de Lavado de Activos. 
Allí se indica que los funcionarios estatales, de particular confianza o personas políticamente expuestas quedarán impedidos de participar en “sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación mientras se desempeñen en su cargo”.
El tema cobró notoriedad luego que se informara que Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, poseía cientos de miles de dólares en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, al tiempo que mantenía una deuda millonaria con el Banco República.
También en lo referido a Javier Vázquez, uno de los hijos del presidente de la Republica, señalado por poseer una offshore en Panamá. 
Para Gil Iribarne, en la ley está muy bien definida cuál es la obligación y quiénes son los sujetos obligados. Por lo tanto, no se requiere reglamentación para que sea exigible.
De todas formas, la preocupación del presidente de la Jutep gira en torno a que no está claro quién deberá controlar esa obligación o qué sanción estará prevista por eventuales incumplimientos. 
Ante los integrantes de la Comisión Especial sobre Lavado de Activos de Diputados, Gil Iribarne planteó otras interrogantes que deja la ausencia de reglamentación. 
Por ejemplo, cuál es el organismo que deberá recabar las declaraciones de los eventuales involucrados. En su opinión, debería ser un solo ámbito el que centralice la tarea. 
Para Gil Iribarne, la carencia de respuestas ante esas preguntas opera en forma negativa. 
“Se viola algo, pero no está claro quién castiga ni cuál es el castigo”, expresó. 
A la Jutep le preocupa que el artículo 9 se haya desglosado de la reglamentación de la ley. “Eso implica que la norma está vigente, pero si alguien la incumple no sabemos qué pasa”, señaló. 
Según Gil Iribarne, la Jutep tomó conocimiento del caso de Brechner a través de la prensa. 
“Lo que hicimos fue preguntarle a él. Le dijimos: "Señor: ¿usted tiene relación con alguna offshore? Y la respuesta fue: "No". Por tanto, para nosotros el tema se cerró; ese punto vinculado al artículo 9º se cerró, porque nos contestó que no tenía relación, y nosotros no tenemos por qué dudar de su palabra ni tenemos potestades para investigar. Para mí quedó claro”, señaló. 
Lo que sí hizo la Junta fue sugerirle al Banco República que era inconveniente que Brechner, en calidad de deudor de la institución, la representara ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. 
El Banco, dijo, discrepó con la sugerencia pero afirmó estar dispuesto a cumplir y Brechner renunció. 
Matilde Rodríguez, otra integrante del Directorio de la Junta, aclaró que el dictamen referido al presidente del Plan Ceibal estuvo vinculado a su alto endeudamiento y no tuvo nada que ver con la posesión de sociedades offshore. 

Otros nombres 

El planteo de Gil Iribarne dio lugar a que el diputado Alfredo Asti ( Asamblea Uruguay) recordara qué hay otros funcionarios públicos, además de Brechner, sospechados de poseer sociedades en paraísos fiscales. 
Mencionó en ese sentido lo informado por Búsqueda en abril de 2016, en cuanto a que determinados dirigentes de la oposición aparecían vinculados a paraísos fiscales. 
También que otros explotaban en forma irregular tierras estatales en calidad de colonos. 
“Como no se tiene la misma virulencia que con el nombre que se acaba de mencionar, parecería estar fuera del interés de los demás legisladores”, expresó. 
El planteo de Asti generó la reacción de su colega Omar Lafluf (Por la Patria). “Gente de nuestro Partido Nacional dijo que lo vamos a votar con las dos manos”, señaló en referencia al artículo 9. 
Pese que Asti evitó mencionar nombres, Lafluf sí lo hizo: el senador nacionalista Álvaro Delgado. (Publicado en Ecos)