Los ex abogados uruguayos de “Jorge” Corcho Rodríguez investigado por el caso Odebrecht en Argentina, comparten una cuenta en Uruguay con el ex director de Infraestructura de la sucursal de la empresa en Argentina, Rodney Rodrígues Carvalho que podría ayudar a reconstruir la ruta de las coimas de la empresa brasilera que llega a ex funcionarios argentinos por las obras de AYSA, gasoductos y el soterramiento del Sarmiento.

Se trata de la caja de ahorro en dólares número 8370926 del banco Itaú de Montevideo que, hasta ahora, no había sido detectada por la justicia argentina. Además, del directivo de la constructora brasileña figuran como titulares el ex abogado del “Corcho”, Carlos Dentone y su ex escribano, Martín Molinolo, según publicó el diario Clarin. Esta cuenta fue reportada en Montevideo en la causa por lavado de dinero del caso Odebrecht que investiga la jueza y el fiscal contra el crimen organizado de Uruguay, Beatriz Larrieu y Luis Pacheco.

El presidente de la más grande constructora de América Latina, Marcelo Odebrecht –quien tras una delación premiada cumple 10 años de prisión domiciliaria en Brasil- confesó a la justicia de EE.UU. que pagó 35 millones de dólares en coimas a funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, quienes hasta ahora no fueron oficialmente identificados en tribunales.

Esta cuenta se suma a la ya conocida a nombre de la empresa uruguaya Sabrimol que movió 11 millones de dólares en coimas entre el 2012 y el 2014, según denuncia la titular de la Oficina Anticorrupción.

La cuenta de Sabrimol en el Itaú tiene como beneficiarios finales a Dentone, Molinolo, el abogado uruguayo Pablo Correa y el contador argentino Osvaldo Gandini. Si bien, la OA acusa al “Corcho” Rodríguez de ser el dueño oculto por otras relaciones comerciales en común, en ese exhorto figuran solo esos beneficiarios finales.

Mientras tanto la Justicia de Argentina cerró la fronteras para Rodríguez a pedido de la Oficina Anticorrupción.

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza Beatriz Larrieu que archive las denuncias contra el expresidente de Alur, Leonardo De León, y el exdirector de Ancap en representación del Partido Colorado, Juan Máspoli.

De León estaba siendo investigado por sus gastos con la tarjeta corporativa de Alur, empresa privada de capitales públicos que presidió entre 2011 y 2015.

En el dictamen, Pacheco sostuvo que “ha quedado acreditado que no existía en la empresa un reglamento" para el uso de las tarjetas, y "aun cuando en determinado momento se elaboró un instructivo, no consta que éste hubiera sido formalmente aprobado; que no existían ‘viajes o misiones oficiales’; y que no se exigían comprobantes de los gastos incurridos con las tarjetas”.

La Fiscalía "entiende que el denunciado ha acreditado el motivo de la mayoría de los viajes denunciados, y que la mayoría de los gastos incurridos responden a alojamientos, transportes o alimentación, esto es, rubros que pueden ser considerados usuales en los viajes de negocios, y no surgen gastos en otro tipo de comercios, con excepción de la compra de un celular, situación que fue debidamente explicada". Por lo tanto, "no puede exigírsele la entrega de comprobantes de los gastos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y en la medida en que no existía reglamentación que así lo requiriera".

Indica que "también ha quedado probado que no existían viajes o misiones oficiales, por lo que el Director de la empresa gozaba de amplia discrecionalidad para el uso de la tarjeta, aún en días de licencia. En todo caso, la irregularidad más clara está dada por la ausencia de reglamentación para el uso de las tarjetas, situación que debiera corregirse, aunque ello evade el ámbito de la actuación judicial".

Según el fiscal de Crimen Organizado, algunas "situaciones puntuales examinadas" merecen un "párrafo aparte". Allí menciona "el gasto de alojamiento incurrido por el denunciado en el Hotel Santa Cristina, de Durazno, el 30 de octubre de 2013, ya que en este caso el motivo de su presencia en dicha ciudad fue el de asistir a un evento de la Fundación 'Propuesta Uruguay 2030', ajeno por completo a la gestión de ALUR".

También entiende que surgen "serias dudas" respecto de "un gasto en el Hotel Alvear de Buenos Aires, el 6 de agosto de 2014, fecha en la que casualmente se lanzaba en Argentina la fórmula presidencial Vázquez-Sendic, que se hospedó en el mencionado hotel; un gasto en un restaurant de Cataratas del Iguazú el 5 de abril de 2014, y otros, en los que a juicio de la Fiscalía fueron insuficientes las explicaciones brindadas por el indagado, por cuanto invocó reuniones y acuerdos de cooperación con distintos empresarios, pero no específicamente en la fecha del gasto. No obstante, y si bien los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta, los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida", según lo que indica el artículo 351 del Código Penal.

De esta forma, la Fiscalía "estima que no cabe sino concluir en que el entonces Director y Presidente de ALUR hizo un uso discrecional de la tarjeta, y puede decirse –en consonancia con las conclusiones de la JUTEP- que ha incurrido en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública (artículos 20 y 22 de la Ley 17.060 y artículo 11 del Decreto 30/003), por una despreocupada administración de dineros que en un 90,79% se trataba de dineros públicos. Inclusive, tratándose del Presidente de la compañía, y directo beneficiario del uso de las tarjetas, pudo y debió promover la aprobación de un reglamento de uso de las mismas, o al menos de un instructivo como el que se elaboró, pero no se puso en vigencia, con la finalidad de evitar la discrecionalidad y la autoasignación de “gastos de representación” con la que en la práctica se manejaba en el uso de tales instrumentos de crédito corporativos".

Lea el dictamen fiscal
http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/5822/1/pacheco-alur.pdf

La Policía Federal de Brasil cumplió 53 órdenes de arresto en una nueva fase de la Operación Lava Jato.

En Uruguay la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del Fiscal Enrique Rodríguez realizó procedimientos para desarticular a un grupo especializado en delitos financieros.

Seis de esas órdenes de detención preventiva fueron para Paraguay y Uruguay.

La operación "Cambio Desconecto", que se desarrolló en seis estados brasileños, tiene en su punto de mira a un grupo de cambistas que, según la confesión de dos acusados, habría conseguido mover 1.600 millones de dólares en más de 52 países de forma ilícita.

Los acusados Vinícius Vieira Barreto Claret y Cláudio Fernando Barbosa fueron arrestados en Uruguay en marzo de 2017 por autoridades locales y extraditados a Brasil donde aceptaron colaborar a cambio de una reducción de la pena.

Claret y Barbosa, considerados por el Ministerio Público de Brasil como "los cambistas de los cambistas", revelaron la existencia de un sistema llamado Bank Drop compuesto por 3.000 offshores en 52 países y que realizó transacciones por valor de 1.600 millones de dólares.

El esquema comenzó en la década de los 80. Sin embargo, con las acciones de la policía federal de Brasil por el año 2000, la organización decidió mudarse a Uruguay, en 2003, pasando a comandar de forma remota las operaciones.

Es la mayor ofensiva desencadenada en Brasil contra el mundo de los terratenientes. Los mayores operadores del cambio negro han sido arrestados. Nombres históricos, algunos intocables, son objeto de una orden de arresto, como la familia Matalon, Marco Antonio Cursini, los hermanos Rezinski y Chaaya Moghrabi.

Lea el pedido del Ministerio Público Federal de Brasil
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2018/05/79609859-135-1-pp-PRISA%CC%83O-FIM-DO-MUNDO.pdf

Michelle Suárez se había convertido en un estandarte de los nuevos derechos y por esa militancia fue convocada por el Partido Comunista (PCU), para integrarse a sus filas. De esta manera, ante la renuncia del titular de la banca, el médico Marcos Carámbula, asumió como senadora, siendo la primera legisladora trans del Uruguay y de América latina.

Ya en el año 2010, a los 27 años, se había transformado en la primera persona trans en recibirse como abogado en Uruguay, y cobró notoriedad como militante LGTBI.

Como integrante del PCU, accedió a una banca en el Senado habiendo sido antes una de las redactoras de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en el año 2013.

Pero cuando llevaba apenas dos meses en la cámara alta, todo se vino abajo al comprobarse una serie de denuncias de mala praxis en el ejercicio de la abogacía.

El 13 de diciembre pasado, el PCU –que recibió la noticia de la comprobada falsificación de firmas por parte de su representante como un mazazo- le pidió la renuncia a la banca lo que se oficializó al día siguiente.

La pasada semana, Suárez admitió en el juzgado que en su calidad de abogada había falsificado firmas de clientes en expedientes judiciales.

El juez Marcos Seijas dictó prisión domiciliaria para Michelle Suárez, tras escuchar la recomendación de un equipo médico y ante los "múltiples problemas de salud" que enfrenta.

Horas antes, la fiscal Silvia Mascaró había solicitado prisión para Suárez por cuatro delitos de falsificación de firmas y uno por estafa.
El Colegio de Abogados de Uruguay y el colectivo Ovejas Negras, que lucha por los derechos LGTBI, tomaron distancia de su colega y otrora militante.

Ovejas Negras emitió un comunicado señalando que Suárez ya no forma parte del movimiento y el Colegio de Abogados, emitió una declaración pública donde trata de “inaceptable” el proceder de Suárez y manifiesta que “tales conductas en el desempeño de la abogacía merecen la más fuerte condena y rechazo del colectivo.