Investigadora sobre gestión de Cardoso: las contradicciones de Reta

Daniel Reta, exasesor del exministro de Turismo Germán Cardoso, compareció este lunes ante la comisión que investiga la publicidad de la cartera desde el año 2010 al 2021. Reta mostró lo que le envió Elbio Rodríguez (asesor también de Cardoso) por Whatsapp para que presente ante la agencia Young & Rubicam.

“Yo nunca conocí a Kirma. La agencia Young & Rubicam es la que se encarga de todo esto. Yo no sabía ni siquiera que se llamaba Kirma. De hecho, nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Hasta los montos son distintos, eran montos de US$ 31 mil mensuales. La propuesta me la mandó Elbio Rodríguez por Whatsapp y yo se lo mandé a la agencia de publicidad. Cardoso no tenía idea”, señaló Reta, que se desempeñaba como adscripto de Cardoso mientras que Elbio Rodriguez lo hacía como colaborador honorario.

Según publicó el semanario Búsqueda, fueron Reta y Rodríguez los que trabajaron en la contratación de forma directa de la empresa con sede en Estonia para que realizara publicidad en internet, información que confirmó el diario El Observador. A la firma en cuestión la secretaria de Estado le adjudicó US$ 280 mil que no llegaron a ser pagos, debido a que el Banco República interpuso la operación.

Si bien Reta afirmó que “no conocía a Kirma”, Montevideo Portal accedió al documento de presentación de la empresa en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) en donde aparece la firma del exasesor de Cardoso. En dicho documento se presentan los datos de la empresa de Estonia y, en el segmento de resolución, se autoriza la pauta publicitaria por 280 mil dólares para Kirma, impuestos incluidos.

El documento fue realizado el pasado 29 de diciembre y señala que quedará ad-referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas.

Reta cerró su intervención ante los integrantes de la investigadora diciendo: “No hay nada raro [...]. ¿Que podrá ser alguien desprolijo? Y... señores, ¿ustedes no son desprolijos en su vida personal? ¿Nunca han sido desprolijos? A ver, cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede obviar algún paso, pero, por favor, de ahí a un hecho delictual, señores, hay una diferencia gigante, enorme”.

Advertencia ética de la Jutep al intendente de Lavalleja

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se pronunció sobre el caso del hermano del intendente de Lavalleja, Mario García, que fue contratado por la comuna como peón en la anterior administración y recibió una compensación “por eficiencia” de 72.300 pesos mensuales.

En el dictamen, del que informó El País concluyó que “no existen reproches legales” porque no hay una “relación de dependencia” entre el jefe comunal y su hermano. En el documento, la Jutep cita el propio relato de la consulta que hizo García, en el que afirmó que a Ariel García “se le asignó la función de coordinación de las Juntas Locales y Zonas Rurales, y se estableció que debía reportar al responsable del Área de Descentralización, quien a su vez reporta al secretario general de la Intendencia”.

Por lo anterior, la Jutep entiende que “claramente” el cargo de García “no tiene relación de jerarquía con el intendente departamental, existiendo una distancia real, siendo que es dependiente del Área Descentralización y por encima existe la Secretaría General de la Intendencia”.

En el siguiente inciso se hace un llamado de atención: “No debe obviarse la existencia del artículo 13 del Código de Ética en la Función Pública, el cual establece que la actuación de los funcionarios públicos debe ser proba, desarrollando una conducta honesta, recta e íntegra”, se afirma, y continúa con un pasaje subrayado: “debiendo evitar cualquier acción en el ejercicio de su función que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta pública; comúnmente conocido como ser y parecer. Esto exige reconocer que hay cosas que sin estar prohibidas no deben hacerse”, apunta, aunque no especifica en qué cuestiones de este tipo incurrió el jerarca.

Respecto de la contratación directa de funcionarios, la Jutep señala que “las normas vigentes en el ámbito departamental permiten que la misma se realice, lo mismo para el traslado de funcionarios y el otorgamiento de partidas (en el caso particular la llamada ‘prima a la eficiencia’)”.

Duelo por la esposa de Héctor Lescano

Lamentamos comunicar con gran pesar el fallecimiento de Cecilia Di Pólito Hansen esposa del médico veterinario Héctor Lescano, ex ministro y ex embajador de Uruguay en Argentina, actual integrante y miembro del núcleo fundador de Uruguay Transparente. En estos momentos tan difíciles, vaya para Lescano y a toda su familia, el saludo fraterno de todo el colectivo de Uruguay Transparente.

 

José Peirano extraditado a Paraguay

El exbanquero José Peirano Basso arribará al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Paraguay, el sábado 30 de octubre, informó el medio paraguayo ABC Color y confirmaron fuentes policiales a Montevideo Portal.

El citado medio informa que el juez del Juzgado Penal de Garantías N º4, de Asunción, Raúl Florentín, fue notificado este martes sobre la fecha de extradición de Peirano Basso. Sobre el exbanquero recaía desde 2004 un pedido de extradición a Paraguay por quiebra fraudulenta, en un juicio iniciado por ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán, propiedad del Grupo Velox, vinculado a la familia Peirano.

ABC Color señala que Interpol solicita a las autoridades paraguayas que informen con anticipación cuál sería el itinerario y la lista de funcionarios que se encargarán de la custodia y el traslado de Peirano Basso.

La jueza Ana De Salterain dijo el pasado lunes a Montevideo Portal que el pedido de extradición es del 2004, año en que la Justicia de Uruguay sentenció en primera y segunda instancia que el banquero debía ser extraditado a Paraguay. Al año siguiente, el caso llegó a casación y la Suprema Corte de Justicia ratificó que el banquero debía ser extraditado a Asunción. De todas maneras, el imputado debió primero cumplir su condena en Uruguay, por los delitos cometidos en su suelo natal.

José, Dante y Jorge Peirano Basso fueron detenidos en agosto 2002 por la caída del Banco de Montevideo, y enviados a prisión. Casi cinco años después, en mayo 2007, fueron liberados a raíz de una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por excesiva prisión preventiva, ya que aún no estaban sentenciados.

En 2013, la jueza penal Beatriz Larrieu los condenó por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. A pedido la fiscal Raquel González, sobre Jorge recayó una pena de seis años, y sobre José y Dante otra de nueve años. De todas maneras, no volvieron a prisión, porque ya habían cumplido más de la mitad de la pena. La condena fue confirmada por en 2017 por la Suprema Corte de Justicia.

Uruguay volvió a la lista gris de la UE

Uruguay volvió a ser parte de la lista gris de la Unión Europea de donde había sido sacado en marzo de 2019 tras superar la evaluación que se realiza en el seno del Foro de Prácticas Fiscales Nocivas que funciona en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, publicaron una lista “negra” de los países considerados jurisdicciones no cooperativas en asuntos fiscales o conocidos comúnmente como paraísos fiscales y en ese sentido la ha reducido a nueve jurisdicciones, en pleno debate por la publicación de los Pandora Papers, una investigación que ha revelado la elusión fiscal de decenas de políticos, empresarios y artistas.

Fue además la misma reunión en la que la Comisión Europea dijo estar segura de que en este mes se cerrará el acuerdo internacional para la tributación de las multinacionales. El pacto busca fijar un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15% a nivel global para desalentar el uso de paraísos fiscales, así como adaptar el modo en que se asignan los beneficios de las grandes multinacionales para asegurar que tributan donde realmente tienen actividad.

Han salido de la lista negra Anguila, Dominica e Islas Seychelles porque se les concedió una "revisión suplementaria”. Estos tres territorios formaban parte de la lista negra europea porque no cumplían con los estándares fijados a nivel de la OCDE sobre intercambio de información tributaria. Sin embargo, con esta actualización pasan a la lista gris de paraísos fiscales, en la que se incluyen aquellos países que tienen regímenes dañinos para la UE pero que se encuentran en proceso de cambiarlos. Comparten el sitio con otros 11 países: Barbados, Costa Rica, Hong Kong, Jamaica, Maldivas, Malasia, Macedonia del Norte, Qatar, Tailandia, Turquía y Uruguay.

Continuan en la lista negra Samoa Americana, Fiyi, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu, “países no pertenecientes a la UE que fomentan las prácticas fiscales abusivas, las cuales erosionan los ingresos del impuesto de sociedades de los Estados miembros”, según explica la UE.

Desde que la UE empezó con la publicación a finales de 2017, la lista de los paraísos fiscales se ha reducido a la mitad, pues comenzó con 18 jurisdicciones. Esta rebaja ha traído diversas críticas relacionadas con los criterios de inclusión. Oxfam Intermón, por ejemplo, se queja de que en la lista no aparezcan “los paraísos fiscales reales” porque no incluye a ninguno de los 12 países del mundo con un tipo impositivo del 0% ni tampoco a los territorios donde operan bancos de la UE.

Estas críticas hicieron que el Parlamento Europeo aprobara a principio de año una resolución en la que se proponían cambios para que el procedimiento de añadir o suprimir nombres de la lista sea “más transparente, coherente e imparcial”, así como para ampliar el análisis para que no solo se examinen países de fuera del bloque, sino también a los propios Estados miembros. El Parlamento también reconoció que los “cambios cosméticos” en el sistema tributario no deberían ser suficientes para sacar a un país de la lista negra, en la que se contemplan sanciones que incluyen un mayor monitoreo y auditorías, retenciones de impuestos, requisitos especiales de documentación y disposiciones contra el abuso.

Los criterios que fueron tenidos en cuenta por la Unión Europea para calificar las jurisdicciones fueron: (i) políticas de transparencia fiscal, (ii) fiscalidad justa y (iii) implementación de las medidas sugeridas por la OCDE. 

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