Varias organizaciones de la sociedad civil y académicos de América Latina y el Caribe expresaron su preocupación por Art 672 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2020-2024 de Uruguay, que ya cuenta con media sanción. Este artículo otorga potestades a la URSEC para bloquear sitios web y eliminar cualquier contenido audiovisual en Internet sin orden judicial ante un reclamo basado en derechos de autor.

A tales efectos dieron a conocer una carta pública, que reproducimos a continuación:

Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil y académicas de América Latina y el Caribe, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales, nos dirigimos a ustedes a fin de expresar nuestra preocupación por las disposiciones establecidas en el proyecto de Ley de Presupuesto que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. 

Más precisamente, la preocupación surge de las disposiciones del artículo 672 del proyecto de Ley de Presupuesto en el que se otorga a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, la facultad de adoptar medidas sancionatorias y preventivas tendientes a impedir la difusión de contenidos audiovisuales por razones de Derechos de Autor. 

En numerosas ocasiones, organismos internacionales de Derechos Humanos han advertido sobre el impacto de medidas desproporcionadas para proteger el Derecho de Autor mediante esta clase de mecanismos, que carecen de las garantías apropiadas, por cuanto se penaliza a usuarios sin la intervención de un entidad independiente que pueda analizar otros elementos probatorios más allá de los esgrimidos por el denunciante. La remoción de contenidos en Internet sin una decisión de una autoridad judicial -aun cuando exista la posibilidad de apelación ex post por parte de los usuarios- contraría principios y recomendaciones para la protección de derechos fundamentales en línea, como los principios de Manila. 

Las razones se fundamentan en el impacto que los mecanismos de “notificación y bajada” sobre contenidos aplicados por entidades reguladores sin competencias para evaluar en eventuales colisiones entre derechos patrimoniales, como el Derecho de Autor tienen en la vigencia de Derechos Humanos como el de libre expresión o de información, a diferencia de lo que sucede en los bloqueos de juegos ilegales en línea, en los que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y la URSEC poseen competencia sin que se produzca tal colisión. 

Las organizaciones firmantes consideramos que esta clase de modificaciones con riesgos para la vigencia de los derechos fundamentales necesitan de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas, algo que resulta imposible en el marco de la sanción del Presupuesto Nacional. 

Atentamente,

Accesnow

Amnistía Internacional Uruguay

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

ARTIGO 19 Brasil e América do Sul

OBSERVACOM

Fundación Via Libre

Fundación Acceso, Centroamérica

Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (CELE) 

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (México)

Laboratorio de Datos y Sociedad (DATYSOC), Uruguay

Creative Commons Uruguay

Hermandad pro derechos, Uruguay

Cieenpre Juntos

DATA Uruguay

Cotidiano Mujer, Uruguay 

Organización Libre Base

Creative Commons Argentina

Derechos Digitales · América Latina

Hiperderecho

Acción Jurídica Popular - Ecuador

Amnistía Internacional Uruguay

CAINFO, Uruguay

El Abrojo, Uruguay

Se fue Alberto Zumarán, un referente ineludible en la defensa y promoción de la democracia, en tiempos normales y, en especial, en los años de la dictadura.

Uruguay Transparente lamenta la desaparición física de quien integrara nuestra institución, contribuyendo de modo consecuente a la lucha a favor de la transparencia y a la prevención y combate de la corrupción.

Que en paz descanse. 

El subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, figura como deudor irrecuperable en el Banco República. Elgue, dirigente de Cabildo Abierto le sigue en jerarquía al Ministro de Defensa de Defensa, Javier García.

Un informe publicado en el semanario Brecha señala que “Rivera Elgue, viceministro de Defensa, figura en la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central como deudor «irrecuperable» por un préstamo que recibió del Banco República”.

“En virtud de la pésima nota, el banco estatal lo sancionó con una multa de 8 mil dólares, que, a agosto de este año, tampoco había cancelado”.

Elgue dijo a Montevideo portal que "con el BROU ya desde la semana pasada estaba negociando el pago de esa deuda". Además, afirmó que con el BHU tiene "un préstamo hipotecario como tenemos miles de uruguayos".

"Con ese préstamo compré mi casa y estoy abonando mes a mes y no tengo ninguna deuda, y lo que figura de Anda es la garantía de alquiler que tengo en Montevideo. Como estoy en Montevideo trabajando, alquilo. Es una garantía de alquiler. Esas son mis deudas", apuntó.

Elgue argumentó que su deuda figura como "irrecuperable" porque el pago se interrumpió durante más de cuatro meses. La publicación de Brecha añade que Elgue también debe al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) un préstamo de 6.121.355 pesos y a Anda otros 24.000. También en estas entidades figura que tiene "capacidad de pago comprometida".

En Montevideo portal explicó que "la categoría que figura" en el BHU y Anda "es por tener esa categoría en el BROU", ya que "las otras entidades no pueden poner una mejor categoría de deudor. Son normas del Banco Central".

"Desde la semana pasada estaba negociando con el BROU y ahora justo me llama la atención que apareciera esto", dijo y luego agregó que la divulgación de esta información "tiene clara intencionalidad política".

El dato llama la atención por el buen nivel de ingresos del coronel retirado –que acumula cerca de 400 mil pesos mensuales gracias a su cargo de subsecretario y a su jubilación­–, y abre consideraciones éticas sobre las buenas prácticas de un servidor público, integrante del círculo de mayor responsabilidad del nuevo gobierno”, dice la nota.

En respuesta, Elgue dijo: "Ni mi salario ni mi pasividad son líquidos, son nominales". "Y yo no tengo una pasividad de 200.000 pesos, como dice ahí. No es cierto", expresó y añadió que su salario "es sumamente inferior".

Con los votos de la coalición de gobierno, la Cámara de Senadores aprobó los artículos de la LUC vinculados a inclusión financiera y lavado de activos.

Entre los principales cambios se destaca la eliminación de la obligatoriedad de la inclusión financiera, el incremento a 100 mil dólares del monto de transacciones en efectivo y la libertad de elección en la forma de cobro de prestaciones laborales para nuevas contrataciones laborales, pudiendo elegir el cobro del salario entre depósito bancario o dinero en efectivo.

El senador oficialista Jorge Gandini defendió las modificaciones a la actual reglamentación y aseguró que el Frente Amplio a la hora de criticar los cambios confunde inclusión financiera con lavado de activos.

La oposición no votó estos artículos. Mario Bergara, ex ministro de Economía del gobierno del Frente Amplio y ex presidente del Banco Central, dijo que los cambios suponen retroceso y facilitan la evasión tributaria y el lavado de activos.

Consideró un exceso el aumento del monto habilitado para transacciones en efectivo. Tendremos dificultades para sostener las buenas evaluaciones