Andrés Sanguinetti, hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, declaró este martes ante dos fiscales peruanos como investigado por haber tenido a su cargo la cuenta bancaria donde la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de Perú.

Según explicó la fiscal peruana Geovana Mori, al término del interrogatorio que se llevó a cabo en la sede del Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa, esta indagatoria se hizo en el marco de la investigación por "los hechos que se le atribuyen al señor Sanguinetti".

"Son asistencias judiciales que va activando el equipo especial en Perú, son indagaciones respecto a cuentas que se abrieron en Andorra de funcionarios peruanos", detalló Mori, quien asistió a tomar declaraciones junto al fiscal peruano José Domingo Pérez.

Asimismo, la fiscal señaló que las diligencias van a continuar y que espera concluir con "todos los interrogatorios respectivos".

Consultada sobre si hay asuntos concretos contra Sanguinetti, la fiscal dijo que sí pero que no podía entrar en detalles "por la reserva de la investigación".

Sin embargo, a diferencia de lo que expresó Mori, el abogado de Sanguinetti, Jorge Barrera, explicó que el uruguayo declaró como testigo y que esta era su sexta comparecencia.

El hermano del expresidente solo pudo ser visualizado a la entrada del juzgado ya que, una vez finalizada la instancia indagatoria, optó por salir por la puerta trasera.

Según las investigaciones preliminares, Sanguinetti llevaba la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada d'Andorra (BPA) y además fue supuestamente el encargado de abrir en el mismo banco las cuentas de destino de los sobornos, que estaban a nombre de altos funcionarios durante el segundo mandato del expresidente Alan García (2006-2011).

El hermano del expresidente uruguayo también mantenía presuntamente contacto directo con el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina de la constructora encargada de ejecutar los millonarios sobornos a cambio de conseguir grandes contratos de obra pública.

Así ocurrió aparentemente con los sobornos pagados por Odebrecht para la construcción del segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.

Entre los funcionarios a los que supuestamente Sanguinetti abrió cuentas en la Banca Privada d'Andorra está el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y algunos exintegrantes del comité especial del Metro de Lima.

También figura el exvicepresidente de la estatal petrolera Petroperú Miguel Atala, quien en mayo confesó que actuó como testaferro del expresidente García para que este reciba un 1,3 millones de dólares de Odebrecht mediante la BPA.

El escribano y exdiputado suplente del Partido Nacional, Antonio Zoulamian, fue detenido el mes pasado por la causa que lo investiga por una presunta estafa y libramiento de cheques sin fondo.

El exlegislador, que ocupaba la banca de Gustavo Penadés, tiene varias denuncias en su contra, algunas de ellas por estafas de unos 10 millones de pesos a unas 50 personas.

Según estas denuncias, tomaba dinero (en muchos casos de amigos y conocidos) y les pagaba un interés del 2% mensual a través de su empresa. Sin embargo, no pudo hacer frente a los pagos y deudas, y ante la amenaza de juicio por parte de sus acreedores se presentó a concurso voluntario.

Su empresa (PIX S.A) tiene unos cinco millones de dólares de deudas y Zoulamian cuenta con una cifra similar de adeudos particulares. Al no poder cobrar el dinero, los afectados presentaron las denuncias por estafa.

Según informó el diario El Observador, Zoulamian fue procesado a comienzos de julio por este caso. Si bien el procesamiento (el caso se maneja con el viejo Código) fue con prisión, Zoulamian cumplirá la pena primero en un psiquiátrico (sanatorio Villa Carmen), en el que está internado por un cuadro de depresión. Una vez dada el alta, cumplirá prisión domiciliaria en su casa pero con supervisión policial. El procesamiento fue por "reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos".

La jueza Julia Staricco había pedido un informe por parte del médico forense para determinar su estado de salud, a fin de ver si "debe permanecer en prisión domiciliaria o ser reintegrado al sistema carcelario"

Zoulamian dijo en sede judicial que los cheques fueron librados por él para poder recibir préstamos de dinero. "Era un canje", aseguró. Expresó que los cheques no pudieron ser cubiertos por problemas de salud, que sigue padeciendo al día de hoy.

Con pocos días de diferencia se conoció que salieron desde Uruguay en total 5.100 toneladas de cocaína que fueron confiscadas en Francia y Alemania.

Caso 1 Francia

Un avión privado que despegó del Aeropuerto de Carrasco el 14 de mayo rumbo a Niza, en Francia llevaba un cargamento de 600 kilos de cocaína.

Detectives de Europol que venían siguiendo la operativa del grupo croata conocido como “Traficantes de Los Balcanes” tenían conocimiento de que en ese avión privado se iba a despachar la droga desde Montevideo.

Los investigadores europeos sospechan de la existencia de una red de corrupción con funcionarios uruguayos involucrados que permitiría mediante soborno el pasaje del cargamento valuado en Europa en 180 millones de euros.

Sin embargo, para no entorpecer la investigación prefirieron no dar aviso a la Policía uruguaya y operar en silencio hasta consolidar la incautación el 16 de mayo en Francia.

Una vez dado el golpe, policías de Europol alertaron a la Brigada Anti-drogas uruguaya sobre la maniobra y le pidieron colaboración para profundizar la investigación sobre este grupo narco encargado de traficar grandes cantidades de cocaína en aviones privados desde América a Europa y Asia.

Los pasajeros del avión (que en total lleva 10 personas contando pilotos y empleados) ingresaron y egresaron por la sala VIP del Aeropuerto de Carrasco y pasaron su equipaje por el escáner, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto.

El control de vuelos no comerciales está a cargo de la Policía Aérea, Dirección Nacional de Aduanas y Migraciones.

Por otra parte, la Brigada Antidrogas no tiene acceso a la información de horarios ni pasajeros de este tipo de vuelos.

Hay problemas de competencias que conspiran contra el buen control. Aduanas se dedica a la carga, Migraciones al pasaje de las personas y la Policía Aérea detecta elementos de riesgo. No hay un trabajo totalmente coordinado entre las partes, señalan fuentes de la investigación.

La investigación en Uruguay la lidera la fiscal Patricia Rodríguez y la Brigada Anti-drogas tiene como objetivo dar con los funcionarios que se presume dejaron pasar el cargamento. En breve comenzarán con una serie de indagatorias, según supo Subrayado.

Hasta el momento no hay ningún uruguayo detenido en relación a la maniobra, sin embargo Europol detuvo en Europa y Asia a 16 personas vinculadas a la mafia de Los Balcanes en el marco de la operación familia, así la llamó la Policía francesa.

El director nacional de drogas Diego Olivera recordó que Uruguay es uno de los países que debe extremar los controles por estar cerca de las zonas donde se planta y produce la cocaína: Bolivia, Colombia y Perú.

 Caso 2 Alemania

La fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero tomó el caso del contenedor incautado en Hamburgo, Alemania, con 4,5 toneladas de cocaína y que llegó en un barco proveniente del puerto de Montevideo. Ferrero ya le dio instrucciones a la Prefectura Nacional para que investigue la trayectoria de ese contenedor (trazabilidad) en el puerto de Montevideo.

Para ello, la Administración Nacional de Puertos (ANP) le pidió a la Cancillería que solicite información a Alemania sobre el contenedor donde se encontró la droga. El presidente de la ANP Alberto Díaz dijo que necesitan “la marca y el número” del contenedor para saber “qué pasó con ese contenedor en el puerto” de Montevideo.

Con esos datos la ANP puede hacer la trazabilidad del contenedor y saber cómo llegó a Montevideo, desde dónde, qué despachante y operador portuario trabajó con él y, también, qué camino siguió desde que salió de Uruguay.

“Lo que hoy sabemos es cuál es la línea que operó. Nada más”, dijo Díaz, y contó que el Directorio de la ANP resolvió iniciar “una investigación de toda la carga salida en los últimos 60 días embarcada en contenedores en soja o semilla de soja”.

“El objetivo es acotar la búsqueda hasta que la Prefectura nos indique marca y número de contenedor”, agregó.

“Sí puedo decir que hay una ruta que hace el barco, y antes de llegar a Montevideo ese barco trae carga, hay un circuito que involucra a Argentina y luego a puertos brasileros. Hay escalas en otros puertos”, señaló Díaz. A veces, agregó, “los contenedores solo hacen trasbordo en Montevideo”.

Este caso recuerda al ocurrido en abril de este año, cuando también en el puerto de Hamburgo incautaron 400 kilos de cocaína en un contenedor que provenía de Montevideo.

La investigación determinó que ese contenedor salió de Montevideo, pero que la droga fue cargada en el puerto de Santos, Brasil.

NO SE INSPECCIONA TODO

Díaz recordó que “no se inspecciona el 100% de los contenedores, nunca, ni en este puerto ni en ningún otro”. Lo que se hace, aseguró, es “un análisis de riesgo”. “Y no es un análisis al azar, tiene cabeza, una idea de lo que se busca”, aseguró.

También explicó que en el puerto se abren e inspeccionan los contenedores a pedido de la Dirección de Aduanas o de la Prefectura.

El Fiscal Departamental de 3er. turno de Maldonado, Schubert Velázquez, en el marco de la investigación sobre la presunta irregularidad en una resolución de la Junta Departamental de Maldonado, al asignar una partida mensual de dinero a los sectores políticos sin rendición de cuentas, solicitó a Uruguay Transparente la resolución que tomó de esta organización respecto del tema.

El presidente en ejercicio de Uruguay Transparente, Pedro Cribari, remitió la resolución adoptada en la reunión plenaria de noviembre de 2018.

URUGUAY TRANSPARENTE
CASO: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
APROPIACIÓN PRIVADA DE DINEROS PÚBLICOS

Uruguay Transparente (UT) recepcionó una denuncia ciudadana sobre una presunta irregularidad en una resolución de la Junta Departamental de Maldonado, al asignar una partida mensual de dinero a los sectores políticos sin rendición de cuentas. En ese sentido, UT analizó el fundamento desarrollado por los ediles que aprobaron esa medida, el pronunciamiento sobre el tema de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la respuesta de la Corte Electoral al denunciante y las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas a esa decisión.
A partir del análisis de los distintos documentos, Uruguay Transparente entiende necesario comunicar a las autoridades y a la opinión pública su categórico rechazo a la resolución aprobada por la Junta Departamental de Maldonado en julio de 2015, dado que viola en forma flagrante la normativa específica sobre el financiamiento de los partidos políticos que contempla de modo exclusivo el pago de una partida anual por voto obtenido. Esta resolución, además desconoce el carácter honorario de la función de los ediles. UT entiende que esta resolución se aparta de los principios básicos de la transparencia y la ética pública.
La extemporánea y abusiva resolución de la Junta de Maldonado, sea el beneficiario final el sector político o sean los propios ediles, incurre en lo que establece la ley Anticorrupción (Nº 17.060) cuando define corrupción como “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado.” Cabe aclarar que la citada partida representó desde su puesta en práctica en julio de 2015, una erogación de dinero de más de un millón de dólares.
La resolución, aprobada por la unanimidad de ediles presentes en la sesión (29 en 29), adquiere mayor gravedad institucional porque habiendo sido advertidas las máximas autoridades nacionales partidarias, no ha
habido por parte de éstas otra reacción que la del silencio e indiferencia, en claro respaldo, de hecho, sobre lo actuado por sus representantes departamentales, y preservando así este privilegio.
Uruguay Transparente reclama la inmediata derogación de esa resolución que supone un severo revés al ordenamiento jurídico-institucional y a la transparencia en la gestión de los dineros públicos.

Montevideo, 6 de noviembre de 2018