El intendente nacionalista de Artigas Pablo Caram se retiró molesto de la Junta Departamental en una sesión en la cual fue acusado de estar implicado en hechos de corrupción en 16 licitaciones de obra pública.

También se le atribuye otra irregularidad importante: la contratación de un diputado suplente como asesor de turismo, algo que puede ser visto como inconstitucional.

Según la Diaria, Caram fue interpelado el 6 de diciembre por el edil colorado Francisco Bandera, quien cuestionó obras recientes y atribuyó los resultados a irregularidades en los procesos de las concesiones.

La lista de acusaciones incluye los canteros centrales de la calle Bulevar Artigas.

"Quedó desprolijo, con distintas medidas y roto", dijo Bandera quien dejó entrever que la comisión de contrataciones no valoró estos aspectos y otorgó la obra en forma muy rápida.

Después enumeró unas 16 licitaciones que tienen "vicio de conjunción de intereses" público y privado.

En ese sentido mencionó que uno de los integrantes de dicha comisión es hermano de uno de los propietarios de la empresa adjudicataria.

"Esto en otro lugar del mundo se llama corrupción", comentó el edil.

Caram decidió retirarse de sala. Dijo que no estaba para "aguantar atrevimientos" y agregó que "todo tiene un límite" porque Bandera no exhibió pruebas de su acusación.

Bandera se refería al otorgamiento de obras bajo sospecha a un grupo económico local en el que los socios son Rodrigo Jiménez y Martín Bicera, hermano del contador Omar Bicera, integrante de la comisión de adjudicaciones de la Intendencia de Artigas.

También es propietario de Pedrera del Norte cuyo rubro principal es la venta de piedras, arcillas y arena. En esta compañía es socio de Martín Bicera, hermano del funcionario que se encarga de las adjudicaciones.

Según Bandera, la Intendencia de Artigas hizo compras directas a Pedrera del Norte que beneficiaron en forma directa a un pariente del encargado de firmar los contratos.

Un pedido de informes del edil permitió saber que el grupo económico facturó 4 millones de dólares por las obras de infraestructura y la venta de insumos.

RECHAZO

Caram explicó a posteriori que los hermanos Bicera no tienen nada que ver con la empresa constructora. En todo caso Martín Bicera está ligado solo a Pedrera del Norte.

La empresa de construcción PreNorte pertenece a Jiménez y a su esposa. La operación cuestionada por el edil en realidad consiste en que la constructora compró insumos a la otra compañia en la que sí tiene participación no de los hermanos Bicera.

Caram resaltó que es un hecho positivo porque otorgó trabajo a gente local y los capitales en juego también son artiguenses.

No es la primera vez que Caram es acusado de irregularidades al frente de la Intendencia de Artigas.

El Partido Nacional analizó en febrero último las implicancias de nombramientos de familiares allegados a Caram.

La pareja del intendente, Karina Gómez, fue investida como directora de Cultura.

La sobrina Valentina Do Santos es directora general de la comuna y suplente habitual de Caram en su ausencia al frente de la administración municipal.

Uno de sus primos, el exdiputado Rodolfo Caram fue elegido como director de Desarrollo.

Por su parte, Manuel Caram -también primo- fue nombrado director de Desarrollo Social.

(Fuente: La Diaria)

Un Tribunal de Apelaciones ratificó este martes el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic, que en mayo de este año había sido imputado por los delitos de "peculado" y "abuso de funciones".

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno ratificó el fallo de la jueza Beatriz Larrieu, que en mayo había entendido que Sendic cometió ilícitos en la negociación entre Ancap y la empresa intermediaria Exor y en el uso de la tarjeta corporativa.

Según la sentencia, el tribunal entendió que Sendic "se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones" en la negociación con Exor.

Además, el Tribunal asevera que "resulta acreditado en principio y sin perjuicio de ulterioridades, que se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal".

Sendic ya había sido cuestionado éticamente por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Por unanimidad, el Senado votó un proyecto de ley que da rango legal a una serie de disposiciones sobre normas éticas y de transparencia en la gestión oficial, provenientes en su mayoría de un decreto impulsado por el entonces presidente Jorge Batlle en 2003.

La semana próxima el Senado aprobará un proyecto del colorado Pedro Bordaberry que castiga el enriquecimiento ilícito de los gobernantes. También están en la agenda del Parlamento una iniciativa que beneficia al arrepentido, la no prescripción de los delitos de corrupción, la creación de la figura del informante y la del agente encubierto, todos proyectos presentados hace algún tiempo por Bordaberry.

Diputados comenzó a resolver en el plenario y en comisión, respectivamente, dos iniciativas relacionadas: una es la obligatoriedad de la rendición de viáticos a los funcionarios estatales, presentada por la diputada Susana Pereyra (MPP), y otra de presentación obligatoria y publicación en Internet de las declaraciones juradas de los legisladores, iniciativa del diputado Daniel Caggiani (MPP).

También el Senado votó por unanimidad un proyecto del senador del Partido Independiente Pablo Mieres por el cual se crea un fondo para efectuar peritajes en el Estado.

Mientras tanto, la ley de partidos se votará el jueves 20. Esta iniciativa regirá para esta elección. Seguramente será aprobado con los votos del Frente Amplio. Los partidos de la oposición se quejan de que la iniciativa, que regirá para este período electoral 2019-2020, tiene varias inconstitucionalidades y coloca a los partidos que no ganaron la última elección en desventaja política.

Entre las modificaciones que viene manejando la bancada oficialista se cuenta un acuerdo con los canales de televisión para mantener la publicidad gratuita como está en el proyecto, a cambio de lo cual Economía les permitiría cierta flexibilidad fiscal.

Además, se atenuarán las normas sobre bancarización de los aportes a los partidos. Y se incluirá una norma que señale que los candidatos presidenciales podrán ampliar el monto de donaciones que ellos hacen para su campaña.

El proyecto, ya votado por el Senado, establece un espacio gratuito para publicidad electoral de diez minutos por hora en los canales de televisión abierta. La distribución de ese espacio sería así: 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección y el 5% restante para nuevos partidos.

LOS ACUERDOS

• Lucro indebido en el gobierno

​Aunque con cambios importantes respecto a las normas contenidas en la propuesta original del senador colorado Pedro Bordaberry, el Senado aprobará en los próximos días el proyecto que penaliza el enriquecimiento ilícito en la actividad pública. El mismo será aprobado por la comisión de Constitución del Senado y antes de fin de año será votado por unanimidad. En 2015, en cuanto asumió el gobierno de Tabaré Vázquez, Bordaberry presentó un total de 45 proyectos de ley. Entre ellos el del delito de enriquecimiento ilícito, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, la incompatibilidad de la actividad pública con la privada para diversos cargos de la administración y la prohibición de publicidad en aquellas actividades monopólicas. Todos van en línea con el acuerdo entre el Frente Amplio y la oposición para impulsar una serie de iniciativas relativas al ejercicio ético y el combate a la corrupción en la administración pública uruguaya.

• Fondo para peritajes

Otra de las iniciativas que se aprobó ayer en el Senado, y que será considerada por Diputados, es el proyecto de ley del senador Pablo Mieres del Partido Independiente relativo a los recursos con que cuentan los fiscales a raíz del mayor trabajo debido al nuevo Código del Proceso Penal. Se creará un fondo especial para que los investigadores contraten y ordenen peritajes en aquellos casos en que sea necesario investigar la gestión de organismos estatales. Este proyecto busca evitar que la Fiscalía se vea impedida de perseguir delitos por falta de recursos para pagar los peritajes necesarios. En este sentido, el senador propone que el Fondo de Peritajes se solvente con el 10% de lo recaudado por la venta de los bienes y valores decomisados en procedimientos. Según Mieres, lo motivó que se hubiera archivado el caso que llevaba la Fiscalía en el cual se investigaban eventuales sobreprecios en el costo de la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú de Alur.

(En base a información de diario El País)

El Tribunal de Conducta Política (TCP) envió al Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) un duro informe referente al uso de la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (ALUR) por parte de Leonardo de León, senador por la Lista 711. Tras la difusión pública de ese informe el legislador se apronta para dar a conocer una carta de renuncia a la actividad política, aunque no abandonará su banca de senador.

En su fallo, el TCP califica de irregulares varios de los gastos en los que incurrió De León con la tarjeta corporativa al considerar que éstos deberían haber sido cubiertos con los viáticos abonados por ALUR. Además, critica los argumentos utilizados por el senador en su defensa. Por ejemplo, se refiere a cuando dijo que ALUR funciona como una entidad privada y, por lo tanto, no está sujeta a las normas jurídicas de la administración pública. En este sentido, el TCP indica que “esa exención de restricciones, controles y sanciones no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público” y, de hecho, hace esas obligaciones “aún más solemnes”.

En otro tramo del fallo, el TCP critica la “negativa del compañero De León a responder” sus preguntas. Agrega que el senador dijo en varias ocasiones que estaba dispuesto a comparecer ante el órgano, pero no lo hizo. Algo similar se manifiesta en cuanto a la documentación que De León dijo que presentaría para demostrar sus afirmaciones.

La conclusión del TCP es que “los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del compañero De León porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de la empresa y del interés y patrimonio públicos”.

El documento del órgano frenteamplista, que fue firmado el 1o de agosto, aunque trascendió recién ahora, será tratado en el Plenario Nacional del FA convocado para el sábado 15.

( En base a Búsqueda y Montevideo portal)