Luego de que se hiciera público que la ministra Irene Moreira habría adjudicado una vivienda a una militante de su fuerza política - Cabildo Abierto - sin haberse apelado al mecanismo del sorteo, el presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, una vez pedidas las explicaciones y entender que las mismas no fueron de recibo, solicitó el viernes 5 de mayo la renuncia de ésta a dicha secretaría de Estado. El hecho, que generó tensiones al interior de la coalición de gobierno, fue subsanado con el mantenimiento de la cartera bajo la conducción de un integrante del mismo partido, el Coronel (r) Raúl Lozano, quien asumió la semana siguiente luego de la deliberación de la cúpula cabildante en relación a si mantendrían sus cargos en diferentes puestos del gobierno o se retirarían en bloque.

No obstante, con el correr de los días a la polémica por la adjudicación señalada se sumaron otras que, al parecer, habrían evitado el mecanismo del sorteo; en primera instancia se identificaron 14 adjudicaciones, pero según señalan integrantes de la oposición, la cifra llegaría a 47 casos identificados bajo la presunción de prácticas clientelares.

Días atrás, la presidenta de la JUTEP, la Dra. Gabriela Di Longo, quien también pertenece a Cabildo Abierto, a partir de un correo remitido por la integrante del Directorio en calidad de vocal por el Frente Amplio, la Dra. Ana Ferraris, manifestó que probablemente el organismo trate de oficio la situación a partir del próximo mes. “Es lógico, porque no es bueno para la JUTEP que (los casos públicos y notorios) no los estudie”, habría declarado.