El Tribunal de Conducta Política (TCP) envió al Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) un duro informe referente al uso de la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (ALUR) por parte de Leonardo de León, senador por la Lista 711. Tras la difusión pública de ese informe el legislador se apronta para dar a conocer una carta de renuncia a la actividad política, aunque no abandonará su banca de senador.

En su fallo, el TCP califica de irregulares varios de los gastos en los que incurrió De León con la tarjeta corporativa al considerar que éstos deberían haber sido cubiertos con los viáticos abonados por ALUR. Además, critica los argumentos utilizados por el senador en su defensa. Por ejemplo, se refiere a cuando dijo que ALUR funciona como una entidad privada y, por lo tanto, no está sujeta a las normas jurídicas de la administración pública. En este sentido, el TCP indica que “esa exención de restricciones, controles y sanciones no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público” y, de hecho, hace esas obligaciones “aún más solemnes”.

En otro tramo del fallo, el TCP critica la “negativa del compañero De León a responder” sus preguntas. Agrega que el senador dijo en varias ocasiones que estaba dispuesto a comparecer ante el órgano, pero no lo hizo. Algo similar se manifiesta en cuanto a la documentación que De León dijo que presentaría para demostrar sus afirmaciones.

La conclusión del TCP es que “los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del compañero De León porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de la empresa y del interés y patrimonio públicos”.

El documento del órgano frenteamplista, que fue firmado el 1o de agosto, aunque trascendió recién ahora, será tratado en el Plenario Nacional del FA convocado para el sábado 15.

( En base a Búsqueda y Montevideo portal)

En Perú el referéndum sobre cuatro reformas constitucionales terminó en un contundente triunfo del presidente Martín Vizcarra. Ha sido una amplia victoria electoral que fortalece al mandatario peruano ante un Congreso dominado por un fujimorismo hostil a su gobierno.

En cada una de las cuatro preguntas puestas a consulta de la ciudadanía, 85 por ciento o algo más de la población votó como había pedido Vizcarra. De acuerdo con resultados no oficiales a boca de urna, un 85,2 por ciento de los peruanos aprobó prohibir la reelección inmediata de los congresistas, otro 85 por ciento dijo sí a establecer controles al financiamiento de los partidos políticas y campañas electorales, un 87,1 por ciento respaldó una reforma judicial que crea un nuevo organismo encargado de designar y destituir jueces y fiscales, y el 85,1 por ciento rechazó una cuarta reforma para volver a un Congreso bicameral.    

En el contexto de un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y un Congreso dominado por el fujimorismo, el presidente Vizcarra lanzó la propuesta de prohibir la reelección inmediata de los legisladores.

El uso que ha hecho el fujimorismo de su mayoría parlamentaria para proteger a funcionarios acusados de corrupción que van desde vínculos con el narcotráfico hasta falsificación de documentos para exhibir estudios no realizados o acusaciones de acoso sexual han hundido la aceptación del Congreso a niveles por debajo del 10 por ciento y explican el alto porcentaje que votó a favor de prohibir la reelección de los legisladores.

En otra pregunta se rechazó el restablecimiento de un Congreso bicameral en reemplazo del actual Parlamento unicameral impuesto en 1993 por la dictadura de Alberto Fujimori.

La aprobación de establecer limitaciones y controles al financiamiento privado de los partidos políticos se da cuando los últimos cuatro presidentes –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski– y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, son investigados judicialmente por lavado de activos por el financiamiento ilegal a sus campañas. Con esta decisión, se prohíbe la publicidad pagada en los medios de comunicación, la que se limitará a los espacios otorgados por el Estado. 

La cuarta reforma crea un nuevo organismo –la Junta Nacional de Justicia– para nombrar y destituir jueces y fiscales. Propuesta lanzada luego que se pusiera en evidencia la existencia de una mafia judicial con conexiones políticas, especialmente con el fujimorismo y el ex presidente Alan García, y en la que se vieron envueltos los integrantes del organismo predecesor de esta nueva Junta.

(En base a Página 12)

El empresario y ex diputado suplente del Partido Colorado Francisco Sanabria, ex dueño de Cambio Nelson en Maldonado, había sido procesado en octubre de 2017 por lavado de activos, falsificación ideológica, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.

Estaba en prisión en la cárcel de Campanero, departamento de Lavalleja.

El "caso Sanabria" salió a la luz cuando un día, sin previo aviso, cerró todas las sucursales de Cambio Nelson y se fue del país.

Empleados, clientes y proveedores advirtieron la situación y comenzó una investigación.

Ya requerido por la Justicia, Sanabria volvió a Uruguay, fue detenido y finalmente procesado.

A través de su casa cambiaria recibía depósitos de clientes, como si fuera un banco, algo que está expresamente prohibido.

Ese dinero era girado hacia otros emprendimientos de Sanabria y luego volvía para pagar intereses de sus clientes.

El gobierno uruguayo no aceptó el pedido de asilo de Alan García. El presidente Tabaré Vázquez, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa. El expresidente peruano asegura que ahora estará "a disposición de todas las investigaciones y convocatorias" que le hagan.

"No hemos concedido el pedido de asilo [...] porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Por estas consideraciones, estrictamente jurídicas y legales, el presidente y el canciller no concedemos el asilo político", dijo Vázquez.

Por su parte, el canciller Nin Novoa añadió: "El gobierno de Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú".

Tabaré Vázquez, en su lectura, explicó que Uruguay estaba obligado por ley y tradición a concederle el refugio político provisorio a García hasta tanto no decidiera definitivamente sobre su demanda. El mandatario mostró el expediente de "más de mil hojas" que le fue enviado por las autoridades peruanas para argumentar contra la concesión del asilo a García.

El expresidente Alan García permaneció por dos semanas en la residencia del embajador de Uruguay en Lima.