Desde este miércoles se desarrollará en Santiago de Chile la Primera Conferencia y Taller sobre Transparencia, Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana, con la participación de Uruguay Transparente (UT). En efecto, el presidente de UT, Pedro Cribari, presentará el informe Avances y Desafíos para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en Uruguay.

El politólogo uruguayo, Rafael Piñeiro, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en tanto, participara en su rol de experto en el tema de financiamiento de las campañas y los partidos políticos.

En el encuentro participan también, expertos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, además de los anfitriones.

Juan Pablo Lira, director de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), uno de los organizadores del encuentro, destacó en declaraciones a la agencia EFE que Chile se encuentra interesado en "conocer a fondo" la experiencia uruguaya en un amplio abanico de temas entre ellos los referidos los problemas sociales que afectan a los dos países.

El Grupo Egmont, que aglutina a las Unidades de Investigación Financiera (UIF) de más de 150 países, anunció en un comunicado la suspensión de El Salvador como uno de sus miembros. La medida se había anticipado, luego que el presidente Salvador Sánchez Cerén vetara en agosto pasado la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, para darle autonomía a su UIF.

De acuerdo al comunicado, la suspensión de El Salvador se debe a una continua falta de compromiso por parte de ese país con los principios del grupo Egmont en lo referente a la independencia operacional y la autonomía.

“La UIF de El Salvador está excluida de todos los eventos y actividades del grupo Egmont”, recalca la entidad en un comunicado emanado de la vigesimoquinta plenaria general del grupo Egmont, celebrada en Australia a finales de setiembre.

El liderazgo del grupo reconoció los esfuerzos que se buscan hacer desde la Asamblea Legislativa para levantar el veto presidencial, pero concluyeron que la independencia operacional de la UIF no puede ser asegurada.

Durante la plenaria del grupo Egmont, se readmitió a Nigeria a la entidad, luego de ser suspendida en 2017 por motivos similares a los que motivan la suspensión salvadoreña.

Por tal razón, no se descarta que de tomarse medidas similares, se podría levantar la suspensión en la próxima plenaria del grupo Egmont, al celebrarse el próximo año en los Países Bajos.

El pasado 20 de julio se aprobó la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que se lee de esta forma: “La Unidad de Investigación Financiera (UIF), es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

En dicha plenaria, el FMLN no acompañó con sus votos la reforma, bajo el argumento de que era inconstitucional. “El artículo 173 habla del fiscal general de la República y sus atribuciones; le atribuye personalmente a él la investigación  del delito. Podemos estar en cierta medida tocando la constitución y las atribuciones del fiscal. Hay una situación  de soberanía que debemos revisar, al darle esta autonomía a la UIF”, dijo en aquel momento el diputado efemelenista, Javier Valdez.

Ese fue el mismo argumento que usó el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando un mes más tarde, devolvió el decreto con su veto, por supuestamente contravenir los artículos 86 y 193 de la Constitución, fundamentando que esta reforma le resta atribuciones exclusivas del Fiscal General de la República.

Esto propició que la Fiscalía reaccionara de manera inmediata y calificara la decisión del presidente como “un beneficio para los lavadores de dinero a nivel nacional e internacional” y que pone al país en un riesgo reputacional, al enfrentar la expulsión del grupo Egmond, el cual aglutina a la gran mayoría de las UIF del mundo.

Respecto a la inconstitucionalidad que alegan tanto el FMLN como el gobierno, el Ministerio Público rechazó tal argumento, en vista que el Fiscal General es quien mantiene la dirección funcional de la investigación del delito.

Mediante un comunicado, la Fiscalía recordó que fue la divulgación de un documento confidencial por parte del expresidente Mauricio Funes, lo que llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional, el cual se ventila en el grupo Egmont desde el año 2014.

Además de la suspensión de este grupo, la Fiscalía dijo que la no aprobación de esta reforma le acarrearía al país la no deseada etiqueta de “paraíso fiscal” y a ser incluido en una lista oscura que maneja el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Un tribunal guatemalteco condenó a 15 años y medio de prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en la adjudicación de un contrato que pretendía el uso de una fórmula para descontaminar el Lago de Amatitlán, la que resultó ser un fraude.

Baldetti, quien siempre negó los cargos, no quiso hablar con la prensa después de la condena por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, que fue leída por el tribunal a las 3 de la madrugada del martes. La exmandataria deberá seguir en prisión. Fue detenida en 2015, meses después de renunciar al cargo tras acusaciones de corrupción.

Según la acusación de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), Baldetti junto con otras 12 personas se coludieron para entregar un contrato por unos 18 millones de dólares a la empresa Israelí M. Tarcic Engineering Limited, para la limpieza del lago. Sin embargo, estudios determinaron que el líquido, llamado por la prensa “agüita mágica”, no era más que agua, sal y cloro.

El lago de Amatitlán, 27 kilómetros al sur de la capital, aún está contaminado por una cianobacteria que provoca la proliferación de algas.

El juez Pablo Xitumul, al leer la sentencia, dijo que Baldetti, de 55 años, era la líder de la organización y que era conocida como “la mera mera, la jefa o la gran jefa” y que los acusados realizaron eventos amañados, se confabularon con empresarios para saquear al estado y que con sus acciones vulneraron a la población. “Con actores del sector privado se concertaron y organizaron actos perversos”, dijo Xitumul.

Según la CICIG, para alcanzar su cometido la organización criminal diseñó un esquema que le permitió operar desde cuatro ámbitos: el apoyo político y la operación de alto nivel; las instituciones donde se emitieron los dictámenes técnicos para justificar la compra del servicio; la empresa M. Tarcic Engineering Limited, creada para obtener el contrato, y la utilización de una serie de empresas y personas para desviar los fondos a terceros.

Un total de 13 personas fueron acusadas en este caso. Algunas fueron absueltas y otras condenadas, como Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidenta, sentenciado a 13 años prisión.

El argentino-israelí Hugo “Uri” Roitman, enlace de la empresa en Guatemala, fue condenado a 11 años por asociación ilícita y fraude.

La salida del gobierno de Baldetti fue el inicio de la caída del gobierno del general Otto Pérez Molina en 2015, luego de manifestaciones pacíficas de miles de ciudadanos enojados por las acusaciones de corrupción de su gobierno. Pérez Molina, elegido en 2012, también guarda prisión a la espera de un juicio en su contra.

Este fue uno de tres casos de corrupción en donde Baldetti está señalada. El primero y más importante es el llamado “La Línea” y por el cual tuvo que renunciar, junto con Pérez Molina, sobre un fraude aduanero millonario.

Baldetti además está acusada en el caso llamado “La Cooperacha”, en el que junto con otros funcionarios de gobierno habrían recolectado dinero del erario para comprar regalos para el entonces presidente.

El presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, oficializó, a través de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, la convocatoria al referéndum que se realizará el próximo 9 de diciembre del presente año, esto es, en dos meses. 

Esta medida servirá para hacer la consulta popular sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la regulación del financiamiento de partidos, la no reelección inmediata de parlamentarios y el retorno a la bicameralidad.

El decreto supremo lleva las firmas del jefe del Estado, el primer ministro César Villanueva; el ministro de justicia, Vicente Zeballos, y el canciller Néstor Popolizio.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado del financiamiento para ejecutar el referéndum y deberá tomar todas las previsiones para habilitar esta consulta.

Además, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tendrán que reglamentar y dictar las normas respectivas para llevar a cabo la consulta que impulsa el gobierno.

Las preguntas

Esta próxima consulta popular formula cuatro preguntas.

- 1) ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

- 2) ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

- 3) ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

- 4) ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?