Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la detención de Fujimori y de otras 19 personas acusadas del presunto delito de lavado de activos.

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, confirmó que su patrocinada se encuentra detenida en la sede del Ministerio Público a donde acudió este 10 de octubre a dar cuenta sobre los aportes a su campaña presidencial en 2011.

Según informa el diario El Comercio, el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, hizo la solicitud ante el Poder Judicial.

Pérez es quien dirige la investigación contra Keiko y otros integrantes de su partido por el origen de los fondos de su campaña a la presidencia, lo que incluye la organización de cocteles profondos con recaudaciones elevadas de dinero; asimismo, el fiscal investiga los presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la candidatura del fujimorismo.

​Según fuentes allegadas a la Fiscalía, ésta alegó que existe "grave peligro de fuga" de parte de Keiko Fujimori, por lo cual este 10 de octubre se habría optado por detenerla bajo la presunción de haber constituido una "organización criminal" al interior de su agrupación política.

Fujimori lidera el partido con mayoría parlamentaria, Fuerza Popular, el cual se postuló a la elecciones generales de 2011 bajo el nombre de Fuerza 2011; el mismo que venía siendo acusado por sus adversarios políticos de tener nexos con el narcotráfico y la empresa Odebrecht.

Contra la corrupción, más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia, así en estos cuatro puntos, las cuatro I, se podría resumir la conferencia que brindó la presidenta de Transparencia Internacional (TI) Delia Ferreira, en una actividad organizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

La actividad, realizada en el salón de actos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la mañana de este martes 25 de setiembre, convocó a actores políticos y sociales interesados en el tema del combate a la corrupción.
Ferreira presentó la cuatro I contra la corrupción: Información, porque “si no tenemos información, no podemos controlar nada”. Integridad, que tiene que ver con “ética pública, conflictos de interés”. Impunidad, porque “necesitamos desterrarla, si los corruptos siguen disfrutando alegremente de la vida y no pasa nada, porque las causas duran mucho, prescriben, el mensaje es: sigan que no les va a pasar nada. Necesitamos mostrar que el que incurre en actos delictivos tiene que pagar las consecuencias. Indiferencia. La ciudadanía tiene que reaccionar, no puede seguir votando corruptos porque algo hicieron, tenemos que exigir mejores candidatos, tenemos que reaccionar cuando se producen casos de corrupción que la sociedad no está dispuesta a tolerar más casos de corrupción”.
En la charla, matizada por muchos ejemplos, Delia Ferreira dio pistas sobre los aspectos sustanciales que hacen a la corrupción en los países de América, sobre todo, y presentó el mapa de la percepción de la corrupción en el mundo.
Para Ferreira un tema central para los gobiernos son los conflictos de interés cuando buena parte de los funcionarios públicos vienen del mundo empresarial. “Este asunto es un tema muy serio que se puede convertir en la antesala de la corrupción”, estimó.
Los conflictos de interés son un problema para el que “hay que poner una luz de alerta y los gobiernos deben ser muy estrictos para evitar el mecanismo de la puerta giratoria o las incompatibilidades. Explicó que para ello “hay que generar un mecanismo para que los funcionarios no decidan sobre cuestiones que puedan representar un conflicto de interés”.
Uno de los mecanismos para evitar los conflictos de interés consiste en pedirle al funcionario que se abstenga de decidir y así delegar la firma, pero, advirtió, que “no debe ser a alguien que dependa del funcionario que tiene el conflicto de interés. Es una obviedad, pero hay que aclararlo”, señaló.
Para Ferreira, otra obviedad, pero no por ello hay que dejar de insistir, es que “el funcionario público tiene que actuar en beneficio del bien común en la toma de decisiones. Por ejemplo, voy a construir una ruta en el sentido A-B y yo tengo un campo en el sentido B-C, ¿entonces, para qué lado hago el gasto público, para dónde viene bien a la población o para donde me viene bien a mí para sacar mi producción?
Otro aspecto a evitar son los casos que puedan configurar nepotismo o nombramientos de amigos, que, si bien no violan ley alguna, “sí son violaciones éticas”.
Sobre el financiamiento de la política, Ferreira entendió que se deben fortalecer los mecanismos de control. “Nunca vamos a llegar a conocer todo porque siempre habrá fondos que van a entrar en negro. El tema es cómo hacer para que el organismo de control tenga la capacidad de detectar fondos que no fueron declarados por los partidos y que se usaron para la campaña”.
La presidenta de TI explicó que se ha encontrado con que en muchos países latinoamericanos “los organismos de control carecen de independencia o de recursos” y agregó: “hoy el dinero va de un lado a otro con un clic y, mientras tanto, el organismo del control está redactando un oficio, pidiéndole al juez del país de donde salió el dinero que le diga de qué dinero se trata y demás, ese papel va a ir a la Cancillería, de ahí a la otra de Cancillería, de ahí al juez del país y mientras tanto ya se hicieron cinco cambios de dinero y se perdió el rastro ¿Cómo enfrentar la corrupción así?”, se preguntó. Para Ferreira “estamos usando normas y procedimientos del siglo XIX para un problema del siglo XXI”. Entonces, dijo, “si yo no les doy facultades y recursos a los organismos de control, no pueden hacer el trabajo y alertó: que no tengan recursos no es inocente”.

Ferreira también le otorga vital importancia a la sociedad civil y en ese sentido dijo que el acceso a la información pública es un derecho y "no la gentileza de un funcionario público".
Para el final, Ferreira enfatizó sobre qué es lo que mueve a TI: “cuando nosotros peleamos contra la corrupción, lo hacemos, no porque queramos molestar a nadie, sino porque estamos defendiendo el Estado de Derecho, la democracia, las libertades y el bienestar de la ciudadanía. El dinero que se va a corrupción es el dinero que no está en las escuelas, o en la lucha contra la pobreza”.

http://uruguaytransparente.uy/images/documentos/Dra.-Delia-Ferreira-25092018.pdf

Numerosas economías siguen fallando al momento de evitar que sus compañías realicen actos de corrupción y sobornos alrededor del mundo, es lo que afirma el último reporte “Exportando corrupción” de Transparencia Internacional, en el cual se detalla el status de la implementación del acuerdo antisoborno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Hace 15 años 41 países firmaron un acuerdo —adoptado en 1997 e implementado desde febrero de 1999— en el que se comprometían a investigar y enjuiciar a compañías que sobornaran a oficiales de otros países para que estos facilitasen contratos u obtuvieran licencias o concesiones.

De acuerdo con el informe, de los 41 países, solo cuatro investigan activamente a posibles sobornantes: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suiza; cinco fueron clasificados como moderados a la hora de imponer las leyes — Italia, Canadá, Australia, Austria y Finlandia—, y solo ocho de ellos hacen esfuerzos limitados por impedir la corrupción, como Francia, Noruega y Argentina, entre otros.

En cambio, 22 de los países firmantes, de los cuales proviene el 27% de las exportaciones globales, hacen poco o nada para combatir la corrupción internacional —Japón, Holanda, Chile, México, Colombia, Brasil y España son algunos.

Para que un país sea clasificado como “activo” en contra de la corrupción, debe de iniciar procesos legales que lleguen a las cortes que dicten sentencias. Por su parte, “esfuerzo moderado” y “esfuerzo limitado” es como se clasifica a aquellos países que si bien inician procesos, no son lo suficientemente fuertes para finalizar el procedimiento legal. La organización utiliza la etiqueta de “poco esfuerzo” para clasificar a los países que no vigilan a ninguna empresa.

“Para que la convención antisobornos realice un cambio fundamental en el modo en el que las compañías operan, necesitamos que la mayoría de los principales exportadores activamente refuercen la ley, para que otros países se vean presionados para seguirlos” expresó el recién electo presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. “Desafortunadamente, estamos muy lejos de tal punto, y eso significa que la visión de anticorrupción global sigue lejana”.

Transparencia Internacional expresa en su informe que el cumplimiento del acuerdo es débil, debido a que los investigadores carecen del capital y apoyo político para hacer contraloría a las grandes compañías, especialmente en aquellos países donde el interés económico pesa más que los acuerdos anticorrupción. Además indican como complicado perseguir el lavado de dinero de los sobornos, sobre todo cuando son efectuados a través de compañías ficticias.
“Quince años deberían haber sido tiempo suficiente para hacer cumplir estos compromisos. La OCDE ha trabajado arduamente para que la convención se convierta en una herramienta potente, y ha impulsado a los Gobiernos a adoptar leyes rigurosas. Ahora debe asegurarse de que las autoridades de aplicación cuenten con todo el apoyo que necesitan para hacer frente al poder cada vez más amplio de las redes de delincuencia transnacional”, indicó Ugaz.

América Latina tiene pocas herramientas para combatir la corrupción. Argentina (0,4% de las exportaciones) fue el país de la región mejor calificado al clasificarse como un país con un limitado esfuerzo para combatir la corrupción internacional. En cambio Brasil (1,3%), México (1,7%) Colombia (0,3%) y Chile (0,4%) son catalogados como países que no realizan ningún esfuerzo para evitar los sobornos.
Una de las recomendaciones que Transparencia Internacional ofrece para reducir los sobornos es que los Gobiernos provean soporte adecuado contra la corrupción, con personal dedicado a esta lucha, así como con un mayor presupuesto para ello. La organización indica que los programas de monitereo son primordiales y esenciales para mantener involucrada también a la sociedad civil interesada en el tema.

Por su parte, también los Gobiernos deben de responder a las inquietudes de transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. En muchos países la información sobre los procesos judiciales no está disponible para el público, lo que no crea un adecuado clima para la supervisión en posibles casos de corrupción. (Fuente:https://es.panampost.com/adriana-peralta/2014/10/27/transparencia-internacional-la-exportacion-de-la-corrupcion-sigue-vigente/?cn-reloaded=1)

El excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, retenido en un centro de migrantes de Miami desde enero pasado, fue detenido por la Oficina Federal de Investigación, acusado de un supuesto delito de lavado de dinero, informaron medios guatemaltecos.

Baldizón, a quien la Justicia estadounidense también le imputa un delito de conspiración, fue notificado de la orden de aprehensión en el centro de Krome, situado en el oeste de Miami, donde estaba recluido a la espera de ser deportado a Guatemala de forma voluntaria.

El dos veces excandidato presidencial guatemalteco (2011 y 2015) tiene una orden de captura en su país luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo acusaran de haberse beneficiado con 1,2 millones de dólares de “coimas” de la constructora brasileña Odebrecht.

Baldizón, fundador del partido cancelado Libertad Democrática Renovada (Lider), fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami el pasado 21 de enero en razón de una orden de captura librada a través de la Policía Internacional (Interpol), en la que se le acusan de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos.

Los medios locales, que citan a fuentes del ámbito judicial, no han detallado el caso por el que el FBI supuestamente arrestó al político, mientras que fuentes oficiales consultadas por la agencia Efe se limitaron a señalar que estaban a la espera de la confirmación oficial.

Baldizón había pedido asilo político en Estados Unidos tras ser detenido en enero, aunque luego rechazó apelar una decisión judicial que se lo había denegado en primera instancia.

El pasado 27 de agosto Baldizón dijo en un anuncio pagado en los medios guatemaltecos que había renunciado a seguir insistiendo en la petición de asilo a Estados Unidos “para poder comparecer ante la Justicia guatemalteca y aclarar” su situación jurídica.