La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado aprobó una mejora presupuestal para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). A través de ella, mediante un ahorro en las publicaciones a las que ahora está obligada, se podrá crear un cargo muy necesario para su funcionamiento.

Así lo publicó el portal ECOS tras una nota el presidente de la comision, el senador frenteamplista Charles Carrera.

Según el legislador, de los diez artículos que la Jutep presentó en su mensaje presupuestal, este proyecto contempla cinco. Uno de ellos pedía que se levantara la obligación de publicar, en el Diario Oficial y en un medio de circulación nacional, el listado de funcionarios omisos en cumplir con la presentación de sus declaraciones juradas. En lugar de ello, pedían hacerlo simplemente en su página web.

"Lo que decidimos es que lo puedan publicar en la página web y en el Diario Oficial, en este último sin costo", indicó Carrera.

Además de la posibilidad de redistribuir funcionarios y una reestructura con la Oficina de Servicio Civil, se votó que los pases en comisión a la Jutep no pierdan beneficios salariales de las oficinas de origen. Este organismo había pedido ser una de las opciones consideradas en esos casos.

Eso permitiría un ahorro estimado en 1.600.000 de pesos al año. Con ese dinero, indicó Carrera, se podrá crear un cargo de ingeniero de sistema estable para toda la página web de la Jutep.

Originalmente, la Jutep también había pedido dos abogados y un contador, además de un técnico en informática. Su presidente, Ricardo Gil Iribarne, había manifestado su molestia porque ninguno de los diez artículos de su mensaje presupuestal había sido aprobado en Diputados.

De acuerdo con Carrera, en la Jutep le habían dicho que el cargo que más les urgía era el de informático.

El edil del Partido Nacional Rodrigo Blas dio a conocer un fallo de la Justicia a su favor en el diferendo que mantenía con la Dirección General Impositiva (DGI), que pretendía cobrarle a su empresa una multa de casi 2 millones de dólares por evasión.

A través de un comunicado, el sector Unión y Cambio del PN - encabezado por Blas - consignó que la Justicia ordenó levantar los embargos que recaían sobre el edil desde hace más de tres años, entendiendo que "parece excesivo" continuar con el embargo "sin que se aporten elementos objetivos claros que justifiquen la imposibilidad de obtener un acto de determinación firme por parte de la DGI".

El sector de Blas señaló que la DGI "omitió avisar" a la Justicia de que la empresa Javipark S.A. había pagado "bajo protesto" 6.711.764 pesos en febrero de este año, suma surgida de la inspección hecha por la DGI el 14 de julio de 2014.

Según el sector de Blas, "la Impositiva ocultó a la Justicia el pago realizado por Javipark con intenciones de mantener los embargos".

La Secretaría Nacional Antilavado elaboró una lista de las personas señaladas por la Justicia argentina como involucradas en la llamada “ruta del dinero k”, que nombraron a Uruguay como sitio de lavado de activos o parte del proceso.

Hay más de 70 nombres en la lista, donde figuran los “arrepentidos”, funcionarios argentinos en juicio y empresas en Uruguay y Argentina, informó este jueves, en el programa Arriba Gente de canal 10, el secretario nacional Antilavado, Daniel Espinosa.

Las autoridades uruguayas buscan información en el sistema financiero y en los registros públicos para determinar si hay inmuebles a nombres de esas personas o empresas en el país.

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pedirá a la Justicia argentina la declaración de los denominados “arrepentidos” para saber si hubo cómplices en Uruguay de las maniobras de corrupción en Argentina.

El secretario Antilavado aseguró además que en los últimos cuatros años, Uruguay ha aprobado leyes de prevención de lavado, blindando las áreas más vulnerables.

El ex presidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) fue condenado a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.
"El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condena al señor Elías Antonio Saca a 5 años de prisión por el delito de peculado y 5 años por el delito de lavado de dinero", dijo el juez Alejandro Guevara, según un cable de la agencia EFE reproducido por Clarín de Argentina.
Saca, que llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y aceptó confesar en un "juicio abreviado" la forma en la que extrajo y lavó fondos públicos a cambio de penas mínimas, se convirtió así en el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por delitos de corrupción.
El juzgador, uno de los tres que componen al tribunal de sentencia y que emitieron la resolución por unanimidad, señaló que "al escuchar las declaraciones de estos personajes, la prueba documental y pericial se determinó que lo que habían confesado era verídico".
Guevara señaló antes de dar a conocer las pena, que el trato que realizó la Fiscalía, a pesar de desconocer el destino de 191 millones que fueron sacados en efectivo, fue un "limite" y "valladar" para establecer la condena.
La legislación salvadoreña señala que los jueces no pueden imponer una condena mayor a la pactada entre imputados y Fiscalía en un "juicio abreviado".
"No veníamos a una sorpresa, lógicamente veníamos a algo que ya estábamos claros que iba a haber una condena", dijo a periodistas Mario Machado, el abogado de Saca, quien por su parte se negó a dar declaraciones.
El letrado aclaró que al aceptar pactar la confesión con la Fiscalía, Saca y sus cómplices renunciaron a la posibilidad de apelar la decisión judicial.
El tribunal decretó la misma pena de 10 años de prisión al exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, mientras que los ex secretarios de Juventud y Comunicaciones, César Funes y Julio Rank, purgarán 5 años de cárcel cada uno por lavado de dinero.
El ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga fue condenado a 6 años de prisión por los mismos dos delitos que Saca y Charlaíx, mientras que el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera pagará 3 años de cárcel.
La pena más elevada la recibió el ex colaborador de la Presidencia Pablo Gomez, quien no se acogió al beneficio del "juicio abreviado" y enfrentó el proceso "común", al recibir 16 años de cárcel.
"Lo defraudado, lo saqueado al Estado y lavado fueron 300.347.117,17 dólares" mediante 593 cheques "sin respaldo legal", añadió Guevara.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014) y Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.