Un muy interanste trabajo elaborado por Sergio Antequera para Lavadodedinero.com revela como en el mundo del lavado de dinero ciertos patrones se ven repetidos varias veces si los esquemas son analizados, o por lo menos así afirma el reporte del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) llamado “Lavado de Dinero Profesional”, el cual expone las etapas a seguir por los criminales financieros de mayor experiencia.

El reporte, emitido en julio de este mismo año, repasa como los Lavadores de Dinero Profesionales (LDP) siguen un “guión” de tres etapas en su proceso ilícito, enmarcadas por los momentos clave que definen el blanqueo de dinero:

Etapa I - Los fondos delictivos se transfieren a, o son recaudados por, el LDP

“La forma precisa de introducción de los fondos en el esquema de blanqueo varía dependiendo de los tipos de delitos y la forma en que se generó el producto del delito (por ejemplo, efectivo, fondos bancarios, moneda virtual, etc.)”, explica el documento. El dinero sucio en efectivo normalmente es llevado a un colector, el cual tiene como fin depositarlo en una cuenta bancaria. Asimismo, es común que lo delincuentes utilicen negocios que muevan altos montos en efectivo o casinos para introducirlos en el sistema financiero.

Por otro lado, el dinero sucio recibido en cuentas bancarias (normalmente proveniente de actos ilícitos como la estafa y el fraude fiscal) suele ser transferido por entidades ficticias de los clientes a las cuentas controladas por los LDPs. Por otra parte, las ganancias ilegales obtenidas en monedas virtuales deben ser manejas a través de plataformas y carteras en línea, las cuales pueden ser administradas por los LDPs.

Etapa II - La Estratificación realizada por individuos o redes

Una vez el LDP tenga disposición de los fondos, inicia la etapa de estratificación. En general, el paso consiste en el movimiento de dinero por diferentes cuentas o puntos, los cuales permiten crear una serie de “capas” detrás de los fondos, con el fin de hacer el rastreo de las transacciones más difícil y difuminar el origen ilícito. “La etapa de estratificación es administrada por individuos responsables de la coordinación de las transacciones financieras”, agrega el documento.

Como en la etapa anterior, la estratificación del dinero sucio depende de cómo fue obtenido y en que “estado” se encuentra. Con el dinero en efectivo, “los mecanismos son comúnmente lavado basado en el comercio, comercio ficticio, liquidación de cuentas y banca clandestina”, señala el reporte.

Por su parte, el dinero sucio en cuentas bancarias es movido por los LDPs a través de complejos sistemas de transacciones a otras cuentas de compañías falsas, tanto dentro como fuera del país, incluso mezclando los fondos de diferentes clientes. De manera similar, el dinero virtual es transferido entre distintas carteras virtuales permitiendo a los lavadores crear una estructura de total opacidad en relación a los fondos. Además, existen servicios en línea destinados a lavar monedas virtuales llamados “mixers” (mezcladores), los cuales unen fondos de diferentes orígenes en una “piscina” común, diluyendo el rastro de origen.

Etapa III - Los fondos se devuelven a los clientes para su inversión o adquisición de activos

En esta última etapa, los LDP completan el proceso de lavado transfiriendo los fondos a las cuentas de sus clientes (o las de sus asociados, terceros relacionados, etc.). “El LDP puede invertir las ganancias ilícitas en nombre de estos clientes en bienes raíces, productos de lujo y negocios en el exterior”, apunta el informe, incluyendo también la posibilidad de que el dinero puede ser gastado en bienes que son transportados a otros países o, de ser el caso, el país de origen de los fondos.

El Frente Amplio quitó del proyecto de Rendición de Cuentas un artículo propuesto por el Poder Ejecutivo para acotar el número de funcionarios impedidos a contratar con el Estado por conflicto de intereses, aunque dejó abierta la puerta para que el Senado pueda presentar una redacción alternativa.
En el proyecto original enviado por el gobierno el 30 de junio se incluía una modificación al artículo 46° del Tocaf, que en su redacción actual establece entre los impedimentos para contratar con el Estado el "ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma".
El artículo 18 del texto remitido al Parlamento cambiaba el impedimento a "ser funcionario público del órgano competente para contratar y gastar", pero la bancada oficialista eligió no votarlo al entender que la redacción no era "la mejor".
Sobre esta propuesta ya se había expresado Uruguay Transparente.

La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu, procesó con prisión al empresario y político colorado Francisco Sanabria, propietario del Cambio Nelson, por lavado de activos.
Sanabria ya había sido procesado por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real.
En febrero de 2017 el cambio cerró las diferentes sucursales que tenía –tanto en Maldonado como en Montevideo- y Sanabria se fue de Uruguay.
Días después se conoció un audio, en el que el también ex dirigente colorado aseguraba que “heredó” un negocio en problemas y que viajó dentro del Mercosur, “intentando buscar una solución” para una situación que categorizó de “película de terror para todas las partes”.
A fines de marzo del año pasado Sanabria retornó al país, proveniente de Miami y fue apresado.
Sanabria –que se encuentra preso en la cárcel de Campanero en Lavalleja- había pedido la libertad anticipada a la Suprema Corte de Justicia en mayo pasado, pero se le había negado.
En aquel momento, el ministro Jorge Chediak había dicho que si bien el delito de Sanabria no era “de los más graves” no se le concedía la libertad anticipada por “la magnitud de la maniobra” y “por el daño social causado”.
Parte del dinero usado ilegalmente por Sanabria tenía como destino la política. Mientras tanto en el Parlamento está a estudio las modificaciones a la ley de partidos en lo que refiere al financiamiento, con cláusulas que acentúan los impedimentos y sanciones a las empresas que intenten financiar las campañas.
Uruguay Transparente y la sociedad civil sigue con expectativa y preocupación la dilatoria a que se aprueben cambios en la normativa que agreguen transparencia. También es motivo de alerta que en el proyecto a estudio no surge con claridad de qué manera se controlará el cumplimiento de la ley, y cuáles serían los recursos para tales efectos.
Sobre este particular Uruguay Transparente ya se ha expresado.

El exvicepresidente argentino Amado Boudou fue condenado este martes a 5 años y 10 meses de prisión, de cumplimiento “inmediato”, en la causa por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, en el juicio oral que se inició el pasado 3 de octubre y en el que fueron juzgados además su amigo el empresario José María Núñez Carmona; el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía, y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.
El exvicepresidente y exministro de Economía fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. También fue condenado Núñez Carmona a 5 años y 6 meses de prisión, mientras que Vandrebroele recibió 2 años en suspenso y 3 de tareas comunitarias.
Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou, con Núñez Carmona y Vandenbroele como intermediarios, se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda, por lo que puso en marcha su salvataje.
Boudou negó siempre la imputación, de igual modo que conocer a Vandenbroele: sostuvo que el levantamiento de la quiebra estuvo vinculado a fondos del banquero Raúl Moneta. “Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70% del paquete accionario”, aseguró hoy antes de la lectura de la sentencia. Agregó que “el propio (Alejandro) Vandenbroele dijo que cohecho no existió”.
Boudou y su socio ya habían estado en el Penal de Ezeiza durante 70 días por orden del juez Ariel Lijo, que los acusó de enriquecimiento ilícito. Fue la Cámara Federal porteña la que posteriormente ordenó excarcelarlos.

LOS CONDENADOS

Amado Boudou: 5 años y 10 meses de prisión, con inmediata detención, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

José María Núñez Carmona: 5 años y 6 meses de prisión, con inmediata detención y multa de $ 90.000.

Nicolás Tadeo Ciccone: 4 años y 6 meses, con multa de $ 90.000 y pago de costas, con inmediata prisión domiciliaria.

Alejandro Vandenbroele: 2 años de prisión en suspenso, con multa de $ 90.000 y tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien púbico, a razón de 40 horas mensuales, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

Rafael Resnick Brenner: partícipe necesario de los delitos de 3 años en suspenso, inhabilitación especial perpetua y costas, más 3 años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público, 40 horas mensuales, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

Guido Forcieri: como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y 3 años de tareas comunitarias no remuneradas.

La fiscalía había pedido una pena de 5 años y 6 meses para Boudou, al igual que la Oficina Anticorrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado 6 años y la detención.

Fuente: Ámbito.com
Foto: Clarín